el yesQuero Nro. 183
Real Cédula de los palmicultores
Por
Rafael Rincón Patiño*
El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
Derecho al desarrollo ONU
Derecho al desarrollo ONU
En la Constitución Política de Colombia de 1991 la organización territorial está integrada por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas y cada una de las unidades territoriales goza de autonomía, es decir se gobierna por autoridades propias de elección popular. Aunque el mandato constitucional es claro, el presidente Uribe V. yuxtapone una colonial organización administrativa y ha ungido a ministros como especies de virreyes para tutelar las regiones.
Donde no hay confianza y hay intereses del Estado Comunitario se instala un “neovirrey” a ejercer dominio inminente sobre la parroquia. Ese es el modelo de administración pública centralista de Uribe V. para aquellos lugares en donde mandan gobernadores no afectos a la causa de la seguridad democrática. Las regiones viven una descentralización tutelada por la seguridad democrática y no por la Constitución.
Es el retorno a la metrópoli, una forma disfrazada de centralismo. El neovirrey rinde informes a la Corona de la Casa de Nariño y allí se toman las decisiones relacionadas con las colonias en materia de infraestructura, salud, educación que afectarán o beneficiarán a la autoridad local adepta o insubordinada.
El ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, conocido por su abyecto servilismo, oficia como neovirrey para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Fue el tutor de la Gobernación de Antioquia mientras estuvo regida por Aníbal Gaviria, y lo sigue siendo, con el gobernador Luis Alfredo Ramos y el alcalde Alonso Salazar.
La Corona de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Uribe V., ha beneficiado con esta comarca al economista Andrés Felipe Arias L., hijo de estas tierras y reconocido por el uso de la camiseta blanca con letras negras que niega el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle.
El neovirrey Arias L., titular de este cargo por servil y no por alcurnia o letrado, es un enemigo absoluto del acuerdo humanitario y un hombre de la guerra. Compite con Germán Vargas Lleras por el perfil de “duro” para hacerse al poder o al mérito de ser la mano derecha del líder diestro y siniestro actual. Como servil se mueve más fácil el presidente Uribe V. que él, el regalado siempre es más papista que el papa, esa es la forma de acreditarse, su particular manera de presentarle finura al patrón. Vive de dar coba a los opositores y al mismo presidente Uribe V. Le encantan los reflectores y embriagado de poder es capaz de hacerse matar por su jefe o por las banderas de su jefe, al mejor estilo de la violencia de mediados del siglo XX.
Más que la agricultura al ministro Arias L. lo define la tenencia de la tierra. El “No al despeje” nace de sus entrañas, no es una pose, es una orden que cumple como propia. Él encarna el inamovible del “No al despeje”, ahí nunca habrá negociación, primero muerto.
El economista Arias L. entiende la riqueza como una condición de los ricos y la pobreza como una calidad de los pobres. Actuando como lugarteniente de la mafia de los palmicultores, caracterizados autores de desplazamiento forzado en la zona de Urabá, decidió entregar las 17000 hectáreas de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta, a sus poderdantes los palmicultores, y no a los descamisados desplazados, con el desatinado argumento de que son tierras ácidas e improductivas.
El desarrollo humano, dice el economista hindú Amartya Sen, pasa por el desarrollo de las potencialidades humanas. Dice el premio Nobel que de lo que se trata es de aumentar las opciones vitales de las personas. Dice Sen que “el trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima”. El neovirrey Arias L. debe, por lo tanto, alejarse de esa economía del bienestar que se mueve en el paradigma racional de mayores beneficios económicos y de nada para el desarrollo humano de la gente.
Además de ser un derecho colectivo el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Como derecho individual el derecho al desarrollo es el nombre del derecho fundamental al mínimo social, un derecho que pasa por el principio de la igualdad de oportunidades.
El neovirrey Arias L. atentó contra los derechos al desarrollo, a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de la población desplazada. El también lugarteniente Arias L. ignora el principio de solidaridad, se guía por la competitividad y el crecimiento, desconoce el desarrollo como derecho humano fundamental, se brinca la Constitución y la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre protección a la población desplazada.
Así es, en el gobierno de la seguridad democrática las oportunidades son dulces para las mafias, para los ilegales y son agrias para las víctimas, para los legales, para los cumplidores de la ley. La población desplazada tiene derecho a trabajar para los amos, son libres, sin discriminación alguna, para ser esclavos. Tienen derecho a escoger el amo, a recibir o no jornal, a votar la reelección de Uribe V. ya o dentro de cuatro años.
Mientras tanto la Corona de la Casa de Nariño se complace con las cédulas reales del neovirrey, las licencias a los poderosos patrocinadores de la reelección. Así se financia la campaña.
* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 19 de febrero de 2008
Donde no hay confianza y hay intereses del Estado Comunitario se instala un “neovirrey” a ejercer dominio inminente sobre la parroquia. Ese es el modelo de administración pública centralista de Uribe V. para aquellos lugares en donde mandan gobernadores no afectos a la causa de la seguridad democrática. Las regiones viven una descentralización tutelada por la seguridad democrática y no por la Constitución.
Es el retorno a la metrópoli, una forma disfrazada de centralismo. El neovirrey rinde informes a la Corona de la Casa de Nariño y allí se toman las decisiones relacionadas con las colonias en materia de infraestructura, salud, educación que afectarán o beneficiarán a la autoridad local adepta o insubordinada.
El ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, conocido por su abyecto servilismo, oficia como neovirrey para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Fue el tutor de la Gobernación de Antioquia mientras estuvo regida por Aníbal Gaviria, y lo sigue siendo, con el gobernador Luis Alfredo Ramos y el alcalde Alonso Salazar.
La Corona de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Uribe V., ha beneficiado con esta comarca al economista Andrés Felipe Arias L., hijo de estas tierras y reconocido por el uso de la camiseta blanca con letras negras que niega el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle.
El neovirrey Arias L., titular de este cargo por servil y no por alcurnia o letrado, es un enemigo absoluto del acuerdo humanitario y un hombre de la guerra. Compite con Germán Vargas Lleras por el perfil de “duro” para hacerse al poder o al mérito de ser la mano derecha del líder diestro y siniestro actual. Como servil se mueve más fácil el presidente Uribe V. que él, el regalado siempre es más papista que el papa, esa es la forma de acreditarse, su particular manera de presentarle finura al patrón. Vive de dar coba a los opositores y al mismo presidente Uribe V. Le encantan los reflectores y embriagado de poder es capaz de hacerse matar por su jefe o por las banderas de su jefe, al mejor estilo de la violencia de mediados del siglo XX.
Más que la agricultura al ministro Arias L. lo define la tenencia de la tierra. El “No al despeje” nace de sus entrañas, no es una pose, es una orden que cumple como propia. Él encarna el inamovible del “No al despeje”, ahí nunca habrá negociación, primero muerto.
El economista Arias L. entiende la riqueza como una condición de los ricos y la pobreza como una calidad de los pobres. Actuando como lugarteniente de la mafia de los palmicultores, caracterizados autores de desplazamiento forzado en la zona de Urabá, decidió entregar las 17000 hectáreas de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta, a sus poderdantes los palmicultores, y no a los descamisados desplazados, con el desatinado argumento de que son tierras ácidas e improductivas.
El desarrollo humano, dice el economista hindú Amartya Sen, pasa por el desarrollo de las potencialidades humanas. Dice el premio Nobel que de lo que se trata es de aumentar las opciones vitales de las personas. Dice Sen que “el trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima”. El neovirrey Arias L. debe, por lo tanto, alejarse de esa economía del bienestar que se mueve en el paradigma racional de mayores beneficios económicos y de nada para el desarrollo humano de la gente.
Además de ser un derecho colectivo el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Como derecho individual el derecho al desarrollo es el nombre del derecho fundamental al mínimo social, un derecho que pasa por el principio de la igualdad de oportunidades.
El neovirrey Arias L. atentó contra los derechos al desarrollo, a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de la población desplazada. El también lugarteniente Arias L. ignora el principio de solidaridad, se guía por la competitividad y el crecimiento, desconoce el desarrollo como derecho humano fundamental, se brinca la Constitución y la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre protección a la población desplazada.
Así es, en el gobierno de la seguridad democrática las oportunidades son dulces para las mafias, para los ilegales y son agrias para las víctimas, para los legales, para los cumplidores de la ley. La población desplazada tiene derecho a trabajar para los amos, son libres, sin discriminación alguna, para ser esclavos. Tienen derecho a escoger el amo, a recibir o no jornal, a votar la reelección de Uribe V. ya o dentro de cuatro años.
Mientras tanto la Corona de la Casa de Nariño se complace con las cédulas reales del neovirrey, las licencias a los poderosos patrocinadores de la reelección. Así se financia la campaña.
* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 19 de febrero de 2008
15 comentarios:
Hola Dr. Rafael, es que el ministrico poco sabe y poquisimo quiere saber de lo que es un Estado Social de Derecho
¿HASTA CUANDO VAMOS A ESPERAR UNA REFORMA AGRARIA? ¿DÓNDE ESTÁ EL PAIS DE LOS PROPIETARIOS?
JORGE
Dos economistas bajaban una calle cuando advirtieron que dos mujeres estaban gritándose una a la otra desde las ventanas de sus apartamentos de enfrente.
Claro nunca llegarán a un acuerdo sentenció el primer economista.
Y ¿Por qué? le preguntó su compañero.
Porque parten de diferentes premisas.
Desde que apareció en forma oficial en el circulo de Uribe, hace parecer que fuera el ministro de defensa, nunca ha desempeñado su verdadero cargo.
Se imagina este joven como ministro de defensa o de primer mandatario, seria desastroso.
Estoy completamente seguro que no conoce el campo y mucho menos quien vive ahí.
Soctor Rafael
Gracias por sus comentarios, pero que podemos hacer, se me ocurre solicitarle a la procuraduria una investigación y sación pra estos que estaban cometiendo peculado en favor de terceros?
Exitos
Este texto de el yesquero, nos sirve para complementar el de Molano en El Espectador, para la clase de ética, valores y democracia y toda el área de sociales, desde el proceso etnoeducativo afrocolombiano.
NIKO
Me encantan sus opiniones tan acertadas, oportunas y bien escritas como debe ser, felicitaciones
María Consuelo Vega Aríza
Este neovirrey quiere ser rey. Todas las pierde con Jorge Robledo.
La otra hecatombe: la social
Febrero 19 de 2008 - CAMBALACHE
El presidente Álvaro Uribe adivina en los ataques de Hugo Chávez la hecatombe necesaria para su tercer gobierno. Los colombianos deberíamos adivinar en la re-reelección una hecatombe social que invita a oponerse a ella. Para muestra, dos casos recientes: el fallecimiento, por una cadena de errores, de una recién nacida en la clínica San Pedro Claver, de Bogotá, y el frustrado intento de entregar a empresarios particulares el predio de Carimagua, originalmente destinado a desplazados por la violencia.
El caso de la niña muerta por una inyección equivocada destapa el desplome de la ya precaria protección social de los colombianos de bajos ingresos. Desde que el Gobierno cedió el servicio de salud a los particulares, los enfermos se pierden en una selva de siglas -las ESE, las EPS, las ARS- y deben a menudo acudir a un juez para conseguir ciertos remedios. En teoría, se ha ampliado el cubrimiento. En la práctica, no puede decirse que los colombianos estén mejor protegidos que antes.
En cuanto a Carimagua, es apenas una nueva expresión del tradicional despojo a los campesinos. Ya en 1594 el rey de España ordenaba que "las tierras que se dieren a los españoles sean sin perjuicio de los indios". No se cumplió. Hace algo más de medio siglo, los labriegos desplazados por la persecución laureanista denunciaban que "en la pobreza más extrema tuvimos que huir de nuestras tierras, víctimas de la más implacable violencia" y, un año después, seguían en el abandono mientras que de sus predios "se han adueñado personas amparadas en determinado rótulo político". Entre esos campesinos atropellados había uno que hoy conocemos como 'Tirofijo'.
La tragedia se repite, aunque la violencia tiene ahora otro origen. Los campesinos quieren tierra, pero primero se la quitan, luego se la dan a un poderoso y después -como en Carimagua- les ofrecen convertirlos en jornaleros explotados por los nuevos dueños de esa tierra. Con el pretexto de que las 17.000 hectáreas destinadas a los desplazados no eran buenas para ellos, pero sí para los empresarios particulares, el Gobierno intentó entregarlas en concesión a una compañía de la que es socio, entre otros, Mario Escobar Aristizábal, delegado presidencial en la junta que -ojo a la ironía- se instituyó para proteger a quienes perdieron sus parcelas. Como lo ha denunciado la prensa, este empresario aportó dinero a las campañas de Uribe y del director de la junta de marras y del Ministro de Hacienda, del cual es pariente.
Cuando alguien dijo al Ministro de Agricultura que el terreno era ácido, al prepotente personajito no se le ocurrió formar una cooperativa campesina ni vincular a un laboratorio científico de los que estudiaron la región. Ya había excusa para entregar la tierra de los desplazados a unos palmeros que encajan en el sueño oficial de convertir al Llano en un gran emporio empresarial. La Procuraduría y la denuncia de EL TIEMPO frenaron el abuso.
Lástima que los desplazados no sean empresarios ni tengan amigos en el Gobierno...
Todo es producto de la mentalidad neoliberal de un régimen que favorece a los capitalistas fuertes porque cree que así desarrolla el país y les vende por cuatro pesos las entidades que el dinero público construyó durante décadas. Tal ocurre, por ejemplo, con las electrificadoras de cinco departamentos, a punto de ser privatizadas en una feria que afortunadamente atajaron a tiempo la Contraloría General de la República y una batería de tutelas.
También sucedió con dos multinacionales petroleras, a las que extendió graciosamente sus concesiones en La Guajira y Cravo Norte.
Mucho debemos a Uribe en materia de seguridad, estabilidad económica y restitución de la fe y el optimismo nacionales. Pero él mismo ha reconocido los limitados alcances de su proyecto social. Cuatro años más de esta receta engordarían a muchos empresarios, pero enterrarían a miles de pobres.
cambalache@mail.ddnet.es
¿Dónde anda el cabildero que quiere obligar a todas las empresas prestadoras de servicios públicos a constituirse en sociedades por acciones? ¿En Caracol con Fajardo V.?
Notas de Buhardilla
Sinfonía de picardías
Ramiro Bejarano GuzmánEl Espectador
16 de febrero de 2008
El alboroto de Carimagua es más hondo de lo que creíamos. No se trató solamente de que el Gobierno hubiese intentado entregar a unos empresarios amigos una hacienda valiosa que en principio había ofrecido destinar para alivio de los desplazados.
Ahora venimos a saber que detrás de ese inexplicable cambio de destinación, aparece una comparsa de parientes y amigos íntimos del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y del director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos.
Con esos detallitos se entiende el porqué de la inicial postura asumida por el presidente Uribe y su ministro de “Palmicultura” (la expresión es de Vladdo, tomada de su columna en El Nuevo Siglo), cuando expresaron con su habitual arrogancia que el proceso de adjudicación de Carimagua se llevaría a cabo, a pesar del ruido que se armó. Lo que no nos dijeron fue que los posibles licitantes eran personas del entorno familiar, financiero y político del alto Gobierno.
Más que un escándalo es una avivatada, que una de las empresas que estuvo merodeando por Carimagua, obviamente con el fin de decidir si licitaba o no para quedarse con el inmueble, le pertenezca al empresario caldense Mario Escobar Aristizábal, delegado del presidente Uribe en la Junta Directiva de Acción Social, la entidad pública encargada de velar por los desplazados.
A esa malhadada coincidencia se suman las imborrables dudas de que Escobar Aristizábal es tío del Ministro de Hacienda, además de que ha financiado sus campañas políticas, lo mismo que las de Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social. ¡Todos a una, como en Fuenteovejuna!
Pero si todo lo anterior es sospechoso, todavía más las coartadas del ministro Arias, así como su exótica solución de privatizar la controversia y la solución, al integrar una comisión de particulares para que resuelva el problema público que se generó gracias a las ligerezas oficiales.
En efecto, el locuaz ministro Arias sostuvo la tesis de que lo de Carimagua fue una cortina de humo lanzada por quienes resultaron afectados por el otro escándalo de Fiduagraria. La cosa fue al revés. Fue el Gobierno el que se valió de Fiduagraria, para tender un manto que no dejara ver el elefante de Carimagua.
Como si fuera poco, el ministro Arias, con habilidad digna de mejor causa, soltó la especie de que el enredo de Carimagua no es un problema de corrupción de cuello blanco, sino ideológico. En su infinita sabiduría, para sacarle el cuerpo a las críticas fundadas de la Procuraduría sobre este turbio asunto, concibió una decisión con sabor a trampa: nombrar una comisión dizque de expertos para que digan la última palabra.
No advirtió el locuaz ministro que para resolver el problema “ideológico” sobre si las tierras del Gobierno deben darse a desplazados o a empresarios, designó a reconocidos aliados y voceros de industriales, inversionistas y los grandes capitales. Puso a los ratones a cuidar el queso. Así es como le gusta a este gobierno, que sus jueces sean sus amigos y de la casa. Adiós a las esperanzas de los desplazados.
No hay duda, tanto abuso de poder, hay que apuntárselo a la soberbia de la reelección y al 81% de popularidad del Presidente. El Gobierno está padeciendo el mismo mal que llevó al naufragio a la selección Colombia del 5-0 con Argentina. Están creyendo que como tendrán un tercer período, y quién sabe cuántos más, todo les es permitido, inclusive hasta los negocios lícitos.
~~~
Adenda.- Valiente babosada con la que salió el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Según él, aquí ya no hay paramilitarismo sino delincuencia. ¡Vaya alivio! Le convendría a tan conspicuo burócrata internacional oír voces diferentes y visitar lugares distintos de la Casa de Nariño.
COMENTARIOS DE LECTORES
--------------------------------------------------------------------------------
El escándalo de Carimagua
José E. Mosquera
Columnista de El Tiempo y El Mundo de Medellín
Un nuevo escándalo sacude la política de adjudicación de tierras en el país, como ha ocurrido en otras oportunidades, un selecto grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Incoder están en el centro de la tormenta del alboroto. Lo novedoso es que ahora el protagonista del escándalo es el propio ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
Las explicaciones que ha dado sobre el cambio en la destinación de los beneficiarios de las 17.000 hectáreas de tierras de la hacienda Carimagua, en Puerto Gaitán (Meta), entregadas hace cuatro años por el ICA al Incoder para la reubicación de desplazados y a punto de ser cedida en concesión por 50 años a un grupo de inversionistas privados, son pocos convincentes y esclarecedoras.
El Ministro no ha sido lo suficientemente claro en relación con este asunto, sus explicaciones son ambiguas y contradictorias. En primer lugar, dice que el predio está muy alejado de cualquier casco urbano, sin servicios públicos ni infraestructura que permita a los desplazados desarrollar proyectos productivos, cuando realmente está a orillas del río Meta, una de las principales arterias fluviales de Colombia y cerca a Orocué, un municipio que tiene aeropuerto y una carretera que lo une con Yopal, la capital de Casanare.
Lo increíble es que los futuros concesionarios también exigieron la dotación de los servicios de que adolece, unas de las razones por las cuales el Gobierno decidió cambiarlo de beneficiarios. En segundo lugar, el Ministro esboza que en manos privadas el predio generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.
En su opinión, es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio, porque "no son tierras fértiles, solo caben 80 familias" y "con darle 11 hectáreas a una familia no se hace nada". En otras palabras, prefiere seguir observando a los desarraigados pidiendo limosna en las esquinas que entregarles un pedazo de tierra para que se ganen dignamente su sustento.
Las contradicciones del Ministro generan suspicacias; sin embargo, el informe de Fundes demuestra que las tierras de Carimagua sí son aptas para desarrollos agrícolas.
De no ser así, ¿sería inviable que un grupo de inversionistas privados estén dispuestos a invertir más de $200 mil millones en adecuar tierras infértiles? Ningún inversionista, por más intrépido que sea, invertiría millonarios recursos en tierras improductivas y que generen escasas rentabilidades.
De acuerdo con el ministro Arias, "el Gobierno lo que busca es desarrollar una infraestructura y crear unas condiciones propicias para volver la zona un polo de desarrollo, generando más de 1.500 empleos". Por eso, habla de "sacarle recursos a ese predio, que en manos privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados".
Una explicación sutil que deja en claro que para el Gobierno no es rentable en algunos casos entregar tierras a los desplazados, como tampoco tiene urgencia de resolver los problemas de tierras a los desplazados que se beneficiarían con Carimagua.
Una simple operación matemática de los 250 millones anuales de que habla el Ministro que pagarán los inversionistas al Estado se deduce fácilmente que en los primeros diez años lo que pagarían anualmente son exiguos $14.705 por hectárea.
Este es un asunto que debe ser dilucidado ampliamente en el Congreso de la República, dado que el propio Ministro reconoció que en el procedimiento que se tenía previsto para adjudicar las concesiones se cometieron errores, al no informar a los organismos de control de las disposiciones.
El ministro Arias, por estar armando pleitos y opinando sobre asuntos no propios de su cartera, da la impresión que tiene insuficientes controles sobre algunas instituciones a su cargo y eso, de alguna manera, está incidiendo para que se materialicen frecuentes irregularidades.
El Incoder con cinco años de vida institucional está entre las peores instituciones del Estado, con un lastre de irregularidades y escándalos que van desde empleados que exigen dinero a cambio de adjudicar predios, testaferratos, compra y entrega de tierras de baja calidad a costos excesivos e irregularidades en los procesos de licitaciones y selección de beneficiarios en más de quince departamentos.
El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo solicitaron al Ministro la suspensión del proceso de concesión y este admitió revisar el caso, una decisión sensata y, más aún cuando un 4% de propietarios controla más del 61% de las mejores tierras en Colombia.
--------------------------------------------------------------------------------
Sociedad y democracia
Por: GLORIA ARIAS NIETO
El Nuevo Siglo
15 de febrero de 2008
EN el 2004, se determinó que las 17.000 hectáreas de Carimagua serían entregadas a los desplazados de la violencia.
En ese entonces, nadie dijo que los suelos fueran ácidos, ni que al gobierno le faltaran recursos para su adecuación.
En los últimos 3 años, Carimagua no ha sido devastada por un tsunami, espichada por un meteorito, ni contaminada por un Hiroshima llanero. La química de Carimagua sigue siendo la misma que en septiembre del 2004; el gobierno central no se ha empobrecido, ni los desplazados se han vuelto más exigentes en materia agropecuaria.
Sin embargo, ahora resulta que las tierras no son buenas para los campesinos, pero sí para los empresarios. Antes era válido el estudio contratado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, y ahora las autoridades “competentes” lo desvirtúan. ¿No sabrá el Ministro de Agricultura que no es democrático abandonar a los vulnerables para favorecer a los robustos?
¡Qué pena que se necesite la intervención del Procurador para que el ministro Arias le deje Carimagua a las 800 familias hostigadas por la guerra, y no se la adjudique a los empresarios cultivadores de palma y caucho!…Cauchosas -en manos del Ministro- la conveniencia, y la palabra. Señor Ministro: el hambre no es elástica, ni siquiera cuando es ajena.
Nada tengo en contra de los palmicultores; pero es injusto que después de tantos años, los desplazados pierdan una posibilidad de dejar su gitanismo forzado, y de anclar y reconstruirse, haciendo lo que saben hacer: cultivar el campo. ¿Será acaso mejor pedirles que sigan cultivando miradas de indiferencia o lástima en los semáforos de las capitales? ¿O que pasen a engrosar las milicias urbanas, o los muertos por desnutrición?
Creo que lo ácido no es el terreno, sino el Ministro, quizá consecuencia del daño que le hicieron: lo inflaron como globo de parque antiguo, cuando su juicio y responsabilidad social alcanzaban apenas una etapa homologable a la pubertad.
Punto aparte. Pero no tan aparte, porque igual se trata de vida, sociedad y democracia: Abrazo a Héctor Abad por su columna sobre Carlos Gaviria. Héctor, periodista, poeta y novelista, tiene el alma regada por todo el cuerpo; una recta independencia y un par de alas disponibles para cada palabra que sale de su recuerdo y de su creación.
Y abrazo a Gaviria; conocerlo, respetarlo y quererlo, se me volvieron en él tres verbos indisolubles. Ahora, cuando todos buscan cobrarle ciertas ambigüedades del Polo, urge tener memoria: mil veces ha declarado Carlos Gaviria su rechazo a la violencia, al secuestro y el terrorismo.
Es un defensor de la libertad; un hombre de paz, que brilla con luz propia en medio de un país en guerra; es la izquierda académica, recta e intelectual, que jamás empuñaría ni un arma ni una mentira.
Cuidarlo a él, es cuidar la democracia; y cuidar la democracia, es defender a Colombia.
Proteger la vida de Carlos Gaviria no es sólo una obligación del Estado: es una exigencia humana, social y política; es un acto de inteligencia colectiva.
___________________________
Carimagua: ¿acidez o infertilidad ministerial?
Por ÓSCAR MONTES
El Heraldo
16 de febrero de 2008
En lugar de andar pregonando las bondades inexistentes de entregarles 17 mil hectáreas a cuatro grupos de palmicultores y no a cientos de familias desplazadas del país, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias lo primero que debió hacer, una vez se desató el escándalo, fue dar a conocer los nombres del selecto grupo de compatriotas que, gracias a la generosidad del Gobierno, aspiraban —o aspiran— a iniciar proyectos agroindustriales a precios de huevo en unos terrenos que, según la Presidencia de la República, “son ácidos e infértiles”.
La respuesta a esa inquietud sigue pendiente, a pesar de que el ministro Arias, ante el chaparrón de críticas que recibió, haya decidido suspender por dos meses el proceso de adjudicación a particulares, mientras una comisión creada por el Gobierno evalúa la conveniencia o no del mecanismo.
A propósito de ese tema, Ministro, ¿no sería bueno que dentro de dicha ‘Comisión de Expertos’, el Gobierno incluya a uno de los casi cuatro millones de desplazados del país? ¿No le parece que algo debe saber de tierras una persona que lo único que ha hecho en la vida es trabajarla, hasta que ‘paras’, narcotraficantes y guerrilleros se la arrebataron a punta de fusil y motosierra?
El Ministro también debería explicarnos —pues sigue sin hacerlo de manera convincente— por qué razón la tierra de Carimagua es ácida e infértil para que la exploten los desplazados pero no los industriales de la palma. ¿O es que a alguien le cabe en la cabeza que estos prósperos empresarios van a recibir en calidad de arriendo 17 mil hectáreas de rastrojos y pagar un canon —ínfimo sí, pero alquiler al fin y al cabo— por su uso? ¿Alguien que no sea el ministro Arias puede pensar que ello es posible? ¿Quién arrienda tierras para perder plata?
Dice el ministro Arias que sólo los particulares tienen los recursos para invertir en Carimagua, para hacerla productiva. ¿Y dónde está la plata del Estado para ayudar a quienes deberían ser su más grande prioridad, los desplazados? ¿Por qué razón el Gobierno, que anda vendiendo hasta lo que no tiene, no destina una buena cantidad de recursos para que esa zona se convierta en un ‘polo de desarrollo’, que beneficie a quienes perdieron sus tierras a manos de organizaciones delincuenciales? ¿No era eso lo que pretendía el Gobierno cuando en 2004 anunció con bombos y platillos el proyecto ‘Renacimiento de la Orinoquia Alta de Colombia’, cuyo eje principal era precisamente Carimagua?
UN ASUNTO DE FONDO
El ministro Arias, tan generoso para dar explicaciones a los medios de comunicación, pero tan poco diligente a la hora de suministrárselas a los organismos de control, entre ellos la Procuraduría General, deberá decirle al país si es cierto que entre los aspirantes a explotar agroindustrialmente a Carimagua se encuentran familiares de miembros del gabinete.
Esa sola suspicacia merece que reporte todas y cada una de las actuaciones de su despacho en lo que tiene que ver con el proceso de adjudicación de esos predios.
El país debe saber, Ministro, quiénes están detrás del negocio. Y una vez esas tierras sean adjudicadas —que es lo que va a suceder, pues la ‘Comisión de Expertos’ dirá que el Gobierno tiene razón— el país también deberá conocer de boca del ministro Arias la composición accionaria de las empresas que resulten beneficiadas.
¿Quiénes son, Ministro, los amigos del Gobierno que están interesados en el multimillonario negocio de la palmicultura, no sólo en Carimagua sino en todo el país? ¿Son los mismos que sembraron de palma al Urabá antioqueño y que de un tiempo para acá iniciaron proyectos agroindustriales en el Chocó en tierras que eran propiedad de las comunidades negras? ¿Son los mismos, Ministro, que hicieron lobby ante el Congreso para sacar adelante una Ley Forestal diseñada a su medida y que la Corte Constitucional acaba de tumbar, entre otras cosas porque se hizo de espaldas a las comunidades indígenas y afrodescendientes?
Mucho me temo que la acidez de la que habla el Ministro no está en el suelo de Carimagua, sino en los intereses que hay detrás de su adjudicación. Todo resulta demasiado espeso y hasta sospechoso: ¿Qué hubiera pasado si la Unidad Investigativa de El Tiempo no destapa el escándalo? ¿El Gobierno habría suspendido de manera voluntaria el proceso de adjudicación? ¿Por qué razón el ministro Arias no mantuvo informada a la Procuraduría General de todas sus actuaciones en relación con el proceso de adjudicación, como es su obligación? ¿Se le olvidó que no hacerlo lo expone a sanciones disciplinarias que podrían comprometer, incluso, su permanencia en el cargo?
Este triste y lamentable episodio no sólo muestra la poca transparencia de un proceso que debe ser absolutamente diáfano, sino algo mucho más grave, cual es la indolencia y la insensibilidad con la más grande y sensible de las tragedias que vive el país en la actualidad: la de los desplazados. No ha habido poder humano —ni siquiera la Corte Constitucional— que obligue al Gobierno a poner fin a semejante hecatombe social. Y ya entiende uno por qué es que no solucionan esa catástrofe humanitaria: lisa y llanamente porque no les importa, no les duele, les resbala.
Es por esa razón que el ministro Arias, a la hora de adjudicar predios, piensa primero en los industriales y en los empresarios que en los desplazados. Para él, aquellos son generadores de riqueza y estos son un estorbo. Los primeros son inteligentes y brillantes y los segundos son imbéciles. Mientras aquellos hacen producir la tierra, estos simplemente la ocupan.
Los primeros generan ganancias y los otros sólo pérdidas. Pero lo más doloroso del episodio de Carimagua no es lo relacionado con el proceso de adjudicación, sino que el mismo sirvió para exponer en su justa dimensión el pensamiento del ministro Arias —y el de los demás funcionarios del Gobierno que razonan como él y que son la mayoría— y que por desgracia es lo mismo que piensan los jefes de las Autodefensas, que sacaron corriendo a los desplazados del país sólo porque consideraban que la tierra era más productiva en sus manos.
¿Es ese el ‘debate ideológico’ que el ministro Arias quiere plantearle al país? A juzgar por la actitud asumida a raíz de la controversia desatada por la adjudicación de Carimagua, es evidente que el Ministro tiene muy claro en manos de quién es más rentable la tierra.
Es decir, para él todo se reduce a una operación de costo-beneficio, que debe traducirse en ganancias para el Gobierno. Ganancias en términos económicos, obviamente, pues los desplazados, para Arias, sólo generan gastos y pérdidas.
Vladdo lo llama Ministro de Palmicultura. Vale la pena que se revise con lupa la Ley 1182 de 2008 que establece nuevas y fáciles requerimientos para que los desplazadores legalicen lo que le quitaron a los desplazados.
Tiene usted razón este neovirrey no tiene alcurnia, es un lugarteniente de las mafias palmicultoras. No es Arias Leyva es Leiva con i latina asi como los yobani, las yina.
Arias es un ministro improductivo, ¿será que es pobre?
Mentiras, el sí produce risa, y en estos momentos de acidez es muy importante la risa. En momentos en que sus representados confiesan miles de crímenes hay que reír para no enloquecer.
Meritocracia
Un muchacho termina el colegio secundario y no tiene ganas de estudiar nada.
Como el padre es un tipo notable, lo aprieta:
- ¿Ah? ¿No quieres estudiar? Bueno, yo vagos no mantengo, así que vas a tener que trabajar. ¿Estamos?
El padre, que tiene algunos amigos políticos, dada su larga trayectoria, trata de conseguirle un empleo y habla con un amigo que
tiene una alta posición en el Estado:
- Hola Pachito, ¿Te acuerdas de mi hijo? Bueno, termina la secundaria y no quiere estudiar por ahora. Si te queda fácil, necesitaría un puesto como para que empiece a trabajar mientras decide si va a seguir una carrera. El asunto es que haga algo y no vague, ¿me entiendes?
- Bueno, podría hablar con el Presidente y conseguirle un cargo consular, para eso no se necesita nada, como nadie lo ve en otro país puede estudiar y además ganará como 4.000 dólares mensuales.
- Nooo, lo quiero aquí en Colombia, para poder controlarlo y algo más modesto, para que no se le haga tan fácil la vida.
- Voy a ver qué consigo.
A los tres días llama Pachito:
- Listo, Tito, ya está. Hablé con el Presidente. Será Asesor de la Comisión de Salud en alguna de las Cámaras del Congreso. Unos 9'000.000 de pesos al mes.
Está bueno, ¿no?
- ¡No, viejo! Es una locura. Recién empieza. Tiene que comenzar de abajo.
A los dos días, de nuevo Pachito:
- Tito, ya lo tengo. Hablé con mi primo, podría ser en una entidad de control. Le conseguí un cargo de Asesor. El sueldo es más modesto, de 7'000.000 de pesos, pero puede conseguírsele una prima técnica automática.
- ¡Ah, no, amigo!, Recién termina el colegio. No quiero que la vida se le haga tan fácil de entrada.
Quiero que sienta la necesidad de estudiar, ¿me explico?
Al otro día:
- Tito, ahora sí: Asistente en un proyecto de una entidad pública, con algo de computación, ya está; claro que el sueldo se va muy abajo serán 5'000.000 de pesos al mes, nada más.
- Pero, hermano, ¡por favor!, consígueme algo más modesto, recién empieza, algo de un millón y medio al mes.
- Bueno, eso si está muuuy difícil, ¿sabes?.
- ¿Por qué?
- Esos cargos son por concurso y para cumplir con el perfil necesita currículum, título universitario, posgrado o preferible Maestría,
experiencia real certificada, además de exámenes, entrevistas y un laaaaargo proceso de selección. ¿Me entiendes?
Publicar un comentario