el Candil No. 59
Observatorio de derechos y conflicto urbano
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com


¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?

Por
Rafael Rincón
Analista

La eficacia de una política pública de protección de víctimas y el reconocimiento de sus derechos depende directamente de la precisión que se tenga sobre el concepto de víctimas. Sin ese marco conceptual dicha política pública será un fraude y una vorágine para los damnificados.

Con este vacío conceptual se puede llegar a extremos de considerar que toda persona es víctima porque de alguna manera ha sufrido un perjuicio o a otro extremo de que no hay víctimas porque no hay conflicto armado o porque no se ha sufrido directamente un daño o al entendimiento de que sólo hay víctimas del terrorismo. Posiciones muy cómodas, pero que no dan respuesta a las pretensiones de las víctimas.

Inicialmente y de forma general víctima es una persona que sufre un daño, originado a veces en un accidente, otras veces en un desastre o en un conflicto armado o en una acción terrorista.

De manera particular y de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario las víctimas son resultado del conflicto armado o de acciones terroristas, son personas naturales, civiles e inocentes que han sufrido daños físicos, psíquicos, emocionales, sensoriales.

Los combatientes y no combatientes son considerados víctimas sólo cuando sufren ataques que violan las normas del derecho internacional humanitario.

Así, un soldado que sufre una herida en combate pasa a ser un no-combatiente y goza de un estatus especial de protección, pero no es una víctima, porque no es un civil, lo que no quiere decir que no sea un afectado; el soldado que pierde su pierna como consecuencia de una mina antipersonal, aunque no es un civil, sí es considerado una víctima por ser destinatario de una infracción expresamente prohibida por el D.I.H.

Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 han servido de marco jurídico para identificar y precisar quienes son las víctimas en los conflictos armados internacionales y sin carácter internacional.

Así el Convenio IV de Ginebra establece el principio fundamental de distinción entre combatientes y no combatientes y el artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra habla de la protección a la población civil y la define como aquélla que no participa activa ni directamente en las hostilidades.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma en julio de 1998, delimitó el concepto de víctima como “las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”, y a ciertas “organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos (...) dedicado a la religión, instrucción, (...) y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios”. Las conductas de los cuales conoce la CPI son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y las agresiones.

Además, el estatuto le reconoció a las víctimas el derecho a vocería en los procesos que se adelante ante la Corte Penal Internacional.

En Colombia una víctima para poder acceder a los beneficios de la ley 418 de 1997, ley para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, debe acudir a la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República y aportar un certificado, expedido por la Personería municipal o el Comité de emergencias, en donde conste la fecha, el lugar, las circunstancias, el presunto autor del daño y la autoridad que investiga los hechos.

La ley 418 de diciembre 26 de 1997 hablaba claramente de “víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado interno”; y además, las víctimas eran inequívocamente definidas como “aquellas personas de la población civil ...” (art. 15, idem).

La ley 782 de diciembre 23 de 2002, artículo 15, definió a las víctimas de conformidad con los convenios de Ginebra y adicionó a los menores que participan directamente en las hostilidades y a la población que está en situación de desplazamiento forzado: “se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de a tentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1° de la Ley 387 de 1997.”

Sin embargo, con la llamada ley de Justicia y Paz o ley del silencio, la calidad de víctima se sale de los marcos conceptuales internacionales.

El artículo 5º de la Ley del silencio definió a la víctima como “la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, síquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.”

La Ley en vez de precisar la calidad de víctima la confundió porque prescindió del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, hizo caso omiso del concepto de población civil, y no considera a las víctimas dentro de un contexto de conflicto armado.

Víctima ya no sólo es un civil que sufre daño dentro de un conflicto armado, y según la ley del silencio, puede ser un combatiente de la fuerza pública, pero no de otros grupos que sean considerados ilegales o al margen de la ley.

Además, las víctimas ya no son de la violencia política, sino víctimas de organizaciones armadas al margen de la ley.

Difícil tarea tendrán la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República para evitar ser arbitraria en la atención humanitaria y los jueces para reconocer los derechos de las víctimas. Les queda el art. 93 de la Constitución Política para hacer valer la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno e inaplicar la ley del silencio o ley de Justicia y Paz.

Medellín, 28 de junio de 2005


* El 25 de junio se creo en Bogotá el MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DEL ESTADO. Esta denominación es otra forma de negar el conflicto armado. ¿Por qué dejar por fuera a las víctimas de la guerrilla o de las autodefensas?