el yesQuero No. 108
Columna periodística de análisis y crítica política
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Cartel del pillo

Por
Rafael Rincón (*)

“¿Quién dijo que un pillo
merece respeto?”

Cartel pegado en las paredes de Medellín

La “desmovilización” de 40.000 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está representada con la entrega de armas en diversos lugares de la geografía colombiana. La foto de combatientes estrenando camuflados militares y entregando armas al Alto Comisionado para la Paz exhibe una desmovilización exitosa y verdadera.

Sin embargo, y reconociendo la importancia que los “héroes” de base, autores de masacres y crímenes de lesa humanidad, dejen las armas y se sometan a la justicia, la desmovilización de las autodefensas es un proceso mucho más complejo que el simbolizado con la dejación del fusil que se muestra en la primera plana de los diarios.

Se trata de desarmar la arquitectura de poder ilegal que han amasado los paramilitares, de evitar que cada vez que un juez de la República emita una decisión contraria a las autodefensas, salga su ex comandante Ernesto Báez u otro pelafustán a gritar a las autoridades judiciales y a amenazar con volver a las armas; a vociferar que el proceso está en crisis y que necesitan una nueva ley, otros jueces, más legisladores suyos en el Congreso y más voluntad política del Presidente.

La reciente reunión de los jefes paramilitares “desmovilizados” en una vereda del municipio de Copacabana (Antioquia), a raíz del fallo de la Corte Constitucional sobre la llamada Ley de Justicia y Paz, es una notificación de la fuerza real presente en el escenario del conflicto armado. Los paramilitares ya no luchan contra la guerrilla, ese era su caballo de batalla para ganarse la voluntad de las oligarquías, ahora lo hacen para defender su botín: tierras, negocios, droga e inmunidades. Gritan y se aglomeran con altisonancia para que les respeten sus privilegios adquiridos en retorcida lid.

El proceso de paz con las AUC se fortalecerá si hay un robustecimiento de la justicia, que no pasa necesariamente por el incremento o disminución de las penas, pero sí por garantizar la resolución de los conflictos, el acceso y la universalidad de la justicia. Debería existir un copamiento territorial con más jueces que hombres-arma en los lugares de desmovilización.

Las comunidades en donde han estado las AUC desmovilizadas o las guerrillas no son sólo víctimas de la violencia, también son perpetradoras de actos violentos que han permanecido ocultos porque el conflicto armado no los dejaba ver.

El asesinato en un barrio de Medellín de un niño que molestaba la iguana del vecino es un caso de crueldad que antes pasaba desapercibido por la mirada sesgada hacia la violencia del conflicto armado (Teleantioquia Noticias, edición del mediodía de junio 26 de 2006); este hecho era como un accidente. El iracundo dueño seguramente se siente legitimado para actuar con exceso de fuerza ante la ausencia de justicia, y la madre del niño tímidamente invoca la presencia del Estado porque cree que al vecino se le fue la mano.

En Guatemala después del proceso de paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (Minugua) fundamentó su intervención en un proceso para la recuperación de la fe en la justicia, porque ante la ausencia de ésta se multiplicaron los linchamientos (424 entre 1996 y 2001), porque el Estado se preocupó más por el control territorial, por el denominado copamiento militar, por remplazar las armas de los combatientes ilegales con las armas del Estado, y se despreocupó de la resolución de los conflictos, de garantizar el acceso a la justicia, que era una de las causas determinantes del conflicto.

En Colombia el proceso de desmovilización de las AUC es un proceso torcido de nacimiento por lo oscuro, por la débil sustitución de sus acciones de fuerza, porque hay un gobierno sin Ministerio de Justicia (entiéndase sin consideración por la justicia), con desdén por las reclamaciones judiciales y que, incluso, invoca los linchamientos o ejecuciones extrajudiciales para los comportamientos corruptos.

La paz con las AUC depende del respeto a la justicia y a sus decisiones. Un estado con una justicia intimidada es un estado con una paz disfrazada. Si el Estado no ofrece justicia los carteles, como delincuencia organizada o simplemente como afiches, seguirán convocando a aplicar la justicia con mano propia.

Medellín, 27 de junio de 2006

(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas corpus