EL CANDIL No. 28
Observatorio de derechos y conflicto urbano del IPC
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BUSH & URIBE PETROLEUM COMPANY

Rafael Rincón
19 de octubre de 2004

El editorial dominical del influyente periódico New York Times[1] se pronunció a favor de la candidatura del demócrata John Kerry para la presidencia de los Estados Unidos. Los fundamentos que entregó el periódico para esta decisión están relacionados con el irrespeto a los derechos humanos por la administración Bush.
Afirma que el Gobierno Bush ha sido irrespetuoso de las libertades civiles al tolerar las torturas en la cárcel iraquí de Abu Grahib, la incomunicación de presos afganos en Guantánamo, impedir el acceso a la justicia de ciudadanos norteamericanos, permitir la tortura como técnica de interrogatorio.
Manifiesta igualmente el editorial que Bush no fue capaz de cambiar su fórmula de recorte de impuestos en los momentos más difíciles como el 11 de septiembre de 2001; la historia le puso todo a Bush para que se consagrará y no aprovechó la oportunidad.
El 21 de septiembre de 2004 el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin L. Powell, certificó en derechos humanos al Gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas ante el congreso de su país.
Con esta certificación el Gobierno de los Estados Unidos obtuvo la autorización del legislativo para fortalecer la presencia militar en Colombia con una partida adicional de U.S. 700 millones de dólares y, además, doblar la presencia de soldados en territorio colombiano.
Según la Organización de las Naciones Unidas el Estado colombiano ha omitido el cumplimiento de las recomendaciones para el mejoramiento de la situación en derechos humanos. El informe de la ONU recomienda superar los nexos entre Fuerzas Armadas y grupos paramilitares; respetar las garantías procésales a los detenidos y fortalecer los organismos de control.
Es decir, por un lado, Estados Unidos no es el país competente ni moral, ni legal, ni legítimamente para certificar a Colombia ni a ningún Estado del mundo. Y, por otro lado Colombia no es un Estado que esté cumpliendo con los derechos humanos según la comunidad internacional representada por la ONU.
Entonces, si Estados Unidos tiene pruebas suficientes sobre Colombia como Estado violador de los derechos humanos, ¿porqué lo presenta al Congreso como un Estado respetuoso de las libertades civiles?.
El negocio Bush-Uribe ha sido denominado Plan Patriota. Se presenta como un plan de pacificación, de lucha antiterrorista, de lucha contra el narcotráfico, de puntillazo final a las FARC.
Finalmente de lo que se trata es de eliminar toda amenaza sobre las reservas petroleras sobre las cuales tienen interés las multinacionales que están representadas en el Congreso norteamericano. El petróleo no puede quedar en manos de comunistas, ni de narcotraficantes, ni de guerrilleros, ni de paramilitares.
Para Colombia la certificación significa financiar una guerra contra las guerrillas con los dineros de los contribuyentes norteamericanos. El negocio de Uribe es el negocio de trabajar con la plata del mister.
Para facilitar el negocio Uribe Vélez diagnóstica que Colombia no tiene guerra sino que sufre una agresión terrorista de las mafias del narcoterrorismo, y así se pone a tono con Bush en la guerra preventiva. En vez de fortalecer la justicia se va por el camino fácil de la extradición de 202 colombianos a los Estados Unidos; y, fue con el Salvador, los únicos países latinoamericanos que le dijeron sí a la agresión e invasión a Irak.
Con el plan patriota la alianza Bush-Uribe le sirven a quienes financian sus campañas de reelección. Mientras Bush le da tranquilidad a las multinacionales petroleras; Uribe garantiza la propiedad, la especulación bancaria y la concentración de la tierra.
El Plan Patriota es una jugada a dos bandas. Ambos muestran a sus países la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y ambos quedan bien con sus fuentes financieras de poder.


[1] www.nyt.com. “Kerry for President”, Editorial de octubre 18 de 2004.