el yesQuero
Columna ciudadana de análisis y crítica política
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No. 135 Medellín, Colombia

La verdad duele

Por
Rafael Rincón (*)

La ira presidencial del Dr. Álvaro Uribe Vélez proyecta un apetito y deseo de venganza contra la oposición política y contra todos los que no condenen lo que él condena o contra todos los que no toleren lo que él tolera.

Así, quienes no reprueben a la guerrilla como él la reprueba, con ira e intenso dolor, son tachados de terroristas; y quienes no toleren a los paramilitares como él los tolera, con laxitud y connivencia, como héroes desmovilizados, no son patriotas ni quieren la paz. Ese es el perfil del “uribismo purasangre”: Aquél que, por un lado, hace ruido contra la guerrilla y, por el otro, guarda silencio con los paramilitares.

La ira presidencial adquiere saña y se torna en adicción cuando le relacionan las investigaciones sobre los opacos compromisos de sus familiares con el narcotráfico o con los paramilitares. O cuando se habla en voz alta de los pactos de sus amigos políticos con el narcotráfico o con el paramilitarismo.

Álvaro Uribe fue el creador y promotor de las Convivir – figura aviesa de seguridad y cooperación– y fue él quien intento legalizarlas como “Asociaciones Comunitarias de Vigilancia” y luego como “Servicios Especiales de Vigilancia” sólo para habilitarlas en el porte y tenencia de armas de largo alcance (Decreto 356 de 1994 o Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y Sentencia C-572-1997)

Uribe Vélez es desapasionado, sereno y prudente cuando los hechos son las masacres de Mapiripán (Meta, julio de 1997), del Aro (Antioquia, septiembre de 1997), o el asesinato de Yolanda Izquierdo, la líder de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Guarda silencio con las masacres y los asesinatos de Personeros municipales, en donde el general Alfonso Manosalva Florez, ex comandante de la IV Brigada resulta implicado, según la versión libre del jefe paramilitar Salvatore Mancuso (enero, 2007).

El presidente Uribe se llena de ira cuando las Ong publican un balance de derechos humanos bajo el nombre de El embrujo autoritario (Ediciones Anthropos, septiembre 2003, 176 pp.), en donde denuncian internacionalmente la complicidad de algunos sectores de la Fuerza Pública con paramilitares, y de una las calificó de aliadas del terrorismo internacional. A Rafael Pardo, precandidato presidencial en el 2006, lo acusó airadamente de estar confabulado con las Farc para derrocarlo; al senador Gustavo Petro, que inició el debate de la “parapolítica”, lo tilda de terrorista de civil, y al ex candidato presidencial Carlos Gaviria lo acusa de tener “sesgo guerrillero”, de respaldar la violencia porque no se pronuncia como él quiere que se pronuncie.

Ahora Uribe Vélez promueve un juicio al Estado para reafirmar la tesis de que el paramilitarismo existe por la ausencia del Estado, porque ellos se vieron compelidos al ejercicio de la legítima defensa. Es un juicio al pasado para que el presente quede tras bambalinas.

El juicio al Estado convocado por el Presidente es una estrategia para escamotear el Estado mafioso actual, para blanquear el Estado emergente.

El juicio al Estado es una propuesta del nuevo poder, una propuesta de “hagámonos pasito porque todos somos responsables”. Y, como la oposición no se allana a la proposición explota la ira presidencial.

El Presidente convoca a un acuerdo para el silencio y la oposición llama a un acuerdo por la verdad. Ahí está el meollo del asunto.

(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus

Medellín, 6 de febrero de 2007.