el Candil No. 65
OBSERVATORIO DE DERECHOS Y CONFLICTO URBANO
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com

LA PATRIA OPACA

Por
Rafael Rincón
Analista

La democracia es la forma de gobierno que pone en público lo que es del público.[1] En la democracia el ejercicio del poder público debe ser evidente, y la transparencia es el fundamento de la gobernabilidad.

Políticamente la transparencia es la coherencia entre las motivaciones del gobernante y sus decisiones. Cuando no hay coherencia entre lo que se dice, es decir lo que se informa, y lo que se hace no hay transparencia. Cuando se entreven dobleces falta transparencia.

La transparencia no es sólo proveer de información al ciudadano, porque inclusive esta puede ser una manera de desinformarlo, de separarlo de la búsqueda de las razones que dieron lugar a la actuación administrativa. La información suministrada debe tener una relación directa con las decisiones.

La transparencia fue uno de los cinco puntos que expuso el Presidente Uribe Vélez al Presidente George Bush en su visita familiar en Texas el pasado dos de agosto. Y, el siete de agosto, el día del 186 aniversario de la Batalla de Boyacá, el Presidente Uribe le pidió al ejército iniciativa, eficacia y transparencia.

El Manifiesto Democrático, horizonte político del Gobierno Uribe, habla de la anticorrupción como una estrategia contra los violentos y como una manera de mejorar la administración pública.[2]

Los pactos por la transparencia son los compromisos de los alcaldes, de los gobernadores y de las corporaciones autónomas regionales en donde aceptan el control de la ciudadanía y de la presidencia alrededor del acceso a la información y al cumplimiento de las obligaciones de eficiencia fiscal señaladas en la Ley 617 del año 2000.

Sin embargo, el programa anticorrupción no funciona en la Presidencia de la República. Sus proyectos están lejos del caos de la Dirección Nacional de Estupefacientes; no perciben los silencios de Guaitarilla y Cajamarca, ni las contrataciones irregulares del Ministerio de Defensa; no capta el débil control a las Aseguradoras del Régimen Subsidiado, ARS, por parte del Ministerio de Protección Social y toma distancia de los nombramientos diplomáticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La promoción de la meritocracia es harina de otro costal para el programa presidencial.

La corrupción política, entendida como el abuso del poder del gobernante, no ha sido extraña al gobierno actual. La patria prometida sin corrupción y sin politiquería está hoy colmada de la clientela tradicional. El “corazón grande” se ha mostrado con los alcaldes y gobernadores quienes han sido beneficiarios de una bonificación técnica de origen presidencial equivalente a seis salarios[3]; a los congresistas les mantuvo sus robustas pensiones; a los exportadores de banano les aprobó subsidios de “revaluación” para compensar “sus perdidas” con la caída del dólar.

Inicialmente al Presidente lo rodearon los disidentes liberales, luego se acomodó la bancada conservadora recibiendo la promesa de la próxima Vicepresidencia y la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control de éste periodo 2002-2006, y hasta el Polo Democrático Independiente concertó la Ley de Garantías, para hacerse a cuatro mil millones de pesos con destino a la campaña presidencial de Antonio Navarro Wolff.

La reelección, el Acto Legislativo No. 2 de 2004, se aprobó con prebendas burocráticas y reparto presupuestal. Así se cambió públicamente la votación de los representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, y otros parlamentarios se comprometieron a respaldar la reelección inmediata recibiendo como contraprestación los nombramientos de familiares en embajadas y consulados.

Hubo quienes expresaron que de esa agua turbia no beberían y enfilaron sus argumentos criticando las relaciones presidenciales con el paramilitarismo y, además manifestaron que ellos jamás venderían su conciencia o sus principios. Sin embargo, más se demoró el Presidente en hacer la oferta indecente que ellos en tomarla.

Las primeras fichas del dominó en caer fueron los candidatos Horacio Serpa y Nohemí Sanín quienes condenaban el paramilitarismo de Uribe, y una vez derrotados, aceptaron “la gentileza” del Presidente y abandonaron el deber de la oposición para dedicarse a los cargos diplomáticos; después se adhirió al uribismo el embajador conservador Fabio Valencia Cossio, a quien le pagaron con la ratificación en la embajada de Roma y luego fue ungido como consejero presidencial; más tarde llegó el expresidente Julio César Turbay Ayala, quien recibió en cambio de su respaldo dos embajadas, y finalmente, accedió al poder, el expresidente Andrés Pastrana Arango, quien sin ningún reato de conciencia aceptó la embajada de los Estados Unidos afirmando que lo hacía como un gesto patriótico.

La transparencia y la anticorrupción hacen parte de un discurso oficial huero que reviste a la corrupción política para darle presentación patriótica. El Presidente Uribe tiene un programa de transparencia para ver la paja en el ojo ajeno que le sirve para quitarle legitimidad a los demás.

La transparencia no brilla en la Casa de Nariño. Los actos gubernamentales como la cooptación de la oposición, la iniciativa para la aprobación de la reelección inmediata, el referendo o la Ley de Justicia y Paz no tienen coherencia entre sus motivaciones y sus decisiones.


Medellín, 9 de agosto de 2005
[1] Bobbio, Norberto. El Futuro de la Democracia. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
[2] Manifiesto Democrático, puntos 24 y 25.
[3] Decreto 4353 de 22 de diciembre de 2004, que crea una bonificación técnica para los alcaldes y gobernadores que va desde cuatro hasta seis salarios mensuales.