el yesQuero No. 114
Columna de análisis y crítica política
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Medellín, Colombia

Bóvedas 298 y 299

Por
Rafael Rincón (*)

El presidente Uribe Vélez dijo en su bucólico discurso de posesión que lo preocupaba el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad. El Estado comunitario que propugna este gobierno está fundado en la seguridad que él llama democrática y que considera y califica en un juego de palabras como la primera libertad.

El primer gobierno de Uribe se inició con la consigna de un estado fuerte, con ejercicio de la autoridad –la fuerza– para recuperar la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Un estado derrotado con ánimo de recuperar como fuera el uso legítimo de la fuerza, pero lejos del derecho, de la Constitución, que considera un arlequín, y lejos de la equidad; fue un estado con los peores registros en violaciones a los derechos humanos.

La guerra, llamada Plan Colombia y Plan Patriota, le sirvió a Uribe Vélez para contener y recoger a la guerrilla; y la negociación oculta con el paramilitarismo y el narcotráfico le propició la inmovilización de al parecer 40.000 combatientes de las autodefensas que impactaron de manera contundente los índices de homicidios.

Después de cuatro años de Estado comunitario Colombia ha alcanzado una seguridad escoltada, conserva un conflicto armado, sigue el narcotráfico, hay mayor intromisión norteamericana y tiene un Leviatán rearmado. La guerrilla persiste en su caduco proyecto armado y debilitada no buscará negociación; los paramilitares mantienen su estructura de poder y amenazarán con crisis del proceso cuando los jueces no resuelven como ellos dictan y proyectan.

La causa mezquina de la guerrilla en el cuatrienio que viene será la de no dejarse quitar los rehenes y el plan del paramilitarismo será “blanquearse”, no dejarse extraditar y velar por sus privilegios; gastaran su tiempo para hacer los esguinces a la llamada Ley de justicia y paz.

Las víctimas serán cada día más invisibles: Las curvas de cobertura en salud del Ministerio de Protección Social tocaran el cielo pero los “beneficiarios” seguirán en el infierno; la “seguridad” no rimará con lo social, pero sí con el crecimiento; los secuestrados y sus familias con las millones de personas desplazadas serán el emblema de vergüenza del estado de no derecho ni derechos y de una guerrilla corrompida por la manigua de dogmas de sus dirigentes.

Mientras tanto el melancólico Presidente le dice de entrada no a la paz porque teme desarmar su centauro domado. Sus huesitos y su carnita no están para la paz sino para la “seguridad democrática” que no es la seguridad de todos sino la seguridad de los bancos, de las fincas, de las carreteras, de todos los escoltados y por supuesto de los intereses norteamericanos.

Mientras tanto el miércoles 2 de agosto, cinco días antes de iniciar su segundo periodo, fueron asesinados con arma de fuego dos jóvenes de 19 años en el barrio 20 de julio de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Fueron abaleados a las doce del día a sólo 200 metros de un centro policial de los llamados de Atención Inmediata (CAI).

Los restos de juventud de Jorge y Jonathan yacen en las bóvedas 298 y 299 del cementerio del barrio San Javier a donde llegaron en medio de la protesta, los clamores de justicia, los llantos de familiares, vecinos y amigos y bajo la custodia hipócrita de quienes debían protegerlos. Los jóvenes asesinados participaban del trabajo comunitario de la organización social Realizadores de Sueños, institución líder en la planeación zonal y el presupuesto participativo en la ciudad de Medellín mirada con sospecha por los artífices del miedo.

La policía acudió para ver agonizar los cuerpos de los jóvenes, omitieron su deber de auxilio y socorro a los heridos. No hubo acciones inmediatas para capturar a los autores ni para salvar la vida de los heridos, sólo pantallas para encubrir su negligencia.

En otras palabras, en el epicentro de la seguridad democrática, en la sede militar de la operación Orión, en plena comuna 13 de Medellín, en el lugar en donde cayó la primera ficha del dominó fueron asesinados a los ojos de todo el mundo, con una negligencia pasmosa del Estado dos muchachos que no eran de los protegidos del engendro comunitario.

La seguridad “democrática” es la paz de los pudientes y es la ausencia de libertades y el estado comunitario es el estado de la sociedad adiestrada en donde el derecho, los derechos y la paz son debilidades, son condiciones que ponen en riesgo la seguridad “democrática” de los privilegiados.


Medellín, 8 de agosto de 2006


(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas corpus