el Candil No. 79
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com


UN ESTADO SIN JUSTICIA ES UN ESTADO COLAPSADO
“QUE CESE EL FUEGO”

Por
Rafael Rincón (*)

Según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay duda que los Estados tienen el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Pero además dice el fallo de la CIDH que: “... por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Existe un amplio reconocimiento de la primacía de los derechos humanos que el Estado no puede desconocer sin violentar” (Sentencia N° 52 de 30 de mayo de 1999; Caso Castillo Petruzzi y otros).

El poder judicial en Colombia es desconocido, no sólo por la delincuencia cuando asesina fiscales o corrompe a sus funcionarios, sino también por el poder ejecutivo nacional cuando presiona sus decisiones, cuando lo deja sin presupuesto, cuando suprime el Ministerio de Justicia, cuando le confiere facultades judiciales a la fuerza pública o cuando mediante un referendo intenta debilitarlo. La toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 son el ejemplo paradigmático de cómo la justicia es agredida en Colombia, pero no son la excepción.

Desgraciadamente, el mal llamado holocausto del Palacio de Justicia - porque no se trató de una oblación para rendirle honores a ninguna deidad- no es el único acto criminal contra la justicia colombiana. Existió y existe una actitud agresiva hacia la justicia tolerada desde el Ejecutivo y patrocinada por algunos medios de comunicación.

El exministro de justicia de Álvaro Uribe y “extrabajador” de ECOPETROL, Fernando Londoño Hoyos, se ha convertido en un frecuente francotirador contra los magistrados de las altas cortes que no gozan de su simpatía. El exministro de Hacienda y Crédito Publico Juan Manuel Santos, no tuvo cordura para acusar, desde su columna periodística, al Consejo de Estado de haber recibido dinero para proferir una decisión y minar así su credibilidad. Los senadores Mario Uribe y Ciro Ramírez, con la prepotencia de los padres de la patria, invitaron públicamente, en diferentes momentos, a desconocer las decisiones de la Corte Constitucional si no eran favorables a sus intereses.

Hay medios de comunicación que vetan a quienes opinen contra el Presidente Uribe, pero no hacen lo mismo cuando la atacada es la justicia, y hasta se solazan cuando otros columnistas le “disparan” a los jueces de la República. Son medios de comunicación que promueven la inmunidad del Presidente e incrementan la vulnerabilidad de la justicia. Personajes condenados por injuria y calumnia cuentan con los espacios periodísticos en prensa y radio para que continúen realizando su maltrato a la justicia.

La justicia en Colombia necesita un Presidente que la escuche, un Presidente que “cese el fuego” como lo pedía Alfonso Reyes el 6 de noviembre de 1985, un presidente con perfil de estadista. Es decir, que se vista con la Constitución Política de 1991 y actúe como Jefe de Estado representando a todos los poderes, y no sólo queriendo ser más presidente al estilo regenerador de Rafael Núñez y de la Constitución Nacional de 1886.

La conducta del Ejecutivo pos-palacio de justicia no ha cambiado. Colombia tiene Constitución nueva, pero viejos políticos. Se mantiene el abandono, el desconocimiento y los ataques contra la administración de justicia; a ella no se le ve como un poder del mismo Estado, sino como la rama seca del poder público que hay que someter, como se somete al Congreso de la República, o como se quiere dominar a los órganos de control.

No tiene Colombia presidentes que quieran desempeñarse como jefes de Estado. Y por ello, en vez de fortalecer la justicia para aplicarla a todos los residentes, lo que hacen es reducirla al ostracismo o entregarla a otros Estados, por la vía de la extradición.

Estadista no es el que usurpa todos los poderes, como se observa cada ocho días en los consejos comunales al Presidente Uribe, sino el que los respeta. Por más Presidente que tenga un país, sin una justicia atendida y respetada, habrá que admitir que tiene un Estado colapsado.


Medellín, 15 de noviembre de 2005.


(*) Abogado, analista del Observatorio de derechos y conflicto urbano del Instituto Popular de Capacitación.