17 de junio de 2008

el yesQuero nro. 200

Un gobierno de Santos no es un Gobierno de fiar

Por
Rafael Rincón Patiño*

Llegó la hora de hacer un alto en el camino en este ejercicio ciudadano de poner en público las opiniones políticas. Hemos querido en 200 números arriesgar una opinión casi siempre incomoda y muchas veces políticamente incorrecta.

En Colombia no hay garantías para pensar, ni para escribir lo que se piensa, mucho menos para criticar y publicar la disidencia en una bitácora digital. Hay quienes creen que la crítica no construye y consideran que es la lisonja y el incienso los que deben reinar.

Inclusive la Casa de Uribe V. insinúa, con manual de estilo, una crítica constructiva para refinar las formas de desplazamiento o las formas de hacer la guerra, o las formas de torturar o de secuestrar o de negar el acceso universal a la justicia.

Hay, también, quienes creen y quieren hacer creer que criticar es fácil, ignorando el costo de este ejercicio en un país armado y orientado hacia el unanimismo por la mentira de los Santos, la desinformación de los medios y la intimidación de los violentos.

La crítica es un ejercicio que más que constructivo tiene que ser responsable. Quién ejerce la critica tiene que estar listo a mostrar sus soportes, que son más argumentativos que documentales; de lo contrario se corre el riesgo de ser de ser denunciado, asesinado, amenazado o condenado con fundamento en un testigo comprado, en un computador blindado, o en el testimonio de un disgustado que ha sufrido la critica. (Aprovecho para sumar mi solidaridad a Alfredo Molano).

el yesQuero ha sido un esfuerzo de tomarse en serio la ciudadanía; más que un ejercicio periodístico ha sido una manera de ser un ciudadano responsable, es una forma de hacer política: opinando y haciendo crítica, especialmente de las acciones abusivas de las autoridades públicas y denunciando los atropellos del paramilitarismo, de la guerrilla, de los grupos económicos y de los medios de comunicación.

el yesQuero se ha ocupado de la gobernabilidad y de los derechos. En su ejercicio ha sido un acérrimo crítico de los gobiernos de Uribe V. y de los excesos de los gobiernos locales. Su misión ha sido la defensa del Estado social de derecho y de los derechos humanos.

No parece que un breve ensayo, como el yesQuero, acabe con un estado de cosas inconstitucional como el desplazamiento forzado, que no es más que la violación integral de todos los derechos humanos —la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha manifestado en Londres que Colombia ocupa hoy el primer lugar en desplazamiento forzado en el mundo—.

A seis años de la Seguridad Democrática Colombia es primera en el mundo en desplazamiento forzado: deshonroso record para Uribe V. y para los Santos. Es que el gobierno de los Santos no es un Gobierno de fiar.

Los cuatro millones de desplazados son la cifra negra que eclipsa la cifra dorada de la disminución de homicidios. Tenemos un país donde la dignidad de los desplazados se tapa con las cifras de los homicidios.

No parece tampoco, que un ensayo crítico cambie el secuestro. Colombia tiene una guerrilla que se cree revolucionaria secuestrando civiles, torturando combatientes y sembrando los campos de minas antipersonales. Deshonrosa revolución la que usa la dignidad humana como medio para negociar y conseguir ventajas militares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tienen secuestrados soldados campesinos desde hace once años en nombre de una revolución que ni sus propios combatientes conocen.

Ojalá llegue pronto la libertad de todos los secuestrados y el paramilitarismo gubernamental deje pelechar a las organizaciones sociales y quienes se proclaman defensores de la ciudadanía en forma de guerrilla o de paramilitares o de Estado Comunitario permitan que ella madure y ejerza el poder y la crítica democráticamente.

A todos los lectores, a los comentaristas, a los mentores, a quienes nos halagaron, o a quienes nos criticaron muchas gracias por su paciencia y por su comprensión.

A los criticados o víctimas de el yesQuero esperamos no haberlos ofendido en su dignidad o haber sido injustos con las chispas, ustedes fueron la yesca, para ellos van nuestras excusas por nuestras faltas.

A quienes nos intimidaron sólo decirles que tenemos la esperanza de que tarde o temprano se abrirán las alamedas, que la justicia llegará y que la vida digna y la libertad serán el fundamento político de nuestra ciudadanía.

El partido no se ha acabado, parece que vamos hacia un tercer tiempo o hacia una final por penaltis, pero para el yesQuero, es hora de salir de la cancha a cambiar de mecha, a tomar oxigeno y a mirar desde las graderías.

Gracias, mil gracias

* Director de la Oficina háBeas Corpus


Medellín, 17 de junio de 2008

11 de junio de 2008

el yesQuero nro. 199

Una democracia decente

Por
Rafael Rincón Patiño*


Colombia aspira a una democracia decente, es decir, a una democracia en donde prime el juego limpio, en donde impere la ley y la justicia social.

Un régimen político muy diferente al espectáculo construido por los medios de comunicación, que en Colombia son los medios del poder económico y no del poder político; una democracia muy distinta al escenario configurado por las encuestas de opinión, que son las encuestas del poder económico y no del poder político.

Una democracia decente no es la democracia domada, ni la democracia los caballos. No es la democracia refundada en el cerro de Paramillo por el narcotráfico y el paramilitarismo, la de los pactos ocultos, la de las dádivas y contraprestaciones ilícitas, la democracia de la reelección comprada. La democracia por cohecho.

Colombia urge una democracia del sujeto político y no de la cosa política. Para el poder económico el sujeto político es un consumidor y la política es una cosa detestable. Una democracia en donde la política tenga valor y no sea banalizada, tratada como guión de farándula, sino como el ejercicio del poder público en todas sus dimensiones.

La reforma política que requiere Colombia es aquella en donde la política se libere del poder económico, o donde la política controle la economía y no al revés. No es la reforma política producida por notables, como si el problema fuera de sapiencia y no de consenso político.

El hundimiento de la reforma política que quería limpiar las curules de los parapolíticos, es un hundimiento que el poder económico quiere y disfruta. La consigna es: no hay que cerrar el Congreso de la República porque él se cierra sólo. Las leyes, el derecho son una cortapisa a la “libertad” y al poder de quienes viven de la desregulación.

La anomia es el paraíso de los más fuertes. La desregulación y la no regulación es la conducta legislativa deseada por el poder económico. El poder presidencial busca un Congreso de bolsillo llamado Comisión de Notables, busca una Corte de bolsillo a la que le pondrá un sustantivo pomposo con el adjetivo democrático para remplazar un Congreso, para mantener la formalidad de un legislativo inexistente.

El poder económico disfruta la parapolítica y la yidispolítica porque enervan el poder político. Sus noticieros registran con lupa todos los hechos políticos desacertados y minimizan las relaciones criminales de los conglomerados económicos con los paramilitares, como en la zona de Urabá. El testimonio de Salvatore Mancuso es creíble si va dirigido a un político, pero es dudoso si relaciona a los empresarios de la muerte.

Colombia tiene una democracia desplazada. La reforma política no pasará por el Congreso de la República porque el presidente Uribe V. y el poder económico que él representa así lo quieren.

Una reforma política en Colombia debe ser, como lo fue el proceso constituyente, un gran proceso social y político en donde todos los concejos municipales y las asambleas departamentales tramiten una iniciativa legislativa que corone una solución.

Medellín, 11 de junio de 2008

* Director de la Oficina háBeas Corpus


4 de junio de 2008

el yesQuero nro. 198

El Presidente no tiene quien lo juzgue

Por
Rafael Rincón Patiño*

Algunos de los congresistas implicados en la llamada parapolítica —mezcla criminal de la política con el narcotráfico y el paramilitarismo— reclaman el principio de la doble instancia como garantía constitucional para su derecho de defensa. Aparentemente tienen razón, la segunda instancia hace parte del debido proceso y es un componente sustancial del derecho de defensa.

La regla general es que todos los procesos judiciales son de doble instancia. Los procesos penales del presidente y de los congresistas son procesos de única instancia, son excepciones constitucionales al principio de la doble instancia, es decir, en ellos no existe la posibilidad de apelar la sentencia.

A los congresistas los juzga la Corte Suprema de Justicia en virtud de su fuero y al Presidente lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Los procesos de única instancia se consagran por razones de economía procesal y por razones de moralidad pública, no existen razones discriminatorias o pretensiones de violar el derecho a la igualdad en su consagración. Estas excepciones las señala el constituyente primario o las prescribe el legislador.

Frente a errores judiciales en estos procesos de única instancia caben las acciones de revisión, el recurso extraordinario de casación o las acciones de tutela con miras a lograr una recta administración de justicia o corregir las iniquidades que surjan.

La doble instancia no es la única forma de lograr una recta administración de justicia y, es más, la doble instancia no hace parte del núcleo del derecho fundamental al debido proceso. La Constitución Política de 1991 (Art. 31) deja a la ley, al Congreso de la República la facultad de señalar los procesos de única instancia.

Los congresistas que renuncian a su fuero para ser juzgados como particulares por la Fiscalía General de la Nación tienen derecho al debido proceso, pero lo que están haciendo, en nombre de la búsqueda de una garantía procesal, es evadir la acción de la justicia.

Los congresistas que renuncia al fuero son prófugos de la justicia, son congresistas que se sienten más cercanos al ex viceministro de justicia Mario Iguarán que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, enemistado con el presidente Uribe V. Los congresistas desaforados quieren que la justicia sea subjetiva, no quieren estar en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los intimida la independencia y la imparcialidad, se sienten con más confianza en manos de un ex miembro del poder ejecutivo. Son reos que manipulan el poder.

Es decir, los ex congresistas no buscan garantías judiciales, buscan seguridad “democrática”, buscan la sombra del poder ejecutivo para salir airosos de sus gravísimos cargos de concierto para delinquir.

Pero, ante esta fuga procesal, la tortilla se puede voltear y pedir, en consecuencia, una segunda instancia para el presidente Uribe V., en el caso del proceso que por cohecho ha iniciado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Con certeza el presidente Uribe V., al contrario de los congresistas, se siente más seguro, “democráticamente” hablando, con su proceso de única instancia en la Cámara de Representantes. Siendo coherente, y si lo que los parapolíticos buscan es garantías y no seguridad democrática el Presidente de la República debería tener una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia o en una alta Corte del Estado.

El juez natural del Presidente debería ser la Corte Suprema de Justicia y no la Cámara de Representantes.

Lejos estará el interés del presidente Uribe V. de gozar de una garantía de doble instancia en un proceso penal en donde es juzgado por sus subordinados. Ningún Presidente de Colombia renunciará a su fuero, ni va a reclamar la garantía universal de impugnación mientras esté siendo juzgado por una instancia política sometida a sus decisiones administrativas.

En Colombia el Presidente no tiene quien lo juzgue. Los presidentes son felices e inocentes con los errores de sus jueces de primera instancia.

Ni Belisario Betancur con su Karma del Palacio de Justicia, ni Ernesto Samper con el proceso 8000, ni Uribe V. con la parapolítica y la Yidispolítica verán una sentencia condenatoria gracias a su fuero de ser juzgados en procesos de única instancia.

* Director de háBeas Corpus.

Medellín, 4 de junio de 2008

29 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 197

Las Cortes no le copian al Presidente

Por
Rafael Rincón Patiño*

Mientras que la ex representante a la Cámara Yidis Medina “pecó por la paga” —recibió prebendas burocráticas por su voto favorable a la reelección presidencial— y confesó ante la Corte Suprema de Justicia su delito de cohecho, el ex congresista Teodolindo Avendaño manifiesta que él recibió dinero de Yidis Medina pero, dice en su coartada, a título de préstamo para su campaña política.

El senador Teodolindo Avendaño fue quien, extrañamente, se ausentó en el momento de la votación de la reelección presidencial, al parecer comprado por los dineros, las prebendas y las promesas oficiales.

Yidis y Teodolindo hicieron de lo lindo en el 2004 cuando sus humildes votos se volvieron oro y pasaron a ser el botín más preciado del Estado colombiano. Yidis y Teodolindo son el símbolo del acto constituyente del 2004 en el cual un “articulito” de la Constitución fue modificado para dar paso a la reelección inmediata. Una reelección en donde el autor se benefició directamente del cambio de las reglas de juego.

El cohecho parece ser la conducta que simboliza los comportamientos del poder ejecutivo. ¿A qué llama el presidente Uribe V. al Fiscal General de la Nación, o para qué llama al presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será para que cumplan con su deber o para moverlos a “retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales?

En estos dos casos parece que la Fiscalía General le “copia” a pedazos al presidente Uribe V., pero la Corte Suprema de Justicia no le “copia” al presidente.

El presidente con sus llamadas telefónicas y con sus intervenciones públicas realiza una injerencia indebida en la administración de justicia. Su conducta en estos casos vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la justicia. Las altas Cortes ya se han pronunciado frente a estos desafueros del ejecutivo que ya no sólo están en boca del Presidente sino también del Ministro de Interior y de la Justicia.

Ahora que se inicia la investigación por cohecho en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el presidente deberá abstenerse de sus llamadas telefónicas y de los desayunos y almuerzos de trabajo en la Casa de Nariño con los miembros de esta comisión.

El presidente debe contar con todas las garantías constitucionales y legales para su defensa, excepto las garantías y prebendas que da el cohecho para la defensa de los propios intereses.

¿Qué pasaría si al presidente lo investigará la Corte Suprema de Justicia? Sería juzgado con el debido proceso y sin consideraciones a su investidura presidencial, como un ciudadano. No ocurre lo mismo en la Comisión de Acusaciones en donde los jueces naturales, sus congresistas, los congresistas del partido de la U, estarán juzgando a su admirado jefe político.

¿Será que el presidente le va a pedir “objetividad” a sus jueces naturales de la misma manera que lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia desde el momento en que empezaron a procesar a su primo y mentor político Mario Uribe Escobar?

Como están las cosas el Presidente de Colombia no tiene quien lo juzgue: la Corte Suprema de Justicia no es objetiva según el Presidente y la Comisión de Acusaciones está impedida por amistad política.

Es decir, el Presidente es un cuerpo glorioso, está más allá del bien y del mal. Sería bueno reformar un articulito para deshacer semejante entuerto de impunidad.


* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 28 de mayo de 2008

21 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 196

La Constitución de Yidis

Por
Rafael Rincón Patiño*

La parapolítica en Colombia es producto de la Constitución de Paramillo o acuerdo entre paramilitares, narcotraficantes y políticos para refundar el país. Por este acuerdo hay más de 60 congresistas procesados penalmente por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector.

Ellos trastrocaron la voluntad popular, tergiversaron la democracia representativa en Colombia. La viciaron con la violencia y con el engaño. Por lo menos un 35 por ciento de los congresistas llegó mal llegado y fue aliado de un gobierno que se valió de ellos “hasta tanto no estuvieran en la cárcel”. El gobierno veía a los congresistas acusados, pero no se los imaginaba en la cárcel. Igual le debe estar pasando con los ministros hoy en tela de juicio.

La Constitución de Paramillo, producto de los acuerdos de Santafé de Ralito, ha sido modificada por el Acto Legislativo nro. 02 de 2004 que establece la reelección inmediata del presidente de la República. El Acto Legislativo nro. 02, que fue producto de la compra e intimidación del voto de la congresista Yidis Medina por el poder ejecutivo, es nada más y nada menos el fundamento de la “Constitución de Yidis”.

La Constitución de Yidis es una forma de corrupción en donde “el que paga” por la peca obtiene las mayores ventajas: consigue el poder político, el poder de decisión. Mientras que el que peca por la paga, el pecador, es un simple usufructuario de provincia, un beneficiario hambriento de una ínfima porción económica del poder: un cargo burocrático para un familiar, o un contrato leonino para compensar su apoyo.

El poder ejecutivo dirigido por Uribe V. es el constituyente del 2004, es el que institucionalizó la “paga por la peca”; es el poder de ellos, el poder del ex ministro del interior y de justicia Sabas Pretelt de la Vega y del ministro de protección social Diego Palacio Betancourt, más el propio presidente Uribe V., ellos son los autores de la de la reelección.

Coadyuvaron el titular de la curul, el conservador Iván Díaz Mateus, quien tiene orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, y el congresista Teodolindo Avendaño, también capturado por su ausentismo premiado.

En justa lógica vienen las detenciones de Sabas Pretelt de la Vega y de Diego Palacio Betancourt, ex ministros implicados por Yidis Medina como los que pagaron o promovieron la paga por la peca. Ex ministros a quienes vimos en el Congreso atajando senadores para la votación de la reelección.

O puede seguir la línea menos deseada, pero muy probables de la desobediencia civil del ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia. La excusa para tomar distancia del imperio de la ley. Aquella línea que propusieron, en su momento los ex senadores Mario Uribe Escobar y Ciro Ramírez Pinzón, para desconocer el fallo de la Corte Constitucional si salía desfavorable a la reelección. Una línea que forzó a la Corte Constitucional a torcerle el pescuezo a un fallo de inexequibilidad.

En sana critica lo que la Corte Suprema de Justicia está haciendo hoy es remendar la flaqueza de la Corte Constitucional en el año 2004. El valor de la Corte Suprema de Justicia de hoy fue el que le falto a Manuel José Cepeda y sus compañeros en el fallo de exequibilidad del Acto Legislativo nro. 02 de 2004.

Es muy posible que estemos ad portas de la subversión del gobierno a las instituciones, en particular a las altas cortes. El 84 por ciento de los mil consultados por las encuestas particulares, puede servir para decir que la legitimidad es del gobierno y que un puñado de jueces no pueden poner entre palos a una administración que ha conseguido la “paz” y la seguridad “democrática”.

Es muy posible que surja la licencia para la corrupción, o los fueros de corrupción para los ministros, bajo el argumento del mal menor.

Vale la pena recordar la reprobada respuesta de Samuel Moreno al ex alcalde Antanas Mockus si él compraría conciencias para salvar a Bogotá. El hoy alcalde dijo que si le tocaba las compraría para salvar la ciudad de un mal mayor. La muy cuestionada respuesta será un argumento para los rebeldes gubernamentales. La deben estar pensando.

Es posible que confiesen su falta, que la reconozcan como un mal menor para salvar al país de un mal mayor que después fue bautizada como hecatombe.

Es probable que la Constitución de Yidis Medina o Constitución de la reelección inmediata tenga vigencia hasta el año 2014 cuando surgirá otra Constitución para Uribe V. que se conocerá como la Constitución de Tomás o la Constitución de Jerónimo o la Constitución de Lina o la de Mario.

La Constitución de Yidis es la Constitución del poder real, de quienes gobiernan, la Constitución de 1991 es la Constitución del poder formal, la del Estado Social de derecho.
Y así se irá Colombia de Constitución en Constitución hasta la refundación nacional.


* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 20 de mayo de 2008

14 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 195

Los inamovibles extraditados

Por
Rafael Rincón Patiño*

La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional entre Estados mediante el cual uno de ellos entrega a otro los presuntos autores de un delito para que sean procesados penalmente. La extradición de nacionales es excepcional y en la mayoría de los casos es rechazada e impugnada.

En Colombia la extradición de nacionales estuvo prohibida por la Constitución Política de 1991, pero fue revivida en un tratado con EE. UU. para casos de narcotráfico en los cuales fueran requeridos nacionales por la justicia norteamericana y sólo para ser juzgados por los delitos de narcotráfico. Posteriormente la Ley 906 de 2005 dejo la oferta o concesión de la extradición como una competencia facultativa del presidente de la República, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.

Los gobiernos colombianos anteriores a Uribe V. promovieron una política de extradición en términos excepcionales limitando este mecanismo de cooperación a quienes no se sometieran a la justicia colombiana y aplicada a los irreductibles capos del narcotráfico. Fue un mecanismo excepcional al que se le temía y se le combatía por los grandes capos que llegaron a expresar su preferencia por una tumba en Colombia a una cárcel en EE. UU.

En el Gobierno de la seguridad democrática la extradición perdió su carácter excepcional, debilitó su carácter de cooperación judicial, la facultad discrecional se convirtió en arma política. Cerca de 600 colombianos han sido remitidos a la justicia norteamericana para que sean procesados por narcotráfico, incluidos opositores políticos armados que están relacionados con los “impuestos” al tráfico de drogas.

El Gobierno de Colombia se abstuvo de aplicar esta política a los ex jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y generó una política criminal blanda con la Ley 975 de 2005, que fue ajustada por la Corte Constitucional en lo relacionado con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo.

Los resultados de la no extradición de paramilitares o de su juzgamiento por la Jurisdicción de Paz fueron nulos en términos de sentencias condenatorias. Si hubo posibilidad de hallar un número significativo de fosas comunes, de esclarecer hechos y de obtener versiones que comprometieron a políticos, militares y empresarios con el paramilitarismo y con los crímenes de lesa humanidad como secuestros, homicidios y masacres. Una esperanza mínima surgió.

La política de extradición del Gobierno de Colombia convirtió en excepcional la justicia colombiana, una suerte de justicia suplementaria, una justicia arrinconada. Pareciera que el Gobierno Nacional le diera más importancia al delito de narcotráfico que a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el paramilitarismo. Pareciera que no importaran los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se siente en las extradiciones un afán del ejecutivo por halagar al Gobierno norteamericano.

El Gobierno colombiano no dio prioridad al juzgamiento de los ex comandantes paramilitares ni por la vía de la jurisdicción de Justicia y Paz y menos por la vía de la Jurisdicción Ordinaria. Ninguna de las dos jurisdicciones fueron fortalecidas en la medida en que lo exigía el reto.

La gota que derramó la copa para la extradición de los inamovibles ex jefes paramilitares está relacionada con el enfrentamiento del presidente Uribe V. con las altas cortes y el descubrimiento de nuevos hechos criminales que comprometen a los aliados políticos del Presidente con las violaciones a los derechos humanos (Denuncias de Salvatore Mancuso sobre la participación de las empresas bananeras de Urabá, norte de Antioquia, con el paramilitarismo).

Los inamovibles del paramilitarismo fueron extraditados no por sus fechorías emergentes sino por las necesidades de relegitimación del régimen de Uribe V., la necesidad de una segunda reelección presidencial, la necesidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para deslegitimar a la justicia colombiana y para ocultar la verdad. Estos fueron los altos intereses de la patria determinantes de la súbita extradición en grupo.

La extradición de los inamovibles es el resultado del cálculo político y no de la urgencia e importancia de la verdad. Pareciera que el presidente Uribe V. considerara la verdad como enemiga de la paz, a la justicia como un obstáculo de la seguridad. Como que la verdad no es conveniente. Para la seguridad democrática solo es conveniente una pizca de verdad.

Las causas no expresas de la extradición de los inamovibles a EE. UU. (Reelección, TLC, evadir la justicia colombiana, burlar los derechos de las víctimas, colisión de poderes, fracaso de la Ley 975 de 2005, proteger a los parapolíticos) pusieron de manifiesto las prioridades del Gobierno de Uribe V. Primero, la reelección, lo demás son medios.

¿Por qué el Gobierno de Colombia no le exige resultados a EE. UU. en el control al consumo de drogas?

Si la política antinarcóticos y la guerra contra el terrorismo es un problema internacional por qué Colombia sólo se la exige a Ecuador y Venezuela? ¿Dónde están los resultados del Gobierno Bush? Acaso la demanda de droga —que oxigena la violencia en Colombia— no es la que determina la oferta de la misma. Son los consumidores estadounidenses responsables de la violencia en Colombia.

Los jueces norteamericanos procesaran en sus respectivas cortes a los ex comandantes paramilitares por los delitos del narcotráfico en los términos del tratado de extradición. Pero, ¿a sabiendas de la existencia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra juzgaran a los extraditados por estos crímenes? ¿Serán garantes de los derechos de las víctimas?

Parece que no, pero sí lo pueden hacer. Simón Trinidad fue condenado a 60 años de prisión por conspirar para secuestrar a tres norteamericanos y no sólo por el delito de narcotráfico.

La justicia norteamericana es muy distinta de la española o de la justicia belga en donde sí se ha presentado el juzgamiento de extranjeros por crímenes de guerra cometidos en otros países. La justicia norteamericana no se ha globalizado y sólo actúa si están comprometidos sus nacionales.

La seguridad democrática debe sus resultados de menos homicidios a la “desmovilización” de los jefes paramilitares, la extradición de ellos significa la ruptura con ellos, desconocerlos como artífices de la política de seguridad democrática. El presidente quiere poner a prueba su 84% de aceptación, quiere demostrarle al país que será reelecto sin las palancas anteriores.

La segunda reelección será para probar los resultados del método torcido de alianzas oscuras para luchar contra el crimen organizado. Si se mantienen los resultados quedará blanqueado el modelo que emergió de la Constitución de Paramillo, y si no se conserva, Colombia tendrá que cambiar los papeles y no certificar a los EE. UU. por los altos consumos de droga.

La neutralización de los inamovibles del paramilitarismo produjo la reducción de los homicidios en Colombia, éxito proclamado de la seguridad democrática; la extradición de ellos no acabará con el paramilitarismo, ni con la guerrilla ni tampoco acabará con el narcotráfico si el mercado norteamericano continúa impavido.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 14 de mayo de 2008

7 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 194

La objetividad de la justicia

Por
Rafael Rincón Patiño*

Del poder judicial se predica la imparcialidad, la independencia, la gratuidad, su carácter público, su apego a la ley, la pronta y cumplida justicia (Arts. 228 a 230 de la Constitución Política); no obstante, el presidente Uribe V. le ha pedido a las altas Cortes que obren con “objetividad”.

¿Qué será la objetividad? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué el Gobierno no le demanda independencia a la Corte sino objetividad?

La objetividad es un valor que se pide a la prensa, especialmente a la información, pero pocas veces a la justicia. Cuando se exige objetividad a los medios de comunicación el objeto son los hechos, lo que se pide entonces es informar los hechos, comunicar los hechos.

Quizás lo más claro que tiene el expediente de la parapolítica son los hechos. Las fosas comunes, las masacres, las desapariciones forzadas, las violaciones, el dolor, las extorsiones, los desplazados se apuntalan en documentos, confesiones, versiones, testimonios e indicios. Y, el más tozudo de los hechos —los distritos electorales del narcotráfico— es el resultado atípico de las elecciones al Congreso en los años 2002 y 2006, el hecho que falseó la representación política en Colombia es la ficha que ha estado derrumbando el dominó del poder espurio en Colombia. Lo más objetivo es lo que no quiere ver el presidente Uribe V.

Lo que el Gobierno debiera pedir a la Corte Suprema de Justicia no es objetividad, por ser ésta una cualidad extraña al poder judicial, lo que debe establecer la Corte, con relación a los procesados por parapolítica, es el grado de responsabilidad de los implicados. La mayoría están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir, pero la responsabilidad no va a ser igual, ahí lo que importa es la subjetividad y no la objetividad, no se trata de hacer joche con todos los marranos. El primo del presidente Uribe V. responderá de manera muy distinta a como lo harán los ex congresistas Luis Fernando Velasco o Rocío Arias o Rubén Darío Quintero.

Llegó la hora de saber por qué estuvieron en el lugar equivocado, con qué intereses, quiénes querían refundar a Colombia, quiénes son los constituyentes de Paramillo, quiénes querían votos, quiénes dinero, quiénes dinero y votos, quiénes fueron obligados, quiénes estaban equivocados, quiénes fueron participes como cómplices y quiénes como determinadores.

Pedirle a la Corte objetividad es pedirle que se aparte de su jurisprudencia, de su doctrina, de su teoría constitucional, de su forma de pensar y de fallar, que actúe con prescindencia de los móviles de los sujetos, que se aparte de las causas. Urge la verdad de los ex congresistas no sólo implicando a otros sino su verdad, la de por qué se metieron en la empresa del paramilitarismo que tiene a cuatro millones de colombianos desplazados, errando de norte a sur.

El presidente que alguna vez dijo estar cargado de tigre, el que múltiples veces ha dicho que es un combatiente, el que reta a sus opositores, el de los adjetivos, el presidente brioso e indómito está pidiendo objetividad. Quiere un poder judicial a sus pies y por eso intenta crear uno a su medida, una Corte Ad hoc, una justicia ad Uribe.

El reclamo de “objetividad” deja en claro la idea de justicia que tiene el ejecutivo. Tiene una representación de justicia iusnaturalista, de justicia universal, de la que Aristóteles llamó justicia objetiva, aquella justicia que habla de lo mismo para todos, la de todos en la cama o todos en el suelo, una justicia sin historia, una justicia gloriosa.

¿Será que el Gobierno quiere pescar en río revuelto, y cree que si la Corte Suprema de Justicia absuelve a uno tiene que absolver a todos, que así como implicó al ex senador Mario Uribe Escobar, así también lo tiene que exonerar cuando exima a otros?

Hace mucho tiempo se ha dicho que la mayor injusticia es tratar por igual a los desiguales. Si pedir objetividad es que los salpicados de la parapolítica salven a los determinadores del paramilitarismo, el objeto de la “objetividad” de la justicia del presidente Uribe V. es la impunidad.

Es muy posible que al Gobierno le parezca “objetiva” la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que revocó la sentencia de tutela que frenó la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hacia EE. UU., y que amparaba los derechos de las víctimas. Fue “objetiva” porque dejo impune sus delitos en Colombia. La reparación será un calvario más para las víctimas, ahora también víctimas de la objetividad presidencial.

Pero, la objetividad que demanda el ejecutivo a los otros poderes no se aplica en la Casa de Nariño. El Gobierno no obra con objetividad cuando, por decreto presidencial, quiere definir los beneficiarios de la Ley 975 de 2005. Será pues el libre arbitrio, la discreción del Presidente o la del Alto Comisionado para la Paz, quien señale los sujetos de la objetividad, es decir, de la impunidad. ¿A cambio de qué? ¿De otra reelección?

Es muy grave que el Presidente le pida objetividad a la Corte, es tan grave como si la Corte en pleno y antes de emitir su concepto sobre una extradición le pidiera objetividad al presidente. Bastante raro que quien extradita, o califica a sus adversarios de terroristas sin un juicio previo, le pida a la Corte Suprema de Justicia que obre con objetividad.

Letal mensaje el de la objetividad que quiere evitar la diversidad de criterios en la justicia para conseguir una justicia objetiva y uniforme, esa justicia que es nada más y nada menos que la justicia de las minorías pudientes, la justicia de los bien nacidos, la justicia de la impunidad.

La justicia “objetiva” es la justicia del poder ejecutivo que pretende todo el poder estatal y desconoce que la legitimidad del poder público radica en el juego de frenos y contrapesos de los poderes públicos.

La legitimidad de la justicia no radica en las mayorías, ni en las encuestas, ni en la popularidad, ni en la objetividad. Es el imperio de la ley, es su independencia la que la legitima y no la objetividad presidencial vía llamadas telefónicas como lo acaba de hacer el Consejo Superior de la Judicatura.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 7 de mayo de 2008

30 de abril de 2008

el yesQuero nro. 193

La hecatombe soy yo*

Por
Rafael Rincón Patiño**

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí.
Juan 14: 6


El poder ejecutivo en Colombia no es legítimo sino legitimado, es el resultado de una compleja trama de combinaciones —forzadas y manipuladas— de obediencia y legitimación. El poder legítimo en una democracia es producto del consenso, del acuerdo libre y mayoritario de los ciudadanos en torno al Estado como forma de organización regulada y de ejercicio del poder.

Estado legítimo es el que logra convertir de manera libre y deliberada la obediencia en adhesión a la ley y a los fines del Estado. Pero, se confunde, muchas veces, lo legítimo con la aceptación promovida en la opinión pública, o con la popularidad y en virtud de estas confusiones no es extraño ver como se enerva la legitimidad de un juez que falla conforme a la ley pero en contra del querer del gobierno popular.

La legitimación del régimen político colombiano es producto de acciones coordinadas de manipulación y fuerza. La manipulación directa de la obediencia se revela en favores políticos —casos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en Colombia—, las recompensas económicas, la asistencia estatal (Programa Familias en Acción), el clientelismo, los llamados a defender los altos valores de la patria (fidelidad a Colombia) y la “venta de humo” o entrega de honores inmerecidos (Por ejemplo la Cruz de Boyacá al ex Fiscal Luis Camilo Osorio y luego la embajada en México).

La manipulación de la obediencia también está mediada por encuestadores y empresas de comunicación estratégica que publican y ensalzan las cimas del gobernante y esconden sus valles y desaciertos. Ellas hacen que la mentira sea verdad, que la parapolítica sea un affaire como lo es el nacimiento de un hijo de Madonna o de Brad Pitts, o que la política sea la cosa política y la economía sea el sujeto político del Estado.

Así, la visita del presidente Uribe V. a México fue un éxito diplomático según Caracol Radio mientras que en los medios periodísticos mexicanos fue una ofensa y un abuso contra el pueblo mexicano. O la captura del primo del Presidente, Mario Uribe Escobar, según el periódico El Tiempo solo calentó el ambiente político, mientras que los diarios más influyentes del mundo registraban la captura y la frustrada fuga de un familiar y mentor político del presidente de Colombia.

La televisión es el instrumento ideológico más fuerte de manipulación de la obediencia y de construcción del consenso, ella no duda en registrar al presidente de un Estado laico con la señal de la Santa Cruz, o repitiendo con tono impostor y en diminutivos el dolor de patria que siente por la aprehensión de sus copartidarios por parte de los magistrados no objetivos de las Cortes.

El Jefe de Estado no rodea a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla cabalmente su misión constitucional, al contrario se siente sitiado por ella. El presidente Uribe V. no respeta la Corte Suprema de Justicia, la ocupa militarmente para conseguir su obediencia. El presidente de la seguridad democrática, se siente inseguro en la Corte Suprema de Justicia, a dos cuadras de la Casa de Nariño.

Las altas cortes de justicia en Colombia luchan por su independencia y dignidad, son el último reducto de decencia del Estado colombiano a contrapelo del poder presidencial que las azuza, las intimida, las amenaza y descalifica.

Por su parte la jerarquía eclesiástica, la de Monseñor Pedro Rubiano, bendice los desafueros del Presidente y no se inmuta con los homicidios pagados desde el Gobierno ni con las manos desmembradas de las ovejas descarriadas. El Gobierno reelegido no es legítimo pero es bendito, es un gobierno santo y bienaventurado, caído del cielo, es una obra de Dios.

Otra forma de conseguir la obediencia es con las amplias facultades discrecionales del ejecutivo. La Ley 975 de 2005, publicada como Ley de Justicia y Paz, da facultades de Príncipe al Presidente para conceder libertades a su antojo, que sumadas a la facultad discrecional de extraditar o no extraditar lo convierten en un manipulador central de la obediencia. El Presidente puede disponer de la libertad de uno de los que él llama terroristas (Rodrigo Granda de las Farc) para darle gusto al Presidente francés, o puede omitir la extradición de un extraditable según su leal saber y entender.

La manipulación de la obediencia más usada ha sido la de que el Gobierno es bueno porque las Farc son malas. El maniqueísmo (buenos y malos), el mal menor y el fin justifica los medios han sido la plataforma ideológica de la seguridad democrática. Las Farc, quizás muy a su pesar, son un soporte de la obediencia al régimen. Ellas son el factor de poder más funcional de la seguridad democrática. Que sería de Uribe V. sin las Farc.

Pero no basta con la manipulación de la obediencia, es necesario la fuerza y la coacción de ella para obtener el consenso. El poder del Estado colombiano ha cohabitado con poderes salvajes de muy diversas formas.

No sólo con el narcotráfico (Proceso 8000), también con el paramilitarismo, la guerrilla y la mafias de la corrupción. En algunos casos bajo la figura de la connivencia (hagámonos pacito), en otros casos bajo la figura de la complicidad y la cooperación (paramilitarismo), otras bajo la forma de la parapolítica (usted pone la plata y los votos y yo pongo las leyes).

La obediencia al régimen ha sido conseguida bajo la combinación de todas las formas de lucha. La obediencia también está relacionada con el poder del caudillo. No existe un Estado fuerte sino un hombre fuerte, un poder carismático militarizado.

El poder personal tiene el problema clásico del caudillismo, es un poder fundado en atributos personales, en un mesianismo, y en la fuerza legal e ilegal. La reelección se ve como la única forma de continuidad. El poder personal no genera forma de transmisión del poder. Un presidente así está condenado a ser el Presidente, a ser Jefe de la bancada legislativa y a ser juez de los jueces pidiéndoles objetividad o intimidándolo con una ocupación militar.

Después de Uribe V. no puede seguir Rodriguez, Jaramillo o Manjares. Cuando la obediencia está domada, después de Uribe V. sólo sigue otro Uribe o un “Uribito”. Se requiere un sacrificio solemne y masivo para un tercer periodo, urge una hecatombe.

Todo el poder en uno, el dueño del problema y de la solución. Parodiando el evangelio de San Juan el presidente Uribe V. es la hecatombe, la reelección y el remedio, nadie va a la presidencia sino por él.

* Frase usada el 6 de marzo por estudiantes en la marcha de solidaridad con las víctimas del paramilitarismo.
** Director de la Oficina háBeas Corpus.

Medellín, 29 de abril de 2

22 de abril de 2008

el yesQuero nro. 192

Un gobierno pirata

Por
Rafael Rincón Patiño*

La reelección presidencial en Colombia no existía en la Constitución Política de 1991, fue introducida, de manera ilegítima, con el tráfico de influencias y la compra de conciencias mediante el Acto Legislativo Nro. 02 de 2004. La congresista Yidis Medina, entrevistada por el periodista Daniel Coronell (08/08/2004), confirmó que su voto a favor de la reelección fue resultado de una acción torcida y maquiavélica que compromete a altos funcionarios del poder ejecutivo con el delito de cohecho.

La reelección presidencial es hija de la corrupción, es una figura constitucional mal habida, producto de una concepción ilegal, es un engendro constitucional. No sólo fue la congresista Yidis Medina la que recibió promesas burocráticas, fueron muchos los congresistas que accedieron a cuotas diplomáticas a cambio de sus votos a favor de la reelección presidencial inmediata.

El Acto Legislativo de la reelección fue promovido por el presidente Uribe V., que según las encuestas de opinión es el presidente más popular que ha tenido Colombia; la última encuesta habla de un 84% de aceptación.

Pero legitimidad y popularidad no siempre van de la mano. Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, está viviendo hoy las consecuencias de su popular accionar y de los ilícitos resultados de su quehacer presidencial. También Fujimori compró congresistas, también gozó popularidad y ahora preso atiende los llamados de la justicia.

La legitimidad es algo bastante distinto a la popularidad. La legitimidad no se consigue con encuestas contratadas, ni con cargos burocráticos. Se mide por su correspondencia con la ley, su coherencia con la justicia. El molde de un Estado de Derecho es la Constitución y a la Ley.

Cuando el presidente Uribe V. le pide a la Corte Suprema de Justicia objetividad en el desarrollo de las investigaciones por la parapolítica, lo que está haciendo es una intromisión en la justicia, está tratando de desequilibrar a la justicia, está vulnerando el principio de imparcialidad de la justicia y el principio de separación de los poderes. O cuando el Presidente cuestiona la decisión de un juez de tutela que impide la extradición de un paramilitar a EE. UU. (Caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco) está quebrantando el principio de independencia de la justicia. O cuando el Presidente denuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia, por injuria y calumnia (18/01/2008) en momentos en que su copartidario y primo el senador Mario Uribe Escobar, es llamado por la Corte Suprema de Justicia, está obstaculizando la justicia y atentando contra su autonomía.

Al lado de la popularidad del presidente Uribe V. está la altísima corrupción e ilegitimidad del Estado Colombiano.

El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, de Transparencia Internacional, TI, en el año 2007 califica a Colombia con 3.8 y la sitúa a en el puesto 68 entre 177 países en donde Nueva Zelanda ocupa el primer lugar y Myanmar el último.

La revista Foreign Policy y la Fundación para la Paz en su ranquin de Estados fallidos (3ª. versión, 2007) sitúa a Colombia en el puesto 33 entre 177 Estados, en donde Sudan, primer puesto, es el Estado más vulnerable, el Estado más débil y Noruega es el Estado más legítimo. Esta medición se realiza con fundamento en doce indicadores.

Uno de los doce indicadores empleados en la elaboración del ranquin de Estados fallidos es el del desplazamiento forzado en donde Colombia ocupa el segundo lugar después de Sudán (Colombia tiene cuatro millones de desplazados frente a los 5.8 millones de Sudán). Otro de los indicadores es el de deslegitimación del Estado en donde Colombia está en el puesto 46 y otro indicador más es el de derechos humanos en donde Colombia es el 47.

Treinta y dos congresistas en la cárcel por nexos con el narcotráfico y paramilitares, el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la cárcel por paramilitarismo (Concierto para delinquir) y centenares de concejales y alcaldes procesados por el mismo delito.

La ilegitimidad es más palpable en el Congreso, pero tiene presencia en muchas instancias del Estado según el testigo estrella de la parapolítica, el ex director de informática del DAS, Rafael García Torres.

El Presidente de Colombia se niega a fortalecer la justicia y por el contrario es motivo de orgullo personal haber extraditado cerca de 600 personas a EE. UU. Exhibe la extradición como una fortaleza cuando la injerencia externa es uno de los indicadores de debilidad. El Presidente tiene una elevada discrecionalidad en esta competencia de extraditar: es así como ha omitido la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de “los fuertes” y ha sido muy diligente con otros de menor peso o categoría.

Colombia intenta superar todas estas crudas realidades expresadas en oscuros y desalentadores indicadores con la simpatía y aceptación en la opinión pública del presidente Uribe V. Las encuestas y los medios de comunicación trabajan de manera coordinada para destacar los puntos altos de la figura presidencial y ocultar el gobierno pirata.

El Estado de la llamada Seguridad Democrática es el Estado del fin justifica los medios, es el Estado del mal menor, en un Estado lejos del imperio de la ley, es el Estado del caudillo. Como Estado de Derecho es un Estado fallido. El Estado de menos homicidios no es el Estado de más justicia. El Estado de las recompensas no es el Estado en donde los ciudadanos adhieren deliberadamente a la ley. El Estado del Plan Colombia es el Estado que depende de las directrices del gobierno de Washington, ese no es el Estado soberano que predica la Constitución de 1991.

Se acude a la pasión para encubrir la razón y los hechos. “Colombia es pasión” es la plataforma emocional del caudillo que tiene un poncho, alegoría del paramilitarismo, sobre sus hombros y un parche negro en su ojo izquierdo como alegoría de su ilegitimidad.

La tormenta arrecia sobre un gobierno pirata. Por un lado, están agotadas las embajadas y los consulados, y por el otro, el Acuerdo de Santafé de Ralito o Constitución de Paramillo llega a su fin. La Constitución de 1991 —la legítima— resopla con la tutela y las altas Cortes, el maderamen del corsario cruje, y el filibustero prepara su desembarco.

Hoy la independencia de la justicia en Colombia huele a rebelión de las altas Cortes ante la pretensión del ejecutivo de apropiarse de la justicia.

* Director de la Oficina hábeas Corpus


Medellín, 22 de abril de 2008
Día Internacional de la tierra

14 de abril de 2008

el yesQuero nro. 191

Juegos Olímpicos y Derechos Humanos
(JJ. OO. y DD. HH.)


Por
Rafael Rincón Patiño*

"El poder y el dinero no bastan para hacer una Olimpíada, hace falta perseverancia, paciencia y tolerancia. Hace falta sobre todo una concepción elevada y serena del doble papel al que puede y debe aspirar el deporte en el seno de las grandes democracias modernas: papel de equilibrio humano heredado del atletismo antiguo, papel de educador social heredado de los caballeros medievales. No tenemos que fijarnos únicamente en el gimnasio de Olimpia, Señores, sino también en los torneos de la Edad Media, demasiado olvidados y desconocidos y cuyo único error consistió en ir más allá de lo razonable en el culto elegante del honor, del estoicismo y de la generosidad".

Pierre de Coubertin (Francia)
Presidente del C.O.I. de 1896 a 1916 y de 1919 a 1925


La antorcha olímpica llegará a Pekín después de haber sido chiflada en Londres y en París. Los Juegos Olímpicos, JJ OO, a realizarse en agosto (8-24) en China sufren un boicot en diferentes países del mundo occidental por el reprobable estado de los derechos humanos, DD. HH., en China y de manera particular por la opresión que padece la región autónoma de Tibet. También es repudiada la conexión de China con el régimen de Sudán que permite la masacre y el desplazamiento de miles de personas en la región de Darfur.

El deporte olímpico era un asunto glorioso, estaba más allá del bien y del mal, una materia reservada a la deliberación de los dioses. Parecía que política y deporte olímpico nada tenían que ver. El espíritu olímpico era intocable. Incluso se expidió una norma que prohíbe la politización de los olímpicos: “No está permitido ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio olímpico, sede u otra áreas” (Regla 51, subsección 3 de la Carta Olímpica).

Pero, la globalización de los DD. HH. y de la justicia ha estado incidiendo en el principio de no politización de los JJ. OO. China, como muchos de los Estados cuestionados por la situación de DD. HH., corre a descalificar a las organizaciones y a los Estados acusándolos de intromisión en sus asuntos internos. Pero, no duda en expedir su primer informe mundial de DD. HH. en donde acusa a EE. UU. y a sus adversarios políticos de ser los principales violadores de DD. HH.



En la antigüedad la costumbre era interrumpir las guerras para desarrollar las olimpiadas, pero hoy hay quienes quieren interrumpir las olimpiadas para iniciar o continuar las guerras o, por lo menos, para aprovecharlas para la publicidad de sus causas.

Una de las causas esgrimidas en la politización de los olímpicos es la situación de DD. HH. En 1976 varios países africanos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda por haber jugado un partido de rugby con Sudáfrica (1975), país que practicaba el racismo (apartheid).

En los JJ. OO. de Alemania, Munich 1972, ocurrió la injerencia más nefasta, conocida como “septiembre negro”, cuando un grupo de fedayines palestinos tomó como rehenes a 11 deportistas israelitas para exigir la libertad de los presos palestinos y ante la negativa y el fallido intento de rescate fueron inmolados los deportistas. El deporte olímpico quedó enlutado y desde entonces, salió del compartimiento aséptico a que había estado sometido. Esa acción mereció todo el repudio mundial, pero desató, también, condenables acciones de represalia por parte del Estado de Israel.

China tiene hoy uno de los peores récords en derechos humanos. Amnistía Internacional, AI, ha dicho en su último informe que China no juega a los DD. HH. En China es evidente la violación del derecho a la libertad de expresión, la persecución a los defensores de derechos humanos y la opresión a la región autónoma de Tibet.

China es un país líder en ciberpolicías, cuenta con cincuenta mil policías cibernéticos que controlan la red y practican la censura. China tiene instaurada la pena de muerte para 68 tipos penales.

El Dalai Lama, principal opositor moral y político de China, pide no boicotear los JJ. OO. de Pekín, pero aprovecha para llamar la atención sobre la opresión de Tibet y sobre la precaria situación de DD. HH. en su país.

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó que no asistirá a la inauguración de los JJ. OO. de Pekín, Nicolás Sarkozy ha condicionado su asistencia al mejoramiento de la situación de DD. HH., Stiven Spielberg renunció a ser el director artístico de los JJ. OO. por el apoyo que China brinda al régimen de Sudan, en dónde miles de personas son asesinadas y desplazadas en la región de Darfur y la antorcha olímpica ha sido silbada en París, Londres y San Francisco por manifestantes que se oponen a las violaciones a los DD. HH.

Los DD. HH. y el deporte olímpico han dejado su neutralidad y se han convertido en alfiles del ajedrez político.

Los candidatos demócratas a la presidencia de EE. UU. piden al Gobierno de Bush que condicione su asistencia a la inauguración. El Gobierno de EE. UU. asistirá a pesar del ominoso registro de violaciones a los derechos humanos. Afirma el presidente Bush que de todos modos hablará con su homólogo Hu Jintao para que juegue un mejor papel en Darfur.

Otros Estados temen perder sus mercados. Por ejemplo, los países escandinavos, tan activos en unas causas de DD. HH. en América Latina, se inhiben para actuar políticamente frente a China; no arriesgan a perder las divisas que provienen de la venta del salmón en el mercado asiático, primero está la salud de su balanza comercial que la solidaridad con Darfur o con Tibet.

En fin la inevitable politización de los JJ. OO. desnuda también la hipocresía internacional en el discurso de los DD. HH.


* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.


Medellín, 15 de abril de 2008