el Candil No. 56
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO DEL IPC
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EL SOMETIMIENTO DE LA JUSTICIA

Por
Rafael Rincón
Analista IPC

El Presidente Uribe, mientras inauguraba la casa de justicia No. 39 en el puerto de Buenaventura, dio la orden de “no hacer coaliciones con bandidos para luchar contra bandidos”, y de paso acusó a sus predecesores presidenciales de haber realizado este tipo de pactos.

La orden presidencial es la réplica a quienes lo han acusado de estar ligado al paramilitarismo para derrotar a la guerrilla. Y, es también, una explicación no pedida de que su negociación en Santa Fe de Ralito no obedece a un pacto con bandidos.

En un Estado de Derecho la justicia es independiente y pública; quiere decir que ella actúa con autonomía y en armonía con los demás poderes y que el servicio de administración de justicia es prestado por servidores públicos de manera imparcial y sometida solamente al imperio de la ley. En un Estado de Derecho todos los ciudadanos deben obediencia a las leyes, ese es su deber fundamental, estar sometidos a los mandatos constitucionales y legales.

Sin embargo, la justicia colombiana está patas arriba, porque hoy es ella la que está sometida a la voluntad de los poderes criminales que la quebrantan de manera sistemática; su autonomía está seriamente averiada y su carácter público afectado. Su poder coercitivo desaparece ante los pactos ocultos del ejecutivo, pues es él quien decide sobre las penas y los lugares de cumplimiento. Mientras los criminales se enorgullecen en la plenaria del Congreso de haber pacificado al país, y no tienen empacho en afirmar que el país les debe la libertad.

A los males tradicionales y estructurales de congestión judicial, impunidad, difícil acceso a la justicia y falta de presupuesto se suman los problemas que le trae la llamada “Seguridad Democrática”, como han sido la supresión del Ministerio de Justicia que significa la carencia de un doliente dentro del gabinete presidencial; la falta de una política pública de justicia que garantice el acceso universal a la resolución de los conflictos; y la falta de presupuesto que garantice un mínimo administrativo digno del poder judicial.

El Gobierno de la seguridad democrática primero actúa y después consulta el derecho. Las leyes son juguetes vistosos que vienen después de que los hechos están consumados.

La justicia colombiana está, también, sometida a los designios norteamericanos como la extradición, al tratado bilateral de inmunidad para los soldados gringos, o a la reserva al Estatuto de Roma que pospone la vigencia de la Corte Penal Internacional.

Como si fuera poco la justicia está sometida también a los resultados del pacto oculto de Santa Fe de Ralito. Allá, los señores de la guerra definen los procedimientos, califican los delitos, tasan las penas, definen el lugar de “reclusión”, señalan los tiempos y establecen la manera de cumplir las penas. En otras palabras allá es donde la guerra le pone límites al derecho.

El proyecto de Paz y justicia que se tramita en el Congreso es más bien una coalición del ejecutivo con un grupo de parlamentarios para someter al poder judicial. Es un acuerdo para darle institucionalidad a la coalición de bandidos que se han confabulado contra la justicia.

Por eso de esta ley no saldrán derechos para las víctimas, no habrá ni verdad, ni justicia, ni reparación. En cambio, sí saldrán privilegios para los victimarios relacionados con la despenalización de sus actividades, la vigencia retroactiva de la ley, los fueros a los comandantes, amen de las rebajas de penas y las condiciones de cumplimiento de las sanciones.

Será una ley de impunidad, tanto por la falta de penas para los crímenes de lesa humanidad, como por la negación de uno de los poderes que contiene el Estado de Derecho. Colombia con leyes así es un Estado de hombres, sin justicia o con la justicia sometida, que es lo mismo.

Medellín, 7 de junio de 2005