el yesQuero Nro. 178
El privilegio de la corrupción
Por
Rafael Rincón Patiño*
Mientras la Procuraduría General de la Nación eleva cargos por interceptación ilegal de comunicaciones a un General, tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente del Ejército Nacional, el presidente de la República, por su lado, asciende a Brigadier General al oficial de la Policía Nacional Mauricio Santoyo Velasco, el mismo que ha sido investigado y sancionado disciplinariamente por la interceptación de 1.439 líneas telefónicas de las organizaciones de derechos humanos.
Pareciera que el brigadier general Santoyo Velasco fuese un concesionario del privilegio de la corrupción. Pero él no es el único.
El ex fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio recibió de manos del presidente Álvaro Uribe la Cruz de Boyacá, máxima distinción nacional, después de haber precluido las investigaciones por violaciones a los derechos humanos contra el general del ejército Rito Alejo del Río, calificado y señalado en las versiones libres de los jefes paramilitares como uno de los aliados del paramilitarismo en la zona de Urabá, departamento de Antioquia.
El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 18 años por la Procuraduría General de la Nación por su apoyo a grupos paramilitares, mientras que por su lado el presidente Álvaro Uribe lo defendía y lo nombraba cónsul de Colombia en Milán, Italia.
Un tribunal internacional de arbitramento con sede en Panamá, convocado en julio de 2000, ha condenado al Metro de Medellín a pagar la suma de USD 160 millones en un término de 90 días a favor del consorcio hispano-alemán Metromed. Este hecho alcanzó a ser notado pero no despeinó a nadie en el municipio de Medellín ni en el departamento de Antioquia. Parece que el dinero público sobra y lo mejor es no molestar a nadie para no acabar con la buena imagen y la competitividad de la ciudad y el departamento. Mutis por el foro en el Concejo de Medellín y en la Asamblea Departamental de Antioquia. El Metro de Medellín es otro concesionario del privilegio de la corrupción.
La Vía Distribuidora de la ciudad de Medellín se construye con la tala de un bosque y los dineros de la sobretasa ambiental ($36 000 millones) contratada, contradictoriamente, por la autoridad ambiental Área Metropolitana para privilegiar el plan parcial en donde el Grupo Bancolombia construye sus edificios sede. Este emporio económico no paga un denario de la plusvalía que le genera la obra que se realiza con dineros de los nueve municipios integrantes del Área Metropolitana. Sus mentores “cívicos” califican esta expoliación de los recursos ambientales a favor de la especulación financiera como una “obra visionaria”. Es una obra pública que goza del privilegio de la corrupción.
El parque lineal Las Pirámides, antes Avenida Oriental en la ciudad de Medellín, se contrató con el pretexto de construir espacio público, y la administración municipal lo defendió afirmando que eran montañas de flores. Una obra faraónica que divide la ciudad se vende como una obra de arte con la ayuda de la publicidad y de un acomodado de urbanismo “social”.
En Colombia la corrupción y la política anticorrupción dependen de la percepción que generen los medios de comunicación. El escándalo por corrupción puede ser sofocado cuando se trata de amigos o puede ser incrementado cuando se trata de adversarios.
El tratamiento blando de la información de los hechos de corrupción es una forma de complicidad con la corrupción; es una corrupción tolerada por los órganos de control, blanqueada por los medios de comunicación y desarrollada por los grupos económicos y el poder del Estado.
Quienes promueven la alta o baja percepción de la corrupción en el sector público, muchas veces son los mismos que tapan la corrupción del sector privado.
Los escándalos que han acompañado los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe superan con creces los del proceso 8000. Sin embargo, la parapolítica del uribismo ha sido almibarada y distraída con otros escándalos a fin de proteger los intereses torcidos de quienes financian el poder en Colombia.
Hay quienes creen que esta corrupción es benéfica, otros la consideran el mal menor y otros la aceptan como el precio que hay que pagar por el “buen gobierno”. Es la corrupción de los que ya tienen los bolsillos llenos, de los que “roban menos o de los que roban pero también hacen”.
Para enfrentar la corrupción se nombra al funcionario más ignoto con el pomposo nombre de zar anticorrupción. Zar que alcanza a diseñar una estrategia observable en los municipios pero inaplicable en el nivel nacional.
El último zar nombrado, Rodrigo Lara Restrepo, es una víctima de la corrupción del narcotráfico, que renunció por razones personales, muy seguramente al sospechar por la información publicada en un diario de Miami, que la muerte de su padre Rodrigo Lara Bonilla, fue urdida, por quienes lo postularon como zar anticorrupción.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de diciembre de 2007.
Rafael Rincón Patiño*
Mientras la Procuraduría General de la Nación eleva cargos por interceptación ilegal de comunicaciones a un General, tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente del Ejército Nacional, el presidente de la República, por su lado, asciende a Brigadier General al oficial de la Policía Nacional Mauricio Santoyo Velasco, el mismo que ha sido investigado y sancionado disciplinariamente por la interceptación de 1.439 líneas telefónicas de las organizaciones de derechos humanos.
Pareciera que el brigadier general Santoyo Velasco fuese un concesionario del privilegio de la corrupción. Pero él no es el único.
El ex fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio recibió de manos del presidente Álvaro Uribe la Cruz de Boyacá, máxima distinción nacional, después de haber precluido las investigaciones por violaciones a los derechos humanos contra el general del ejército Rito Alejo del Río, calificado y señalado en las versiones libres de los jefes paramilitares como uno de los aliados del paramilitarismo en la zona de Urabá, departamento de Antioquia.
El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 18 años por la Procuraduría General de la Nación por su apoyo a grupos paramilitares, mientras que por su lado el presidente Álvaro Uribe lo defendía y lo nombraba cónsul de Colombia en Milán, Italia.
Un tribunal internacional de arbitramento con sede en Panamá, convocado en julio de 2000, ha condenado al Metro de Medellín a pagar la suma de USD 160 millones en un término de 90 días a favor del consorcio hispano-alemán Metromed. Este hecho alcanzó a ser notado pero no despeinó a nadie en el municipio de Medellín ni en el departamento de Antioquia. Parece que el dinero público sobra y lo mejor es no molestar a nadie para no acabar con la buena imagen y la competitividad de la ciudad y el departamento. Mutis por el foro en el Concejo de Medellín y en la Asamblea Departamental de Antioquia. El Metro de Medellín es otro concesionario del privilegio de la corrupción.
La Vía Distribuidora de la ciudad de Medellín se construye con la tala de un bosque y los dineros de la sobretasa ambiental ($36 000 millones) contratada, contradictoriamente, por la autoridad ambiental Área Metropolitana para privilegiar el plan parcial en donde el Grupo Bancolombia construye sus edificios sede. Este emporio económico no paga un denario de la plusvalía que le genera la obra que se realiza con dineros de los nueve municipios integrantes del Área Metropolitana. Sus mentores “cívicos” califican esta expoliación de los recursos ambientales a favor de la especulación financiera como una “obra visionaria”. Es una obra pública que goza del privilegio de la corrupción.
El parque lineal Las Pirámides, antes Avenida Oriental en la ciudad de Medellín, se contrató con el pretexto de construir espacio público, y la administración municipal lo defendió afirmando que eran montañas de flores. Una obra faraónica que divide la ciudad se vende como una obra de arte con la ayuda de la publicidad y de un acomodado de urbanismo “social”.
En Colombia la corrupción y la política anticorrupción dependen de la percepción que generen los medios de comunicación. El escándalo por corrupción puede ser sofocado cuando se trata de amigos o puede ser incrementado cuando se trata de adversarios.
El tratamiento blando de la información de los hechos de corrupción es una forma de complicidad con la corrupción; es una corrupción tolerada por los órganos de control, blanqueada por los medios de comunicación y desarrollada por los grupos económicos y el poder del Estado.
Quienes promueven la alta o baja percepción de la corrupción en el sector público, muchas veces son los mismos que tapan la corrupción del sector privado.
Los escándalos que han acompañado los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe superan con creces los del proceso 8000. Sin embargo, la parapolítica del uribismo ha sido almibarada y distraída con otros escándalos a fin de proteger los intereses torcidos de quienes financian el poder en Colombia.
Hay quienes creen que esta corrupción es benéfica, otros la consideran el mal menor y otros la aceptan como el precio que hay que pagar por el “buen gobierno”. Es la corrupción de los que ya tienen los bolsillos llenos, de los que “roban menos o de los que roban pero también hacen”.
Para enfrentar la corrupción se nombra al funcionario más ignoto con el pomposo nombre de zar anticorrupción. Zar que alcanza a diseñar una estrategia observable en los municipios pero inaplicable en el nivel nacional.
El último zar nombrado, Rodrigo Lara Restrepo, es una víctima de la corrupción del narcotráfico, que renunció por razones personales, muy seguramente al sospechar por la información publicada en un diario de Miami, que la muerte de su padre Rodrigo Lara Bonilla, fue urdida, por quienes lo postularon como zar anticorrupción.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de diciembre de 2007.
The Privilege of Corruption
By
Rafael Rincón Patiño*
While Colombia’s Attorney General files charges against a General, three Lieutenant Colonels, one female Mayor and a quartermaster, all on active duty in the National Army, The President of the Republic decides to promote police officer Mauricio Santoyo Velasco, the very same person who is under investigation and has merited a disciplinary sanction for intercepting 1,439 telephone lines belonging to human rights organizations.
It would seem that Brigadier General Santoyo Velasco is a Licensee of the privilege of corruption. But he is certainly not the only one.
Ex-Director General of Public Prosecution Luis Camilo Osorio receives the Cruz de Boyacá, the country´s highest distinction, from President Uribe, after being responsible for the preclusion of an investigation concerning human rights violations, against Army General Rito Alejo del Río, freely and openly described as one of the allies of the paramilitaries in Urabá, Province of Antioquia, by the paramilitary big shots themselves.
Ex-Director of Security Forces DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Jorge Noguera Cotes, is removed from his post and disqualified from public office for a period of 18 years by the Attorney General’s Office, for his support of paramilitary groups, while at his side President Álvaro Uribe defends him and appoints him Consul of Colombia in Milan, Italy.
An international arbitration tribunal headquartered in Panama, convoked in July 2000, condemns the Metro of Medellín to paying the sum of USD 160 million as a fine within a limit of 90 days, in favor of the Spanish German consortium Metromed. This fact is well-known publicly but no one in the City of Medellín or in the Province of Antioquia could care less. It seems there are plenty of public funds and better not to annoy anyone in order not to hurt the City and the Province’s good image or their competitiveness. And mum’s the word for the Forum in the Medellín Council and in Antioquia’s Departmental Assembly. Medellín’s Metro is another Licensee of the privilege of corruption.
The ¨Vía Distribuidora¨ of the City of Medellín is constructed by cutting down a forest and with funds collected via environmental taxes (USD $18 millions), contradictorily by Metropolitan Area authorities, in order to privilege the partial plan under which the Bancolombia Group raises a series of buildings as headquarters. This financial emporium does not pay back a cent of the profits earned through this urban scheme, though it is executed with funds from the nine municipalities making up Medellín’s Metropolitan Area. Its “cívic” mentors label this spoliation of environmental resources in favor of financial speculation as a “visionary work”. It is a public work favored by the privilege of corruption.
The lineal park The Pyramids, previously the East Avenue of the City of Medellín, was contracted under the pretext of constructing a public space, and the municipal administration defended it affirming that they would make mountains of flowers. A hideously monumental work cutting the city in half is sold as a work of art with the aid of publicity and an affluent “social” urban design.
In Colombia, corruption and anti-corruption policies depend on the perception generated by the mass media. The scandal of corruption can be stifled when friends are at stake, or kindled to blazing point where adversaries are involved.
The kid gloves used to handle information about corruption are a form of complicity with corruption. It is a corruption tolerated by the authorities meant to control it, whitewashed by the communication media and perfected by the economic groups and State power.
Those who promote the high or low perception of corruption in the private sector are many times the same people who cover up corruption in the private sector.
The scandals that have accompanied President Uribe’s two turns in government amply surpass those involving Process 8000, under President Pastrana’s administration. However, Uribism’s parapolitics is sweetened and diluted with other scandals, in order to protect the crooked interests of those behind the throne in Colombia.
Some people believe this corruption to be beneficial. Others consider it a minor evil, and still others accept it as a price that must be paid for “a good government”. This is the corruption of those who already have their pockets full, those who “steal less or those who steal but also get things done”.
To confront corruption the most obscure civil servant is appointed, with the pompous name of anti-corruption Tsar. A Tsar who manages to design a strategy that is to be observed in the municipalities, but is not applicable at a national level.
The last Tsar appointed, Rodrigo Lara Restrepo, is a victim of the drug-dealing corruption, who resigned, as he put it, for personal reasons, but more than likely when he suspected, after reading information published in a Miami newspaper, that the murder of his father, former Minister Rodrigo Lara Bonilla, had been plotted by the very same people who nominated him anti-corruption Tsar.
* Director of háBeas Corpus, Office of Rights and Government
Medellín, December 11 2007.
Rafael Rincón Patiño*
While Colombia’s Attorney General files charges against a General, three Lieutenant Colonels, one female Mayor and a quartermaster, all on active duty in the National Army, The President of the Republic decides to promote police officer Mauricio Santoyo Velasco, the very same person who is under investigation and has merited a disciplinary sanction for intercepting 1,439 telephone lines belonging to human rights organizations.
It would seem that Brigadier General Santoyo Velasco is a Licensee of the privilege of corruption. But he is certainly not the only one.
Ex-Director General of Public Prosecution Luis Camilo Osorio receives the Cruz de Boyacá, the country´s highest distinction, from President Uribe, after being responsible for the preclusion of an investigation concerning human rights violations, against Army General Rito Alejo del Río, freely and openly described as one of the allies of the paramilitaries in Urabá, Province of Antioquia, by the paramilitary big shots themselves.
Ex-Director of Security Forces DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Jorge Noguera Cotes, is removed from his post and disqualified from public office for a period of 18 years by the Attorney General’s Office, for his support of paramilitary groups, while at his side President Álvaro Uribe defends him and appoints him Consul of Colombia in Milan, Italy.
An international arbitration tribunal headquartered in Panama, convoked in July 2000, condemns the Metro of Medellín to paying the sum of USD 160 million as a fine within a limit of 90 days, in favor of the Spanish German consortium Metromed. This fact is well-known publicly but no one in the City of Medellín or in the Province of Antioquia could care less. It seems there are plenty of public funds and better not to annoy anyone in order not to hurt the City and the Province’s good image or their competitiveness. And mum’s the word for the Forum in the Medellín Council and in Antioquia’s Departmental Assembly. Medellín’s Metro is another Licensee of the privilege of corruption.
The ¨Vía Distribuidora¨ of the City of Medellín is constructed by cutting down a forest and with funds collected via environmental taxes (USD $18 millions), contradictorily by Metropolitan Area authorities, in order to privilege the partial plan under which the Bancolombia Group raises a series of buildings as headquarters. This financial emporium does not pay back a cent of the profits earned through this urban scheme, though it is executed with funds from the nine municipalities making up Medellín’s Metropolitan Area. Its “cívic” mentors label this spoliation of environmental resources in favor of financial speculation as a “visionary work”. It is a public work favored by the privilege of corruption.
The lineal park The Pyramids, previously the East Avenue of the City of Medellín, was contracted under the pretext of constructing a public space, and the municipal administration defended it affirming that they would make mountains of flowers. A hideously monumental work cutting the city in half is sold as a work of art with the aid of publicity and an affluent “social” urban design.
In Colombia, corruption and anti-corruption policies depend on the perception generated by the mass media. The scandal of corruption can be stifled when friends are at stake, or kindled to blazing point where adversaries are involved.
The kid gloves used to handle information about corruption are a form of complicity with corruption. It is a corruption tolerated by the authorities meant to control it, whitewashed by the communication media and perfected by the economic groups and State power.
Those who promote the high or low perception of corruption in the private sector are many times the same people who cover up corruption in the private sector.
The scandals that have accompanied President Uribe’s two turns in government amply surpass those involving Process 8000, under President Pastrana’s administration. However, Uribism’s parapolitics is sweetened and diluted with other scandals, in order to protect the crooked interests of those behind the throne in Colombia.
Some people believe this corruption to be beneficial. Others consider it a minor evil, and still others accept it as a price that must be paid for “a good government”. This is the corruption of those who already have their pockets full, those who “steal less or those who steal but also get things done”.
To confront corruption the most obscure civil servant is appointed, with the pompous name of anti-corruption Tsar. A Tsar who manages to design a strategy that is to be observed in the municipalities, but is not applicable at a national level.
The last Tsar appointed, Rodrigo Lara Restrepo, is a victim of the drug-dealing corruption, who resigned, as he put it, for personal reasons, but more than likely when he suspected, after reading information published in a Miami newspaper, that the murder of his father, former Minister Rodrigo Lara Bonilla, had been plotted by the very same people who nominated him anti-corruption Tsar.
* Director of háBeas Corpus, Office of Rights and Government
Medellín, December 11 2007.
11 comentarios:
En Colombia hay una casta de corruptos, que siempre han permanecido en el poder.
Es una clase blindada contra la corrupción.
Felicitaciones y feliz navidad
Martha García
Rafa YQ Mayor
Hermano
Nuestra patria en manos del Presidente Uribe, cualquier cosa se puede esperar.
A los casos que describes como paradigmas, habría que sumarle muchos más. Es
la Ley del Embudo y en la Casa de Nariño campea la SeudoMoralidad. Recientes
casos, como el del Senador Gómez Gallo, si se revisan sus últimas declaraciones en medios, contrasta con su actual situación. "Y... si te veo te doy por la cara marica" es otra
muestra que la cosa anda manga por hombro.
Orlando EMR
-/-
Dr. Rafael, otra concesión de la corrupción son las recompensas. Esas se las inventaron para tener una caja menor para los pillos.
Sebastian Chaverra
La Dirección Nacional de Estupefacientes, allá si que existe el privilegio de la corrupción. Todos se pelea esa veta a cielo abierto.
Les comparto un análisis más sobre el caso Ecopetrol. Qué lástima, que lástima, que supuestos Super Gerentes como un Javier Gutierrez, crean ciegamente en las famosas bancas de inversión. Estas bancas se han converytido en el oraculo del estado colombiano, y este vende no a lo que valga nuestro patrimonio publico, sino a lo que le digan esos mandaderos de inversionistas privados.
Que pesar del estado colombiano, que pesar de lo publico. a nadie le duele... el procurador, el contralor, el congreso no reaccionan...
Muchos felices porque su inversión se duplicó o triplicó... mentalidad de mercenarios.. y despues se quejan de quienes hacen otras cosas por dinero: de los narcos, de las mulas, de los sicarios, de las prepagos... pues en el caso de ecopetrol estamos ante lo mismo: dinero facil, dinero sin trabajar, dinero a punta de especulación, y de tumbar al estado.
ojalá alguien impida que con la venta anunciada de 5 electrificadoras, no nos atraquen impunemente...
Miren esto:
Análisis
El regalo de Ecopetrol
En una columna anterior, titulada “La transferencia inequitativa de Ecopetrol”, presenté una valoración de la empresa.
Eduardo Sarmiento P.
. ¿Esta es la de la señora que le sirve el tinto al gerente de Ecopetrol? ¿Vendió sus 16 mil millones de pesos en acciones esta mañana? Obvio que no. Estos son negocios en grande y están llenos de testaferros. En general, así operan las cosas. Sería interesante que Contraloría y Procuraduría empezaran a escarbar a ver quién compró las acciones. O nos van a seguir con el cuento de que fue la señora que le da los tintos al gerente de Ecopetrol la que compró las acciones, como lo publicó el periódico El Tiempo diciendo además que la señora era la jefe de Ecopetrol y del doctor Gutiérrez.
sábado, 01 de diciembre de 2007
En una columna anterior, titulada “La transferencia inequitativa de Ecopetrol”, presenté una valoración de la empresa. Con base en estudios sobre los balances, las rentabilidades y las reservas probadas, mostré que el valor de la empresa era muy superior a la cifra que sirvió para fijar el precio inicial en $1.400 la acción. El ingreso de las acciones a la bolsa confirmó mi predicción. En tres días la cotización se aumentó en más de 50% y, de seguro, continuará en la misma dirección.
El análisis lo presenté en un debate con el presidente de Ecopetrol que tuvo lugar en una asamblea de la Asociación Colombiana de Petróleos. En mi exposición expliqué en detalle los procedimientos y cifras empleados para estimar el valor de la empresa en más de 50% del precio fijado a la acción. El gerente cuestionó el estimativo con el argumento de autoridad de que la cifra de la empresa provenía de la valoración realizada por los dos bancos de inversión más prestigiosos del mundo, pero sin ilustrar las razones y los elementos que justificaron el resultado. Al respecto, manifesté que los bancos de inversión siempre subestimaban el valor de las empresas privatizadas. Así ocurrió con Telecom, ETB, ISA, Isagen, etc.
El caso más sobresaliente fue el de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, en 2000, cuando Peñalosa anunció su privatización con base en una valoración en US$800 millones, y en esta columna mostré con análisis muy sencillos que el verdadero valor de la empresa era de más de US$2.000 millones. La denuncia sirvió para un llamado de atención del Procurador que precipitó a Peñalosa a retirar la oferta. Pues bien, en un foro reciente el presidente de la ETB, Rafael Orduz, señaló que en los años siguientes a la privatización las utilidades de la empresa superaron con creces el valor de la venta. Aún más diciente, en una nueva evaluación de la empresa realizada en días pasados por un banco de inversión, se valoró en US$2.200 millones.
El país no aprende de la experiencia o no quiere aprender. Los bancos de inversión cobran sumas fabulosas para realizar cálculos aritméticos de ficción y aplicar criterios de competencia que no tienen mayor significado en la realidad. Los documentos son un misterio, no se divulgan a la opinión pública y nadie responde por los resultados. Lo más grave es que son juez parte y, como tales, tienden a subvalorar las empresas para estimular a los compradores y asegurarles elevadas ganancias.
La función de los científicos sociales es predecir el futuro y no el pasado. En este sentido, cabía esperar una gran actividad en los centros de investigación para confrontar los estimativos de los bancos de inversión y el Gobierno, y avanzar en propuestas alternativas. El ejercicio podía efectuarse con simples conceptos, que bien puede realizar un estudiante de primer año.
Es especialmente llamativa la actitud de los economistas neoliberales que propiciaron la venta de Ecopetrol y han mantenido silencio sobre el precio de venta. En el fondo, están revelando que privatizar no es sólo entregar la propiedad, sino hacerlo por debajo de su costo de oportunidad. No es cierto, como lo proclamaban los proponentes de privatizar ISA e Isagen, que el buen desempeño económico de las empresas se refleja en el precio de venta de las privatizaciones. En el caso de Ecopetrol se vio que la empresa recibirá menos que su rentabilidad y la diferencia quedará en una reducida cúpula.
No sobra señalar que un Estado serio no puede propiciar la especulación. No es legítimo ofrecer una propiedad pública generando rentabilidades de 50% en dos horas. En la practica, se está creando un estímulo excesivo al riesgo, que termina trasladándose a toda la economía y al público, como ocurrió en los últimos años en Estados Unidos con las hipotecas subprime y los prestamos para comprar empresas existentes. Así, el ingreso de Ecopetrol a la bolsa propició una entrada monumental de capitales que acentuó la revaluación del tipo de cambio y ampliará el déficit en cuenta corriente, y constituye una señal de que la propiedad va para las multinacionales.
Así no falten quienes presenten la operación como un éxito por cuanto el valor resultó mayor al precio base, la realidad es al revés a todas luces. El resultado no corresponde a la gestión operativa de los gobiernos en Ecopetrol, que ha sido insatisfactoria. No obstante las cuantiosas inversiones de la empresa, en los últimos doce años no se ha logrado ningún hallazgo sobresaliente, como sucedió en el pasado con Orito o Caño Limón. El disparo de la acción en relación con el precio base es la consecuencia de un error en la valoración de la empresa y de intereses por ofrecerla por debajo de su costo de oportunidad. De ninguna manera representa un aumento de la riqueza nacional. Por el contrario, estamos ante una típica política populista neoliberal que, en aras de estimular el ahorro, en tres días le transfiere una cuantiosa parte del patrimonio nacional al 1% más rico de la población.
Estimado señor : lo que yo entiendo es que los militares son ascendidos de acuerdo a sus méritos. Si ellos lograron infringir un daño importante a las fuerzas subversivas, han de ser ascendidos. No están ahí justamente para respetar al pie de la letra los derechos humanos, pues sería todavía mucho más desigual la contienda.
Diciembre 12 de 2007 -
'Zar' anticorrupción renunció tras artículo que vincula a padre del Presidente con Pablo Escobar
Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por la mafia, argumentó "razones personales y familiares" para su retiro.
El domingo, el diario El Nuevo Herald, de Miami, aseguró que un helicóptero de propiedad de Alberto Uribe Sierra fue incautado en un allanamiento en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá.
Según la publicación, el inmolado Ministro de Justicia dijo a varias personas antes de su muerte que esa operación contra Tranquilandia iba a causar su muerte.
Cecilia, hermana del ex ministro, citada por la publicación, aseguró que Lara mencionaba al actual Presidente y a su padre, como ejemplo de la infiltración de la mafia en las instituciones.
Esta semana, Cecilia Lara Bonilla confirmó que sí dio una declaración a la justicia en el 84, aunque se abstuvo de dar detalles. Pero afirmó que lo relatado en la declaración corresponde a lo que su hermano le contó a la familia en una reunión que tuvieron en la casa de su mamá, pocos días antes de ser asesinado por la mafia.
Según fuentes de Palacio, el 'zar' anticorrupción estaba pensando dejar el cargo desde agosto. Lara no respondió ayer los llamados de EL TIEMPO.
Lara, un abogado de 31 años especializado en el Instituto de Estudios Políticos de París, aspiró el año pasado al Senado, pero no salió elegido.
Carta de Gobierno a 'El Nuevo Herald'
El Gobierno colombiano envió ayer una carta al director del periódico El Nuevo Herald en la que reitera que el padre del presidente Álvaro Uribe no era dueño de un helicóptero incautado en 1984 en el complejo cocalero de Tranquilandia, en Caquetá.
En la carta se anexa un aviso publicitario aparecido en la revista Cromos, el 22 de mayo de ese año, en el que Carlos Amórtegui, representante legal de Aerofoto Amórtegui & Compañía Limitada, hace constar que el aparato fue vendido el 6 de febrero de ese año por el señor Alberto Uribe Sierra, el padre del Presidente.
"Como en reiteradas ocasiones uno de sus periodistas ha intentado mancillar la honra del Presidente de Colombia, me permito anexar el aviso publicado en la revista Cromos. El periodista lo desconoció como elemento de información, porque el aviso hubiese desbaratado todas las afirmaciones calumniosas", dice la carta del Gobierno.
La carta se refiere al periodista Gerardo Reyes, autor del artículo publicado en El Nuevo Herald.
La carta del Gobierno Nacional a El Nuevo Herald recuerda que el presidente Uribe ha desvirtuado "decenas de veces la infamia" a la que se hace referencia.
"Colombia no puede trenzarse en un debate cíclico con individuos empeñados en desacreditarla e injuriar a sus autoridades legítimas", finaliza la carta.
Veo algo flojo el análisis, sobre todo cuando la parapolítica sigue apareciendo en los medios y los colombianos no son tan tontos como se les asume aquí, pero supongo que cada quien tiene derecho a sacar sus propias conclusiones, justas o injustas.
Hermanos¿Estaría mejor TODA AMERICA en manos de las FARC?
Ese es el mundo que nos están preparando...
Luego a llorar a DIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y DE ESO sé un montón...
EXPERIENCIA PROPIA CUSTA CARA AY LLEGA TARDE!!!!!
La corrupcion es un mal que afecta toda la clase social de nuestro pais desde el estrato 0 al 20, ademas se a extendido a todo el planeta tierra, los que hoy critican por estar fuera del poder ayer, mañana estaran en lo mismo.
Considero que no hay politico honesto todos son cucarachas del mismo calabazo, miremos como salen elegidos industriales, comerciantes, sacerdotes ect. ect. ect. y cuando tienen las mieles del poder se les abre el apetito de la desonestidad, por decir algo mas cuanto vale una campaña politica en cualquier parte del mundo y luego como se recupera ese dinero si no es robando los fondos del estad que pertenecen a un pueblo sufrido por demas sin los beneficios de la salud, educacion vivienda y otras cosas.
Hoy se quieren rasgar las vestiduras denunciando un gobierno como el de Uribe que al menos le dio un poco de tranquilidad al pais y lo tiene en crecimiento ecomomico como muy pocas veces habia estado colombia, porque nunca se hablo y se habla de la narcoguerilla y y sus seguidores politicos y periodistas que llevaron al pais al caos economico y moral con sus secuestros, donde estan los defensores de los derechos humanos cuando suceden los secuestros y atentados a los pueblos humildes de colombia, porque no medimos con la misma vara a todos incluida nuestras propias conciencias que la debemos tener bien sucia y llena de maldades, solo hablamos cunado no llega a nuestros bolsillos el dinero manchado.
Espero solo que algun dia ocurra el milago de Dios en poder vivir en un planeta mejor, donde todo no sea maldal y odio y que si esto no es asi Dios nos coja confesados como dicen las abuelas.
Cordial saludo.
--
Chafic Antonio Fernández Elcure
Rafa: Valiente y contundente el último artículo de "El Yesquero". Los planes parciales que coinciden con la vía distribuidora, son dos, el de bancolombia y ciudad del río, en la antigua simesa. Es verdaderamente escandaloso! Felicitaciones. Cordial saludo, adonaís
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