EL CANDIL No. 39
Observatorio de derechos y conflicto urbano del IPC
www.ipc.org.co

Por
Rafael Rincón
1 de febrero de 2005

JUDICIALIZAR A LOS CORRUPTOS

No es la regla general ver a un corrupto ante los jueces. Parece que ellos gozan de una garantía de inmunidad. Su judicialización generalmente tiene un prólogo de escándalos y ruido que se vuelve funcional a la impunidad.

Ellos fácilmente se fugan de la justicia. Son avezados estrategas de la impunidad. Participan en la elaboración de las leyes como congresistas o como miembros del ejecutivo y ejercen una gran influencia en los círculos de poder mediante el cabildeo. Sus fechorías gozan de la presunción de legalidad, sus actos se tornan invisibles y los autores intocables y hasta merecedoras de elogios por sus habilidades para escabullirse de la justicia.

Estrategias de inmunidad a la justicia de los corruptos se dan cuando se legisla para no pagar los impuestos debidos, para obtener exenciones legales. Se aducen falsas motivaciones como las de generar empleo, o estimulo a la iniciativa privada para burlar el pago de las obligaciones tributarias.

O legislan diciendo que una es la evasión de impuestos y otra es la elusión de los mismos; y que cuando están incursos en la evasión ella es un ilícito civil y no un hecho punible. Y cuando están muy de malas en la pirueta legislativa, entonces expiden amnistías, o términos de prescripción que los beneficien.

A pesar de los blindajes que utilizan los corruptos, existen algunos de ellos que excepcionalmente son llevados a los estrados judiciales, procesados y sancionados.

Les pasa estando en el poder como pasó con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien siendo Secretario General de la OEA, fue puesto en manos de los jueces por haber recibido cerca de 800.000 dólares en un contrato de telecomunicaciones de 400.000 líneas telefónicas con ALCATEL.

Son judicializados también, cuando están lejos del poder, como le está pasando al dictador Augusto Pinochet, a quien al final de sus días se le agotó el fuero militar y hasta la reserva bancaria, y está encausado por sus cuentas corrientes secretas e ilegales de 15 millones de dólares en el Banco Riggs de los Estados Unidos. O, también, el proceso judicial al General Manuel Contreras, Director de la policía secreta chilena, DINA, y a quien está procesado como autor intelectual de miles de desapariciones forzadas a finales de la década del 70.

También caen los corruptos por confesión de los mismos implicados. La declaración del General Uscategui en el expediente por la masacre de Mapiripan en el departamento del Meta, en donde confiesa que la Fuerza Pública sabía de este hecho, y que sus autores intelectuales y materiales fueron las AUC. La reciente confesión del árbitro alemán de haber recibido 50.000 euros para beneficiar a un equipo de fútbol, ha desencadenado un proceso que ya tiene cuatro detenidos. Desafortunadamente no ocurre lo mismo en Colombia, en donde el Real Cartagena pasó al profesionalismo en medio de inmensas dudas, acusaciones, y todavía no se mueve el aparato judicial.

Ante las dificultades para judicializar a los corruptos es fundamental documentar las excepciones judiciales de lucha contra la corrupción. De esta manera se descubrirían las estrategias que utilizan los corruptos para defraudar al fisco y las formas de obtener ventajas personales.

Documentar casos emblemáticos tiene un importante valor pedagógico para luchar contra la corrupción de manera prioritaria y preventiva. Documentar los casos como el de Invercolsa, la Fábrica de Licores, FONCOLPUERTOS y presentar sus formas, sus metodologías, sus procedimientos, los beneficios personales y los daños a la hacienda pública ahorraría muchos escándalos y mostraría un camino de mediano y largo plazo con más resultados hacia la transparencia e integridad.