EL CANDIL No. 32
Observatorio de derechos y conflicto urbano del IPC
www.ipc.org.co

INVERTIR EN RIESGO

Rafael Rincón
16 de noviembre de 2004

Según la Dirección General de Prevención y Atención de Desastres el balance de la segunda ola invernal del año ha sido de 240.000 damnificados en 24 departamentos, 116 municipios, que han dejado un saldo de 39 personas muertas e incalculables daños materiales.
A pesar de tener un Plan Nacional y un Sistema Nacional de emergencias (Ley 46 de 1998, Decreto 919 de 1989 y Decreto 93 de 1998), la política pública tiene más énfasis en los resultados de los desastres que en las causas de los mismos.
El Gobierno Nacional prometió entregar para el año 2.006 un total de 2.800 subsidios de vivienda con destino a los damnificados de Cartagena; la Red de Solidaridad inscribirá en el programa de Familias en Acción, a partir de enero del 2005, un nuevo grupo de 6.500 familias en 11 municipios del departamento de Bolivar; se entregaran 5.200 millones para la población desplazada de Cartagena; la DIAN entregará 200 millones de pesos en ropa decomisada por contrabando.
Lo último ha sido la declaración de calamidad pública con el fin de generar posibilidades jurídicas en la contratación administrativa que permita realizar las obras de infraestructura necesarias para superar la emergencia, y que permita la adquisición de la ayuda humanitaria.
El 90% de las emergencias de esta ola invernal son reiterativas, es decir, ya han ocurrido una, dos, tres y más veces. Por ejemplo, el municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia, se inunda dos veces al año, en cada ola invernal. La diferencia es la intensidad y el volumen de las aguas.
La amenaza siempre está ahí, es casi siempre la misma; la vulnerabilidad, la exposición a la amenaza es en cada año mayor, pues cada año hay más pobladores en la ribera del río Cauca.
Parece que no existiera riesgo, o que no se percibiera, o que siempre se minimiza el riesgo o se ridiculiza. Hay caso omiso a las amenazas de inundación, de deslizamientos, de avalanchas. Para muchos colombianos vivir con el riesgo se ha convertido en el ejercicio de un deporte extremo.
Es cierto que la pobreza y los desastres están caminando de la mano. Ella obliga a millones de familias a ocupar las zonas de retiro de las quebradas y las riberas de los ríos.
Sin embargo, la pobreza no es causa suficiente de los desastres. También existe una subvaloración del riesgo; las personas no quieren verse metidas en peligros; los que están en riesgo son los del frente, los vecinos, los otros.
Los gobiernos no presupuestan el riesgo. Esa es una inversión que no se ve. El éxito no se percibe porque sus logros son los desastres que no ocurrieron.
Evidenciar el peligro es la tarea fundamental en prevención y atención de desastres. Invertir en riesgo para conocerlo, para manejarlo es muchísimo más rentable que gastar en la mitigación de los daños que dejan las emergencias.
Conocer las amenazas a las cuales está expuesta una comunidad y trabajar en la reducción de la vulnerabilidad es el fundamento de una política pública de prevención, atención y recuperación de desastres.
Por otra parte, aun cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible a la hora de comprender el riesgo, es muy común que no se hable de la vulnerabilidad y sólo se mencione como causa de los desastres a las amenazas.
Hay poco trabajo para reducir la vulnerabilidad. Se asume la amenaza como algo inevitable frente a lo cual no podemos hacer nada. Las creencias, a veces, conducen a las comunidades a creer que se trata de un castigo extraterreno y que lo único que se puede hacer es tener resignación.
Esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible de hacer nada para evitarlo.