el Candil No. 78
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com


MONOPOLIO DEL USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA
TODOS PARA UNO

Por
Rafael Rincón (*)


La actividad delictiva está monopolizada en Medellín, los bandidos sólo pueden delinquir para beneficio de uno de ellos; existe unidad de mando en la criminalidad, y quien se salga del camino o perjudique el proceso “se va pa´l piso”, o lo “pelan”. Hay una hegemonía de la criminalidad organizada.

Los delincuentes tienen un “papá”, todos son “hijos” adoptivos de un padre que los patrocina como bandidos, como desmovilizados, como líderes sociales, como empresarios o como políticos. Hay que tener un aval para ejercer la delincuencia; delincuente, hoy, no es cualquiera.

Es un simplismo afirmar que Medellín es una ciudad paramilitarizada, pero es más simplista decir que Medellín es una ciudad segura. Las autoridades locales se disputan la paternidad del denominado “milagrito” de la reducción de homicidios con la Seguridad Democrática del gobierno nacional y con la iniciativa de desmovilización de los paras de Ralito. Los críticos más ponderados dicen que el resultado tiene agua de las tres cañadas.

Lejos están los programas de convivencia del municipio de ser los autores determinantes de la disminución de homicidios. El primer Comando de Atención Inmediata, CAI, fue inaugurado por la alcaldía en diciembre de 2004, y el quiebre en la curva de homicidios es de octubre de 2003, imposible que haya tenido efectos retroactivos.

Claro que es muy válido el esfuerzo que hacen las administraciones municipales por generar una cultura de convivencia, y que se debe que seguir haciendo, pero se engañan si creen que los resultados son logros de la entrega de armas de juguete, o de las armas de las autodefensas, y por el contrario, pueden estar ocultando, sin proponérselo, la manera bárbara como se ha realizado un proceso de pacificación en la ciudad.

Hoy, un taxi va a cualquier barrio de Medellín por alto o lejos que sea la “carrera” contratada. La percepción de seguridad es alta en la mayoría de los barrios. Los muchachos están quietos hasta nueva orden; pero eso sí, se movilizan, con sorprendente facilidad, ante un llamado del “cacique”, bien para protestar por la captura del gran jefe o para manifestar su complacencia por su traslado a tierra caliente.

Hay un monopolio del uso ilegítimo de la fuerza. Los que roban gasolina tienen que rendir cuentas a la delincuencia organizada; los chanceros rinden cuentas al Estado y también, a la delincuencia; hay proyectos del presupuesto participativo del municipio que rinden cuentas a la comunidad, pero también a la delincuencia; los que manejan botaderos ilegales de escombros rinden cuentas a la delincuencia; quienes manejan las “plazas” o puntos de venta de estupefacientes tienen que rendir cuentas a la delincuencia; los puestos de venta en las plazas de mercado mayorista y minorista rinden cuentas a esta delincuencia organizada.

Ilusos, por ejemplo, quienes crean que la cárcel Nacional de Bellavista, reclusorio para 1.500 internos, que alberga a 6.000 personas, goza de convivencia gracias a la gestión administrativa del INPEC. La realidad es que el control carcelario en este centro con hacinamiento endémico lo hace una organización ilegal que “favorece” a las autoridades legítimas con el control penitenciario a cambio de contar con la anuencia para administrar la criminalidad.

Hechos como la muerte de un fiscal de instrucción criminal por un grupo de sicarios en el centro de la ciudad, el traslado de “Don Berna” de la cárcel de Combita en Boyacá a la de Itagüi en Antioquia, el asesinato de un desmovilizado del llamado bloque héroes de Granada en el barrio Caicedo en Medellín, el fracaso de la huelga de futbolistas, la cumbre de líderes en desmovilización en Medellín, las “oficinas” alternas del DAS, incluso el atentado en Bogotá al senador Germán Vargas Lleras y los anunciados ataques a líderes de la oposición del Polo Democrático Independiente son indicadores cualitativos de la violencia existente en Medellín que no se pueden desestimar.

Más cerca de la realidad está la existencia de un modelo de intervención de la criminalidad en donde un puñado de “caciques” o “patrones” gerencia la delincuencia y el Estado simula controlar a ese puñado de criminales. Es como si la seguridad hubiera sido concesionada por el Estado a quienes en contraprestación no serán extraditados ni procesados, siquiera, por crímenes de lesa humanidad.

Los llamados controles los hace cada cual a su manera. El delincuente con sus métodos violentos pone en cintura a sus ejércitos, y el Estado con un cuestionado proceso de paz pacta y admite los métodos de sometimiento con las AUC.

El modelo de intervención se quiebra cuando el “dañado y punible ayuntamiento” termina manejado por el particular que ha hecho suyo el poder coercitivo del Estado. Es un modelo en donde el Estado empieza tolerando el “copamiento” territorial, pero el socio va más allá y adquiere el copamiento social, económico y político.

Con la criminalidad organizada en el poder y la sensación alta de seguridad no queda sino evocar una melancólica frase de esquina barrial: “Como era de bueno Medellín, cuando sólo robaban los ladrones”.


Medellín, 8 de noviembre de 2005


(*) Abogado, analista del Observatorio de derechos y conflicto urbano del Instituto Popular de Capacitación.