el yesQuero Nro. 180

La tortura como remedio del terror

Por
Rafael Rincón Patiño*

La inquisición española llamaba “tortura del agua” al método de obtener información por asfixia. El Gobierno norteamericano denomina “interrogatorio duro” a esta práctica violatoria de los derechos humanos.

La tortura del agua es una técnica medieval de interrogatorio, que consiste en atar la víctima a una tabla mientras se derraman galones de agua sobre el rostro cubierto con una toalla para crear la sensación de ahogamiento. Es una forma de tortura como el “submarino” o inmersión temporal en un estanque de agua.

El Gobierno de George W. Bush defiende la tortura del agua como un método válido para la lucha contra el terrorismo, considera que los “combatientes enemigos” pueden ser sometidos a este tipo de vejámenes sin que se viole la ley ni la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).

Este crimen de guerra, este acto de barbarie hace parte de la política oficial de Estados Unidos contra el terrorismo. Ahogar es lícito cuando se trata de combatientes enemigos. Es una forma legal autorizada a la CIA y prohibida al Ejército (Enmienda Graham sobre la tortura, 2005).

El recién elegido Procurador General de Estados Unidos, el juez Michael Mukasey, candidato del presidente Bush, se abstuvo, en audiencia pública ante el Senado, de calificar el ahogo simulado, waterboarding, como tortura, confirmando así la política oficial iniciada por su antecesor, el nefasto Alberto Gonzáles —el de los memorandos a favor de la práctica de la tortura, el que eliminó el hábeas corpus, el de las millones de llamadas grabadas y el que niega las convenciones de Ginebra—.

Por su parte, el senador demócrata Edward Kennedy declaró que “esta técnica bárbara pone a Estados Unidos junto a la Inquisición española, el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, los dueños de esclavos del siglo XIX y el Khmer Rouge de Camboya”.

De otro lado, el presidente Bush, que ha conquistado al electorado exhibiéndose como un duro contra el terrorismo y sacrificando las libertades civiles, defendió a su candidato Mukasey a la Procuraduría General diciendo: “No voy a hablar sobre técnicas. Hay un enemigo allá fuera. Mi perspectiva es esta: el pueblo estadounidense necesita entender que el programa es importante y que las técnicas empleadas están dentro de la ley, y los integrantes de la Cámara y el Senado saben de lo que hablo, han sido plenamente informados”.

Por otro lado, el candidato republicano a la presidencia, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, y quien posa de “duro” frente al terrorismo, defiende la tortura del agua para casos excepcionales, dice que sin ella la Gran Manzana estaría llena de criminales.

Por el contrario, los candidatos demócratas se oponen a la tortura en todas sus formas. Barak Obama la considera ineficaz porque los torturados mentirán con tal de parar el dolor; se opone, también, porque la tortura que practica Estados Unidos legitimará a sus adversarios para ejercerla contra sus soldados.

En Iraq, Afganistán, Guantánamo y las cárceles secretas norteamericanas en Europa se tortura por parte de contratistas de la guerra, es la tortura por outsourcing, que exime a los funcionarios de responsabilidad disciplinaria y penal.

El Gobierno de Bush expide una certificación anual en derechos humanos al Gobierno colombiano, cuestionado por su propia justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sus relaciones con las organizaciones paramilitares, que asesinan, descuartizan y masacran a sus adversarios políticos y militares.

Estados Unidos, que se precia de Estado de derecho liberal, tiene un Gobierno que acolita la tortura, por lo menos, en una de sus formas: la tortura del agua; es un Estado que carece de fibra moral para certificar en derechos humanos al Estado colombiano.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, viene a Medellín, Colombia, a mostrar a los congresistas demócratas los beneficios del Plan Colombia, los alcances de su tarea “civilizadora”, el producto de los acuerdos con el paramilitarismo de la seguridad democrática.

El Gobierno de Estados Unidos, con la tortura del agua y con las “capturas secretas” (especie de secuestros de Estado), invoca un remedio peor que la enfermedad. La tortura como remedio del terror no es otra cosa que más terror.

Referencia:
http://www.youtube.com/watch?v=-GcXl1y_mQw

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad

Medellín, 29 de enero de 2008

el yesQuero Nro. 179

Hijos de la selva

Por
Rafael Rincón Patiño*

La muerte está viva en los secuestrados

Ricardo León Peña

Colombia está atrancada en un paradigma bipolar del conflicto armado. Vive en disyuntivas que atascan el desarrollo del conflicto y su resolución. Se cree, por ejemplo, que la justicia es un obstáculo para la paz, y que hay que optar por una de ellas.

Es un paradigma centenario planteado inicialmente por Rafael Nuñez (Regeneración o catástrofe) y recapitulado hoy por el presidente Uribe V.: reelección o hecatombe.

Como hijos de la selva, los poderes en Colombia niegan el conflicto armado interno y niegan sus normas reguladoras, el Derecho de Ginebra y el Derecho de La Haya. El presidente Uribe V., por su lado, prefiere hablar de agresión terrorista, para eludir las reglas de la guerra; y las Farc, por su lado, llaman retenciones a los secuestros y se llaman prisioneros de guerra a los rehenes y a las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Como hijos de la selva los extraditados desde Colombia a Estados Unidos y los secuestrados por la guerrilla no tienen derecho a la justicia, a un debido proceso, a un juicio justo, a defenderse. Son tratados como “combatientes enemigos”, como entes sin derecho y sin derechos, igual a como son tratados los presos en las cárceles de Abu Grahib, de Guantánamo y de Charleston (Carolina del Sur).

Reconocer el estado de beligerancia es una situación mediante la cual un Estado o la comunidad internacional formaliza una guerra justa, una guerra “civilizada”, pero el desmadre de la guerrilla de las Farc le quitó toda legitimidad y justicia a su original pretensión política.

El Estado colombiano es un caracterizado violador de los derechos humanos. Así lo han caracterizado centenares de informe de organizaciones de derechos humanos. La guerrilla colombiana es una guerrilla con objetivos políticos, pero con acciones perversas y medios detestables. Son delincuentes políticos, pero la justicia y la legitimidad de sus acciones se desvanecieron.

Fue la Constitución Política de 1991 la que le quitó vigencia a la lucha armada en Colombia. Ella es el “fin del fin” de la violencia. En los últimos quince años son mayores los logros conquistados por la izquierda democrática que por la izquierda ilegal.

La izquierda ilegal terminó siendo funcional a la derecha ilegal enquistada en el poder mediante métodos de corrupción y violencia. La oposición armada le sirve, muy a su pesar, al proyecto parapolítico para encubrir los problemas sociales. La oposición al presidente Uribe V. no legitima la ilegalidad, así sea la oposición a un proyecto violento y untado de narcotráfico por todos lados. Sin oposición armada el autoritarismo de Uribe V. sería más evidente.

El presidente Uribe V. califica el problema como una agresión terrorista: de manera coherente con su diagnóstico rechaza los delitos políticos para los grupos guerrilleros, pero de manera incoherente propugna por el delito de sedición (delito político) para sus copartidarios paramilitares.

Colombia tiene un conflicto armado interno globalizado. Un conflicto armado en donde una de las partes es un Estado fallido de derecho y la otra es una guerrilla sin derecho, ni siquiera el humanitario, y sin legitimidad.

Parodiando la verdad de a puño del boxeador Kid Pambelé, quién alguna vez dijo que era mejor ser rico que pobre, se podría decir que es mejor estar vivo que muerto, sin embargo, con el secuestro, se derrite esta apreciación, pues la inclemencia de este crimen conduce a afirmar que es mejor estar muerto que secuestrado.


“La política no puede estar por encima de la vida” afirma la ex congresista liberada Consuelo González, “las instituciones no pueden estar por encima de la vida” argumenta Fabiola Perdomo, viuda de uno de los diputados secuestrados en el Valle del Cauca. Pero, el presidente Uribe V. sentencia en Guatemala: "lo humanitario no puede excluir la seguridad".

Con los rehenes no se hacen favores, homenajes, desagravios o agravios. Realizar un acuerdo humanitario es una obligación constitucional con fundamento en la dignidad humana como principio de la Carta Política. Abstenerse de celebrarlo sólo conduce a la seguridad de los sepulcros, que fue la que vieron los diputados del Valle, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el ex ministro de defensa, Gilberto Echeverri.

Si “la muerte vive en los secuestrados” es hora de desahuciar la muerte, ella tiene su lugar y su tiempo y no tiene porque morar en los vivos.

La democracia colombiana tiene el recorrido de Emmanuel, el hijo de la selva. No es una democracia natural, es una democracia que nació forzada, nació con la izquierda quebrada, y está picada de “pito” en el lado derecho del rostro, tiene una herida de mosquito que se niega a sanar; es también una democracia desnutrida porque se alimenta de violencia, una democracia que no conoce al padre y permanece en manos de una madre sustituta.

Hoy está en juego la capacidad de revertir el destino de hijos de la selva, herederos de la anomia, seguidores de la ley del más fuerte, hacia un futuro compartido en igualdad de condiciones y de libertades.


* Director de la Oficina de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, enero 22 de 2008

Children of the Jungle

By
Rafael Rincón Patiño*

Death is alive in the kidnapped ones

Ricardo León Peña

Colombia is stuck in the bipolar paradigm of armed conflict. It undergoes a long-drawn dilemma hindering the conflict´s evolution and resolution. The common viewpoint is that justice is an obstacle to peace, and that the country must opt for one or the other.

This paradigm has been defended for over a hundred years, originally proposed by Conservative President Rafael Nuñez (1886), under his motto ´Regeneration or catastrophe´, and revamped today by President Uribe: reelection or hecatomb.

Like children of the jungle, the powers that be in Colombia deny even the presence of a domestic armed conflict, also refusing to comply with the international norms that should regulate conflict, like the Geneva and Hague Conventions, although it has ratified them. On the one hand, President Uribe prefers to speak of ´terrorist aggression´ in order to dodge the rules of war, and on the other hand, the FARC guerrilla labels their kidnappings ´retentions´, also labeling their hostages, and those whose rights fall under the protection of International Humanitarian Law, as ´prisoners of war´.

As children of the jungle, the prisoners extradited from Colombia to the United States, and the people kidnapped by the guerrilla, have no right to justice, due process of the law, a fair trial or the right to self-defense. All of them are treated as ¨enemy combatants¨, not as beings in their own right or who possess human rights. They are treated just like the prisoners held at the prisons in Abu Grahib, Guantanamo and Charleston (in Iraq, Cuba and South Carolina).

Acknowledging a state of belligerence is a situation through which a State, or the international community, formalizes a just or “civilized” war, but the chaos instigated by the FARC guerrilla has also robbed its original political claim of all legitimacy and sense of justice.

The Colombian State is a systematic violator of human rights. During the past decades, literally hundreds of reports drawn by various human rights organizations render the evidence to prove this. The Colombian guerrilla is a guerrilla with political aims, but it commits perverse deeds using despicable means. They are delinquents, the justice and political legitimacy of their actions having vanished.

It was the Political Constitution of 1991 that made the presence of an armed conflict in Colombia irrelevant. Our 1991 Constitution represents “the end of the end” of violence. During the last fifteen years, the achievements conquered by the democratic left are greater than those conquered by the illegal left.

The illegal left has ended up being very convenient for the illegal right, embedded into power through methods such as corruption and violence. Armed opposition fosters, albeit reluctantly, the para-political project, which uses the guerrilla´s behavior to distract attention from the country´s social problems. This form of opposition to President Uribe does not legitimate illegality, even if what it being opposed is a violent project, tainted by drug trafficking on all sides. If it weren’t for armed opposition, President Uribe´s authoritarianism would be all that more reproachable.

President Uribe identifies the issue as a terrorist aggression: in coherence with this diagnosis, he denies the status of political crimes to the guerrilla groups, while incoherently advocating that his paramilitary supporters are guilty of a crime of sedition (a political crime).

Colombia has globalised its internal armed conflict: an armed conflict in which one party is a State deficient as a rule-of-law State, and the other party is a guerrilla with no respect for human rights, not even humanitarian law, and devoid of legitimacy.

Following the somewhat corny truth of boxer Kid Pambelé, who once declared it was better to be rich than to be poor, we might also affirm that it is better to be alive than to be dead. However, when it comes to the crime of kidnapping, this statement is not defensible, since the hideousness of the crime leads one to believe that it is better to be dead than to be the hostage of a kidnapping.

“Politics cannot take priority over life”, says recently freed ex Congresswoman Consuelo González. “Institutions cannot take priority over life” argues Fabiola Perdomo, the widow of one of the councilmen kidnapped in Valle del Cauca. Yet President Uribe proclaims solemnly in Guatemala: "the humanitarian aspect cannot exclude security".

Hostages are not to be made favors to, or meant to receive tributes, compensations for offenses, or offenses, for that matter. To carry out a humanitarian agreement is a constitutional obligation, grounded on the human dignity that is the guiding principle of our Magna Charter. Refraining from reaching a humanitarian agreement can only lead to the safety of the graveyard, which is just where Governor of Antioquia, Guillermo Gaviria and ex Minister of Defense Gilberto Echeverri ended up when the State attempted their rescue.

If “death is alive in the kidnapped ones” it is time we declare death terminally ill: it should have its own pace and space, and not dwell among the living.

Colombian democracy stumbles over the same route as Emmanuel, child of the jungle. It is not a natural democracy, but a democracy born with forceps: born with a broken left side, and a victim of the plague of ¨pito¨ on the right side of its face. The wound refuses to heal. It is also an undernourished democracy because it feeds on violence; a democracy of father unknown and that remains under the care of a foster mother.

Today what is at stake is the capacity to revert the destiny of the children of the jungle, heirs to the breakdown of social structure, and followers of the law of the strongest, so that they may move on ahead to a shared future, under equal conditions and freedoms.


* Director de la Oficina de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, enero 22 de 2008