el yesQuero Nro. 165
La justicia de los halcones
Por
Rafael Rincón Patiño*
Alberto Gonzales, ex Procurador General de Estados Unidos —una especie de Ministro de Justicia—, promovió una doctrina “jurídica” mediante la cual corrompió políticamente la justicia lesionando su independencia y caros principios liberales.
El asesor presidencial Gonzales admitió y recomendó la tortura como método de investigación mediante un escrito dirigido al presidente George Bush. Escrito conocido como el “memorando a favor de la tortura”.
Los “combatientes enemigos” de la llamada guerra preventiva son doctrina de su autoría; Alberto Gonzales habló también de la obsolescencia de los Convenios de Ginebra; fue él quien fundamento la no existencia de los prisioneros de guerra, y la inexistencia de conflicto armado. Él es quien da pie para afirmar la existencia de una agresión terrorista. Según su doctrina no hay prisioneros de guerra, sino combatientes enemigos.
Fue Alberto Gonzales quien negó la existencia constitucional del derecho fundamental de hábeas corpus y su inaplicabilidad para los capturados bajo el cargo de “combatientes enemigos”. Situación reprobada en el Senado de Estados Unidos no sólo por ser un desconocimiento de la Constitución, sino por ser una violación del sentido común (Comité de Justicia del Senado, senador Arlen Specter).
El dúo Bush-Gonzales logró el tétrico record de mayor número de ejecuciones judiciales de la pena de muerte (152) en el Estado de Texas, siendo el primero Gobernador y el segundo su asesor. Los recursos de clemencia y piedad no gozaron de la atención de esta pareja que acompañada del psiquiatra James Grigson, conocido como el “Doctor muerte”, hicieron caso omiso de los recursos de los condenados.
La pareja Bush-Gonzales es la autora de la Ley Patriótica, expedida después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La llamada Ley Patriótica elimina las “libertades civiles” en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo. Bajo esta juridicidad política son legales las escuchas, los monitoreos de las comunicaciones, el escaneo de conversaciones, la obtención de información financiera y médica, la captura de personas por pertenencia étnica o religiosa y el procesamiento de las mismas sin asistencia de abogado.
Otra obra del dúo Bush-Gonzales es la Ley de Comisiones Militares según la cual “El presidente puede ahora, con la aprobación del Congreso, detener indefinidamente a personas sin acusaciones, quitarles el amparo de la ley contra abusos horrendos, enjuiciarlos basándose en pruebas de oídas, autorizar juicios en que los sentencian a morir basándose en testimonios literalmente arrancados a golpes a los testigos, y negarles la posibilidad de apelaciones de hábeas corpus” (Jonathan Turley, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union, ACLU).
Alberto Gonzales toleró los abusos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Las miles de quejas por tortura fueron justificadas como técnicas de interrogación para la lucha contra el terrorismo. La doctrina Gonzales no consideraba tortura aquella práctica que no causara un dolor “equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida física grave, como un fallo de órganos, la disminución de una función corporal o incluso la muerte”. Fue con estos argumentos políticos que se instituyó la tortura en la cárcel de Abu Ghraib.
Alberto Gonzales, además, perteneció a la empresa de abogados que asesora a la auto quebrada empresa distribuidora de energía Enron.
La gota que derramó la copa fue la destitución de ocho fiscales federales por motivos políticos para nombrar igual número de servidores republicanos y simpatizantes.
El asesor personal de Bush llegó a ser el hispano más influyente de norteamérica. Sus méritos fueron no tener criterio jurídico, sino tener el criterio político de su jefe y vestirlo de jurídico. Es decir, su tarea no era velar por la legalidad, sino legalizar lo ilegal.
Los seguidores de la Doctrina Gonzales en Colombia tienen nombre propio: el ex Fiscal Luis Camilo Osorio, que convirtió a los paramilitares y narcotraficantes en héroes y torció las investigaciones hacia el camino de la impunidad; el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos que no ha podido dejar claro las escuchas, el monitoreo y espionaje a los ciudadanos; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria que afirmaba la obsolescencia de los Convenios de Ginebra, la inexistencia del delito político y del conflicto armado; el presidente Uribe que quiere calificar de sediciosos a sus copartidarios y de sesgada a la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia doctrinal entre Colombia y Estados Unidos radica en que “el Gonzales” norteamericano no pudo llegar al Tribunal Supremo como lo quiso el presidente George Bush; pero, en Colombia, “el González” del presidente Uribe V., su Secretario Jurídico, sí pudo “coronar” como magistrado de la Corte Constitucional, después de un malabarismo corrupto de ternas acomodadas.
Lo que quiere decir que en Colombia la Doctrina Gonzales, la del hispano Alberto, tendrá rango constitucional, gracias a los votos agradecidos del Mauricio González colombiano.
Esa justicia corrompida por los favores políticos y por la guerra es la misma que cada año certifica a Colombia en derechos humanos, es la que recibe sin ninguna vergüenza a más de 500 colombianos que nunca debieron ser extraditados.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de septiembre de 2007
The Justice of the Hawks
By
Rafael Rincón Patiño*
Alberto Gonzales, ex attorney general of the United States —a Minister of Justice, so to speak—, promoted a “juridical” doctrine through which he politially corrupted the legal system in his own country, affecting its independence and its cherised liberal principles.
Presidencial advisor Gonzales admitted and acknoweledged torture as a method of investigation in a text sent to President George Bush. It is known as the “memorandum in favour of torture”.
The “enemy combatants” of the so-called preventive war are a doctrine that he authored: Alberto Gonzales also spoke of the obsolescence of the Geneva Treaties: it was he who argued the non-existence of war prisoners and the non-existence of an armed conflict. This is what gave him arms to argue the existence of a terrorist aggression. According to his doctrine, there are no war prisoners, only enemy combatants.
It was Alberto Gonzales who denied the constitutional existence of the fundamental right of Habeas Corpus and its non applicability for those captured under the charge of “enemy combatants”, a situation rejected by the U.S. Senate not only for ignoring the Constitution but because it is a violation of common sense (Senate Justice Committee, Senator Arlen Specter).
The Bush-Gonzales duet achieved the sinister record of carrying out the greatest number of executions using death sentences (152) in the State of Texas, when Bush was Governor and Gonzales his Advisor. The recourses of clemency and pity went unheard by this couple, accompanied by psyquiatrist James Grigson, known as “Doctor Death”, ignoring the appeals made by those in death row.
The Bush-Gonzales duet authored the Patriotic Act, issued after the terrorist attacks of September 11 2001. The so-called Patriotic Act eliminated “civil liberties” in the name of national security and the fight against terrorism. Under this political jurisdiction it is legal to tap and scan conversations, monitor communication, acquire financial and medical data and capture people due to their ethnic or religious background and have them processed without assistance from a lawyer.
Another work by the Bush-Gonzales combo is the Military Commissions Act, according to which “The President can now, with the approval of Congreso, detain people who are not formally accused indefinitely, and remove their right to be protected by law against horrendous abuses, to put people on trial based on hearsay evidence, to authorise trials in which people are sentenced to death based on testimonies literally obtained by beating witnesses, and deny them the right to Habeas Corpus appeals” (Jonathan Turley, Executive Director of the American Civil Liberties Union ACLU).
Alberto Gonzales tolerated the abuses committed by the Federal Bureau of Investigation (FBI). Thousands of complaints of torture were justified as interrogation techniques in the struggle against terrorism. The Gonzales doctrine did not consider torture any practice that did not cause pain “equivalent in intensity to the pain that accompanies a serious physical injury, such as that caused by organ failure, the slowing down of bodily functions or even death”. It was based on these political arguments that the Abu Ghraib prison instituted torture.
Alberto Gonzales also belonged to the law firm advising Enron, the energy distribution company that went bankrupt.
The drop that made this particular cup runneth over was the destitution of eight federal attorneys in order to appoint an equal number of Republicans and their sympathisers.
Bush’s personal advisor came to be the most influential Hispanic in North America. His merits were not having a juridical criteria, but plying to the political criteria of his boss and camouflaging that as law. In short, his task was not to protect legality but to legalise the illegal.
The followers of the Gonzales Doctrine in Gonzales have proper names: ex attorney general Luis Camilo Osorio, who transformed paramilitaries and drug dealers into heroes and derailed the investigations into the path of impunity; Minister of Defence Juan Manuel Santos, unable to explain why he has tapped, monitored and spied on ordinary citizens; Presidencial Advisor José Obdulio Gaviria, affirming the obsolescence of the Geneva Treaties, the inexistence of political crimes and the inexistence of an armed conflict; President Uribe who wants to have members of his own party classified as rebels and accuses the Supreme Court of Justice of being biased.
The difference in doctrines between Colombia and the United Status is that the North American “Gonzales” could not get into the Supreme Court like President George Bush wanted him to; but in Colombia, President Uribe did manage to get his own Legal Secretary “crowned” as a magistrate of the Constitutional Court after the corrupt juggling of the candidacies.
What this means is that, in Colombia, the Gonzales Doctrine, the one drafted by the Hispanic Albert, shall have a constitutional scope, thanks to the grateful votes of the Colombian Mauricio González.
This justice corrupted through political favours and through wars is the justice that certifies Colombia every year in the field of human rights and, unashamed, takes in 500 Colombians who never should have been extradited at all.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de septiembre de 2007
Rafael Rincón Patiño*
Alberto Gonzales, ex Procurador General de Estados Unidos —una especie de Ministro de Justicia—, promovió una doctrina “jurídica” mediante la cual corrompió políticamente la justicia lesionando su independencia y caros principios liberales.
El asesor presidencial Gonzales admitió y recomendó la tortura como método de investigación mediante un escrito dirigido al presidente George Bush. Escrito conocido como el “memorando a favor de la tortura”.
Los “combatientes enemigos” de la llamada guerra preventiva son doctrina de su autoría; Alberto Gonzales habló también de la obsolescencia de los Convenios de Ginebra; fue él quien fundamento la no existencia de los prisioneros de guerra, y la inexistencia de conflicto armado. Él es quien da pie para afirmar la existencia de una agresión terrorista. Según su doctrina no hay prisioneros de guerra, sino combatientes enemigos.
Fue Alberto Gonzales quien negó la existencia constitucional del derecho fundamental de hábeas corpus y su inaplicabilidad para los capturados bajo el cargo de “combatientes enemigos”. Situación reprobada en el Senado de Estados Unidos no sólo por ser un desconocimiento de la Constitución, sino por ser una violación del sentido común (Comité de Justicia del Senado, senador Arlen Specter).
El dúo Bush-Gonzales logró el tétrico record de mayor número de ejecuciones judiciales de la pena de muerte (152) en el Estado de Texas, siendo el primero Gobernador y el segundo su asesor. Los recursos de clemencia y piedad no gozaron de la atención de esta pareja que acompañada del psiquiatra James Grigson, conocido como el “Doctor muerte”, hicieron caso omiso de los recursos de los condenados.
La pareja Bush-Gonzales es la autora de la Ley Patriótica, expedida después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La llamada Ley Patriótica elimina las “libertades civiles” en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo. Bajo esta juridicidad política son legales las escuchas, los monitoreos de las comunicaciones, el escaneo de conversaciones, la obtención de información financiera y médica, la captura de personas por pertenencia étnica o religiosa y el procesamiento de las mismas sin asistencia de abogado.
Otra obra del dúo Bush-Gonzales es la Ley de Comisiones Militares según la cual “El presidente puede ahora, con la aprobación del Congreso, detener indefinidamente a personas sin acusaciones, quitarles el amparo de la ley contra abusos horrendos, enjuiciarlos basándose en pruebas de oídas, autorizar juicios en que los sentencian a morir basándose en testimonios literalmente arrancados a golpes a los testigos, y negarles la posibilidad de apelaciones de hábeas corpus” (Jonathan Turley, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union, ACLU).
Alberto Gonzales toleró los abusos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Las miles de quejas por tortura fueron justificadas como técnicas de interrogación para la lucha contra el terrorismo. La doctrina Gonzales no consideraba tortura aquella práctica que no causara un dolor “equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida física grave, como un fallo de órganos, la disminución de una función corporal o incluso la muerte”. Fue con estos argumentos políticos que se instituyó la tortura en la cárcel de Abu Ghraib.
Alberto Gonzales, además, perteneció a la empresa de abogados que asesora a la auto quebrada empresa distribuidora de energía Enron.
La gota que derramó la copa fue la destitución de ocho fiscales federales por motivos políticos para nombrar igual número de servidores republicanos y simpatizantes.
El asesor personal de Bush llegó a ser el hispano más influyente de norteamérica. Sus méritos fueron no tener criterio jurídico, sino tener el criterio político de su jefe y vestirlo de jurídico. Es decir, su tarea no era velar por la legalidad, sino legalizar lo ilegal.
Los seguidores de la Doctrina Gonzales en Colombia tienen nombre propio: el ex Fiscal Luis Camilo Osorio, que convirtió a los paramilitares y narcotraficantes en héroes y torció las investigaciones hacia el camino de la impunidad; el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos que no ha podido dejar claro las escuchas, el monitoreo y espionaje a los ciudadanos; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria que afirmaba la obsolescencia de los Convenios de Ginebra, la inexistencia del delito político y del conflicto armado; el presidente Uribe que quiere calificar de sediciosos a sus copartidarios y de sesgada a la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia doctrinal entre Colombia y Estados Unidos radica en que “el Gonzales” norteamericano no pudo llegar al Tribunal Supremo como lo quiso el presidente George Bush; pero, en Colombia, “el González” del presidente Uribe V., su Secretario Jurídico, sí pudo “coronar” como magistrado de la Corte Constitucional, después de un malabarismo corrupto de ternas acomodadas.
Lo que quiere decir que en Colombia la Doctrina Gonzales, la del hispano Alberto, tendrá rango constitucional, gracias a los votos agradecidos del Mauricio González colombiano.
Esa justicia corrompida por los favores políticos y por la guerra es la misma que cada año certifica a Colombia en derechos humanos, es la que recibe sin ninguna vergüenza a más de 500 colombianos que nunca debieron ser extraditados.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de septiembre de 2007
The Justice of the Hawks
By
Rafael Rincón Patiño*
Alberto Gonzales, ex attorney general of the United States —a Minister of Justice, so to speak—, promoted a “juridical” doctrine through which he politially corrupted the legal system in his own country, affecting its independence and its cherised liberal principles.
Presidencial advisor Gonzales admitted and acknoweledged torture as a method of investigation in a text sent to President George Bush. It is known as the “memorandum in favour of torture”.
The “enemy combatants” of the so-called preventive war are a doctrine that he authored: Alberto Gonzales also spoke of the obsolescence of the Geneva Treaties: it was he who argued the non-existence of war prisoners and the non-existence of an armed conflict. This is what gave him arms to argue the existence of a terrorist aggression. According to his doctrine, there are no war prisoners, only enemy combatants.
It was Alberto Gonzales who denied the constitutional existence of the fundamental right of Habeas Corpus and its non applicability for those captured under the charge of “enemy combatants”, a situation rejected by the U.S. Senate not only for ignoring the Constitution but because it is a violation of common sense (Senate Justice Committee, Senator Arlen Specter).
The Bush-Gonzales duet achieved the sinister record of carrying out the greatest number of executions using death sentences (152) in the State of Texas, when Bush was Governor and Gonzales his Advisor. The recourses of clemency and pity went unheard by this couple, accompanied by psyquiatrist James Grigson, known as “Doctor Death”, ignoring the appeals made by those in death row.
The Bush-Gonzales duet authored the Patriotic Act, issued after the terrorist attacks of September 11 2001. The so-called Patriotic Act eliminated “civil liberties” in the name of national security and the fight against terrorism. Under this political jurisdiction it is legal to tap and scan conversations, monitor communication, acquire financial and medical data and capture people due to their ethnic or religious background and have them processed without assistance from a lawyer.
Another work by the Bush-Gonzales combo is the Military Commissions Act, according to which “The President can now, with the approval of Congreso, detain people who are not formally accused indefinitely, and remove their right to be protected by law against horrendous abuses, to put people on trial based on hearsay evidence, to authorise trials in which people are sentenced to death based on testimonies literally obtained by beating witnesses, and deny them the right to Habeas Corpus appeals” (Jonathan Turley, Executive Director of the American Civil Liberties Union ACLU).
Alberto Gonzales tolerated the abuses committed by the Federal Bureau of Investigation (FBI). Thousands of complaints of torture were justified as interrogation techniques in the struggle against terrorism. The Gonzales doctrine did not consider torture any practice that did not cause pain “equivalent in intensity to the pain that accompanies a serious physical injury, such as that caused by organ failure, the slowing down of bodily functions or even death”. It was based on these political arguments that the Abu Ghraib prison instituted torture.
Alberto Gonzales also belonged to the law firm advising Enron, the energy distribution company that went bankrupt.
The drop that made this particular cup runneth over was the destitution of eight federal attorneys in order to appoint an equal number of Republicans and their sympathisers.
Bush’s personal advisor came to be the most influential Hispanic in North America. His merits were not having a juridical criteria, but plying to the political criteria of his boss and camouflaging that as law. In short, his task was not to protect legality but to legalise the illegal.
The followers of the Gonzales Doctrine in Gonzales have proper names: ex attorney general Luis Camilo Osorio, who transformed paramilitaries and drug dealers into heroes and derailed the investigations into the path of impunity; Minister of Defence Juan Manuel Santos, unable to explain why he has tapped, monitored and spied on ordinary citizens; Presidencial Advisor José Obdulio Gaviria, affirming the obsolescence of the Geneva Treaties, the inexistence of political crimes and the inexistence of an armed conflict; President Uribe who wants to have members of his own party classified as rebels and accuses the Supreme Court of Justice of being biased.
The difference in doctrines between Colombia and the United Status is that the North American “Gonzales” could not get into the Supreme Court like President George Bush wanted him to; but in Colombia, President Uribe did manage to get his own Legal Secretary “crowned” as a magistrate of the Constitutional Court after the corrupt juggling of the candidacies.
What this means is that, in Colombia, the Gonzales Doctrine, the one drafted by the Hispanic Albert, shall have a constitutional scope, thanks to the grateful votes of the Colombian Mauricio González.
This justice corrupted through political favours and through wars is the justice that certifies Colombia every year in the field of human rights and, unashamed, takes in 500 Colombians who never should have been extradited at all.
* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
Medellín, 11 de septiembre de 2007
17 comentarios:
Hola Rafael. Hay Gonzales de González. Pero, la coincidencia está en que es la misma doctrina de violación a los derechos humanos. Esa si tiene la misma ortografía.
Jorge Benjumea
Toda extradición es el reconocimiento de nuestra incapacidad como Estado de derecho. Si no hay justicia en Colombia no hay Estado de derecho. Cada extradición es una confesión de denegación de justicia.
Lucy Mejía
La justicia de los halcones es la justicia de la guerra, que no es justicia, es guerra.
Colombia se ha sustraído al cumplimiento de los obligaciones internacionales en materia de ddhh más por irresponsabilidad que por incapacidad.
El Estado colombiano es un Estado de impunidad por irresponsabilidad.
El hombre de la historia
Septiembre 10 de 2007 - COLUMNA DEL DÍA
Por
Ian Buruma
Al presidente George W. Bush no se le conoce precisamente por su sólido dominio de la historia, pero eso no le ha impedido utilizarla para justificar sus políticas. Recientemente, durante un discurso dirigido a veteranos de guerra en Kansas City, Bush defendió su objetivo de "mantener el rumbo" en Irak señalando las consecuencias del retiro estadounidense de la guerra de Vietnam. También menciono la ocupación de Japón posterior a 1945 y la guerra de Corea como episodios exitosos de los esfuerzos estadounidenses por llevar la libertad a Asia y, por extensión, al mundo.
Rápidamente, historiadores, demócratas y otros críticos de Bush denunciaron su discurso, en especial su referencia sobre Vietnam, como interesado, deshonesto e impreciso.
Sin embargo, al menos esta vez, Bush realmente hizo una analogía histórica acertada. Por supuesto, la guerra de Vietnam fue diferente a la guerra de Irak en casi todos los aspectos. Ho Chi Minh no era Saddam Hussein. En Vietnam, Estados Unidos no estaba invadiendo un país sino defendiendo a un aliado autoritario corrupto en contra de un régimen comunista agresivo. Pero lo que Bush realmente dijo es que el retiro estadounidense de Indochina fue seguido de una carnicería en Camboya y de una opresión brutal en Vietnam. Bush dio a entender que la retirada de Irak daría como resultado un baño de sangre similar o peor.
Esto es casi seguro. Sin embargo, lo que Bush no dijo es que ni los asesinatos en masa en el sudeste asiático ni la potencial masacre en Irak hubieran ocurrido sin el caos causado por la intervención estadounidense.
Pero, ¿qué decir de las experiencias exitosas en Japón, Corea y otros lugares bajo la protección estadounidense? ¿Estuvo bien que Bush se jactara de la participación de Estados Unidos para dar la libertad a estos países? Como dijo a los veteranos en Kansas City: "¿Resistirá la generación actual de estadounidenses la tentación de la retirada y haremos en Medio Oriente lo que los veteranos aquí presentes hicieron en Asia?"
¿Qué fue exactamente lo que Estados Unidos hizo en Asia? Los primeros años de la ocupación de Japón fueron en efecto un éxito notable de la democracia. En lugar de ayudar a los japoneses de la vieja escuela a restablecer un sistema autoritario, la administración del General Douglas MacArthur ayudó a los japoneses liberales a reparar y mejorar las instituciones democráticas anteriores a la guerra.
A los sindicatos se les otorgó más influencia. Las mujeres obtuvieron el voto. Las libertades civiles se fomentaron y el semidivino Emperador japonés fue bajado de su nube. Casi todo el crédito por esto es de los japoneses y los "New Dealers" idealistas, de tendencia izquierdista del gobierno de MacArthur que los apoyaron.
Sin embargo, cuando China cayó ante los comunistas de Mao y Corea del Norte obtuvo el respaldo chino y soviético para invadir el sur, el idealismo democrático fue parado en seco. En Japón, se liberó a los antiguos criminales de guerra, se purgó a "los rojos" y los gobiernos de derecha, encabezados por algunos de esos ex criminales de guerra obtuvieron el entusiasta apoyo estadounidense. En lugar de nutrir a la democracia, esta fue distorsionada con la participación activa de Estados Unidos para asegurar que la derecha permaneciera en el poder y mantener a raya a la izquierda.
Ciertamente, los coreanos del sur tienen mucho que agradecer a los estadounidenses. Sin la intervención de las Naciones Unidas, encabezada por Estados Unidos, en la guerra de Corea, el sur habría sido tomado por Kim Il Sung, el gran líder, y la libertad y prosperidad actuales nunca habrían sido posibles.
Pero la democracia de Corea del Sur no es algo que Estados Unidos haya dado a los coreanos o incluso que siempre haya fomentado. Desde finales de los años 1940 hasta finales de los años 1980, Estados Unidos siguió el juego de los dirigentes autoritarios comunistas y algunas veces los respaldó activamente cuando tomaron y consolidaron su poder por medio de golpes violentos y la represión de los disidentes.
Lo mismo pasó en Filipinas, Taiwán, Indonesia y Tailandia, y en efecto, en Medio Oriente, donde la democracia todavía tiene que arraigarse. Mientras duró la Guerra Fría, las administraciones estadounidenses sistemáticamente apoyaron a los cabecillas militares y a los dictadores civiles en nombre de la lucha contra el comunismo -cualquier cosa con tal de mantener débil a la izquierda, incluso al tipo de izquierda que en el Occidente democrático hubiera sido considerada simplemente liberal-.
Es cierto que para la mayoría de la gente, la vida bajo los cabecillas de derecha asiáticos era preferible, en general, a la vida bajo Mao, Pol Pot, Kim Il Sung, o incluso Ho Chi Minh. Pero decir que los ciudadanos eran "libres" bajo Park Chung Hee, Ferdinand Marcos, o el General Suharto es abominable. El feliz hecho de que los coreanos, filipinos, tailandeses y taiwaneses hayan sido libres, o al menos más libres, no es tanto mérito de los Estados Unidos como de los pueblos que lucharon por su libertad por sí mismos.
No fue sino hasta finales de los años 1980, cuando el imperio comunista se estaba derrumbando, que los gobiernos estadounidenses apoyaron activamente a los políticos y manifestantes democráticos en Seúl, Taipei o Manila. Pero los héroes de la democracia fueron asiáticos, no estadounidenses.
Bush tiene razón al afirmar que la gente de Medio Oriente desearía ser tan próspera y libre como los coreanos del sur, pero su idea de que la guerra de Irak es simplemente la continuación de las políticas estadounidenses en Asia no podría ser más errónea. En Asia, al igual que en Medio Oriente, la estrategia de Estados Unidos fue apoyar a los dictadores en contra del comunismo hasta que sus propios pueblos los derribaron. Actualmente, en Medio Oriente es imprudente y radical: invadir un país, destruir sus instituciones y esperar que la libertad surja en el subsiguiente estado de anarquía.
Confundir esos dos casos y creer que son iguales no sólo es incorrecto, sino también peligroso y muy decepcionante para quienes todavía consideramos a Estados Unidos como una fuerza del bien.
* El libro más reciente de Ian Buruma es Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance. Es profesor de democracia, derechos humanos y periodismo en el Bard College.
Copyright: Project Syndicate, 2007.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz
YO NO DEJARÍA AL FISCAL IGUARAN POR FUERA DE LA BARAJA DE LA DOCTRINA GONZALEZ. CREO QUE EL FUE EL VICEMINISTRO DE JUSTICIA DE URIBE. Y DE BUENAS A PRIMERAS NO VA A TERMINAR DE INDEPENDIENTE CUANDO DEBE TAN INMENSO FAVOR. ESE SERÁ EL PROXIMO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AL LADO DE MAURICIO GONZALEZ Y DE RODRIGO ESCOBAR. QUE VERGUENZA.
YO NO DEJARÍA AL FISCAL IGUARAN POR FUERA DE LA BARAJA DE LA DOCTRINA GONZALEZ. CREO QUE EL FUE EL VICEMINISTRO DE JUSTICIA DE URIBE. Y DE BUENAS A PRIMERAS NO VA A TERMINAR DE INDEPENDIENTE CUANDO DEBE TAN INMENSO FAVOR. ESE SERÁ EL PROXIMO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AL LADO DE MAURICIO GONZALEZ Y DE RODRIGO ESCOBAR. QUE VERGUENZA.
YO NO DEJARÍA AL FISCAL IGUARAN POR FUERA DE LA BARAJA DE LA DOCTRINA GONZALEZ. CREO QUE EL FUE EL VICEMINISTRO DE JUSTICIA DE URIBE. Y DE BUENAS A PRIMERAS NO VA A TERMINAR DE INDEPENDIENTE CUANDO DEBE TAN INMENSO FAVOR. ESE SERÁ EL PROXIMO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL AL LADO DE MAURICIO GONZALEZ Y DE RODRIGO ESCOBAR. QUE VERGUENZA.
Felicitaciones por este artículo, Rafael. Está excelente.
Saludos,
Laura.
Excelente artículo
Unas filántroós, no cabe duda.
Buenos días Rafael
Creo que por ignorancia no me quedó claro tu posición, a no ser que Gonzalez sea Latino
Gracias
jorge
Excelente muchas gracias
Ramiro
Rafa. Parecemos un Estado de los Estados Unidos. Todo lo que tiene que hacer Colombia con la Ley de Justicia y Paz y el presidente no entrega un peso adicional a la justicia en el actual presupuesto.
Patricia Jiménez
Colombia construirá su Guantanamó con una flota de buques. Con tanto traqueto tenemos que empezar a comprar fragatas.
creo que estamos de acuerdísimo: este estado de criminalidad jurídica es inaceptable, en ee uu y acá también.
lo que me sigue preocupando es que todavía exista gente que piense que un terrorista nato, de esos que nacieron para joder al otro, tiene derechos. eso no lo acepto. ni lo acepta nadie. supongamos que hay terroristas, gente mala. ¿ tienen derechos ? yo creo que no. y no voy a discutirlo con nadie.
la idea es que se pueda tener la seguridd de que aquél que se tortura merece eso, y que cuando alguien sale invicto de un proceso se le respete, y que a las víctimas de tal y tal se les indemnice como debe ser por ejemplo. la idea es que haya justicia, y que no nos asombre ni nos moleste hipócritamente llegar a la conclusión de que al asesino de verdad hay que asesinarlo. no hablo del presunto implicado, hablo del cullpable, porque rresulta que sí hay culpables. en colombia hay culpables, de bando y bando, y en el orden mundial hay culpables, de bando y bando. se trata de esquizofrenias juxtapuestas.....estallan las torres gemelas: culpables..... ¿ cuáles son los culpables de verdad ? eso nunca lo reflexionó busch. por eso pasa lo que pasa, etc: es obvio. pero que hay un culpable lo hay, y este sí merece lo peor,esa es mi reflexión para toda la vida. y este presidente de ee uu, que tiene un grado de imbecilidad muy parecido al de uribe, es también culpable de todo lo que sabemos: sus buenas intenciones ( la venganza es la mejor de las intenciones, sepa usted, el problema es dar con el que es ), como las de uribe contra nuestro terrorismo, se fueron al traste por no saber ni querer diferenciar al enemigo de otras cosas. PAR DE IMBÉCILES, pero no por autoritarios, sino por desorientados.
acerca del terrorismo. claro, la academia política contemporánea tiende a creer que no hay terrorismo puesto que nadie actúa por el crimen en si. ¿ será cierto eso ? no seamos pendejos.en el mundo hay demasiada gente loca como para escuchar ese aserto. el que produce terror es terrorista, así se haya leido a marchal berman, y a marx enteritos, y aunque se fumen sus páginas, como otros fuman las de la biblia ( que deben saber a micos y a gomorra y a la dizque virginidad de una mujer que tuvo que ser más cachonda que el carajo, y es que por eso me caen bien los marianos ). en el mundo si hay culpables. culpables de cosas atroces quiero decir. cosas imperdonables ( diremos junto a derrida que solo se puede perdonar lo imperdonable ?. creo que lo imperdonable es lo que menos debe perdonarse ). a ellos podemos torturalos. a los que no podemos torturar es a los inocentes, por favor. incluso, por supuesto, si este inocente es alguien que nos parece que es culpable. por supuesto.
creo que , en definitiva, al nuevo orden mundial le hacen falta dos cosas: psiquiatría e investigación.
y estimado rafael: creo que incluso puedo a mi mismo entenderme como un mejor músico, por ejemplo y es algo aparentemente alejado de esto, en la medida en que cada día más desee el mal para los malos. eso no debe darle miedo a nadie. ¿ o es que vamos a esperar a que los malos nos den verdad miedo porque los tenemos acá detras ? es que la alegría a veces parece violencia. pero es solo carácter, no se preocupen. no se preocupen. lo digo porque la música es uno de mis oficios más queridos......además de los textuales y académicos..... pero mi oficio más querido es desear que los seres humanos malos, criminales, perversos, asesinos, sen disueltos de una vez por todas.
yo siempre, a propósito del habbeas que tan caro es para ustedes, sueño con una caricatura viable para reconocer su profunda inviabilidad en ciertos casos, su profundísima y triste laxitud: ¿ merece ese coqueteo con la inmunidad o con la impunidad transitoria alguien que ha cometido un crimen tremendo, o un grupo a todas luces criminal ? cuando los abogados responden que si, me dan ganas de llorar, o más bien, cuando me los imagino apelando a esa academia de la impunidad. un poco. después la música me quita ese spleen antijurídico. hace falta, definitivamente, reconocer la maldad, y darle clavo. el malvado es alguien que ya no tiene derechos. y los inocentes deberían gobernarnos, sin lugar a dudas.
que sirva esta reflexión para entender quién debe torturar,. y a quién, y cómo. y a quien enjuiciar, y a quien no...no se necesita tener partido político para desear esto, ah ? solo se necesita justicia, y si la justicia necesaria teniendo en cuenta a los delincuentes y asesinos implica más violencia, sea. sea. por abusivos, no ?. esto no es derecho, sino sentido común, y punto. yo no se nada de derecho, pero si mucho de justicia. yme conformo, sinceramente, con eso.
R.
Rafael gracias Tus conceptos son concisos.aplastantes pero reales
Que somos Los colombianos: solo un bus donde van montados todos nuestros antepasados , o un espejo en el que se lo que hay al frente
EL AÑO DE LA VERDAD
Sensación de impunidad en caso de Chiquita por financiar a paramilitares a pesar de la multa de 25 millones de dólares
La justicia de Estados Unidos impuso la sanción a la multinacional por haber dado plata a los “grupos narcoparamilitares” de las AUC -incluso después de los atentados de las Torres Gemelas-, pero acordó que ninguno de sus directivos vaya a la cárcel. Incluso se prohibió revelar sus nombres. El Gobierno colombiano se declara “perplejo” por el fallo.
Fecha: 09/17/2007 -
Un tribunal federal aceptó este lunes un acuerdo entre el Departamento de Justicia y Chiquita Brands International Inc. que impone una multa de 25 millones de dólares a la compañía por pagos que efectuó a grupos “narcoterroristas” en Colombia, según la expresión del juez. Si bien el monto económico es llamativo, el caso deja en el ambiente un profundo sabor de impunidad porque el acuerdo estipula que ninguno de los directivos de la compañía irá a la cárcel. Es más: la justicia blindó a los ejecutivos que dieron la plata a los ‘paras’ al negar la posibilidad de que sus nombres se conozcan. Tampoco serán objeto de cargos penales.
Esto significa que quedarán en absoluto secreto las identidades de quienes fueron las personas que financiaron a los ‘paras’ que -como se comprobó en el juicio- lo hicieron incluso después de los atentados contra las Torres Gemelas cuando ya eran considerados como un grupo terrorista.
Varios analistas norteamericanos consideraron que semejante decisión es “escandalosa” pues cualquiera puede aportar dinero a un grupo terrorista y “simplemente después llega a un acuerdo económico” que le permita la impunidad.
En la noche de este lunes en el programa ‘Hora 20’ de Caracol Radio, el canciller Fernando Araújo, en nombre del Gobierno colombiano, se declaró “perplejo” por el hecho de que ninguno de los responsables vaya a la cárcel.
El juez de distrito Royce C. Lamberth aprobó el acuerdo que había sido sellado en marzo y que también dispone un período de prueba de cinco años para la empresa. Se trata de la mayor multa impuesta bajo las leyes antiterroristas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia expresó en un documento la semana pasada que decidió no presentar acusaciones contra 10 ejecutivos de la empresa, como parte del acuerdo. La decisión fue tomada “basándose solamente en los méritos y las evidencias” que enfrentaban en su contra, expresó un portavoz del departamento el 12 de septiembre.
En su defensa, Chiquita expresó en una presentación judicial del viernes que fue obligada a efectuar los pagos y sólo actuaba para garantizar la seguridad de sus trabajadores.
“Chiquita fue extorsionada”, dijo la empresa. “Las amenazas que enfrentaba Chiquita eran muy reales, aspecto que el gobierno no ... disputa”.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril del 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.
La compañía bananera admitió que pagó cerca de 1,7 millón de dólares entre 1997 y el 2004 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es de anotar que el gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre del 2001.
Historia de una relación peligrosa
Una reunión en 1997 entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria “pacificación” del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país.
Desde ese momento y hasta el 4 de febrero 4 de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales financiadores.
Además, el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su “mejor gol” y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian.
Estos hechos quedaron plenamente confirmados por la Justicia de Estados Unidos y que ahora se cierra con la millonaria multa. Sin embargo, más allá de la sanción, el caso de Chiquita inaugura las revelaciones sobre la responsabilidad del sector privado y el alcance del dominio paramilitar en grandes zonas del país. Así como hay una 'para-política', este caso revela cómo ha existido un 'para-empresarismo'. Sin embargo, en el caso de la ‘para-política’ todos sus protagonistas han recibido una sanción social porque sus nombres han sido expuestos a la luz pública. En este caso, sencillamente pagaron para que esto no ocurriera.
Con información de AP
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