el yesQuero
Columna de análisis y crítica política
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No. 128 Medellín, Colombia

Leyes con sangre

Por
Rafael Rincón (*)

El ex Ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos calificó al Congreso de la República (2002-2006) como Congreso Admirable en junio de 2003 y lo afirmó para congraciarse con él después de haberlo ridiculizado manifestando que quien sabe que cigarrillos se habrían fumado los honorables parlamentarios.

El ex jefe paramilitar Carlos Castaño dijo que el Congreso de la República tenía presencia de los “paras” en una proporción del 35% de su composición total, no se le creyó, sonó a bravuconada del criminal, después lo dicho fue confirmado por su hermano y verdugo Vicente; luego lo dijeron las organizaciones de derechos humanos y el Presidente Uribe las tildó de auxiliares del terrorismo; después lo dijeron el representante a la Cámara Gustavo Petro y la Senadora Piedad Córdoba, pero sus denuncias fueron considerados calumnias de la oposición.

Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decreta－después del eterno silencio de quienes tenían que haberlo dicho antes: la Fiscalía, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo－ una medida de aseguramiento para tres reconocidos congresistas de la coalición gubernamental. La Corte Suprema de Justicia los sindica de autoría intelectual de la masacre de Macayepo (Departamento de Sucre, 2000), promotores de grupos paramilitares y de hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Seguramente el Presidente Uribe, que todo lo sabe minutos después, dirá que desconocía estos hechos y pedirá socarronamente a la Corte Suprema de Justicia que investigue y sancione a los responsables. Eso sí no se saldrá de quicio como cuando las masacres son del otro lado, ni ofrecerá recompensas, ni mucho menos se atreverá a sugerir extradiciones. Los encartados recibirán el trato de amigos en desgracia o aliados que iban por el camino equivocado; si se entregan gozaran de las mieles de las leyes que ellos mismos hicieron a su medida; y si no se entregan la justicia esperara hasta que cambien de parecer.

Por su parte, los Comités de ética de los partidos políticos de la coalición uribista (Partido de la U, Colombia Democrática, Colombia Viva) “suspenderán” a los incriminados -otrora financiadores- hasta que se sepa toda la verdad; los “barones electorales” beneficiarios del dañado y punible ayuntamiento como Gina Parody, Martha Lucía Ramírez y Dilian Francisca Toro, que suman votos sin escrúpulos en momentos de marea baja, saldrán a decir que ellas son distintas, que son harina de otro costal y encontraran en el incidente una excelente oportunidad para marcar diferencia después de haber capitalizado los dineros y los votos “paras”. Gastaran parte de su tiempo y de sus dietas parlamentarias lavando los álbumes familiares para conservar sus impolutas imágenes.

Las reformas constitucionales y legislativas que han sido aprobadas por el Congreso desde el año 2002 tienen muchas manchas de sangre y son resultado no de la política, del cabildeo, del debate parlamentario o del consenso civilizado sino de elecciones a sangre y fuego, de jurisdicciones electorales macabras, de fosas comunes, de desmembramientos, de masacres, torturas y violaciones a los derechos humanos. Agendas legislativas exequibles pero mancilladas con crímenes de lesa humanidad.

Los señores de la guerra son los mismos señores de la ley. Colombia tiene un Congreso de fosas comunes cuya producción legislativa no es la manifestación de la voluntad general de los colombianos. Es el Congreso de la seguridad democrática, es decir, de los narcotraficantes, terratenientes, paramilitares y militares corruptos.

Las leyes de este Congreso han sido declaradas exequibles, pero tienen profundos problemas de legitimidad. Leyes y Actos legislativos que deberían ponerse a consideración del pueblo o de un Congreso legitimo para que en una consulta se defina su validez y se restablezca la integridad de la Constitución Política de 1991.

Dura lex sed lex dice un aforismo romano que invita a cumplir la letra de la ley. No va a ser fácil obedecer leyes y actos legislativos ensangrentados como la reelección inmediata de Uribe o la Ley 975 de 2005 (Ley de impunidad). Las leyes del régimen Uribe gozan de una validez formal, pero tienen una dudosa validez material.


Medellín, 14 de noviembre de 2006

(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus