el yesQuero No. 102
COLUMNA DE ANÁLISIS Y CRÍTICA POLÍTICA
Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas corpus
Dirección electrónica: elyesquero@gmail.com; Medellín, Colombia


GOBIERNO CONFESIONAL CONTRA ESTADO LAICO
IMPUNIDAD POSITIVA

Por
Rafael Rincón (*)

Un ciudadano cartagenero procura despenalizar la clonación reproductiva (El Tiempo, 25-04-2006); el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide despenalizar la calumnia y la injuria para los llamados delitos de prensa; el Presidente boliviano Evo Morales y el candidato peruano a la presidencia Ollanta Humala proponen despenalizar el cultivo de coca; en España la Cámara Baja tramita una reforma para despenalizar los referendos locales ilegales y el incumplimiento a resoluciones judiciales en materia electoral; en Nicaragua, único país de América en donde la homosexualidad es considerada delito, la comunidad LGTB[1] protesta para despenalizar la sodomía.

En Colombia un fallo de la Corte Constitucional ha declarado exequible, ajustado a la Constitución, el aborto de manera parcial y tímida en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto (Sentencia de mayo 10 de 2006 de la Corte Constitucional).

Penalizar es la última razón de los Estados liberales frente a las conductas consideradas delitos. La pena es la respuesta más grave de un Estado de derecho frente al delito. El Estado social de derecho, en su política criminal, reserva las penas de prisión para las conductas más lesivas con fines retributivos (“al mal del delito el mal de la pena”), de rehabilitación o de intimidación.

Sin embargo, la pena ha sido un fracaso no sólo para el aborto, sino para la mayoría de las conductas consideradas delito porque ni retribuye, ni repara, ni rehabilita; se equivocan quienes creen que una mujer que aborta alcanzará su rehabilitación con una pena de prisión.

Dentro de un modelo penal maximalista se ha buscado en Colombia criminalizar y aumentar las penas para controlar el delito. El Código Penal del año 2000 tenía penas de uno a tres años para el aborto, que fueron agravadas en el 2004 con penas de 16 a 54 meses (Ley 890 de 2004); sin embargo, el número de abortos ilegales no paró con el aumento de las penas.

Tampoco es cierto que la pena elimine la infracción o compense el daño, como se hace creer, y que cuando se despenaliza se legaliza la conducta. Mucho menos es cierto que la pena restablezca automáticamente el orden jurídico vulnerado. Las funciones de la pena son ficciones con utilidad simbólica y cultural, pero sin valor material. La pena para el aborto, en la práctica y con las condiciones indignas de las cárceles, opera como castigo, se convierte en una venganza.

La pena para la mujer que aborta en Colombia era un oprobio, una ignominia, un atentado contra la libertad y la autonomía. La Corte Constitucional ha dado un paso mínimo pero importante, lo que sigue es la descriminalización del aborto, lograr que la mujer sea dueña de su cuerpo y pueda decidir fundada en sus derechos si quiere o no quiere ser madre. En un Estado de derecho una mujer violentada no puede ser obligada a tener un hijo, esto se constituye en una afrenta contra su dignidad, contra el libre desarrollo de la personalidad. La despenalización del aborto es un caso de impunidad positiva que dignifica a la mujer borrándole el estigma criminal.

Despenalizar las llamadas conductas desviadas o los delitos es una alternativa del Estado moderno frente al fracaso de las penas y de las cárceles para conseguir las funciones retributivas, rehabilitadoras o disuasivas. El Estado social de derecho debe acudir a modelos garantistas y minimalistas en el tratamiento del delito, y en particular el Estado colombiano tiene la obligación de disminuir todas las formas de violencia, incluso la estatal.

La despenalización es la mejor alternativa que tienen los Estados modernos cuando las cárceles son las universidades del delito y lugares criminógenos. Son muchas las conductas antes penadas que hoy tienen tratamientos alternativos y revelan mejores resultados: la bigamia, el adulterio, la sodomía, la piratería, la eutanasia.

Las iglesias, como entes privados, tienen sus valoraciones morales respetables ante cada una de estas situaciones, y pueden expresar sus opiniones, pero carecen de competencia para sancionar a quienes no profesan su fe, o a funcionarios públicos que no actúen de conformidad con sus dogmas.

El Cardenal Pedro Rubiano Sáenz es una autoridad eclesiástica en la Iglesia Católica, pero no lo es en las otras confesiones y menos lo es en el Estado colombiano que ha sido definido como Estado laico desde 1991. Sus amenazas a los magistrados de la Corte Constitucional son intromisiones indebidas e irrespetuosas, son presiones ante las cuales la Corte Constitucional protestó con fundada razón.

Lástima que el Presidente Uribe Vélez, por cuidar los votos para su reelección, no ejerciera su calidad de Jefe de Estado, y a pesar de su reconocida vehemencia frente a la oposición, pasara de agache frente a la ONG más grande de Colombia, la Iglesia Católica. El Presidente Uribe Vélez representa un gobierno confesional que se enfrenta al Estado laico definido en la Constitución de 1991. El Presidente se comportó como un devoto disfrazado y no como un demócrata.


Referencias:

Rico, José María. “Las sanciones penales y la política criminológica
Contemporánea”. Ed. S. XXI. 5a. edición.

Hulsman, Louk. “El enfoque abolicionista: políticas criminales”. 1996.
En: Criminología crítica y control social. El poder punitivo del Estado, Rosario,
Editorial Juris.

Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política. “La
Constitución por construir”. Centro Editorial Universidad del Rosario.
2001.

Moncayo C., Víctor Manuel. “El Leviatán derrotado”. Bogotá, Ed. Norma,
2007. 387 p.


Medellín, 16 de mayo de 2006

(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas corpus

[1] LGTB es la abreviatura de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.