el Candil No. 77
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com
"JOCHE CON TODOS LOS MARRANOS"
Por
Rafael Rincón (*)
Para la organización Transparencia Internacional, TI, la corrupción es rampante en 70 países de los 159 que tiene evaluados en un escalafón organizado con fundamento en una medición sobre la percepción de la corrupción. Afirma TI, en el informe de este año, que la corrupción no es un desastre natural y que tiene una incidencia directa en la generación de pobreza.
La ONG mencionada, con sede en Berlín, Alemania, califica con diez al país más transparente y con uno al más opaco. Esta medición la hace desde hace una década mediante encuestas a personas de negocios. En el 2005 Islandia fue quien sacó la mejor calificación con 9.7 y los peor evaluados fueron Chad y Bangladesh con 1.7. Setenta países estuvieron por debajo de cinco entre ellos Colombia que obtuvo 4.0.
Si la corrupción tiene miles de formas y disfraces, las estrategias contra la corrupción tienen más yerbas que las que se necesitan para tratar a un asmático. Contra la corrupción el menú es tan prolífico como manifestaciones tiene la enfermedad:
Hay medicina tradicional como las reformas institucionales, las reingenierías administrativas y los manuales de autoayuda empresarial. Hay recetas de choque como las de “freír peces gordos”, liquidar instituciones sociales, privatizar, o entregar mediante “códigos de buen gobierno” las empresas públicas a manos particulares. Hay soluciones de convivencia como las que predican reducirla a sus “justas proporciones” o salidas de baja intensidad como las que buscan utilizar sus mismos métodos torcidos para combatirla; las hay de bajo perfil que consideran necesario un cambio cultural y orientan los recursos públicos a la capacitación; y las hay ruidosas que no dudan en los efectos del escándalo para disuadir a sus autores.
Las estrategias contra la corrupción vienen por gobiernos y en diversas presentaciones. La última versión contra la corrupción en Colombia es una que consiste en no investigar, denunciar a los denunciantes y aparentar con sancionar a los responsables. Se trata de aplicar públicamente una falsa sanción, que es la remoción de funcionarios de libre nombramiento o de contratistas, pero que los medios presentan como si fuera una destitución; como ya hay sancionados, no se hace la investigación y mucho menos se da la cara. La gran ventaja de este medicamento es que no trae efectos colaterales para el nominador.
Acaba de ocurrir con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en donde se ha descubierto, entre otras, una “oficina” al servicio de los paramilitares. La solución que se aplicó fue remover a la cúpula para burlar la responsabilidad política del nominador, el Presidente de la República.
En Calí, el alcalde Apolinar Salcedo le pidió la renuncia a todo el Gabinete, después de los escándalos por las contrataciones de ampliación de cobertura educativa y de los contratos de prestación de servicios de aseo. Una manera socarrona de no asumir responsabilidades públicas y de mitigar las apetencias burocráticas de la oposición.
En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo ante las irregularidades en el proceso de contratación de la microzonificación sísmica del Valle de Aburra optó por salir de los funcionarios del Área Metropolitana que advirtieron un posible favorecimiento a la empresa SOLINGRAL S.A.
Esta estrategia de lucha contra la corrupción evidencia que los discursos anticorrupción son taquilleros electoralmente, pero los abanderados carecen de medios e ideas para controlarla.
Lo cierto es que los gobernantes no han puesto en marcha una política seria de transparencia en donde le informen a la ciudadanía porque son removidos los funcionarios o porque presentan renuncias con falsas motivaciones personales, profesionales o familiares.
La estrategia de “joche con todos los marranos”, castigar para no investigar, no es más que una modalidad de impunidad que protege a los nominadores, vulnera los derechos de los implicados y garantiza el 4.0 de corrupción rampante con el que otra vez Colombia pierde el año.
Medellín, 1 de noviembre de 2005
(*) Abogado, analista del Observatorio de derechos y conflicto urbano del Instituto Popular de Capacitación.
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com
"JOCHE CON TODOS LOS MARRANOS"
Por
Rafael Rincón (*)
Para la organización Transparencia Internacional, TI, la corrupción es rampante en 70 países de los 159 que tiene evaluados en un escalafón organizado con fundamento en una medición sobre la percepción de la corrupción. Afirma TI, en el informe de este año, que la corrupción no es un desastre natural y que tiene una incidencia directa en la generación de pobreza.
La ONG mencionada, con sede en Berlín, Alemania, califica con diez al país más transparente y con uno al más opaco. Esta medición la hace desde hace una década mediante encuestas a personas de negocios. En el 2005 Islandia fue quien sacó la mejor calificación con 9.7 y los peor evaluados fueron Chad y Bangladesh con 1.7. Setenta países estuvieron por debajo de cinco entre ellos Colombia que obtuvo 4.0.
Si la corrupción tiene miles de formas y disfraces, las estrategias contra la corrupción tienen más yerbas que las que se necesitan para tratar a un asmático. Contra la corrupción el menú es tan prolífico como manifestaciones tiene la enfermedad:
Hay medicina tradicional como las reformas institucionales, las reingenierías administrativas y los manuales de autoayuda empresarial. Hay recetas de choque como las de “freír peces gordos”, liquidar instituciones sociales, privatizar, o entregar mediante “códigos de buen gobierno” las empresas públicas a manos particulares. Hay soluciones de convivencia como las que predican reducirla a sus “justas proporciones” o salidas de baja intensidad como las que buscan utilizar sus mismos métodos torcidos para combatirla; las hay de bajo perfil que consideran necesario un cambio cultural y orientan los recursos públicos a la capacitación; y las hay ruidosas que no dudan en los efectos del escándalo para disuadir a sus autores.
Las estrategias contra la corrupción vienen por gobiernos y en diversas presentaciones. La última versión contra la corrupción en Colombia es una que consiste en no investigar, denunciar a los denunciantes y aparentar con sancionar a los responsables. Se trata de aplicar públicamente una falsa sanción, que es la remoción de funcionarios de libre nombramiento o de contratistas, pero que los medios presentan como si fuera una destitución; como ya hay sancionados, no se hace la investigación y mucho menos se da la cara. La gran ventaja de este medicamento es que no trae efectos colaterales para el nominador.
Acaba de ocurrir con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en donde se ha descubierto, entre otras, una “oficina” al servicio de los paramilitares. La solución que se aplicó fue remover a la cúpula para burlar la responsabilidad política del nominador, el Presidente de la República.
En Calí, el alcalde Apolinar Salcedo le pidió la renuncia a todo el Gabinete, después de los escándalos por las contrataciones de ampliación de cobertura educativa y de los contratos de prestación de servicios de aseo. Una manera socarrona de no asumir responsabilidades públicas y de mitigar las apetencias burocráticas de la oposición.
En Medellín, el alcalde Sergio Fajardo ante las irregularidades en el proceso de contratación de la microzonificación sísmica del Valle de Aburra optó por salir de los funcionarios del Área Metropolitana que advirtieron un posible favorecimiento a la empresa SOLINGRAL S.A.
Esta estrategia de lucha contra la corrupción evidencia que los discursos anticorrupción son taquilleros electoralmente, pero los abanderados carecen de medios e ideas para controlarla.
Lo cierto es que los gobernantes no han puesto en marcha una política seria de transparencia en donde le informen a la ciudadanía porque son removidos los funcionarios o porque presentan renuncias con falsas motivaciones personales, profesionales o familiares.
La estrategia de “joche con todos los marranos”, castigar para no investigar, no es más que una modalidad de impunidad que protege a los nominadores, vulnera los derechos de los implicados y garantiza el 4.0 de corrupción rampante con el que otra vez Colombia pierde el año.
Medellín, 1 de noviembre de 2005
(*) Abogado, analista del Observatorio de derechos y conflicto urbano del Instituto Popular de Capacitación.
2 comentarios:
En pocas palabras quedó al desnudo la corrupción del régimen de Uribe.
Álvaro
Le faltó contundencia con Fajardo. Vale la pena profundizar en lo que está pasando en el Área Metropolitana. Manolo
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