el yesQuero nro. 186

Colombia limita al norte con la tortura

Por
Rafael Rincón Patiño*

El terrorismo de Estado es una forma de ejercicio del poder estatal cuya regla de reconocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder (Garzón Valdes, Ernesto. Filosofía, política, derecho, Universitat de Valencia, 2001, p. 131).

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, defiende la tortura así: “Nuestra mayor responsabilidad es detener los ataques terroristas. Y este no es momento para que el Congreso abandone técnicas que tienen un historial comprobado de mantener a Estados Unidos a salvo”. Son las palabras del Gobierno de un Estado liberal defendiendo la tortura y vetando la prohibición legal establecida por el Congreso.

El Gobierno norteamericano legitima la tortura del agua (waterboarding), la hipotermia, las descargas eléctricas, el obligar a los reos a realizar actos sexuales, y la inanición provocada como técnicas válidas contra “terroristas endurecidos”.

La degradación moral de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo ha implicado la eliminación del hábeas corpus, la aceptación de 22 millones de grabaciones a ciudadanos norteamericanos, la destrucción por parte de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de las grabaciones de los interrogatorios a reos, las cárceles clandestinas, las torturas en Abu Ghraib, la captura y detención ilimitada, la negación del debido proceso y del derecho de defensa a los reclusos de la cárcel de Guantánamo.

Colombia limita al norte con la tortura. El Gobierno estadounidense es el que certifica a Colombia en derechos humanos y lo ha hecho a contrapelo de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La Constitución Política de 1991 proscribe la pena de muerte, pero el Gobierno colombiano con su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Padilla de León, y el Director Nacional de la Policía, Oscar Naranjo, señalan sin rubor el éxito de una muerte planeada y ejecutada en territorio ecuatoriano.

No sólo se violó la Carta de la OEA, también se violó la Carta Política. El Gobierno salió avante en la legitimación de estos hechos a nivel interno, pero, confesó y por eso adhirió a la Resolución 930 del Consejo Permanente de la OEA que califica el hecho como una incursión en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso de ese país.

Dice el Consejo Permanente de la OEA que el hecho constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios del derecho internacional.

El Gobierno colombiano suscribió la Resolución 930/08 de la OEA admitiendo su responsabilidad, pero no hace lo mismo en el derecho interno. Al contrario, califica el bombardeo como un éxito sin antecedentes.

Colombia tiene un Gobierno sin límites. La Colombia de Uribe V. es una Colombia sin límites morales. El ex viceministro de justicia, hoy Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, legitima la muerte de un jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de su compañera a manos de un guerrillero subalterno que lo hace para reclamar una recompensa millonaria. Alias “Rojas” mató a su jefe, le desmembró la mano derecha al cadáver y va a ser premiado con $5.000 millones de pesos. Ejecutar el terror en el adversario lo absuelve ante la Fiscalía. ¡Qué horror!

El comandante del Ejército Freddy Padilla de León, de manera pragmática, participa de esta teoría que privilegia los resultados sobre la dignidad humana. Anteponen estos funcionarios los “positivos” a la inviolabilidad del cuerpo, a la integridad física y moral de las personas, ellos desconocen la Constitución; no tienen Constitución, tienen enemigos.

Reconocen ambos funcionarios que no es una acción legítima pero sí legitimable. ¿Cómo legitimarla? Aplaudiendo su valor, su osadía, su frialdad y, por supuesto, valorando el resultado. Dice el Fiscal que puede que sea ilegal, pero que el principio de oportunidad permitiría exonerarlo por la utilidad del muerto y de la información entregada. ¡Que horror!

Si el caso Jamundí (Valle del Cauca), el de la masacre de policías en manos de una unidad de alta montaña del Ejército, hubiera estado en manos de la justicia castrense, con el general Padilla de León como última instancia, estuviera asegurada la impunidad, se hubiera exculpado a los responsables, quizás de la misma manera cómo se han exonerado de responsabilidad a centenares de autores de ejecuciones extrajudiciales. ¡Que horror!

En Colombia la pena de muerte no es ni constitucional ni legal, ni legítima, pero sus autoridades la están legitimando afirmando que se debe pagar una recompensa a quien la practica en personas perseguidas por el Ejército o la Policía, o absteniéndose de iniciar una investigación penal, como lo hace el fiscal general Mario Iguarán.

En una encuesta de medios el 83% de los colombianos aprobó los medios y la muerte del guerrillero de las Farc, pero eso no quiere decir que sea una muerte inscrita en el Estado de derecho, o que sea una muerte legítima, es una muerte legitimada que tiene autores intelectuales y materiales responsables. Los jueces no pueden fallar consultando las encuestas, están obligados a fallar aplicando la Constitución y la ley.

Todos los Estados miembros de la OEA, el 100%, reprobó los medios utilizados por Colombia para dar muerte al comandante guerrillero, afirmaron que se había violado el derecho internacional, que se violó el principio de inviolabilidad de las fronteras. Que fue una acción ilegal.

El Gobierno colombiano ha legitimado internamente su acción en la guerra contra el terrorismo, pero debió pedir excusas por la violación de las fronteras del Ecuador. Externamente su acción no fue considerada legítima y los 34 Estados la reprobaron.

En Colombia los terroristas se deben perseguir de la misma forma como se persiguen los no terroristas. No hay una Constitución para los terroristas, no hay pena de muerte para los terroristas.
Hay que decir que Colombia no tiene una guerrilla terrorista y, además que Colombia no es un Estado terrorista. La guerrilla colombiana no es la ETA y Colombia no es Israel. Lo primero: decir que la guerrilla es una organización terrorista es decir una verdad a medias que es lo mismo que decir una mentira, pero se dice para justificar otra violencia, considerada mal menor, la del paramilitarismo y la de las violaciones a los derechos humanos.

La guerrilla es una organización delictiva que comete actos terroristas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que deben ser juzgados a nivel nacional e internacional. Pero, reducirla a terrorismo es ignorar sus causas.

Así como los secuestros no gozan de legitimidad, pero son legitimados por los mandos guerrilleros como retenciones, así la muerte planeada de jefes guerrilleros no tiene legitimidad, pero están siendo legitimadas por las autoridades de un Estado de derecho como resultados positivos producto de una guerra contra el terrorismo.

Lo segundo, Colombia no es un Estado terrorista, pero tiene agentes que cometen actos terroristas como las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la tortura, ejecuciones extrajudiciales o el desmembramiento.

La eficacia del actual Gobierno colombiano fundada en la legitimación de la muerte no es éticamente admisible, es una eficacia propia de un Estado que usa el terrorismo para afianzarse en el poder. Cuando el Gobierno exhibe el cadáver de su adversario persigue un efecto de intimidación que es más efectivo que el de la destrucción del enemigo.

Cuando un Gobierno logra intimidar gracias a su arbitrariedad coactiva está instituyendo un Estado de facto, así sea promovido con el pomposo nombre de Estado comunitario.

Aunque la consigna de la reelección presidencial “Adelante Presidente”, ha sido leída y aplicada como una patente de corso para erradicar el denominado terrorismo, ella no puede convertirse en una licencia para derrumbar el precario Estado de Derecho existente.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de marzo de 2008

Colombia limits to the North with torture

By
Rafael Rincón Patiño*

State terrorism is a form of exercising state power whose trademark is to allow and/or impose, for the purpose of spreading fear in general, the clandestine, unpredictable and diffused application, also on manifestly innocent people, of coercive measures that are forbidden by the legal juridical order, hindering or stopping judicial action and transforming the government into an active agent of the struggle for power (Garzón Valdes, Ernesto. Filosofía, política, derecho, Universitat de Valencia, 2001, p. 131).

The President of the United States, George W. Bush, defends torture as follows: “Our greatest responsibility is to stop terrorist attacks. "This is no time for Congress to abandon practices that have a proven track record of keeping America safe”. These are the words of the Government of a Liberal State defending torture and vetoing its legal prohibition as established by Congress.

The North American Government legitimates torture by water (waterboarding), hypothermia, electrical discharges, starvation and forcing prisoners to perform sexual acts, as valid practices against “hardened terrorists”.

The moral degradation of the United States in its struggle against terrorism has implied the elimination of habeas corpus, the acceptance of 22 million illegal tapes of North American citizens, destruction by the Central Intelligence Agency CIA of recordings made while prisoners are interrogated, the coming into being of clandestine prisons, the tortures at Abu Ghraib, arrest and detention without limits in time, the denial of due process of the law and the right to self defense of prisoners being held at Guantánamo Prison.

Colombia limits to the North with torture. The U.S. Government is the one certifying Colombia’s compliance with human rights and has certified the country contradicting all human rights organizations, as well as the rulings of the Inter American Court of Human Rights, The Organization of American States (OAS), and the UN High Commissioner for Human Rights.

The country’s most recent Political Constitution of 1991 abolishes the death penalty, but the Colombian Government, under its Minister of Defense, Juan Manuel Santos, Commander-in-chief of the Armed Forces, General Padilla León, and National Police Director, Oscar Naranjo, boasts without even blushing about the success of killings they planned and executed on Ecuadorian soil.

Not only was the OAS Charter violated, but also Colombia´s own Constitution. The Government rushed to legitimate its actions domestically, although it owned up to and thus ratified Resolution 930 of the OAS Permanent Council, which qualifies Colombia´s action as an incursion into foreign soil – the Province of Sucumbios in Ecuador – without that country´s express authorization.

The OAS’ Permanent Council has declared Colombia’s action a violation of Ecuador’s sovereignty and territorial integrity and a violation of the principles of international law.

The Colombian Government subscribed Resolution 930/08 of the OAS, admitting its responsibility, but does not do the same domestically. On the contrary, it continues to publically qualify the bombing they carried out as an unprecedented success.

Colombia has a Government without limits. Alvaro Uribe’s Colombia is a country with no moral limits. Ex Vice-Minister of Justice and current National Attorney General, Mario Iguarán, legitimates the death of Iván Ríos, a commander of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc) and his partner at the hands of one of his subordinates, who killed him to claim a bounty of millions. Alias “Rojas” killed his boss, cut off his right hand, and shall be rewarded with $5.000 million pesos. For executing terror on an adversary, the Attorney General’s Office declares him not guilty. How terrible!

In a practical manner, Army Commander Freddy Padilla de León participates in this theory prioritizing results over human dignity. These public servants choose ¨positives¨ over the body’s inviolability, people´s moral and physical integrity. They repudiate the Constitution; they have no Constitution, they have enemies.

Both public servants admit these actions are not legitimate but can well be legitimated. How to legitimate them? Applauding the courage of the perpetrators, their daring and sang froide, and they praise the results. The Attorney General says perhaps it is illegal, but the opportunity principle allows exonerating the perpetrator due to the usefulness of the death and the information retrieved. How terrible!

If the Jamundí case (in Valle del Cauca), the massacre of a group of policemen at the hands of a mountain army brigade, had been under the rule of military justice, with General Padilla de León as the highest in command, impunity would be assured and the people incriminated would have been released, just like hundreds of those guilty of extrajudicial executions are let off the hook. How terrible!

The death penalty in Colombia is not constitutional, legal or legitimate, but government authorities are legitimating it, affirming that an award must be paid to those who execute individuals who are being persecuted by the Army or the Police, or abstaining from carrying out a penal investigation, as Attorney General Mario Iguarán does.

In a press survey conducted recently, 83% of Colombians approved the means and death of the FARC guerrilla leader, but that does not mean that this death can be tolerated in a rule of law. It is a death that has been legitimated and has intellectual and material authors. Judges cannot base their verdicts on surveys; they are obliged to apply the Constitution and the law.

All members of the OAS, 100% of them, disapproved of the means used by Colombia to kill guerrilla commander Raúl Reyes, affirming that international law had been violated, and the principle of inviolability of the frontiers. They judged it an illegal action.

The Colombian Government has domestically legitimated its action in the war against terrorism, but it had to apologize for violating the frontiers of Ecuador. Its action was not considered legitimate abroad and 34 States condemned it.

Terrorists should be pursued in the same way as non terrorists are. There is no separate Constitution for terrorists, no death penalty instituted for terrorists.

Colombia does not have a terrorist guerrilla and Colombia is also not a terrorist State. The Colombian guerrilla is not ETA and Colombia is not Israel. First, to say that the guerrilla is a terrorist organization is to state a half truth, and thus a lie, but this lie is sustained in order to justify another violence, considered the lesser evil, that of paramilitarism and violations of human rights.

The guerrilla is a criminal organization that commits terrorist acts, crimes against humanity and war crimes that should be judged at both national and international levels. But to reduce it to terrorism is to ignore its causes.

Just like kidnappings are not legitimate, though the guerrilla attempt to legitimate them by calling them retentions, planning the execution of guerrilla commanders is also not legitimate, but it is being legitimated by the authorities in a rule-of-law State, as positive results yielded by a war against terrorism.

In the second place, Colombia is not a terrorist State but its agents commit terrorist acts, such as forced disappearances, forced displacement, tortures, extrajudicial executions and dismemberments.

The effectiveneess of the current Colombian government, founded on the legitimation of death, is not ethically admisible, it is effectiveness typical of a State using terrorism to maintain its foothold on power. When the Government places the dead body of its adversary on display, it is seeking an intimidation effect that is more effective than the destruction of the enemy.

When the Government succeeds in intimidating, thanks to its coactive arbitrariness, it is instituting a de facto State, even though it may be promoting it under the fancy label of a Communitarian State.

Although the presidential slogan for President Uribe’s reelection, “Go ahead, Mr. President”, has been interpreted and applied like a kind of carte blanche to eradicate purported terrorism, it cannot turn into a license to demolish the existing rule-of-law State, already most precarious.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, March 11 2008