el yesQuero
Columna de análisis y crítica política
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No. 123. Medellín, Colombia


¿A dónde van los desconectados?

Por
Rafael Rincón (*)

Como en la canción del cantautor panameño Rubén Blades (Desapariciones) vale la pena también preguntarse: ¿A dónde van los desconectados?

A María Patricia hace seis meses le cortaron los servicios públicos por no pago, vive en estrato cuatro en el barrio Prado Centro de Medellín, a tres cuadras de la casa municipal que ocupa el Alcalde Sergio Fajardo. Tiene seis hijos, el mayor de 16 años y el menor de 2, su esposo trabaja en una serviteca y con lo que gana paga la comida; con ellos viven los padres de María Patricia, dos ancianos de más de 70 años, en total son 10 desconectados en una sola vivienda.

Todos sobreviven con una pipeta de gas para las comidas, los vecinos les regalan el agua para cocer los alimentos y para el baño, la “natillera” de la cuadra (fondo comunitario) y el “pagadiario” (fondo de crédito informal de algunos paramilitares) les prestan para refinanciar sus cuentas, hacer caseros malabarismos bursátiles y así tapar los huecos que dejan las necesidades.

María Patricia es una de las 200.000 personas desconectadas que tiene Medellín, la ciudad que es dueña de la segunda empresa más boyante de Colombia; ella es el emblema de un problema definido por los técnicos como falta de ingresos y es la víctima de una solución negada en nombre de una cultura del no pago, léase pobreza.

“Desconectado” es como se llama a una persona sin servicios públicos domiciliarios. Es, según Empresas Públicas de Medellín (Epm), una persona que no cumple con las obligaciones señaladas en un contrato de condiciones uniformes, contrato que ella desconoce y al cual adhirió como si estuviera en las mismas condiciones del Gerente de las Empresas Públicas de Medellín. Es una persona que no recibe beneficios, ni exenciones, ni consideraciones especiales como sí las gozan algunos que dicen generar empleos.

El desconectado es un asfixiado, un ciudadano ahogado, lanzado a la penumbra y a la sequía, un ninguno que se mueve por las sombras y llega a casa cuando sus acreedores duermen. El desconectado vive de negarse: “no está”, “hoy no viene”, “a mi papá lo trasladaron”, “¿quién lo necesita?”, “llámelo donde la mamá”, “déjele la razón”.

El desconectado enmudece hasta en su propio hogar cuando llega la pregunta demoledora de uno de sus hijos: “¿Papi, por qué nosotros no tenemos agua?”. Y como en la misma canción de Blades, la respuesta la trae el pensamiento: “Porque no todos somos iguales”.

El desconectado pierde la cara, está humillado, no tiene estatura personal, le mocharon su dignidad. No va dónde nadie porque siente pena. Se sumerge en su condición de deudor moroso y también está desconectado del cuerpo social. Es alguien que ya se comió el cuento de que es un infractor y no una victima de la inequidad.

“Desconectado” es la nueva categoría de la indignidad, de los que sufren la capitisdisminución de las empresas prestadoras de servicios públicos. El desconectado como el desplazado carga un estigma, una huella comercial que lo desliga no sólo de los servicios públicos domiciliarios, sino también de la salud y la educación.

La desconexión es la primera ficha del dominó que declina y crea la caída en cascada de los derechos sociales, todo por no haber pagado la factura, por pobre. Una vez desconectada la persona pierde el derecho al reclamo, al crédito, a la atención oportuna, a la identidad, a la honra, al domicilio, al trabajo, al estudio, a la participación. El desconectado es un humillado por el Estado.

Las alternativas ofrecidas por la Administración Municipal son ridículas, además de inocuas y crueles: 1) Desconectar a los dos meses de vencimiento de la factura y no a los tres para evitar una deuda mayor, 2) Desconectar para no promover la “cultura del no pago”, 3) Ofrecer una tarjeta prepago de servicios públicos, que lo conecta al mercado, pero que no lo reconecta con su dignidad ni con la solidaridad.

Medellín tiene un “desconectador” estatal, un jugador como lo llaman en el medio, que ignora el deber de solidaridad y el derecho fundamental a la dignidad de las personas. Un “desconectador” que gasta millonadas para vestirse de Papá Noel y hacerle “regalos” a la ciudad, su dueña, con los dineros públicos y la dignidad de los desconectados. Es un “desconectador” que se legitima con enormes costos en publicidad y una seudo eficiencia que cabalga en el despilfarro; una empresa que compra consenso con pauta publicitaria.

Mientras los desconectados se sumen en la oscuridad, las millonarias utilidades del “desconectador” se van para los grupos financieros con dudosos negocios como la compra de Orbitel, en donde el municipio pagó U.S. 85 millones para “desengüezar” a los grupos Santo Domingo y Sarmiento Angulo de un negocio obsoleto de larga distancia..

(*) Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus


Medellín, 10 de octubre de 2006