14 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 195

Los inamovibles extraditados

Por
Rafael Rincón Patiño*

La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional entre Estados mediante el cual uno de ellos entrega a otro los presuntos autores de un delito para que sean procesados penalmente. La extradición de nacionales es excepcional y en la mayoría de los casos es rechazada e impugnada.

En Colombia la extradición de nacionales estuvo prohibida por la Constitución Política de 1991, pero fue revivida en un tratado con EE. UU. para casos de narcotráfico en los cuales fueran requeridos nacionales por la justicia norteamericana y sólo para ser juzgados por los delitos de narcotráfico. Posteriormente la Ley 906 de 2005 dejo la oferta o concesión de la extradición como una competencia facultativa del presidente de la República, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.

Los gobiernos colombianos anteriores a Uribe V. promovieron una política de extradición en términos excepcionales limitando este mecanismo de cooperación a quienes no se sometieran a la justicia colombiana y aplicada a los irreductibles capos del narcotráfico. Fue un mecanismo excepcional al que se le temía y se le combatía por los grandes capos que llegaron a expresar su preferencia por una tumba en Colombia a una cárcel en EE. UU.

En el Gobierno de la seguridad democrática la extradición perdió su carácter excepcional, debilitó su carácter de cooperación judicial, la facultad discrecional se convirtió en arma política. Cerca de 600 colombianos han sido remitidos a la justicia norteamericana para que sean procesados por narcotráfico, incluidos opositores políticos armados que están relacionados con los “impuestos” al tráfico de drogas.

El Gobierno de Colombia se abstuvo de aplicar esta política a los ex jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y generó una política criminal blanda con la Ley 975 de 2005, que fue ajustada por la Corte Constitucional en lo relacionado con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo.

Los resultados de la no extradición de paramilitares o de su juzgamiento por la Jurisdicción de Paz fueron nulos en términos de sentencias condenatorias. Si hubo posibilidad de hallar un número significativo de fosas comunes, de esclarecer hechos y de obtener versiones que comprometieron a políticos, militares y empresarios con el paramilitarismo y con los crímenes de lesa humanidad como secuestros, homicidios y masacres. Una esperanza mínima surgió.

La política de extradición del Gobierno de Colombia convirtió en excepcional la justicia colombiana, una suerte de justicia suplementaria, una justicia arrinconada. Pareciera que el Gobierno Nacional le diera más importancia al delito de narcotráfico que a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el paramilitarismo. Pareciera que no importaran los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se siente en las extradiciones un afán del ejecutivo por halagar al Gobierno norteamericano.

El Gobierno colombiano no dio prioridad al juzgamiento de los ex comandantes paramilitares ni por la vía de la jurisdicción de Justicia y Paz y menos por la vía de la Jurisdicción Ordinaria. Ninguna de las dos jurisdicciones fueron fortalecidas en la medida en que lo exigía el reto.

La gota que derramó la copa para la extradición de los inamovibles ex jefes paramilitares está relacionada con el enfrentamiento del presidente Uribe V. con las altas cortes y el descubrimiento de nuevos hechos criminales que comprometen a los aliados políticos del Presidente con las violaciones a los derechos humanos (Denuncias de Salvatore Mancuso sobre la participación de las empresas bananeras de Urabá, norte de Antioquia, con el paramilitarismo).

Los inamovibles del paramilitarismo fueron extraditados no por sus fechorías emergentes sino por las necesidades de relegitimación del régimen de Uribe V., la necesidad de una segunda reelección presidencial, la necesidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para deslegitimar a la justicia colombiana y para ocultar la verdad. Estos fueron los altos intereses de la patria determinantes de la súbita extradición en grupo.

La extradición de los inamovibles es el resultado del cálculo político y no de la urgencia e importancia de la verdad. Pareciera que el presidente Uribe V. considerara la verdad como enemiga de la paz, a la justicia como un obstáculo de la seguridad. Como que la verdad no es conveniente. Para la seguridad democrática solo es conveniente una pizca de verdad.

Las causas no expresas de la extradición de los inamovibles a EE. UU. (Reelección, TLC, evadir la justicia colombiana, burlar los derechos de las víctimas, colisión de poderes, fracaso de la Ley 975 de 2005, proteger a los parapolíticos) pusieron de manifiesto las prioridades del Gobierno de Uribe V. Primero, la reelección, lo demás son medios.

¿Por qué el Gobierno de Colombia no le exige resultados a EE. UU. en el control al consumo de drogas?

Si la política antinarcóticos y la guerra contra el terrorismo es un problema internacional por qué Colombia sólo se la exige a Ecuador y Venezuela? ¿Dónde están los resultados del Gobierno Bush? Acaso la demanda de droga —que oxigena la violencia en Colombia— no es la que determina la oferta de la misma. Son los consumidores estadounidenses responsables de la violencia en Colombia.

Los jueces norteamericanos procesaran en sus respectivas cortes a los ex comandantes paramilitares por los delitos del narcotráfico en los términos del tratado de extradición. Pero, ¿a sabiendas de la existencia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra juzgaran a los extraditados por estos crímenes? ¿Serán garantes de los derechos de las víctimas?

Parece que no, pero sí lo pueden hacer. Simón Trinidad fue condenado a 60 años de prisión por conspirar para secuestrar a tres norteamericanos y no sólo por el delito de narcotráfico.

La justicia norteamericana es muy distinta de la española o de la justicia belga en donde sí se ha presentado el juzgamiento de extranjeros por crímenes de guerra cometidos en otros países. La justicia norteamericana no se ha globalizado y sólo actúa si están comprometidos sus nacionales.

La seguridad democrática debe sus resultados de menos homicidios a la “desmovilización” de los jefes paramilitares, la extradición de ellos significa la ruptura con ellos, desconocerlos como artífices de la política de seguridad democrática. El presidente quiere poner a prueba su 84% de aceptación, quiere demostrarle al país que será reelecto sin las palancas anteriores.

La segunda reelección será para probar los resultados del método torcido de alianzas oscuras para luchar contra el crimen organizado. Si se mantienen los resultados quedará blanqueado el modelo que emergió de la Constitución de Paramillo, y si no se conserva, Colombia tendrá que cambiar los papeles y no certificar a los EE. UU. por los altos consumos de droga.

La neutralización de los inamovibles del paramilitarismo produjo la reducción de los homicidios en Colombia, éxito proclamado de la seguridad democrática; la extradición de ellos no acabará con el paramilitarismo, ni con la guerrilla ni tampoco acabará con el narcotráfico si el mercado norteamericano continúa impavido.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 14 de mayo de 2008

11 comentarios:

Germán Ayala Osorio dijo...

Cordial saludo. Comparto plenamente la lectura que Usted propone a propósito de la decisión del Presidente de extraditar a los criminales de marras. Le dejo a su consideración la columna que escribí acerca de la extradición de los paras, en mi blog http://www.laotratribuna1.blogspot.com/

saludos cordiales

Germán Ayala Osorio

Anónimo dijo...

Excelente análisis Dr. Rincón. Se ha abusado de la extradición, ya no es lo que debe ser: un instrumento judicial de cooperación.

Es un medio de chantaje y extorsión.

John Fredy dijo...

Un desacierto para llegar a otra pequeña parte de la verdad. (El fin justifica los medios)

R dijo...

Discúlpeme no haber respondido los anteriores artículos, Rafael; he estado ocupado académicamente y laboralmente. pero eso si, muy pendiente de lo que ocurre en colombia, como siempre, y desde el ángulo de visión que algunos de uds me conocen. a ver, solo diré un par de cositas sobre la extradición: a los ciminales en alguna parte deben ser condenados. Es una verguenza, eso sí, que no puedan ser condenados allí donde han cometido todos sus asuntos. es una verguenza, y punto. No me precupa lo que le preocupa a los antiyankys; me preocupa la ausencia de nivel jurídico de colombia, por lo menos a ese nivel: si se reconoce la criminalidad de un capo como estos,debería, entonces, reconocerse o inventarse niveles de condena correspondientes, IN SITU, porque así como están las cosas, parecemos un país absolutamente dividido, condenando de prestado, no pudiendo condenar aunque se reconozca que el criminal es criminal. pero creo que no estoy diciendo nada nuevo, y repetiré siempre: no soy antiyankie.

Anónimo dijo...

Mayo 14 de 2008

Extradición de 'paras' impide esclarecer sus crímenes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos



"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington








OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS



Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares

y su impacto en la lucha contra la impunidad



Bogotá D.C., 13 de mayo de 2008

Anónimo dijo...

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

Héctor dijo...

Lei este interesante trabajo y Dios los demás intelectuales que manejan estos temas tan espinosos no se les ve casi nada, mil gracias y cuidate, abrazos


HECTOR DE JESUS TORRES CORREA

Ramiro dijo...

Sin que suene a adulación, el análisis del tema pude calificarse de excelente mas. Muchas gracias
Ramiro

Carlos Augusto dijo...

Y no será que los mandos medios paras están comiendo en la mano de Uribe, para que4 no se le desmadre la “seguridad democratica” ¿

Andrés Elías Florez Brum dijo...

En buena hora me ha remitido el texto sobre los extraditables. Esta otra lectura nos pone al corriente del asunto e intereses.
Mi amistad
Andrés Elías Flórez Brum
Escritor

Anónimo dijo...

Visite: www.desalambrando.col.nu Una mirada política alternativa.