el Candil No. 74
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com

GOBERNABILIDAD AMBIENTAL AMENAZADA

Por
Rafael Rincón
Analista

“Las quebradas recuperan lo que es de ellas” es una sentencia que se escucha después de cada avalancha en la cual se pierden vidas y bienes; dicen además, que las mujeres perdonan pero no olvidan y que las quebradas ni perdonan ni olvidan.

Los damnificados son, casi siempre, las personas pobres que habitan las zonas de alto riesgo y que de manera imprudente o bajo estado de necesidad ocupan las zonas de retiro de los ríos y quebradas. Los eventuales damnificados son, muchas veces, las personas que están cerca de las quebradas y lejos del Estado.

El pasado seis de octubre, a las ocho de la noche, los habitantes del barrio El Salado (1.500 m.s.n.m.) del municipio de Bello, Antioquia, escucharon el estruendo de una avalancha que se inició en la parte alta (Altiplano de Ovejas, corregimiento de San Felix, 2.600 m.s.n.m) de la microcuenca de la quebrada El Barro, afluente de la quebrada La García.

La avalancha destruyó completamente once viviendas y ha dejado, hasta el momento, un saldo de 28 personas muertas y 16 desaparecidas, según el Comité Local de emergencias (DIPAD) La labor de salvamento y rescate ha sido dispendiosa y tediosa. Los socorristas literalmente recogen los restos de las víctimas mientras escuchan los clamores por los desaparecidos.

¿Qué pasó? Un alto volumen de precipitación en el nacimiento de la quebrada El Barro formó “la borrasca” o avenida torrencial, amalgama de arena, rocas, árboles, desechos, escombros, que casi en caída libre, impactó a la comunidad del barrio El Salado ocasionando un desastre con secuelas mortales y cuantiosos daños materiales.

El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Bello reconoció y advirtió, por lo menos desde el año 2.000, la amenaza socio-natural existente: “En su cruce por dichas áreas de explotación el cauce ha sido invadido con escombros y basura. A partir de este punto y aguas abajo, la corriente se torna en una colada de arena y agua. A lo largo de un costado de la urbanización Valadares, el cauce de la Quebrada el Barro fue modificado para construir un canal artificial en piedra, el cual serviría para evacuar eventuales crecientes de dicha quebrada pero la excesiva sedimentación del lecho requiere mantenimiento anual de dicho canal”. [1]

Las pocas voces que hasta el momento se escuchan le endilgan a la ola invernal la causa de la tragedia, inclusive parece que las víctimas fueran las victimarias, porque su imprudencia de poblar zonas de riesgo es la que las lleva a su destino fatal.

En Estados Unidos se alcanzó a responsabilizar al Presidente George Bush por la tragedia de Nueva Orleáns debido a su renuencia a suscribir el Tratado de Kioto sobre calentamiento global y por su lenta respuesta a los efectos del huracán Katrina. El municipio de Bello tiene un Plan de Ordenamiento Territorial que anticipó y anunció las amenazas socio-naturales y sobre el cual los órganos de control tienen un punto de partida para investigar y definir responsabilidades.

Según el Acuerdo 012 de 2.000, POT de Bello, la quebrada El Barro es portadora de las siguientes amenazas: amenaza por inundación (alta), amenaza por socavamiento de cauces (muy alta), amenaza por erosión, amenaza por sedimentación y colmatación de cauces y amenaza por represamiento de quebradas.

El desastre de El Salado en Bello evidencia la incapacidad de Corantioquia y del Área Metropolitana para la prevención de desastres. En la práctica su ejercicio de autoridad ambiental es muy débil; ellas no gobiernan los destinos ambientales, viven una crisis de gobernabilidad; son muy pocos los que acatan a la autoridad ambiental; su gobernabilidad está permanentemente amenazada.

En Antioquia las explotaciones mineras (areneras en este caso) no observan la ley, la infringen impunemente. Basta con una inspección ocular para constatar la explotación inmisericorde de los recursos naturales en la subcuenca de la quebrada La García.

La minería es una actividad productiva que se ha desarrollado de manera irresponsable a todo lo largo y ancho de la quebrada El Barro. La practican sin los mínimos controles y técnicas los areneros artesanales e industriales. Y ninguno de ellos se siente responsable de la tragedia, más fácil se creen víctimas.

El 71% de las explotaciones areneras del Valle de Aburra están localizadas en el municipio de Bello y no existe una sola sanción en la Secretaría de Gobierno que de cuenta de las infracciones. El Plan de Desarrollo no revela una política pública frente a estos actos de depredación ambiental.

Las empresas areneras después de realizar la extracción de los materiales no realizan la rehabilitación morfológica y los terrenos quedan degradados y a merced de las lluvias. Estos depredadores no ven sino utilidades en las quebradas.

La falta de control la reconoce el mismo Plan de Ordenamiento Territorial: “... la insuficiencia de los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales, mineras y municipales, contribuyen a la prevalencia de los actuales esquemas de la industria minera caracterizados por la proliferación de explotaciones ilegales, ausencia total o parcial de tecnologías apropiadas, obsolescencia de las técnicas de explotación y de los equipos y herramientas empleados, incipiente generación de empleo, aprovechamiento irracional del recurso hídrico, ausencia total de políticas de rehabilitación morfológica, inequidad social y ambiental y concentración de la riqueza”.

Lo que ha ocurrido en Bello no es un desastre natural, ni un acto de imprudencia de las víctimas, lo que ha pasado es la materialización de la ingobernabilidad ambiental; la avalancha descubrió la enclenque autoridad ambiental del Valle de Aburra

Quizás por eso ronda un silencio sepulcral cómplice de la degradación ambiental. Hay un mea culpa por no actuar a tiempo para prevenir la emergencia, ahora los pocos recursos se los tragará la atención del desastre.

Por eso el Gobernador Aníbal Gaviria debería dar prioridad a recuperar la gobernabilidad ambiental antes que fortalecer la atención de emergencias, para que no se siga achacando a la naturaleza o a los pobres la responsabilidad de los desastres.


Medellín, 11 de octubre de 2005


[1] Acuerdo municipal No. 012 de 2000.