el Candil No. 60
Observatorio de derechos y conflicto urbano
Instituto Popular de Capacitación; Medellín, Colombia
www.ipc.org.co, correo: elcandil@gmail.com

¿ALCALDE GOBERNADO?

Por
Rafael Rincón
Analista

Gobernar es ejercer el poder público del Estado. En una democracia se gobierna para alcanzar fines supremos como el respeto a la dignidad de las personas o para satisfacer el bien común definido por las mayorías en la ley.

En una democracia se gobierna representando a los electores y dando participación a los gobernados.

El alcalde Sergio Fajardo se comprometió a gobernar con el compromiso de toda la ciudadanía; así lo consagró en su campaña, en su programa de gobierno y en el plan de desarrollo.

La Cámara Colombiana de la Construcción, regional Antioquia, CAMACOL Antioquia, presentó para la firma del alcalde Sergio Fajardo un proyecto de decreto municipal mediante el cual se crea el Fondo para el Espacio Público. Esta iniciativa pretende reunir los impuestos que los constructores pagan y darles una destinación específica.

CAMACOL Antioquia, está mostrando una práctica gremial descomedida desde la cual ya no sólo trata de hacer una influencia en el gobierno sino de usar al gobernante para que firme sus decretos. Es decir, ya no hace lobby para realizar una presión que conduzca al alcalde a tomar una decisión sino que el gremio se siente con capacidad de gobernar en la materia.

El gremio intenta hacer una manipulación del gobernante. El gremio no somete a debate público su propuesta, sino que aspira a una concesión por decreto municipal.

La construcción es un sector económico y de poder que en nombre de la eficiencia sacó las decisiones públicas de urbanismo de las oficinas de planeación municipal y las trasladó a las cuestionadas curadurías urbanas.

En Medellín si una Junta Administradora Local aspira a un proyecto de infraestructura de cinco millones de pesos, debe agotar un engorroso procedimiento para obtener su aprobación; entre otros pasos debe definir en un Consejo Consultivo las prioridades de inversión de la comunidad.

Sin embargo, CAMACOL aspira a que el alcalde le apruebe un Fondo Especial de doce mil millones de pesos con un decreto redactado por ellos con puntos y comas.

Es de esperar que esta forma de concebir el gobierno y de ejercer el poder desde las juntas directivas de los gremios no sea considerada como una práctica óptima de administración municipal.

Otro ejemplo, de “alcalde gobernado” es el de la transformación de las EEPPM. La fuerza política o económica que hoy controla el grupo empresarial de las EEPPM, por medio de un contratista, le recomienda al alcalde Sergio Fajardo que desprenda telecomunicaciones de las EEPPM y la convierta en una sociedad por acciones. Aunque se afirma y se reafirma que no se privatizará, y esa es la palabra del alcalde Fajardo, los hechos muestran que sí se quieren trastear el gobierno de las telecomunicaciones para otros centros de decisión distintos a la alcaldía y al concejo; centros de decisión gobernados por los fondos privados.

La sociedad por acciones, así tenga el 100% de su capital público, no es una entidad descentralizada del municipio a la luz de la Ley 489 de 1998, norma que regula la organización y el funcionamiento de las entidades públicas. La nueva Unidad Estratégica de Negocios, UEN de telecomunicaciones, no será gobernada por el alcalde ni por el Concejo de la ciudad; además sus actos se regirán totalmente por el Código de Comercio y sus relaciones laborales por el Código Sustantivo del Trabajo.

El municipio no puede tener un alcalde gobernado por los gremios. La ciudad no es sólo el reflejo de la ciudadanía organizada, es también el lugar de los individuos que votan uno a uno, de ciudadanos inorgánicos, de personas no filadas.

La corrupción no sólo se expresa en el peculado y en los delitos contra la administración pública, sino también en los resultados de las presiones indebidas que se ejercen por cabildeo, publicidad o por encuestas.

La participación, la descentralización, la desconcentración, las delegaciones, la corresponsabilidad, la autonomía de los entes descentralizados son banderas de la democracia si están en manos públicas. En manos de intereses particulares son formas camufladas de corrupción, son una captura del Estado.

El mayor patrimonio de la democracia es el carácter público de sus decisiones. No basta con velar por la eficiencia y el buen manejo de los presupuestos públicos; se trata especialmente de defender que las decisiones públicas las tome el gobernante o sus representantes. Se trata de proteger que el gobernante no las endose a particulares.

Las ciudades requieren alcaldes gobernando, es decir ejerciendo el poder público, y no autoridades gobernadas o cediendo el poder de la ciudadanía.

Medellín, 5 de julio de 2005.