el Candil No. 57
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO DEL IPC
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AMARREN EL BOBO QUE LLEGÓ VISITA

Por
Rafael Rincón
Analista IPC

El desplazamiento forzado de cuarenta habitantes de la calle desde Medellín hacia otros municipios, denunciado por la Personería Municipal de Caldas el pasado 18 de mayo, es un grave atentado contra los derechos fundamentales. Los órganos de control deben realizar una esmerada investigación para lograr un esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades penales, disciplinarias y de orden político a que haya lugar.

¿Por qué se debe investigar? Porque hay una violación flagrante de los derechos fundamentales, porque al parecer los autores del desplazamiento forzado son precisamente los que constitucional y legalmente tienen la obligación de prevenirlo, de evitarlo, son esos presuntos autores quienes deben garantizar los derechos y las libertades públicas de todas las personas sin ningún tipo de discriminación; y se debe investigar porque hay posibles móviles de limpieza social relacionados con la presencia del Presidente Uribe y la realización de una macro-rueda de negocios en esa misma fecha.

Los habitantes de la calle no pueden ser enjaulados y desplazados contra su voluntad sin rumbo fijo para desubicarlos y evitar su retorno a la ciudad. Una conducta oficial de estas características vulnera la dignidad, el derecho de cada persona a ser como quiere ser, a tener una libertad de elección, y a no sufrir humillaciones. Muy grave que semejante infracción provenga de una autoridad local o nacional, y que, además, sus representantes guarden silencio.

El habitante de la calle, aunque no parezca, tiene una apropiación de su entorno social y ambiental; él conoce sus “parches”, y referencia sus “galladas”; tiene una lugar cultural desde el cual piensa, concibe y vivencia el mundo en el cual sobrevive. Desde afuera el habitante de la calle es un indigente, un desechable o un pobrecito, un gamín, una prostituta, un reciclador o un excluido, un factor perturbador del paisaje; desde adentro, es un rebelde que se opone a casi todos los patrones culturales y sociales.

La responsabilidad del desplazamiento forzado de habitantes de la calle no puede culminar con la salida de uno o dos contratistas de Metroseguridad que prestan servicios a la Subsecretaría de Espacio Público. Debe investigarse disciplinariamente la conducta (acción u omisión) de las autoridades municipales y de las autoridades de policía.

Igualmente, el Secretario de Gobierno tiene una responsabilidad política en el ámbito que le ha confiado el Alcalde, y por ello tiene el deber de esclarecer los hechos y entregarle la verdad a la ciudad.

¿Quién dio la orden del desplazamiento? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron las personas afectadas, cuáles sus nombres y cuales las circunstancias?

Se equivoca el Concejo de la Ciudad citando a sus sesiones plenarias de control a funcionarios y particulares que no tienen responsabilidad política como los subsecretarios y los contratistas; el Concejo debe dar muestras de voluntad inequívoca para deducir responsabilidades políticas por esta afrenta a la dignidad. Se equivoca el Alcalde guardando silencio frente al agravio y de esta manera cohonesta con el vejamen y cuida la espalda de sus inmediatos servidores o de los funcionarios de la Policía Nacional. Esa no es la solidaridad que se predica en el Plan de desarrollo.

Se equivoca el Comandante de la Policía Metropolitana si omite investigar a quienes bajo su mando creen que “limpiando” la ciudad de habitantes de la calle presentan una imagen impecable ante la presencia del Presidente Uribe, o de empresarios extranjeros que asistían a la Macro-rueda de Negocios (mayo 17 y 18).

Los que van a pagar los platos rotos son contratistas vinculados por Metroseguridad, pero que reciben las instrucciones y están bajo el mando de la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué proteger a quien dio la orden?, ¿Por qué no se conocen los fundamentos de la orden?

Los habitantes de la calle son una población vulnerable sin voz en el Concejo, en la administración, en los medios de comunicación. Son gente sin representación, sin quien ponga en público sus derechos. Ellos son personas y como tales tienen derecho a vivir con dignidad, es decir, a vivir como quieran vivir, a vivir bien y a vivir sin humillaciones (Sentencia de la Corte Constitucional T-881-2002).

Con la doctrina de no dejar ver los problemas sociales se cometen desmanes que superan la imagen que se quiere falsear. En este caso para mostrar la ciudad “limpia” y sin indigencia se vulneraron los derechos fundamentales de los habitantes de la calle.

Reprobable y merecedor de todo el rechazo que los llamados “indigentes”, la población más vulnerable, sea destinataria de las mayores cantidades de fuerza del Estado expresadas en el destierro.

Mientras se siga amarrando al bobo para mostrar la casa limpia se corre el riesgo de vivir en orden, pero sin dignidad ni libertades.


Medellín, 14 de junio de 2005.