el yesQuero

el yesQuero nro. 200

2008-06-17T11:45:00.001-05:00

Un gobierno de Santos no es un Gobierno de fiar

Por
Rafael Rincón Patiño*

Llegó la hora de hacer un alto en el camino en este ejercicio ciudadano de poner en público las opiniones políticas. Hemos querido en 200 números arriesgar una opinión casi siempre incomoda y muchas veces políticamente incorrecta.

En Colombia no hay garantías para pensar, ni para escribir lo que se piensa, mucho menos para criticar y publicar la disidencia en una bitácora digital. Hay quienes creen que la crítica no construye y consideran que es la lisonja y el incienso los que deben reinar.

Inclusive la Casa de Uribe V. insinúa, con manual de estilo, una crítica constructiva para refinar las formas de desplazamiento o las formas de hacer la guerra, o las formas de torturar o de secuestrar o de negar el acceso universal a la justicia.

Hay, también, quienes creen y quieren hacer creer que criticar es fácil, ignorando el costo de este ejercicio en un país armado y orientado hacia el unanimismo por la mentira de los Santos, la desinformación de los medios y la intimidación de los violentos.

La crítica es un ejercicio que más que constructivo tiene que ser responsable. Quién ejerce la critica tiene que estar listo a mostrar sus soportes, que son más argumentativos que documentales; de lo contrario se corre el riesgo de ser de ser denunciado, asesinado, amenazado o condenado con fundamento en un testigo comprado, en un computador blindado, o en el testimonio de un disgustado que ha sufrido la critica. (Aprovecho para sumar mi solidaridad a Alfredo Molano).

el yesQuero ha sido un esfuerzo de tomarse en serio la ciudadanía; más que un ejercicio periodístico ha sido una manera de ser un ciudadano responsable, es una forma de hacer política: opinando y haciendo crítica, especialmente de las acciones abusivas de las autoridades públicas y denunciando los atropellos del paramilitarismo, de la guerrilla, de los grupos económicos y de los medios de comunicación.

el yesQuero se ha ocupado de la gobernabilidad y de los derechos. En su ejercicio ha sido un acérrimo crítico de los gobiernos de Uribe V. y de los excesos de los gobiernos locales. Su misión ha sido la defensa del Estado social de derecho y de los derechos humanos.

No parece que un breve ensayo, como el yesQuero, acabe con un estado de cosas inconstitucional como el desplazamiento forzado, que no es más que la violación integral de todos los derechos humanos —la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha manifestado en Londres que Colombia ocupa hoy el primer lugar en desplazamiento forzado en el mundo—.

A seis años de la Seguridad Democrática Colombia es primera en el mundo en desplazamiento forzado: deshonroso record para Uribe V. y para los Santos. Es que el gobierno de los Santos no es un Gobierno de fiar.

Los cuatro millones de desplazados son la cifra negra que eclipsa la cifra dorada de la disminución de homicidios. Tenemos un país donde la dignidad de los desplazados se tapa con las cifras de los homicidios.

No parece tampoco, que un ensayo crítico cambie el secuestro. Colombia tiene una guerrilla que se cree revolucionaria secuestrando civiles, torturando combatientes y sembrando los campos de minas antipersonales. Deshonrosa revolución la que usa la dignidad humana como medio para negociar y conseguir ventajas militares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tienen secuestrados soldados campesinos desde hace once años en nombre de una revolución que ni sus propios combatientes conocen.

Ojalá llegue pronto la libertad de todos los secuestrados y el paramilitarismo gubernamental deje pelechar a las organizaciones sociales y quienes se proclaman defensores de la ciudadanía en forma de guerrilla o de paramilitares o de Estado Comunitario permitan que ella madure y ejerza el poder y la crítica democráticamente.

A todos los lectores, a los comentaristas, a los mentores, a quienes nos halagaron, o a quienes nos criticaron muchas gracias por su paciencia y por su comprensión.

A los criticados o víctimas de el yesQuero esperamos no haberlos ofendido en su dignidad o haber sido injustos con las chispas, ustedes fueron la yesca, para ellos van nuestras excusas por nuestras faltas.

A quienes nos intimidaron sólo decirles que tenemos la esperanza de que tarde o temprano se abrirán las alamedas, que la justicia llegará y que la vida digna y la libertad serán el fundamento político de nuestra ciudadanía.

El partido no se ha acabado, parece que vamos hacia un tercer tiempo o hacia una final por penaltis, pero para el yesQuero, es hora de salir de la cancha a cambiar de mecha, a tomar oxigeno y a mirar desde las graderías.

Gracias, mil gracias

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 17 de junio de 2008

el yesQuero nro. 199

2008-06-11T19:18:00.000-05:00

Una democracia decente

Por
Rafael Rincón Patiño*

Colombia aspira a una democracia decente, es decir, a una democracia en donde prime el juego limpio, en donde impere la ley y la justicia social.

Un régimen político muy diferente al espectáculo construido por los medios de comunicación, que en Colombia son los medios del poder económico y no del poder político; una democracia muy distinta al escenario configurado por las encuestas de opinión, que son las encuestas del poder económico y no del poder político.

Una democracia decente no es la democracia domada, ni la democracia los caballos. No es la democracia refundada en el cerro de Paramillo por el narcotráfico y el paramilitarismo, la de los pactos ocultos, la de las dádivas y contraprestaciones ilícitas, la democracia de la reelección comprada. La democracia por cohecho.

Colombia urge una democracia del sujeto político y no de la cosa política. Para el poder económico el sujeto político es un consumidor y la política es una cosa detestable. Una democracia en donde la política tenga valor y no sea banalizada, tratada como guión de farándula, sino como el ejercicio del poder público en todas sus dimensiones.

La reforma política que requiere Colombia es aquella en donde la política se libere del poder económico, o donde la política controle la economía y no al revés. No es la reforma política producida por notables, como si el problema fuera de sapiencia y no de consenso político.

El hundimiento de la reforma política que quería limpiar las curules de los parapolíticos, es un hundimiento que el poder económico quiere y disfruta. La consigna es: no hay que cerrar el Congreso de la República porque él se cierra sólo. Las leyes, el derecho son una cortapisa a la “libertad” y al poder de quienes viven de la desregulación.

La anomia es el paraíso de los más fuertes. La desregulación y la no regulación es la conducta legislativa deseada por el poder económico. El poder presidencial busca un Congreso de bolsillo llamado Comisión de Notables, busca una Corte de bolsillo a la que le pondrá un sustantivo pomposo con el adjetivo democrático para remplazar un Congreso, para mantener la formalidad de un legislativo inexistente.

El poder económico disfruta la parapolítica y la yidispolítica porque enervan el poder político. Sus noticieros registran con lupa todos los hechos políticos desacertados y minimizan las relaciones criminales de los conglomerados económicos con los paramilitares, como en la zona de Urabá. El testimonio de Salvatore Mancuso es creíble si va dirigido a un político, pero es dudoso si relaciona a los empresarios de la muerte.

Colombia tiene una democracia desplazada. La reforma política no pasará por el Congreso de la República porque el presidente Uribe V. y el poder económico que él representa así lo quieren.

Una reforma política en Colombia debe ser, como lo fue el proceso constituyente, un gran proceso social y político en donde todos los concejos municipales y las asambleas departamentales tramiten una iniciativa legislativa que corone una solución.

Medellín, 11 de junio de 2008

* Director de la Oficina háBeas Corpus

el yesQuero nro. 198

2008-06-04T09:58:00.000-05:00

El Presidente no tiene quien lo juzgue

Por
Rafael Rincón Patiño*

Algunos de los congresistas implicados en la llamada parapolítica —mezcla criminal de la política con el narcotráfico y el paramilitarismo— reclaman el principio de la doble instancia como garantía constitucional para su derecho de defensa. Aparentemente tienen razón, la segunda instancia hace parte del debido proceso y es un componente sustancial del derecho de defensa.

La regla general es que todos los procesos judiciales son de doble instancia. Los procesos penales del presidente y de los congresistas son procesos de única instancia, son excepciones constitucionales al principio de la doble instancia, es decir, en ellos no existe la posibilidad de apelar la sentencia.

A los congresistas los juzga la Corte Suprema de Justicia en virtud de su fuero y al Presidente lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Los procesos de única instancia se consagran por razones de economía procesal y por razones de moralidad pública, no existen razones discriminatorias o pretensiones de violar el derecho a la igualdad en su consagración. Estas excepciones las señala el constituyente primario o las prescribe el legislador.

Frente a errores judiciales en estos procesos de única instancia caben las acciones de revisión, el recurso extraordinario de casación o las acciones de tutela con miras a lograr una recta administración de justicia o corregir las iniquidades que surjan.

La doble instancia no es la única forma de lograr una recta administración de justicia y, es más, la doble instancia no hace parte del núcleo del derecho fundamental al debido proceso. La Constitución Política de 1991 (Art. 31) deja a la ley, al Congreso de la República la facultad de señalar los procesos de única instancia.

Los congresistas que renuncian a su fuero para ser juzgados como particulares por la Fiscalía General de la Nación tienen derecho al debido proceso, pero lo que están haciendo, en nombre de la búsqueda de una garantía procesal, es evadir la acción de la justicia.

Los congresistas que renuncia al fuero son prófugos de la justicia, son congresistas que se sienten más cercanos al ex viceministro de justicia Mario Iguarán que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, enemistado con el presidente Uribe V. Los congresistas desaforados quieren que la justicia sea subjetiva, no quieren estar en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los intimida la independencia y la imparcialidad, se sienten con más confianza en manos de un ex miembro del poder ejecutivo. Son reos que manipulan el poder.

Es decir, los ex congresistas no buscan garantías judiciales, buscan seguridad “democrática”, buscan la sombra del poder ejecutivo para salir airosos de sus gravísimos cargos de concierto para delinquir.

Pero, ante esta fuga procesal, la tortilla se puede voltear y pedir, en consecuencia, una segunda instancia para el presidente Uribe V., en el caso del proceso que por cohecho ha iniciado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Con certeza el presidente Uribe V., al contrario de los congresistas, se siente más seguro, “democráticamente” hablando, con su proceso de única instancia en la Cámara de Representantes. Siendo coherente, y si lo que los parapolíticos buscan es garantías y no seguridad democrática el Presidente de la República debería tener una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia o en una alta Corte del Estado.

El juez natural del Presidente debería ser la Corte Suprema de Justicia y no la Cámara de Representantes.

Lejos estará el interés del presidente Uribe V. de gozar de una garantía de doble instancia en un proceso penal en donde es juzgado por sus subordinados. Ningún Presidente de Colombia renunciará a su fuero, ni va a reclamar la garantía universal de impugnación mientras esté siendo juzgado por una instancia política sometida a sus decisiones administrativas.

En Colombia el Presidente no tiene quien lo juzgue. Los presidentes son felices e inocentes con los errores de sus jueces de primera instancia.

Ni Belisario Betancur con su Karma del Palacio de Justicia, ni Ernesto Samper con el proceso 8000, ni Uribe V. con la parapolítica y la Yidispolítica verán una sentencia condenatoria gracias a su fuero de ser juzgados en procesos de única instancia.

* Director de háBeas Corpus.

Medellín, 4 de junio de 2008

el yesQuero nro. 197

2008-05-29T11:08:00.000-05:00

Las Cortes no le copian al Presidente

Por
Rafael Rincón Patiño*

Mientras que la ex representante a la Cámara Yidis Medina “pecó por la paga” —recibió prebendas burocráticas por su voto favorable a la reelección presidencial— y confesó ante la Corte Suprema de Justicia su delito de cohecho, el ex congresista Teodolindo Avendaño manifiesta que él recibió dinero de Yidis Medina pero, dice en su coartada, a título de préstamo para su campaña política.

El senador Teodolindo Avendaño fue quien, extrañamente, se ausentó en el momento de la votación de la reelección presidencial, al parecer comprado por los dineros, las prebendas y las promesas oficiales.

Yidis y Teodolindo hicieron de lo lindo en el 2004 cuando sus humildes votos se volvieron oro y pasaron a ser el botín más preciado del Estado colombiano. Yidis y Teodolindo son el símbolo del acto constituyente del 2004 en el cual un “articulito” de la Constitución fue modificado para dar paso a la reelección inmediata. Una reelección en donde el autor se benefició directamente del cambio de las reglas de juego.

El cohecho parece ser la conducta que simboliza los comportamientos del poder ejecutivo. ¿A qué llama el presidente Uribe V. al Fiscal General de la Nación, o para qué llama al presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será para que cumplan con su deber o para moverlos a “retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales?

En estos dos casos parece que la Fiscalía General le “copia” a pedazos al presidente Uribe V., pero la Corte Suprema de Justicia no le “copia” al presidente.

El presidente con sus llamadas telefónicas y con sus intervenciones públicas realiza una injerencia indebida en la administración de justicia. Su conducta en estos casos vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la justicia. Las altas Cortes ya se han pronunciado frente a estos desafueros del ejecutivo que ya no sólo están en boca del Presidente sino también del Ministro de Interior y de la Justicia.

Ahora que se inicia la investigación por cohecho en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el presidente deberá abstenerse de sus llamadas telefónicas y de los desayunos y almuerzos de trabajo en la Casa de Nariño con los miembros de esta comisión.

El presidente debe contar con todas las garantías constitucionales y legales para su defensa, excepto las garantías y prebendas que da el cohecho para la defensa de los propios intereses.

¿Qué pasaría si al presidente lo investigará la Corte Suprema de Justicia? Sería juzgado con el debido proceso y sin consideraciones a su investidura presidencial, como un ciudadano. No ocurre lo mismo en la Comisión de Acusaciones en donde los jueces naturales, sus congresistas, los congresistas del partido de la U, estarán juzgando a su admirado jefe político.

¿Será que el presidente le va a pedir “objetividad” a sus jueces naturales de la misma manera que lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia desde el momento en que empezaron a procesar a su primo y mentor político Mario Uribe Escobar?

Como están las cosas el Presidente de Colombia no tiene quien lo juzgue: la Corte Suprema de Justicia no es objetiva según el Presidente y la Comisión de Acusaciones está impedida por amistad política.

Es decir, el Presidente es un cuerpo glorioso, está más allá del bien y del mal. Sería bueno reformar un articulito para deshacer semejante entuerto de impunidad.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 28 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 196

2008-05-21T00:43:00.000-05:00

La Constitución de Yidis

Por
Rafael Rincón Patiño*

La parapolítica en Colombia es producto de la Constitución de Paramillo o acuerdo entre paramilitares, narcotraficantes y políticos para refundar el país. Por este acuerdo hay más de 60 congresistas procesados penalmente por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector.

Ellos trastrocaron la voluntad popular, tergiversaron la democracia representativa en Colombia. La viciaron con la violencia y con el engaño. Por lo menos un 35 por ciento de los congresistas llegó mal llegado y fue aliado de un gobierno que se valió de ellos “hasta tanto no estuvieran en la cárcel”. El gobierno veía a los congresistas acusados, pero no se los imaginaba en la cárcel. Igual le debe estar pasando con los ministros hoy en tela de juicio.

La Constitución de Paramillo, producto de los acuerdos de Santafé de Ralito, ha sido modificada por el Acto Legislativo nro. 02 de 2004 que establece la reelección inmediata del presidente de la República. El Acto Legislativo nro. 02, que fue producto de la compra e intimidación del voto de la congresista Yidis Medina por el poder ejecutivo, es nada más y nada menos el fundamento de la “Constitución de Yidis”.

La Constitución de Yidis es una forma de corrupción en donde “el que paga” por la peca obtiene las mayores ventajas: consigue el poder político, el poder de decisión. Mientras que el que peca por la paga, el pecador, es un simple usufructuario de provincia, un beneficiario hambriento de una ínfima porción económica del poder: un cargo burocrático para un familiar, o un contrato leonino para compensar su apoyo.

El poder ejecutivo dirigido por Uribe V. es el constituyente del 2004, es el que institucionalizó la “paga por la peca”; es el poder de ellos, el poder del ex ministro del interior y de justicia Sabas Pretelt de la Vega y del ministro de protección social Diego Palacio Betancourt, más el propio presidente Uribe V., ellos son los autores de la de la reelección.

Coadyuvaron el titular de la curul, el conservador Iván Díaz Mateus, quien tiene orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, y el congresista Teodolindo Avendaño, también capturado por su ausentismo premiado.

En justa lógica vienen las detenciones de Sabas Pretelt de la Vega y de Diego Palacio Betancourt, ex ministros implicados por Yidis Medina como los que pagaron o promovieron la paga por la peca. Ex ministros a quienes vimos en el Congreso atajando senadores para la votación de la reelección.

O puede seguir la línea menos deseada, pero muy probables de la desobediencia civil del ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia. La excusa para tomar distancia del imperio de la ley. Aquella línea que propusieron, en su momento los ex senadores Mario Uribe Escobar y Ciro Ramírez Pinzón, para desconocer el fallo de la Corte Constitucional si salía desfavorable a la reelección. Una línea que forzó a la Corte Constitucional a torcerle el pescuezo a un fallo de inexequibilidad.

En sana critica lo que la Corte Suprema de Justicia está haciendo hoy es remendar la flaqueza de la Corte Constitucional en el año 2004. El valor de la Corte Suprema de Justicia de hoy fue el que le falto a Manuel José Cepeda y sus compañeros en el fallo de exequibilidad del Acto Legislativo nro. 02 de 2004.

Es muy posible que estemos ad portas de la subversión del gobierno a las instituciones, en particular a las altas cortes. El 84 por ciento de los mil consultados por las encuestas particulares, puede servir para decir que la legitimidad es del gobierno y que un puñado de jueces no pueden poner entre palos a una administración que ha conseguido la “paz” y la seguridad “democrática”.

Es muy posible que surja la licencia para la corrupción, o los fueros de corrupción para los ministros, bajo el argumento del mal menor.

Vale la pena recordar la reprobada respuesta de Samuel Moreno al ex alcalde Antanas Mockus si él compraría conciencias para salvar a Bogotá. El hoy alcalde dijo que si le tocaba las compraría para salvar la ciudad de un mal mayor. La muy cuestionada respuesta será un argumento para los rebeldes gubernamentales. La deben estar pensando.

Es posible que confiesen su falta, que la reconozcan como un mal menor para salvar al país de un mal mayor que después fue bautizada como hecatombe.

Es probable que la Constitución de Yidis Medina o Constitución de la reelección inmediata tenga vigencia hasta el año 2014 cuando surgirá otra Constitución para Uribe V. que se conocerá como la Constitución de Tomás o la Constitución de Jerónimo o la Constitución de Lina o la de Mario.

La Constitución de Yidis es la Constitución del poder real, de quienes gobiernan, la Constitución de 1991 es la Constitución del poder formal, la del Estado Social de derecho.
Y así se irá Colombia de Constitución en Constitución hasta la refundación nacional.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 20 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 195

2008-05-14T10:40:00.002-05:00

Los inamovibles extraditados

Por
Rafael Rincón Patiño*

La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional entre Estados mediante el cual uno de ellos entrega a otro los presuntos autores de un delito para que sean procesados penalmente. La extradición de nacionales es excepcional y en la mayoría de los casos es rechazada e impugnada.

En Colombia la extradición de nacionales estuvo prohibida por la Constitución Política de 1991, pero fue revivida en un tratado con EE. UU. para casos de narcotráfico en los cuales fueran requeridos nacionales por la justicia norteamericana y sólo para ser juzgados por los delitos de narcotráfico. Posteriormente la Ley 906 de 2005 dejo la oferta o concesión de la extradición como una competencia facultativa del presidente de la República, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia.

Los gobiernos colombianos anteriores a Uribe V. promovieron una política de extradición en términos excepcionales limitando este mecanismo de cooperación a quienes no se sometieran a la justicia colombiana y aplicada a los irreductibles capos del narcotráfico. Fue un mecanismo excepcional al que se le temía y se le combatía por los grandes capos que llegaron a expresar su preferencia por una tumba en Colombia a una cárcel en EE. UU.

En el Gobierno de la seguridad democrática la extradición perdió su carácter excepcional, debilitó su carácter de cooperación judicial, la facultad discrecional se convirtió en arma política. Cerca de 600 colombianos han sido remitidos a la justicia norteamericana para que sean procesados por narcotráfico, incluidos opositores políticos armados que están relacionados con los “impuestos” al tráfico de drogas.

El Gobierno de Colombia se abstuvo de aplicar esta política a los ex jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y generó una política criminal blanda con la Ley 975 de 2005, que fue ajustada por la Corte Constitucional en lo relacionado con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo.

Los resultados de la no extradición de paramilitares o de su juzgamiento por la Jurisdicción de Paz fueron nulos en términos de sentencias condenatorias. Si hubo posibilidad de hallar un número significativo de fosas comunes, de esclarecer hechos y de obtener versiones que comprometieron a políticos, militares y empresarios con el paramilitarismo y con los crímenes de lesa humanidad como secuestros, homicidios y masacres. Una esperanza mínima surgió.

La política de extradición del Gobierno de Colombia convirtió en excepcional la justicia colombiana, una suerte de justicia suplementaria, una justicia arrinconada. Pareciera que el Gobierno Nacional le diera más importancia al delito de narcotráfico que a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el paramilitarismo. Pareciera que no importaran los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se siente en las extradiciones un afán del ejecutivo por halagar al Gobierno norteamericano.

El Gobierno colombiano no dio prioridad al juzgamiento de los ex comandantes paramilitares ni por la vía de la jurisdicción de Justicia y Paz y menos por la vía de la Jurisdicción Ordinaria. Ninguna de las dos jurisdicciones fueron fortalecidas en la medida en que lo exigía el reto.

La gota que derramó la copa para la extradición de los inamovibles ex jefes paramilitares está relacionada con el enfrentamiento del presidente Uribe V. con las altas cortes y el descubrimiento de nuevos hechos criminales que comprometen a los aliados políticos del Presidente con las violaciones a los derechos humanos (Denuncias de Salvatore Mancuso sobre la participación de las empresas bananeras de Urabá, norte de Antioquia, con el paramilitarismo).

Los inamovibles del paramilitarismo fueron extraditados no por sus fechorías emergentes sino por las necesidades de relegitimación del régimen de Uribe V., la necesidad de una segunda reelección presidencial, la necesidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para deslegitimar a la justicia colombiana y para ocultar la verdad. Estos fueron los altos intereses de la patria determinantes de la súbita extradición en grupo.

La extradición de los inamovibles es el resultado del cálculo político y no de la urgencia e importancia de la verdad. Pareciera que el presidente Uribe V. considerara la verdad como enemiga de la paz, a la justicia como un obstáculo de la seguridad. Como que la verdad no es conveniente. Para la seguridad democrática solo es conveniente una pizca de verdad.

Las causas no expresas de la extradición de los inamovibles a EE. UU. (Reelección, TLC, evadir la justicia colombiana, burlar los derechos de las víctimas, colisión de poderes, fracaso de la Ley 975 de 2005, proteger a los parapolíticos) pusieron de manifiesto las prioridades del Gobierno de Uribe V. Primero, la reelección, lo demás son medios.

¿Por qué el Gobierno de Colombia no le exige resultados a EE. UU. en el control al consumo de drogas?

Si la política antinarcóticos y la guerra contra el terrorismo es un problema internacional por qué Colombia sólo se la exige a Ecuador y Venezuela? ¿Dónde están los resultados del Gobierno Bush? Acaso la demanda de droga —que oxigena la violencia en Colombia— no es la que determina la oferta de la misma. Son los consumidores estadounidenses responsables de la violencia en Colombia.

Los jueces norteamericanos procesaran en sus respectivas cortes a los ex comandantes paramilitares por los delitos del narcotráfico en los términos del tratado de extradición. Pero, ¿a sabiendas de la existencia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra juzgaran a los extraditados por estos crímenes? ¿Serán garantes de los derechos de las víctimas?

Parece que no, pero sí lo pueden hacer. Simón Trinidad fue condenado a 60 años de prisión por conspirar para secuestrar a tres norteamericanos y no sólo por el delito de narcotráfico.

La justicia norteamericana es muy distinta de la española o de la justicia belga en donde sí se ha presentado el juzgamiento de extranjeros por crímenes de guerra cometidos en otros países. La justicia norteamericana no se ha globalizado y sólo actúa si están comprometidos sus nacionales.

La seguridad democrática debe sus resultados de menos homicidios a la “desmovilización” de los jefes paramilitares, la extradición de ellos significa la ruptura con ellos, desconocerlos como artífices de la política de seguridad democrática. El presidente quiere poner a prueba su 84% de aceptación, quiere demostrarle al país que será reelecto sin las palancas anteriores.

La segunda reelección será para probar los resultados del método torcido de alianzas oscuras para luchar contra el crimen organizado. Si se mantienen los resultados quedará blanqueado el modelo que emergió de la Constitución de Paramillo, y si no se conserva, Colombia tendrá que cambiar los papeles y no certificar a los EE. UU. por los altos consumos de droga.

La neutralización de los inamovibles del paramilitarismo produjo la reducción de los homicidios en Colombia, éxito proclamado de la seguridad democrática; la extradición de ellos no acabará con el paramilitarismo, ni con la guerrilla ni tampoco acabará con el narcotráfico si el mercado norteamericano continúa impavido.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 14 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 194

2008-05-07T11:44:00.000-05:00

La objetividad de la justicia

Por
Rafael Rincón Patiño*

Del poder judicial se predica la imparcialidad, la independencia, la gratuidad, su carácter público, su apego a la ley, la pronta y cumplida justicia (Arts. 228 a 230 de la Constitución Política); no obstante, el presidente Uribe V. le ha pedido a las altas Cortes que obren con “objetividad”.

¿Qué será la objetividad? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué el Gobierno no le demanda independencia a la Corte sino objetividad?

La objetividad es un valor que se pide a la prensa, especialmente a la información, pero pocas veces a la justicia. Cuando se exige objetividad a los medios de comunicación el objeto son los hechos, lo que se pide entonces es informar los hechos, comunicar los hechos.

Quizás lo más claro que tiene el expediente de la parapolítica son los hechos. Las fosas comunes, las masacres, las desapariciones forzadas, las violaciones, el dolor, las extorsiones, los desplazados se apuntalan en documentos, confesiones, versiones, testimonios e indicios. Y, el más tozudo de los hechos —los distritos electorales del narcotráfico— es el resultado atípico de las elecciones al Congreso en los años 2002 y 2006, el hecho que falseó la representación política en Colombia es la ficha que ha estado derrumbando el dominó del poder espurio en Colombia. Lo más objetivo es lo que no quiere ver el presidente Uribe V.

Lo que el Gobierno debiera pedir a la Corte Suprema de Justicia no es objetividad, por ser ésta una cualidad extraña al poder judicial, lo que debe establecer la Corte, con relación a los procesados por parapolítica, es el grado de responsabilidad de los implicados. La mayoría están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir, pero la responsabilidad no va a ser igual, ahí lo que importa es la subjetividad y no la objetividad, no se trata de hacer joche con todos los marranos. El primo del presidente Uribe V. responderá de manera muy distinta a como lo harán los ex congresistas Luis Fernando Velasco o Rocío Arias o Rubén Darío Quintero.

Llegó la hora de saber por qué estuvieron en el lugar equivocado, con qué intereses, quiénes querían refundar a Colombia, quiénes son los constituyentes de Paramillo, quiénes querían votos, quiénes dinero, quiénes dinero y votos, quiénes fueron obligados, quiénes estaban equivocados, quiénes fueron participes como cómplices y quiénes como determinadores.

Pedirle a la Corte objetividad es pedirle que se aparte de su jurisprudencia, de su doctrina, de su teoría constitucional, de su forma de pensar y de fallar, que actúe con prescindencia de los móviles de los sujetos, que se aparte de las causas. Urge la verdad de los ex congresistas no sólo implicando a otros sino su verdad, la de por qué se metieron en la empresa del paramilitarismo que tiene a cuatro millones de colombianos desplazados, errando de norte a sur.

El presidente que alguna vez dijo estar cargado de tigre, el que múltiples veces ha dicho que es un combatiente, el que reta a sus opositores, el de los adjetivos, el presidente brioso e indómito está pidiendo objetividad. Quiere un poder judicial a sus pies y por eso intenta crear uno a su medida, una Corte Ad hoc, una justicia ad Uribe.

El reclamo de “objetividad” deja en claro la idea de justicia que tiene el ejecutivo. Tiene una representación de justicia iusnaturalista, de justicia universal, de la que Aristóteles llamó justicia objetiva, aquella justicia que habla de lo mismo para todos, la de todos en la cama o todos en el suelo, una justicia sin historia, una justicia gloriosa.

¿Será que el Gobierno quiere pescar en río revuelto, y cree que si la Corte Suprema de Justicia absuelve a uno tiene que absolver a todos, que así como implicó al ex senador Mario Uribe Escobar, así también lo tiene que exonerar cuando exima a otros?

Hace mucho tiempo se ha dicho que la mayor injusticia es tratar por igual a los desiguales. Si pedir objetividad es que los salpicados de la parapolítica salven a los determinadores del paramilitarismo, el objeto de la “objetividad” de la justicia del presidente Uribe V. es la impunidad.

Es muy posible que al Gobierno le parezca “objetiva” la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que revocó la sentencia de tutela que frenó la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hacia EE. UU., y que amparaba los derechos de las víctimas. Fue “objetiva” porque dejo impune sus delitos en Colombia. La reparación será un calvario más para las víctimas, ahora también víctimas de la objetividad presidencial.

Pero, la objetividad que demanda el ejecutivo a los otros poderes no se aplica en la Casa de Nariño. El Gobierno no obra con objetividad cuando, por decreto presidencial, quiere definir los beneficiarios de la Ley 975 de 2005. Será pues el libre arbitrio, la discreción del Presidente o la del Alto Comisionado para la Paz, quien señale los sujetos de la objetividad, es decir, de la impunidad. ¿A cambio de qué? ¿De otra reelección?

Es muy grave que el Presidente le pida objetividad a la Corte, es tan grave como si la Corte en pleno y antes de emitir su concepto sobre una extradición le pidiera objetividad al presidente. Bastante raro que quien extradita, o califica a sus adversarios de terroristas sin un juicio previo, le pida a la Corte Suprema de Justicia que obre con objetividad.

Letal mensaje el de la objetividad que quiere evitar la diversidad de criterios en la justicia para conseguir una justicia objetiva y uniforme, esa justicia que es nada más y nada menos que la justicia de las minorías pudientes, la justicia de los bien nacidos, la justicia de la impunidad.

La justicia “objetiva” es la justicia del poder ejecutivo que pretende todo el poder estatal y desconoce que la legitimidad del poder público radica en el juego de frenos y contrapesos de los poderes públicos.

La legitimidad de la justicia no radica en las mayorías, ni en las encuestas, ni en la popularidad, ni en la objetividad. Es el imperio de la ley, es su independencia la que la legitima y no la objetividad presidencial vía llamadas telefónicas como lo acaba de hacer el Consejo Superior de la Judicatura.

* Director de la Oficina háBeas Corpus

Medellín, 7 de mayo de 2008

el yesQuero nro. 193

2008-04-30T00:23:00.001-05:00

La hecatombe soy yo*

Por
Rafael Rincón Patiño**

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí.
Juan 14: 6

El poder ejecutivo en Colombia no es legítimo sino legitimado, es el resultado de una compleja trama de combinaciones —forzadas y manipuladas— de obediencia y legitimación. El poder legítimo en una democracia es producto del consenso, del acuerdo libre y mayoritario de los ciudadanos en torno al Estado como forma de organización regulada y de ejercicio del poder.

Estado legítimo es el que logra convertir de manera libre y deliberada la obediencia en adhesión a la ley y a los fines del Estado. Pero, se confunde, muchas veces, lo legítimo con la aceptación promovida en la opinión pública, o con la popularidad y en virtud de estas confusiones no es extraño ver como se enerva la legitimidad de un juez que falla conforme a la ley pero en contra del querer del gobierno popular.

La legitimación del régimen político colombiano es producto de acciones coordinadas de manipulación y fuerza. La manipulación directa de la obediencia se revela en favores políticos —casos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en Colombia—, las recompensas económicas, la asistencia estatal (Programa Familias en Acción), el clientelismo, los llamados a defender los altos valores de la patria (fidelidad a Colombia) y la “venta de humo” o entrega de honores inmerecidos (Por ejemplo la Cruz de Boyacá al ex Fiscal Luis Camilo Osorio y luego la embajada en México).

La manipulación de la obediencia también está mediada por encuestadores y empresas de comunicación estratégica que publican y ensalzan las cimas del gobernante y esconden sus valles y desaciertos. Ellas hacen que la mentira sea verdad, que la parapolítica sea un affaire como lo es el nacimiento de un hijo de Madonna o de Brad Pitts, o que la política sea la cosa política y la economía sea el sujeto político del Estado.

Así, la visita del presidente Uribe V. a México fue un éxito diplomático según Caracol Radio mientras que en los medios periodísticos mexicanos fue una ofensa y un abuso contra el pueblo mexicano. O la captura del primo del Presidente, Mario Uribe Escobar, según el periódico El Tiempo solo calentó el ambiente político, mientras que los diarios más influyentes del mundo registraban la captura y la frustrada fuga de un familiar y mentor político del presidente de Colombia.

La televisión es el instrumento ideológico más fuerte de manipulación de la obediencia y de construcción del consenso, ella no duda en registrar al presidente de un Estado laico con la señal de la Santa Cruz, o repitiendo con tono impostor y en diminutivos el dolor de patria que siente por la aprehensión de sus copartidarios por parte de los magistrados no objetivos de las Cortes.

El Jefe de Estado no rodea a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla cabalmente su misión constitucional, al contrario se siente sitiado por ella. El presidente Uribe V. no respeta la Corte Suprema de Justicia, la ocupa militarmente para conseguir su obediencia. El presidente de la seguridad democrática, se siente inseguro en la Corte Suprema de Justicia, a dos cuadras de la Casa de Nariño.

Las altas cortes de justicia en Colombia luchan por su independencia y dignidad, son el último reducto de decencia del Estado colombiano a contrapelo del poder presidencial que las azuza, las intimida, las amenaza y descalifica.

Por su parte la jerarquía eclesiástica, la de Monseñor Pedro Rubiano, bendice los desafueros del Presidente y no se inmuta con los homicidios pagados desde el Gobierno ni con las manos desmembradas de las ovejas descarriadas. El Gobierno reelegido no es legítimo pero es bendito, es un gobierno santo y bienaventurado, caído del cielo, es una obra de Dios.

Otra forma de conseguir la obediencia es con las amplias facultades discrecionales del ejecutivo. La Ley 975 de 2005, publicada como Ley de Justicia y Paz, da facultades de Príncipe al Presidente para conceder libertades a su antojo, que sumadas a la facultad discrecional de extraditar o no extraditar lo convierten en un manipulador central de la obediencia. El Presidente puede disponer de la libertad de uno de los que él llama terroristas (Rodrigo Granda de las Farc) para darle gusto al Presidente francés, o puede omitir la extradición de un extraditable según su leal saber y entender.

La manipulación de la obediencia más usada ha sido la de que el Gobierno es bueno porque las Farc son malas. El maniqueísmo (buenos y malos), el mal menor y el fin justifica los medios han sido la plataforma ideológica de la seguridad democrática. Las Farc, quizás muy a su pesar, son un soporte de la obediencia al régimen. Ellas son el factor de poder más funcional de la seguridad democrática. Que sería de Uribe V. sin las Farc.

Pero no basta con la manipulación de la obediencia, es necesario la fuerza y la coacción de ella para obtener el consenso. El poder del Estado colombiano ha cohabitado con poderes salvajes de muy diversas formas.

No sólo con el narcotráfico (Proceso 8000), también con el paramilitarismo, la guerrilla y la mafias de la corrupción. En algunos casos bajo la figura de la connivencia (hagámonos pacito), en otros casos bajo la figura de la complicidad y la cooperación (paramilitarismo), otras bajo la forma de la parapolítica (usted pone la plata y los votos y yo pongo las leyes).

La obediencia al régimen ha sido conseguida bajo la combinación de todas las formas de lucha. La obediencia también está relacionada con el poder del caudillo. No existe un Estado fuerte sino un hombre fuerte, un poder carismático militarizado.

El poder personal tiene el problema clásico del caudillismo, es un poder fundado en atributos personales, en un mesianismo, y en la fuerza legal e ilegal. La reelección se ve como la única forma de continuidad. El poder personal no genera forma de transmisión del poder. Un presidente así está condenado a ser el Presidente, a ser Jefe de la bancada legislativa y a ser juez de los jueces pidiéndoles objetividad o intimidándolo con una ocupación militar.

Después de Uribe V. no puede seguir Rodriguez, Jaramillo o Manjares. Cuando la obediencia está domada, después de Uribe V. sólo sigue otro Uribe o un “Uribito”. Se requiere un sacrificio solemne y masivo para un tercer periodo, urge una hecatombe.

Todo el poder en uno, el dueño del problema y de la solución. Parodiando el evangelio de San Juan el presidente Uribe V. es la hecatombe, la reelección y el remedio, nadie va a la presidencia sino por él.

* Frase usada el 6 de marzo por estudiantes en la marcha de solidaridad con las víctimas del paramilitarismo.
** Director de la Oficina háBeas Corpus.

Medellín, 29 de abril de 2

el yesQuero nro. 192

2008-04-22T19:17:00.003-05:00

Un gobierno pirata

Por
Rafael Rincón Patiño*

La reelección presidencial en Colombia no existía en la Constitución Política de 1991, fue introducida, de manera ilegítima, con el tráfico de influencias y la compra de conciencias mediante el Acto Legislativo Nro. 02 de 2004. La congresista Yidis Medina, entrevistada por el periodista Daniel Coronell (08/08/2004), confirmó que su voto a favor de la reelección fue resultado de una acción torcida y maquiavélica que compromete a altos funcionarios del poder ejecutivo con el delito de cohecho.

La reelección presidencial es hija de la corrupción, es una figura constitucional mal habida, producto de una concepción ilegal, es un engendro constitucional. No sólo fue la congresista Yidis Medina la que recibió promesas burocráticas, fueron muchos los congresistas que accedieron a cuotas diplomáticas a cambio de sus votos a favor de la reelección presidencial inmediata.

El Acto Legislativo de la reelección fue promovido por el presidente Uribe V., que según las encuestas de opinión es el presidente más popular que ha tenido Colombia; la última encuesta habla de un 84% de aceptación.

Pero legitimidad y popularidad no siempre van de la mano. Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, está viviendo hoy las consecuencias de su popular accionar y de los ilícitos resultados de su quehacer presidencial. También Fujimori compró congresistas, también gozó popularidad y ahora preso atiende los llamados de la justicia.

La legitimidad es algo bastante distinto a la popularidad. La legitimidad no se consigue con encuestas contratadas, ni con cargos burocráticos. Se mide por su correspondencia con la ley, su coherencia con la justicia. El molde de un Estado de Derecho es la Constitución y a la Ley.

Cuando el presidente Uribe V. le pide a la Corte Suprema de Justicia objetividad en el desarrollo de las investigaciones por la parapolítica, lo que está haciendo es una intromisión en la justicia, está tratando de desequilibrar a la justicia, está vulnerando el principio de imparcialidad de la justicia y el principio de separación de los poderes. O cuando el Presidente cuestiona la decisión de un juez de tutela que impide la extradición de un paramilitar a EE. UU. (Caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco) está quebrantando el principio de independencia de la justicia. O cuando el Presidente denuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia, por injuria y calumnia (18/01/2008) en momentos en que su copartidario y primo el senador Mario Uribe Escobar, es llamado por la Corte Suprema de Justicia, está obstaculizando la justicia y atentando contra su autonomía.

Al lado de la popularidad del presidente Uribe V. está la altísima corrupción e ilegitimidad del Estado Colombiano.

El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, de Transparencia Internacional, TI, en el año 2007 califica a Colombia con 3.8 y la sitúa a en el puesto 68 entre 177 países en donde Nueva Zelanda ocupa el primer lugar y Myanmar el último.

La revista Foreign Policy y la Fundación para la Paz en su ranquin de Estados fallidos (3ª. versión, 2007) sitúa a Colombia en el puesto 33 entre 177 Estados, en donde Sudan, primer puesto, es el Estado más vulnerable, el Estado más débil y Noruega es el Estado más legítimo. Esta medición se realiza con fundamento en doce indicadores.

Uno de los doce indicadores empleados en la elaboración del ranquin de Estados fallidos es el del desplazamiento forzado en donde Colombia ocupa el segundo lugar después de Sudán (Colombia tiene cuatro millones de desplazados frente a los 5.8 millones de Sudán). Otro de los indicadores es el de deslegitimación del Estado en donde Colombia está en el puesto 46 y otro indicador más es el de derechos humanos en donde Colombia es el 47.

Treinta y dos congresistas en la cárcel por nexos con el narcotráfico y paramilitares, el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la cárcel por paramilitarismo (Concierto para delinquir) y centenares de concejales y alcaldes procesados por el mismo delito.

La ilegitimidad es más palpable en el Congreso, pero tiene presencia en muchas instancias del Estado según el testigo estrella de la parapolítica, el ex director de informática del DAS, Rafael García Torres.

El Presidente de Colombia se niega a fortalecer la justicia y por el contrario es motivo de orgullo personal haber extraditado cerca de 600 personas a EE. UU. Exhibe la extradición como una fortaleza cuando la injerencia externa es uno de los indicadores de debilidad. El Presidente tiene una elevada discrecionalidad en esta competencia de extraditar: es así como ha omitido la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de “los fuertes” y ha sido muy diligente con otros de menor peso o categoría.

Colombia intenta superar todas estas crudas realidades expresadas en oscuros y desalentadores indicadores con la simpatía y aceptación en la opinión pública del presidente Uribe V. Las encuestas y los medios de comunicación trabajan de manera coordinada para destacar los puntos altos de la figura presidencial y ocultar el gobierno pirata.

El Estado de la llamada Seguridad Democrática es el Estado del fin justifica los medios, es el Estado del mal menor, en un Estado lejos del imperio de la ley, es el Estado del caudillo. Como Estado de Derecho es un Estado fallido. El Estado de menos homicidios no es el Estado de más justicia. El Estado de las recompensas no es el Estado en donde los ciudadanos adhieren deliberadamente a la ley. El Estado del Plan Colombia es el Estado que depende de las directrices del gobierno de Washington, ese no es el Estado soberano que predica la Constitución de 1991.

Se acude a la pasión para encubrir la razón y los hechos. “Colombia es pasión” es la plataforma emocional del caudillo que tiene un poncho, alegoría del paramilitarismo, sobre sus hombros y un parche negro en su ojo izquierdo como alegoría de su ilegitimidad.

La tormenta arrecia sobre un gobierno pirata. Por un lado, están agotadas las embajadas y los consulados, y por el otro, el Acuerdo de Santafé de Ralito o Constitución de Paramillo llega a su fin. La Constitución de 1991 —la legítima— resopla con la tutela y las altas Cortes, el maderamen del corsario cruje, y el filibustero prepara su desembarco.

Hoy la independencia de la justicia en Colombia huele a rebelión de las altas Cortes ante la pretensión del ejecutivo de apropiarse de la justicia.

* Director de la Oficina hábeas Corpus

Medellín, 22 de abril de 2008
Día Internacional de la tierra

el yesQuero nro. 191

2008-04-14T20:14:00.005-05:00

Juegos Olímpicos y Derechos Humanos
(JJ. OO. y DD. HH.)

Por
Rafael Rincón Patiño*

"El poder y el dinero no bastan para hacer una Olimpíada, hace falta perseverancia, paciencia y tolerancia. Hace falta sobre todo una concepción elevada y serena del doble papel al que puede y debe aspirar el deporte en el seno de las grandes democracias modernas: papel de equilibrio humano heredado del atletismo antiguo, papel de educador social heredado de los caballeros medievales. No tenemos que fijarnos únicamente en el gimnasio de Olimpia, Señores, sino también en los torneos de la Edad Media, demasiado olvidados y desconocidos y cuyo único error consistió en ir más allá de lo razonable en el culto elegante del honor, del estoicismo y de la generosidad".

Pierre de Coubertin (Francia)
Presidente del C.O.I. de 1896 a 1916 y de 1919 a 1925

La antorcha olímpica llegará a Pekín después de haber sido chiflada en Londres y en París. Los Juegos Olímpicos, JJ OO, a realizarse en agosto (8-24) en China sufren un boicot en diferentes países del mundo occidental por el reprobable estado de los derechos humanos, DD. HH., en China y de manera particular por la opresión que padece la región autónoma de Tibet. También es repudiada la conexión de China con el régimen de Sudán que permite la masacre y el desplazamiento de miles de personas en la región de Darfur.

El deporte olímpico era un asunto glorioso, estaba más allá del bien y del mal, una materia reservada a la deliberación de los dioses. Parecía que política y deporte olímpico nada tenían que ver. El espíritu olímpico era intocable. Incluso se expidió una norma que prohíbe la politización de los olímpicos: “No está permitido ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio olímpico, sede u otra áreas” (Regla 51, subsección 3 de la Carta Olímpica).

Pero, la globalización de los DD. HH. y de la justicia ha estado incidiendo en el principio de no politización de los JJ. OO. China, como muchos de los Estados cuestionados por la situación de DD. HH., corre a descalificar a las organizaciones y a los Estados acusándolos de intromisión en sus asuntos internos. Pero, no duda en expedir su primer informe mundial de DD. HH. en donde acusa a EE. UU. y a sus adversarios políticos de ser los principales violadores de DD. HH.

En la antigüedad la costumbre era interrumpir las guerras para desarrollar las olimpiadas, pero hoy hay quienes quieren interrumpir las olimpiadas para iniciar o continuar las guerras o, por lo menos, para aprovecharlas para la publicidad de sus causas.

Una de las causas esgrimidas en la politización de los olímpicos es la situación de DD. HH. En 1976 varios países africanos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda por haber jugado un partido de rugby con Sudáfrica (1975), país que practicaba el racismo (apartheid).

En los JJ. OO. de Alemania, Munich 1972, ocurrió la injerencia más nefasta, conocida como “septiembre negro”, cuando un grupo de fedayines palestinos tomó como rehenes a 11 deportistas israelitas para exigir la libertad de los presos palestinos y ante la negativa y el fallido intento de rescate fueron inmolados los deportistas. El deporte olímpico quedó enlutado y desde entonces, salió del compartimiento aséptico a que había estado sometido. Esa acción mereció todo el repudio mundial, pero desató, también, condenables acciones de represalia por parte del Estado de Israel.

China tiene hoy uno de los peores récords en derechos humanos. Amnistía Internacional, AI, ha dicho en su último informe que China no juega a los DD. HH. En China es evidente la violación del derecho a la libertad de expresión, la persecución a los defensores de derechos humanos y la opresión a la región autónoma de Tibet.

China es un país líder en ciberpolicías, cuenta con cincuenta mil policías cibernéticos que controlan la red y practican la censura. China tiene instaurada la pena de muerte para 68 tipos penales.

El Dalai Lama, principal opositor moral y político de China, pide no boicotear los JJ. OO. de Pekín, pero aprovecha para llamar la atención sobre la opresión de Tibet y sobre la precaria situación de DD. HH. en su país.

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó que no asistirá a la inauguración de los JJ. OO. de Pekín, Nicolás Sarkozy ha condicionado su asistencia al mejoramiento de la situación de DD. HH., Stiven Spielberg renunció a ser el director artístico de los JJ. OO. por el apoyo que China brinda al régimen de Sudan, en dónde miles de personas son asesinadas y desplazadas en la región de Darfur y la antorcha olímpica ha sido silbada en París, Londres y San Francisco por manifestantes que se oponen a las violaciones a los DD. HH.

Los DD. HH. y el deporte olímpico han dejado su neutralidad y se han convertido en alfiles del ajedrez político.

Los candidatos demócratas a la presidencia de EE. UU. piden al Gobierno de Bush que condicione su asistencia a la inauguración. El Gobierno de EE. UU. asistirá a pesar del ominoso registro de violaciones a los derechos humanos. Afirma el presidente Bush que de todos modos hablará con su homólogo Hu Jintao para que juegue un mejor papel en Darfur.

Otros Estados temen perder sus mercados. Por ejemplo, los países escandinavos, tan activos en unas causas de DD. HH. en América Latina, se inhiben para actuar políticamente frente a China; no arriesgan a perder las divisas que provienen de la venta del salmón en el mercado asiático, primero está la salud de su balanza comercial que la solidaridad con Darfur o con Tibet.

En fin la inevitable politización de los JJ. OO. desnuda también la hipocresía internacional en el discurso de los DD. HH.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 15 de abril de 2008

el yesQuero nro. 190

2008-04-07T21:53:00.000-05:00

El lobby de la guerra

Por
Rafael Rincón Patiño*

El Gobierno de Colombia paga en Washington USD 300.000 al año a la empresa Burson-Marsteller Associated Inc. para que influya en la bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) y a favor de la aprobación de una partida de USD 5 billones para el llamado Plan Colombia.

Quién creyera que en la democracia más renombrada del planeta, la de Abraham Lincoln, la voluntad popular se tuerce mediante el tráfico de influencias. No es el pueblo norteamericano el que decide aprobar el TLC o el Plan Colombia, es la capacidad de presión, la capacidad de compra de conciencias la que incide en las decisiones de la democracia de Thomas Paine.

La guerra contra Iraq —llamada por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz “La guerra de los tres trillones de dólares”— fue finalmente el resultado del cabildeo pro Iraq en Washington más que una decisión soberana del pueblo. Con motivo de los cinco años de guerra se han conocido los fatales resultados: han muerto más de un millón de iraquíes, cerca de 4.000 soldados norteamericanos y se ha elevado el riesgo terrorista debido a que se ha generado un resentimiento en el mundo musulmán (Tendencias en el terrorismo global: implicaciones para Estados Unidos. 2006).

La guerra contra el terrorismo en Colombia también se alimenta del cabildeo de los gobiernos, de la industria armamentista, de las empresas petroleras, y de las multinacionales que han escogido a Colombia como sede de operaciones “comerciales”, como otrora escogieron a Israel en el medio oriente o a Pakistán en Asia.

Una de las firmas contratadas por Colombia para realizar cabildeo está dirigida por el mismo personaje que ha orientado las campañas políticas de los Clinton, el señor Mark J. Penn. El mismo que acaba de renunciar a la campaña presidencial de Hillary, después que el periódico The Wall Street Journal descubrió una reunión suya con la embajadora de Colombia Carolina Barco. Son empresas que no hacen política, hacen dólares.

A su vez el señor Penn fungía como estratega de la señora Clinton quien se ha opuesto en su campaña presidencial al TLC de su país con Colombia por los bajos estándares laborales y por la violación a los derechos humanos.

El polémico consultor norteamericano Mark J. Penn es un reconocido consultor estratégico de empresas multinacionales (Microsoft, Shell, Pfizer, Coca-Cola, Ford) en el campo del debilitamiento sindical y de la “precarización” de los derechos laborales. Sus esfuerzos están encaminados a poner la política al servicio de los grandes conglomerados económicos. Vende sus servicios como relacionista público y los ejerce haciendo cabildeo en los centros de poder político para poner las decisiones de lado del corporativismo y de sus clientes. Son empresas que tienen la política como negocio, su tarea es hacer de lo público un bien privado.

El periódico The Wall Street Journal develó el conflicto de intereses del señor Penn, quien quiso superarlo afirmando que la reunión con la embajadora Barco fue un “error de juicio”. Disculpa que provocó la reacción del Gobierno colombiano que calificó esto como una falta de respeto y dio por terminado el contrato.

Colombia se ha vuelto una “papa caliente” en Washington. El presidente Bush considera el TLC con Colombia un asunto de seguridad nacional de la misma manera que hace cinco años consideraba el asunto Iraq.

El escándalo Penn dejó al descubierto que la política exterior de Colombia está fundada en el tráfico de influencias. El gobierno de la seguridad democrática practica una política exterior con la misma filosofía que desarrolla la política de seguridad democrática. La política exterior es una política de recompensas. Lo demás son favores burocráticos del régimen a favor de sus áulicos.

La política exterior de Colombia está reducida a una política de relaciones públicas, de tráfico de influencias, de compraventa, de mercado de intereses. En este modelo el mejor político es el mejor relacionista público, es una política sin políticos. Es un modelo en donde lo público es lo estratégico de los negocios privados.

En 1991 el escritor Kenneth R. Timmerman publicó el libro The death lobby: how the west armed iraq, en este texto el autor muestra la incidencia fatal del cabildeo de los “halcones” y de los señores del petróleo en la generación de la guerra contra el terrorismo. Cómo se construyó el terrorismo y después cómo se motivó la lucha contra el terrorismo.

En Colombia no ha sido el petróleo, ni las armas de destrucción masiva las que han alentado la guerra sino las drogas las que han servido de plataforma política para desarrollar el conflicto en la región y para posicionar la necesidad del policía del mundo.

En esta batalla de influencias, de relaciones públicas, la política exterior se reduce al lobby de la guerra.

Colombia muestra los “falsos positivos” de la seguridad democrática Exhibe sin escrúpulos las cifras de disminución de muertes de sindicalistas y esconde la impunidad, la debilidad de la justicia, por ejemplo, frente a los cerca de 400 sindicalistas asesinados durante seis años de gobierno de Uribe V. (Escuela Nacional Sindical). Sólo el 3% de los sindicalistas asesinados ha sido esclarecido.

* Director de la Oficina háBeas Corpus.

Medellín, 8 de abril de 2008

el yesQuero nro. 189

2008-03-31T23:28:00.002-05:00

Sicarios del aire

Por
Rafael Rincón Patiño*

Después de la ejecución de Saddam Hussein (30/12/2006) el entonces primer ministro italiano Romano Prodi inició una campaña en Naciones Unidas para prohibir en todo el mundo la pena de muerte. Las imágenes de Hussein en la horca conmocionaron al mundo.

El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó una Resolución, suscrita por 104 Estados mediante la cual se convoca a una moratoria mundial del uso de la pena de muerte. La Resolución fue votada a favor por 104 Estados, entre ellos Colombia, Ecuador, Venezuela, México e Israel —votaron en contra de la moratoria 54 Estados, entre ellos Estados Unidos, China e Iraq; y se abstuvieron 29, entre ellos Cuba, Tanzania y Vietnam—.

Hoy en el mundo 133 países tienen prohibida legalmente o en la práctica la pena de muerte. La Resolución sobre la moratoria de la pena capital insta a los Estados a abolir la pena de muerte o a reducir su aplicación y a quienes la eliminaron a que no la reintroduzcan.

Colombia no tiene formalmente pena de muerte desde 1910: La última persona ejecutada fue el poeta chocoano Manuel Saturnino Valencia, quien fue fusilado bajo el cargo de pirómano el 7 de mayo de 1907.

La abolición de la pena de muerte es considerada un desarrollo de la humanidad, un avance de la civilización, un fundamento de la democracia y un reconocimiento de la dignidad humana. El derecho a la vida es el inamovible por excelencia de la democracia y del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, el derecho a la vida está amenazado de múltiples formas. Una de ellas, cuando el Gobierno colombiano, que se ufana con la disminución de homicidios, presta oídos sordos a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales o cuando planea la eliminación de sus adversarios mediante alianzas con grupos paramilitares (Masacre de San José de Apartado, 20 de febrero de 2005) o cuando realiza ejecuciones por bombardeo y desde el aíre a sus adversarios políticos y militares.

La pena de muerte se aplica de manera encubierta en muchos países del mundo. Las ejecuciones sumarias, es decir aquellas penas de muerte, sin fórmula de juicio, arbitrarias o extrajudiciales son verdaderos asesinatos.

En Colombia han sido denunciadas 955 casos de ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2002 y julio de 2007 (La Procuraduría investiga 670 casos). La modalidad más reciente y aberrante dentro de éstas ejecuciones son los llamados “falsos positivos”, en donde los victimarios son premiados por resultados falsos y mal habidos obtenidos en cuerpos y vidas de inocentes.

La más reciente legitimación de la pena de muerte es la que se hace a través de los medios de comunicación a personas consideradas por el establecimiento o por la opinión pública como terroristas. Satanizar al delincuente es una forma de llegar a la pena de muerte sin sentencia judicial (en donde existe la pena de muerte) o de imponer la pena de muerte (en donde no existe).

El Gobierno Nacional, con la anuencia del Fiscal General de la Nación, pagó una recompensa por una ejecución sumaria. Es una especie de pena de muerte animada desde el Estado que refleja la degradación moral. Degradación que consiste en pagar una recompensa millonaria a un guerrillero que asesina a su jefe y después le desmembra una mano como prueba de su crimen.

La misma muerte de Raúl Reyes es una la aplicación de una pena de muerte, ella no obedeció a una muerte en combate ni mucho menos a la aplicación de una sentencia judicial. Es una muerte planeada con precisión quirúrgica por el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares de un guerrillero. El canciller Araújo Perdomo confiesa esta muerte cuando manifiesta que Colombia reconocerá los daños a los familiares de quienes murieron colateralmente en la Operación Fénix.

La degradación moral, la “Colombia empobrecida” de la denominada seguridad “democrática”, la del mal menor, la de el fin justifica los medios, se devela cuando sin cambiar un “articulito” de la Constitución Política (“El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”, Art. 11) se aplica la pena capital para saciar un dolor o para obstruir el acuerdo humanitario.

Así fue como el Presidente, su ministro de Defensa y los Generales de las Fuerzas Armadas planearon con precisión quirúrgica y con el apoyo de “inteligencia humana” la muerte de un ciudadano colombiano, y mataron 25 más de forma “colateral”.

No se conoce la sentencia judicial en la cual fue condenado Raúl Reyes, jefe guerrillero de las Farc, a pena de muerte, tampoco se conoce la sentencia judicial mediante la cual se ordenó la muerte de los cuatro estudiantes mexicanos, así fueran o no guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla. No se conoce el acto legislativo que institucionalizó la pena de muerte. Esa “licencia para matar” es desconocida, pero ninguna de las autoridades niegan ser artífices de esa pena de muerte, al parecer actúan todos ellos siguiendo el alto índice de aceptación del Presidente.

Vale la pena preguntarse si el Gobierno saca sus “licencias”, salirse de la ley, de la popularidad, o si su popularidad surge de sus desafueros. En otras palabras, el Presidente ha llegado a imponer la pena de muerte porque es muy popular, o su popularidad surge de aplicar la pena de muerte.

Los sicarios del aire son nuevos en la confrontación colombiana. Es la primera vez que una persona es asesinada desde un avión con bombas guiadas por láser o por equipos GPS. Es un ataque que copia las ejecuciones de EE. UU. o de Israel en contra de enemigos seleccionados en Afganistán, Pakistán o Palestina.

El conflicto armado interno se ha escalado. El llamado “fin del fin contiene la estrategia de la eliminación selectiva, o ataques decapitadores.

Parece que el “fin del fin” del conflicto interno armado en Colombia será al estilo Iraq: con asesinatos aéreos, con recompensas, con torturas, con presos sin derechos, con secuestro de cadáveres, con desinformación. Es decir, será con el fin de la justicia, de los derechos humanos, del debido proceso.

La pena de muerte se aplica, en este esquema, a guerrilleros, sindicalistas, defensores de derechos humanos y para todos los que se junten con ellos. Así lo dijo el Comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla de León: “Todo el que se junte con las Farc es objetivo militar”.

Las declaraciones del ministro de Defensa J. M. Santos cuando afirma que continuarán los ataques decapitadotes translucen un Programa de Gobierno de Ejecuciones Extrajudiciales (la mayúsculas son del autor). Seguirán más ejecuciones desde el aire.

Pero, ha sido el presidente Uribe V. quien ha justificado y legitimado la pena de muerte. Primero dijo que a los corruptos había que lincharlos, y no se le creía mucho, pareció una charla, pero luego dijo, desautorizando al canciller Araújo Perdomo que “no hay razón para pagar indemnizaciones por acciones legítimas contra grupos terroristas”.

Ha llegado la pena de muerte, ojalá que no sea para quedarse.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 31 de marzo de 2008

el yesQuero nro. 188

2008-03-25T14:47:00.001-05:00

Uribe V. reina y J. M. Santos gobierna

Por
Rafael Rincón Patiño*

El Estado colombiano, por medio de su presidente Uribe V., de su embajador en la OEA, Camilo Ospina, y de su canciller Araújo Perdomo, se comprometieron con la comunidad internacional a respetar la soberanía, a la abstención de uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos de otros Estados (Art. 19 de la Carta de la OEA) y, por lo tanto, a no repetir la incursión militar del 1 de marzo en Ecuador (Res. 930 de marzo 5/2008, Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río y Res. de la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores). Pero, el ministro de defensa Juan Manuel Santos ha afirmado públicamente, y con posterioridad a los compromisos internacionales, que Colombia realizó un “acto legítimo de guerra” y que volvería a hacer lo mismo.

El ministro de defensa J. M. Santos amenaza con repetir el “acto de guerra legítimo” y lo dice para justificar la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina, muerto en territorio ecuatoriano, en el bombardeo en donde también murieron 24 personas más, entre ellos cuatro jóvenes mexicanos y el jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes.

La ilícita incursión colombiana en Ecuador empieza a adquirir nuevas dimensiones y a develar serias incongruencias que el Gobierno de Colombia y algunos medios de comunicación, en falsa actitud patriótica, quieren minimizar y esconder.

Ahora no sólo se trata de la violación de la Carta de la OEA (Art. 21), sino también de la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Convención Americana de Derechos Humanos. Ecuador considera que la muerte del ciudadano Aisalla Molina, sea o no guerrillero, es un asesinato de uno de sus ciudadanos en territorio propio por un ejército extranjero.

Surge para Colombia también la pregunta de si el Estado colombiano puede matar a un compatriota (guerrillero, terrorista, mafioso o un simple ciudadano) en suelo extranjero o si la pena de muerte sólo está prohibida en las fronteras colombianas. El Comandante del Ejército ha sido muy enfático en afirmar que fue una operación de asalto 100% colombiana y que no hubo intervención de Estados Unidos ni de Israel como algunos presumen.

Ecuador llevará el caso a la OEA y a la Corte Penal Internacional. A la OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque ella solo ha tramitado el ilícito de la violación de fronteras y no ha asumido la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos; y a la Corte Penal Internacional porque considera un delito de agresión la ilícita incursión con la muerte de su conciudadano.

Colombia alegó en la OEA que había actuado en legítima defensa, pero fue derrotada abrumadoramente. La jurisprudencia de la OEA relacionada la define como “una necesidad de legítima defensa instantánea, irresistible, que no dejará la posibilidad de otro medio y un tiempo para la deliberación”.

El Presidente hace caso omiso de un elemento esencial de la legítima defensa, que es el de la inminencia, pero, además, contradice las palabras de los Generales de la República que afirmaron que la Operación Fénix fue una operación de asalto planeada con tiempo.

Un bombardeo aéreo con 10 bombas GBU12 de 500 libras contra un objetivo guerrillero a las 0:25 horas del 1 de marzo, en territorio ecuatoriano, es una operación de asalto y no una legítima defensa (Informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia, Washington, 17 de marzo, página 7).

El ministro Santos argumenta, por otro lado, que la muerte del ciudadano ecuatoriano es un “acto legítimo de guerra” y el presidente Uribe V. dice que se acoge a la OEA, pero insiste en llamar “sitio de terroristas” el campamento de las Farc en territorio ecuatoriano. El Presidente sigue jugando con dos cartas: a nivel internacional dice acoger el mandato de la OEA y a nivel nacional defiende la acción como legítima defensa del derecho a la seguridad.

La dualidad de Colombia en el concierto internacional le ha restado credibilidad. ¿Quién le cree a Colombia? Solo Estados Unidos.

Bogotá-Washington es un eje regional que enfrentado al resto de países. Las incongruencias del Gobierno de Uribe V. han alejado a México y a Perú de la posición colombiana.

En la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores Colombia sufrió su mayor revés, ayudado por la desinformación que quiso introducir con la foto que presentó como de Larrea-Reyes. Las salidas de Colombia siguen siendo desastrosas. No ha podido enmendar su violación al derecho internacional porque su doctrina de guerra preventiva no tiene acogida en el continente latinoamericano.

¿Quién gobierna en Colombia? ¿Existe un vacío de poder? ¿Sabía el presidente Uribe V. de la incursión armada en Ecuador o le correspondió legitimar una acción atrevida del Ministerio de Defensa? ¿Por qué el ministro de defensa J. M. Santos le rinde cuentas a John Dimitriv Negroponte (Funcionario de la Secretaría de Estado de EE. UU.) a espaldas del presidente Uribe V.? ¿Por qué los Generales le entregan primero la información al periódico El Tiempo que a la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué Chávez F. le pide a Uribe V. que calle a Juan Manuel Santos? ¿Gobierna J. M. Santos? ¿Gobierna Uribe V.? ¿Es Juan Manuel el nro. dos de Uribe V. o es Uribe V. el dos de Juan Manuel? ¿Está Uribe V. atosigado de poder? ¿Le entregó Uribe V. la política de seguridad democrática a los Santos? ¿Es más militarista J. M. Santos que Uribe V.? ¿De dónde salió la orden de operación hacia el campamento de Reyes? ¿Quién tomó la decisión de incursionar en Ecuador? ¿Fue considerado el costo de la operación? ¿Fue una reacción a la liberación de los secuestrados?

Uribe V. reina pero no gobierna. Los mismos que aceptan a Uribe V. reconocen en mayoría que el país no va bien. El viernes 29 de febrero se generó un vacío de poder en Colombia, uno parecido al del 6 de noviembre de 1985 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Igual que en esa fecha el Presidente salió a asumir toda la responsabilidad de la operación, pero no dirigió la operación. Con una diferencia: un civil (J. M. Santos) estuvo al frente del ex abrupto y el Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, estuvo ausente de la Operación Fénix.

La incursión de Colombia en Ecuador quiso ser justificada por Colombia y por EE. UU. en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA con el precario argumento de la legítima defensa. El mismo con el cual se ha justificado la violencia paramilitar y se ha legitimado la violencia oficial como un mal menor.

Colombia es el Estado agresor en esta crisis diplomática y así ha sido aceptado por el Gobierno Uribe V. en la OEA, pero el Gobierno no maneja la misma actitud hacia adentro. Colombia reconoció oficialmente que no tramitó legalmente su derecho a la seguridad. La forma como lo hizo también la lleva a ser considerada como un Estado que puso en riesgo la paz regional, que incurrió en un crimen contra la paz y contra la seguridad de los Estados.

Colombia no renuncia a la doctrina que ha construido y que denomina Seguridad “Democrática”, doctrina que se funda en la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, en la connivencia con el paramilitarismo, en la legítima defensa preventiva y en los dañados y punibles ayuntamientos con el narcotráfico para derrotar a su enemigo político y militar: la guerrilla.

Ecuador, como Estado lesionado, y contando con la confesión solemne de Colombia, tramitará internacionalmente sus quejas con grandes posibilidades de éxito. A estas demandas se adherirá México y serán ventiladas también ante las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas.

Colombia, con el auxilio de Estados Unidos, estará inmersa en una guerra fría con sus homólogos latinoamericanos. Uribe V. lleva diez años trabajando con la combinación de las formas de lucha, pero J. M. Santos nunca ha escondido su aversión hacia Chávez F., y sus enormes deseos de agradar al Norte y ahora a Israel.

El presidente Uribe V. empieza a sentir las consecuencias del nombramiento en la cartera de defensa de J. M. Santos. El nombramiento de Santos fue un desafío a Venezuela y un guiño a Estados Unidos. Salir de él ahora sería un gesto de inamistad con las Fuerzas Armadas y Uribe V. las quiere tener siempre a su lado. ¿Aguantará o lo pondrá en cintura?

Colombia le tiene miedo a Uribe V. y a toda la violencia que él representa, algo tan evidente como la pena de muerte, prohibida en la Constitución, así sea un delincuente reconocido o a un ciudadano desconocido no es cuestionada ni por el Congreso, ni por la Justicia, ni por los órganos de control (Defensoría del Pueblo o Procuraduría General de la Nación), ni por los medios de comunicación. Existe un silencio connivente.

Uribe V. reina en Colombia, en el sentido medieval, es decir recoge los impuestos, los honores y hace las guerras, y J. M. Santos, gobierna, también en el sentido medieval, es decir, J. M. Santos, como todo un cruzado, ejecuta.

Colombia está lejos de su mayoría de edad democrática porque tiene una Constitución Política que le sirve de maquillaje a un gobierno autoritario que viola los derechos humanos en nombre del derecho a la seguridad.

el yesQuero nro. 187

2008-03-18T10:08:00.003-05:00

Los Santos mienten

Por
Rafael Rincón Patiño*

Las pruebas producidas u obtenidas a través de la violación de una norma o principio de derecho positivo, indistinta que sea su naturaleza (procesal o sustancial), indiferente que sea su jerarquía (constitucional o infraconstitucional), resultan procesalmente inadmisibles y, por consiguiente, deberán ser apartadas o excluidas, como elemento de conocimiento.

Martínez García, Elena. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal (a la luz de la STC 81/98, de 2 de abril). Monografía, Universitat de Valencia, 2003, 78 pp.

El pasado 5 de marzo todos los Estados de la OEA mediante la Resolución 930 del Consejo Permanente calificaron la incursión de Colombia en Ecuador como una violación de la frontera. No hubo sanciones, pero si hubo unanimidad en considerar el hecho como “una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ecuador y de principios del derecho internacional”.

Como resultado de la incursión militar y el bombardeo planeado hubo 28 muertos, entre ellos el Nro. 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes. El hecho desató una crisis diplomática sin precedentes entre los países bolivarianos.

Del lugar (Santa Rosa, provincia de Sucumbíos) fueron tomados por el Ejército y la Policía Nacional de Colombia los cadáveres de Reyes y de otro guerrillero, rematados y abandonados los heridos, según la versión de la joven mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes que se recupera en un hospital militar de Ecuador.

Las “pruebas” allí obtenidas son, sin lugar a dudas pruebas mal habidas, son pruebas conseguidas en una acción militar calificada como ilegal por todos los Estados de la OEA, incluida Colombia y Estados Unidos. Esta calificación de ilegalidad fue ratificada por el Grupo de Río, reunido en República Dominicana el 7 de marzo:

Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal. Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia.

El Gobierno colombiano, que es el gobierno de los Santos, usa inescrupulosamente las “pruebas” del computador de Reyes, las entrega primero a los medios de comunicación, en rueda de prensa y también de manera solapada, quizás consciente de la ilicitud judicial de las mismas.

Un Gobierno en guerra es un Gobierno que no considera la justicia, es un Gobierno que tiene como objetivo generar representaciones amañadas de la realidad. Un gobierno que niega el conflicto armado, que repudia el acuerdo humanitario, que está alineado con la guerra preventiva de George W. Bush. Colombia ha optado por el camino del mal menor para derrotar lo que considera terrorismo. Los derechos fundamentales son un mal menor para el gobierno de Uribe V. Es el único gobierno de América Latina que aprobó la guerra de Iraq.

De otro lado, el cuasi fiscal general de la nación Mario Iguarán no se desvela porque el principio de reserva de la investigación se vulnere o porque los generales de la República salgan en rueda de prensa a propalar las pruebas. El general Oscar Naranjo de la Policía Nacional o el general Mario Montoya del Ejército lo invitan a fútbol y al otro día el cuasi fiscal general Iguarán sale a defender el pago de recompensas a los delatores. Es un fiscal de charreteras, un fiscal del ejecutivo, no es un fiscal de la justicia.

Colombia tiene un fiscal que trabaja para los intereses del poder militar, un Fiscal que se hace el de la oreja mocha o el de la vista gorda frente al irrespeto de los principios que informan el debido proceso penal como la cadena de custodia, la licitud de la prueba, la presunción de inocencia, la reserva del sumario. Es un Fiscal que defiende la pena de muerte en nombre del principio de oportunidad y que defiende a los paramilitares de Itagüí para que no sean extraditados.

El computador de Reyes tiene valor para la farándula de Uribe V. y tienen valor político en la guerra asimétrica que libran Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Y tiene valor militar en el conflicto armado interno, pero no tienen ningún valor ante la Corte Penal Internacional.

Una justicia decente considera inadmisible las pruebas obtenidas de manera prohibida. Las pruebas que salen del computador de Raúl Reyes son pruebas ilícitas, son pruebas obtenidas en una incursión militar condenada por unanimidad por todos los Estados americanos.

En la “guerra de cuarta generación”, que es la guerra más allá de los ejércitos, el periódico colombiano El Tiempo, el diario de la familia Santos, ha difundido el 17 de marzo en Washington, en la reunión de Cancilleres de la OEA, una mentira del tamaño de una catedral. Presentó una foto de Raúl Reyes con un dirigente comunista argentino afirmando que era el ministro de la defensa de Ecuador Gustavo Larrea con el ánimo de dar un golpe. Pero, esta acción periodística de guerra irregular le salió por la culata pues confundió al ministro Gustavo Larrea con un miembro del partido comunista argentino.

Le pasó a El Tiempo en Washington, en plena cumbre, ante todo el mundo. Quedó El Tiempo al descubierto como combatiente irregular, como ha quedado RCN (La Radio Contra Nosotros). El conflicto armado de Colombia se ha globalizado y se ha generalizado. ¿Quién le cree a los Santos?

El “oso” de El Tiempo lo hizo en Washington, en el epicentro de la diplomacia americana, seguramente con fuente de la Casa de Nariño, o de la Fiscalía General de la Nación, para desacreditar al Gobierno de Ecuador y librar a Colombia de una condena. El Gobierno colombiano quiso engañar, una vez más, a todos los cancilleres usando un medio de comunicación proclive a sus intereses.

Ya en este afán había caído El País de España cuando valoró la presencia de las Farc en Ecuador calificándola de “Santuario de las Farc” y fue desmentido por el mismo Secretario General de la OEA José Miguel Insulza.

La ilegal incursión de Colombia en territorio ecuatoriano es vista como un hecho antijurídico por la comunidad internacional pero exculpan a Colombia por considerar la muerte de Raúl Reyes como un acto legítimo contra el terrorismo.

La falta de condena y de repudio a la acción colombiana es un golpe al principio de inadmisibilidad de las pruebas ilícitas. La guerra contra el terrorismo le propina un nuevo golpe al garantismo del Estado de Derecho. Sufren los derechos humanos un detrimento cuando las pruebas ilícitas en un proceso penal o en un proceso internacional se relativizan.

La ligereza policial en tiempos de globalización, de lucha contra el terrorismo, contra las drogas, contra el tráfico de armas y de afianzamiento de la seguridad se convierte desafortunadamente en valor así de al traste con pilares del Estado de Derecho como la presunción de inocencia, el debido proceso o la inviolabilidad de los derechos fundamentales sustantivos.

“El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas es una de las garantías con las que el derecho procesal trata de proteger al ciudadano de la intervención coactiva del Estado a través del proceso penal”. Martínez García, Elena. Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal (a la luz de la STC 81/98, de 2 de abril. Monografía, Universitat de Valencia, 2003. 78pp.)

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 18 de marzo de 2008

el yesQuero nro. 186

2008-03-11T22:32:00.003-05:00

Colombia limita al norte con la tortura

Por
Rafael Rincón Patiño*

El terrorismo de Estado es una forma de ejercicio del poder estatal cuya regla de reconocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder (Garzón Valdes, Ernesto. Filosofía, política, derecho, Universitat de Valencia, 2001, p. 131).

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, defiende la tortura así: “Nuestra mayor responsabilidad es detener los ataques terroristas. Y este no es momento para que el Congreso abandone técnicas que tienen un historial comprobado de mantener a Estados Unidos a salvo”. Son las palabras del Gobierno de un Estado liberal defendiendo la tortura y vetando la prohibición legal establecida por el Congreso.

El Gobierno norteamericano legitima la tortura del agua (waterboarding), la hipotermia, las descargas eléctricas, el obligar a los reos a realizar actos sexuales, y la inanición provocada como técnicas válidas contra “terroristas endurecidos”.

La degradación moral de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo ha implicado la eliminación del hábeas corpus, la aceptación de 22 millones de grabaciones a ciudadanos norteamericanos, la destrucción por parte de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de las grabaciones de los interrogatorios a reos, las cárceles clandestinas, las torturas en Abu Ghraib, la captura y detención ilimitada, la negación del debido proceso y del derecho de defensa a los reclusos de la cárcel de Guantánamo.

Colombia limita al norte con la tortura. El Gobierno estadounidense es el que certifica a Colombia en derechos humanos y lo ha hecho a contrapelo de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La Constitución Política de 1991 proscribe la pena de muerte, pero el Gobierno colombiano con su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Padilla de León, y el Director Nacional de la Policía, Oscar Naranjo, señalan sin rubor el éxito de una muerte planeada y ejecutada en territorio ecuatoriano.

No sólo se violó la Carta de la OEA, también se violó la Carta Política. El Gobierno salió avante en la legitimación de estos hechos a nivel interno, pero, confesó y por eso adhirió a la Resolución 930 del Consejo Permanente de la OEA que califica el hecho como una incursión en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso de ese país.

Dice el Consejo Permanente de la OEA que el hecho constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios del derecho internacional.

El Gobierno colombiano suscribió la Resolución 930/08 de la OEA admitiendo su responsabilidad, pero no hace lo mismo en el derecho interno. Al contrario, califica el bombardeo como un éxito sin antecedentes.

Colombia tiene un Gobierno sin límites. La Colombia de Uribe V. es una Colombia sin límites morales. El ex viceministro de justicia, hoy Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, legitima la muerte de un jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de su compañera a manos de un guerrillero subalterno que lo hace para reclamar una recompensa millonaria. Alias “Rojas” mató a su jefe, le desmembró la mano derecha al cadáver y va a ser premiado con $5.000 millones de pesos. Ejecutar el terror en el adversario lo absuelve ante la Fiscalía. ¡Qué horror!

El comandante del Ejército Freddy Padilla de León, de manera pragmática, participa de esta teoría que privilegia los resultados sobre la dignidad humana. Anteponen estos funcionarios los “positivos” a la inviolabilidad del cuerpo, a la integridad física y moral de las personas, ellos desconocen la Constitución; no tienen Constitución, tienen enemigos.

Reconocen ambos funcionarios que no es una acción legítima pero sí legitimable. ¿Cómo legitimarla? Aplaudiendo su valor, su osadía, su frialdad y, por supuesto, valorando el resultado. Dice el Fiscal que puede que sea ilegal, pero que el principio de oportunidad permitiría exonerarlo por la utilidad del muerto y de la información entregada. ¡Que horror!

Si el caso Jamundí (Valle del Cauca), el de la masacre de policías en manos de una unidad de alta montaña del Ejército, hubiera estado en manos de la justicia castrense, con el general Padilla de León como última instancia, estuviera asegurada la impunidad, se hubiera exculpado a los responsables, quizás de la misma manera cómo se han exonerado de responsabilidad a centenares de autores de ejecuciones extrajudiciales. ¡Que horror!

En Colombia la pena de muerte no es ni constitucional ni legal, ni legítima, pero sus autoridades la están legitimando afirmando que se debe pagar una recompensa a quien la practica en personas perseguidas por el Ejército o la Policía, o absteniéndose de iniciar una investigación penal, como lo hace el fiscal general Mario Iguarán.

En una encuesta de medios el 83% de los colombianos aprobó los medios y la muerte del guerrillero de las Farc, pero eso no quiere decir que sea una muerte inscrita en el Estado de derecho, o que sea una muerte legítima, es una muerte legitimada que tiene autores intelectuales y materiales responsables. Los jueces no pueden fallar consultando las encuestas, están obligados a fallar aplicando la Constitución y la ley.

Todos los Estados miembros de la OEA, el 100%, reprobó los medios utilizados por Colombia para dar muerte al comandante guerrillero, afirmaron que se había violado el derecho internacional, que se violó el principio de inviolabilidad de las fronteras. Que fue una acción ilegal.

El Gobierno colombiano ha legitimado internamente su acción en la guerra contra el terrorismo, pero debió pedir excusas por la violación de las fronteras del Ecuador. Externamente su acción no fue considerada legítima y los 34 Estados la reprobaron.

En Colombia los terroristas se deben perseguir de la misma forma como se persiguen los no terroristas. No hay una Constitución para los terroristas, no hay pena de muerte para los terroristas.
Hay que decir que Colombia no tiene una guerrilla terrorista y, además que Colombia no es un Estado terrorista. La guerrilla colombiana no es la ETA y Colombia no es Israel. Lo primero: decir que la guerrilla es una organización terrorista es decir una verdad a medias que es lo mismo que decir una mentira, pero se dice para justificar otra violencia, considerada mal menor, la del paramilitarismo y la de las violaciones a los derechos humanos.

La guerrilla es una organización delictiva que comete actos terroristas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que deben ser juzgados a nivel nacional e internacional. Pero, reducirla a terrorismo es ignorar sus causas.

Así como los secuestros no gozan de legitimidad, pero son legitimados por los mandos guerrilleros como retenciones, así la muerte planeada de jefes guerrilleros no tiene legitimidad, pero están siendo legitimadas por las autoridades de un Estado de derecho como resultados positivos producto de una guerra contra el terrorismo.

Lo segundo, Colombia no es un Estado terrorista, pero tiene agentes que cometen actos terroristas como las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la tortura, ejecuciones extrajudiciales o el desmembramiento.

La eficacia del actual Gobierno colombiano fundada en la legitimación de la muerte no es éticamente admisible, es una eficacia propia de un Estado que usa el terrorismo para afianzarse en el poder. Cuando el Gobierno exhibe el cadáver de su adversario persigue un efecto de intimidación que es más efectivo que el de la destrucción del enemigo.

Cuando un Gobierno logra intimidar gracias a su arbitrariedad coactiva está instituyendo un Estado de facto, así sea promovido con el pomposo nombre de Estado comunitario.

Aunque la consigna de la reelección presidencial “Adelante Presidente”, ha sido leída y aplicada como una patente de corso para erradicar el denominado terrorismo, ella no puede convertirse en una licencia para derrumbar el precario Estado de Derecho existente.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de marzo de 2008

Colombia limits to the North with torture

By
Rafael Rincón Patiño*

State terrorism is a form of exercising state power whose trademark is to allow and/or impose, for the purpose of spreading fear in general, the clandestine, unpredictable and diffused application, also on manifestly innocent people, of coercive measures that are forbidden by the legal juridical order, hindering or stopping judicial action and transforming the government into an active agent of the struggle for power (Garzón Valdes, Ernesto. Filosofía, política, derecho, Universitat de Valencia, 2001, p. 131).

The President of the United States, George W. Bush, defends torture as follows: “Our greatest responsibility is to stop terrorist attacks. "This is no time for Congress to abandon practices that have a proven track record of keeping America safe”. These are the words of the Government of a Liberal State defending torture and vetoing its legal prohibition as established by Congress.

The North American Government legitimates torture by water (waterboarding), hypothermia, electrical discharges, starvation and forcing prisoners to perform sexual acts, as valid practices against “hardened terrorists”.

The moral degradation of the United States in its struggle against terrorism has implied the elimination of habeas corpus, the acceptance of 22 million illegal tapes of North American citizens, destruction by the Central Intelligence Agency CIA of recordings made while prisoners are interrogated, the coming into being of clandestine prisons, the tortures at Abu Ghraib, arrest and detention without limits in time, the denial of due process of the law and the right to self defense of prisoners being held at Guantánamo Prison.

Colombia limits to the North with torture. The U.S. Government is the one certifying Colombia’s compliance with human rights and has certified the country contradicting all human rights organizations, as well as the rulings of the Inter American Court of Human Rights, The Organization of American States (OAS), and the UN High Commissioner for Human Rights.

The country’s most recent Political Constitution of 1991 abolishes the death penalty, but the Colombian Government, under its Minister of Defense, Juan Manuel Santos, Commander-in-chief of the Armed Forces, General Padilla León, and National Police Director, Oscar Naranjo, boasts without even blushing about the success of killings they planned and executed on Ecuadorian soil.

Not only was the OAS Charter violated, but also Colombia´s own Constitution. The Government rushed to legitimate its actions domestically, although it owned up to and thus ratified Resolution 930 of the OAS Permanent Council, which qualifies Colombia´s action as an incursion into foreign soil – the Province of Sucumbios in Ecuador – without that country´s express authorization.

The OAS’ Permanent Council has declared Colombia’s action a violation of Ecuador’s sovereignty and territorial integrity and a violation of the principles of international law.

The Colombian Government subscribed Resolution 930/08 of the OAS, admitting its responsibility, but does not do the same domestically. On the contrary, it continues to publically qualify the bombing they carried out as an unprecedented success.

Colombia has a Government without limits. Alvaro Uribe’s Colombia is a country with no moral limits. Ex Vice-Minister of Justice and current National Attorney General, Mario Iguarán, legitimates the death of Iván Ríos, a commander of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc) and his partner at the hands of one of his subordinates, who killed him to claim a bounty of millions. Alias “Rojas” killed his boss, cut off his right hand, and shall be rewarded with $5.000 million pesos. For executing terror on an adversary, the Attorney General’s Office declares him not guilty. How terrible!

In a practical manner, Army Commander Freddy Padilla de León participates in this theory prioritizing results over human dignity. These public servants choose ¨positives¨ over the body’s inviolability, people´s moral and physical integrity. They repudiate the Constitution; they have no Constitution, they have enemies.

Both public servants admit these actions are not legitimate but can well be legitimated. How to legitimate them? Applauding the courage of the perpetrators, their daring and sang froide, and they praise the results. The Attorney General says perhaps it is illegal, but the opportunity principle allows exonerating the perpetrator due to the usefulness of the death and the information retrieved. How terrible!

If the Jamundí case (in Valle del Cauca), the massacre of a group of policemen at the hands of a mountain army brigade, had been under the rule of military justice, with General Padilla de León as the highest in command, impunity would be assured and the people incriminated would have been released, just like hundreds of those guilty of extrajudicial executions are let off the hook. How terrible!

The death penalty in Colombia is not constitutional, legal or legitimate, but government authorities are legitimating it, affirming that an award must be paid to those who execute individuals who are being persecuted by the Army or the Police, or abstaining from carrying out a penal investigation, as Attorney General Mario Iguarán does.

In a press survey conducted recently, 83% of Colombians approved the means and death of the FARC guerrilla leader, but that does not mean that this death can be tolerated in a rule of law. It is a death that has been legitimated and has intellectual and material authors. Judges cannot base their verdicts on surveys; they are obliged to apply the Constitution and the law.

All members of the OAS, 100% of them, disapproved of the means used by Colombia to kill guerrilla commander Raúl Reyes, affirming that international law had been violated, and the principle of inviolability of the frontiers. They judged it an illegal action.

The Colombian Government has domestically legitimated its action in the war against terrorism, but it had to apologize for violating the frontiers of Ecuador. Its action was not considered legitimate abroad and 34 States condemned it.

Terrorists should be pursued in the same way as non terrorists are. There is no separate Constitution for terrorists, no death penalty instituted for terrorists.

Colombia does not have a terrorist guerrilla and Colombia is also not a terrorist State. The Colombian guerrilla is not ETA and Colombia is not Israel. First, to say that the guerrilla is a terrorist organization is to state a half truth, and thus a lie, but this lie is sustained in order to justify another violence, considered the lesser evil, that of paramilitarism and violations of human rights.

The guerrilla is a criminal organization that commits terrorist acts, crimes against humanity and war crimes that should be judged at both national and international levels. But to reduce it to terrorism is to ignore its causes.

Just like kidnappings are not legitimate, though the guerrilla attempt to legitimate them by calling them retentions, planning the execution of guerrilla commanders is also not legitimate, but it is being legitimated by the authorities in a rule-of-law State, as positive results yielded by a war against terrorism.

In the second place, Colombia is not a terrorist State but its agents commit terrorist acts, such as forced disappearances, forced displacement, tortures, extrajudicial executions and dismemberments.

The effectiveneess of the current Colombian government, founded on the legitimation of death, is not ethically admisible, it is effectiveness typical of a State using terrorism to maintain its foothold on power. When the Government places the dead body of its adversary on display, it is seeking an intimidation effect that is more effective than the destruction of the enemy.

When the Government succeeds in intimidating, thanks to its coactive arbitrariness, it is instituting a de facto State, even though it may be promoting it under the fancy label of a Communitarian State.

Although the presidential slogan for President Uribe’s reelection, “Go ahead, Mr. President”, has been interpreted and applied like a kind of carte blanche to eradicate purported terrorism, it cannot turn into a license to demolish the existing rule-of-law State, already most precarious.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, March 11 2008

el yesQuero nro. 185

2008-03-04T23:49:00.002-05:00

I took Ecuador

Por
Rafael Rincón Patiño*

La muerte de Raúl Reyes, comandante nro. dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un ataque aéreo nocturno a su campamento cerca de la población ecuatoriana de Santa Rosa, fue una muerte planeada que viola el derecho internacional y que confirma la existencia de un conflicto armado interno globalizado en Colombia.

Conflicto armado interno que el Gobierno colombiano se niega a reconocer, siguiendo las lecciones norteamericanas de la guerra preventiva, con la convicción de que si lo diagnostica como agresión terrorista puede enmarcar a sus adversarios como combatientes enemigos y los puede eliminar sin respetar los convenios de Ginebra, el Derecho de La Haya sobre conducción de hostilidades o abstenerse de aplicar los principios clásicos de inviolabilidad de la soberanía.

En un Estado de derecho, que proscribe constitucionalmente la pena de muerte, el peor de los criminales no puede ser bombardeado sin que se alegue exceso de fuerza o desproporción en el uso legitimo del poder punitivo del Estado. En un Estado de derecho la policía judicial debe entregar las pruebas al ente investigador y guardar la reserva del sumario y no salir a propalarlas a los cuatro vientos. En un Estado de derecho no se exhiben los cadáveres de los adversarios como se hacía en la edad media. En un Estado de derecho los combatientes recogen primero a los heridos y después a los muertos. Uribe V. está haciendo la guerra desde el Estado de la misma manera que la hacen los paramilitares.

Uribe V. ha logrado imponer su estrategia de guerra en Colombia y su medieval política criminal, por eso muchos de los logros de la llamada seguridad democrática están fundados en las alianzas con organizaciones paramilitares que han asesinado desde sindicalistas, académicos y defensores de derechos humanos hasta líderes guerrilleros. El paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos en el Estado Comunitario son considerados males menores. Por eso no marcha el 6 de marzo en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de Estado, sólo condena los crímenes de las Farc.

Muchos de los logros de la seguridad democrática están fundados en las punibles alianzas con el narcotráfico y el paramilitarismo como lo ha sentenciado la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en los procesos contra cerca de 60 parlamentarios o en el juzgamiento de Jorge Noguera Cote, ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El conflicto armado interno de Colombia se salió de las manos del Gobierno colombiano, de las mismas Farc, de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas. Es un conflicto que en 50 años ha madurado y que ya tiene ejes, simpatías y antipatías allende las fronteras.

Las Farc parecen haber conquistado simpatías en los Gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Están, en la práctica, reconocidas como fuerza beligerante por algunos funcionarios de estos Gobiernos, cuentan con territorio fronterizo para movilizarse desde hace muchos años. Las Farc son el amor “tinieblo” de algunos funcionarios de Gobiernos vecinos. Las Farc tienen un reconocimiento de beligerancia en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y unas simpatías crecientes con otros países de América Latina.

El desprecio de las Farc por las iniciativas de paz de la sociedad civil colombiana las condenó al ostracismo en Colombia. Su pragmatismo militar (“suscribir todo lo que sea ganancia, y consultar todo lo que no sea”, pensamiento del fundador Jacobo Arenas) las distanció de la política nacional. Las Farc tienen un discurso libertario para los foráneos y acciones de indolencia para los compatriotas. Son luz en la calle y sombra en la casa. Tienen gestos de desagravio con Chávez F. y ni un solo gesto humanitario con Colombia. Parecen una guerrilla de ocupación, no tienen cariño por Colombia.

Lamentable es que las Farc en vez de aprender de los procesos democráticos electorales de Ecuador y Venezuela, sean ellas las que quieran dictar cátedra a estos países de su anquilosada revolución. Una revolución que mina los caminos campesinos y extorsiona con la dignidad humana. ¡Qué pereza para quienes tienen que leer los computadores de las Farc!

Washington-Bogotá es el eje que, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo que ellos arbitrariamente definen y pretenden imponer a los otros países, quiere imponer su inicua hegemonía capitalista en América Latina.

El eje Washington-Bogotá ha perdido espacio político en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Argentina. Es el eje que, disfrazado en la guerra contra las drogas y ahora en la guerra antiterrorista, quiere revaluar las reglas de la guerra en su favor, cambiar los estándares internacionales de derechos humanos como lo viene haciendo George W. Bush con la denominada Tortura del agua (waterboarding).

En enero de este año la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Unión Europea, con una votación de 101 contra 3, a revaluar el procedimiento arbitrario mediante el cual se confeccionan las listas de “terroristas” por ser claramente violatorias del debido proceso (Dick Marty, Estrasburgo, 23 de enero).

La lucha contra el terrorismo no tiene dudas, las Farc tendrán que ser juzgadas y condenadas por todos sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero esa lucha no justifica el retroceso en la protección de los derechos humanos o en el respeto de los derechos de los pueblos. La lucha contra el terrorismo no puede ser una excusa para la tortura ni para la vulneración de la soberanía de otros países.

La lucha contra el terrorismo no puede ser el neologismo de las cruzadas oscurantistas. Tomarse los países bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo o teniendo razón en la lucha contra el terrorismo enerva la democracia, envalentona al agresor y lesiona el sentimiento patrio del ocupado.

Uribe V. con la toma de Ecuador revive la doctrina Monroe (“América para los americanos”) y quiere mostrarle al mundo la complicidad de los vecinos con la guerrilla cuando ha sido Colombia el país desquiciado que no ha logrado una salida política al conflicto. Después de seis años de seguridad democrática no puede terminar Colombia echándole la culpa de sus males a los vecinos.

Las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, puestos 28 y 36 respectivamente (Posición común 2004/309/PESC del Consejo de abril 2 de 2004).

Colombia denunciará las relaciones de Ecuador y Venezuela con las Farc y, maliciosamente, guardará silencio de sus relaciones con las AUC. El presidente Uribe V. debería aprovechar, ahora que va a denunciar a Chávez F. ante la Corte Penal Internacional, y llevarse copia de los 60 expedientes de los congresistas, incluido el de su primo Mario, para que sean tramitados por el mismo tribunal.

Militarmente la muerte de Raúl Reyes es un golpe importante a las Farc, pero políticamente es un falso positivo: Colombia tenía una guerra con las guerrillas, ahora tiene dos más.

Colombia tiene que tramitar sus quejas contra Venezuela y Ecuador ante la OEA y la ONU si considera que hay connivencia de estos Estados con la guerrilla colombiana.

Finalmente, lo que está ocurriendo no es más que el desarrollo del “proyecto hecatombe 2010-2014”, proyecto mediante el cual el presidente Uribe V. genera las condiciones de ingobernabilidad necesarias para continuar su proceso de desinstitucionalización.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 4 de marzo de 2008

I took Ecuador

By
Rafael Rincón Patiño*

The death of Raúl Reyes, second commander-in-chief of Colombia´s FARC guerrilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) and the other twenty members, during a night air raid on their camp near the town of Santa Rosa, in Ecuador, was a planned massacre violating international law and confirming the existence of Colombia´s now globalised internal conflict.

The Colombian government continues denying that the country has an internal armed conflict, following U.S. lessons on preventive war. President Uribe is convinced that if he continues to accuse the guerrillas of terrorist aggression, his adversaries may be classified as enemy combatants and annihilated with no respect for the Geneva Convention or the Treaty of The Hague about dealing with hostilities, and that his government can abstain from applying the classical principles of inviolability of national sovereignty.

In a rule-of-law State, which constitutionally forbids the death penalty, a State cannot just bomb, even the worst criminals, without being accused of power abuse or of a disproportionate use of its legitimate punitive role. In a rule-of-law State, the judicial police must give the proofs it collects to the investigating bodies, respecting the confidentiality of a case and not releasing the information out to the winds. In a rule-of-law State, the mortal remains of one’s adversaries are not put on public display, as rulers used to do during the Middle Ages. In a rule-of-law State, those who previously engaged in battle first pick up the wounded, and then the dead. In the name of the State, President Uribe carries out a war similar to how the paramilitaries practice war.

President Uribe has managed to impose his war strategy in Colombia, as well as his medieval criminal policy. Thus, many achievements of his so-called democratic security doctrine are grounded upon alliances he has made with paramilitary organizations responsible for murdering from trade unionists, academics and human rights activists to guerrilla leaders. President Uribe´s Communitarian State regards supporting paramilitarism and violating human rights as the lesser of two evils. This is why Uribe will not march next March 6, in solidarity with the victims of the paramilitaries, or against State crimes, and this is why he only condemns the crimes that the FARC commit.

Many achievements of Uribe’s democratic security doctrine are grounded on the State’s illicit alliances with drug dealers and paramilitaries, as the Supreme Court of Justice and the Attorney General Office have ruled in court processes against nearly 60 parliament members, or in the trial against Jorge Noguera Cote, ex Director of the State’s security forces (Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Colombia’s internal armed conflict has gotten out of the hands of the Colombian government, FARC, the OAS and the UN. It is a conflict that has ripened in 50 years while developing axis, sympathies and antipathies beyond national borders.

FARC seems to have conquered sympathies among the governments of Nicaragua, Venezuela and Ecuador. They are, in fact, recognized as a rebel force by some of those countries’ civil authorities, having had a territorial presence in their frontiers for many years now. FARC are the ‘phantom’ love of some politicians in neighboring countries. They have not only been granted rebel status in Venezuela, Ecuador and Nicaragua, but sympathy for them is growing in other Latin American countries.

FARC’s disdain for the peace initiatives of the country´s civil society has them condemned to ostracism in Colombia. Its military pragmatism (“to accept anything that yields profit and consult everything that doesn´t”, the aegis of thought of founder Jacobo Arenas) has distanced the guerrilla from national politics. FARC promotes a libertarian discourse for foreigners, while it carries out deeds of indolence among the local population. They are a light on the street and a shadow behind closed doors. The group shows signs of atonement before President Chávez, and not a single humanitarian gesture to their own country. They behave like an occupation force, wasting no love on Colombia.

It is a pity that the FARC, instead of learning from the electoral democratization processes in Ecuador and Venezuela, are the ones seeking to dictate lessons to these two countries, on their stagnant revolution: a revolution that plants landmines on peasant roads and practices extortion against human dignity. How frustrating for those who have to read the contents of the FARC’s computers!
The Washington-Bogotá axis, under the pretext of a struggle against terrorism arbitrarily defined by them, and which they attempt to impose on other countries, seeks to impose its infamous capitalist hegemony throughout Latin America.
The Washington-Bogotá axis has lost political terrain in Brazil, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia and Argentina. The ultimate goal of this axis, camouflaged behind the war against drugs first, and now behind the antiterrorist war, is to erode international human rights standards, just like George W. Bush has with his so-called water boarding, or torture by water.

In January, this year, the European Council´s Parliamentary Assembly of the European Council (ECPA) urged the United Nations Security Council and the European Union, (101 to 3 votes) to re-evaluate the arbitrary procedure through which ¨terrorist lists” are compiled, since the current process clearly violate human rights (Dick Marty, Strasburg, January 23).

There is no doubt that, in the struggle against terrorism, the FARC will have to be judged and condemned for all its war crimes and crimes against humanity. But this struggle cannot justify taking steps backward in the protection of human rights, or in the respect due to the rights of other countries. The struggle against terrorism cannot be an excuse to commit tortures or violate the sovereignty of third nations.

The struggle against terrorism cannot be a neologism for crusades more in keeping withthe Dark Ages. To siege other countries under the guise of fighting against terrorism, even if the State in question has the right to fight against terrorism, wounds democracy, giving a boost to aggressors and hurting the patriotic feelings of the country momentarily occupied.

With his siege on Ecuador, President Uribe revives the Monroe Doctrine (“America for the Americans”). He wants to show the world that its neighbors are accomplices of the guerrilla, when it is Colombia itself that has been crazy enough not to negotiate a political solution to the conflict. After six years of President Uribe’s democratic security doctrine, Colombia simply cannot end up blaming its troubles on the neighbors.

FARC and the United Autodefensas of Colombia AUC are on the European Union’s list of terrorist organizations, occupying ranks 28 and 36 respectively (Common position2004/309/PESC European Council, April 2 2004).

Colombia loudly denounces FARC´s relations with Ecuador and Venezuela, while maliciously keeping quiet about its own relations with the AUC. President Uribe should take advantage of this opportunity, now that he is bent on denouncing President Chávez before the International Criminal Court, and take along a copy of the 60 cases against his own Congressmen, including his cousin Mario, so that this international tribunal rules on both instances.

In military terms, the killing of Raúl Reyes and the other members of his group is an important blow to the FARC, but politically it is a falsely positive action: Colombia has been carrying out a war with the guerrillas, and now it has two more wars.

If Colombia considers that Ecuador and Venezuela are in connivance with the Colombian guerrilla, it should first file its complaints against them before the OAS and the UN.

Finally, what is happening is nothing more than the development of President Uribe´s “Hecatomb Project 2010-2014”, a project through which the President means to generate the conditions of lack of governance needed to further his process of de-institutionalization

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, March 4 2008

el yesQuero Nro. 184

2008-02-26T23:27:00.014-05:00

Jesús María Valle Jaramillo

Por
Rafael Rincón Patiño*

Y si del abstracto campo jurídico pasamos a contemplar el problema de los delitos políticos (o conexos) desde el punto de vista moral y de los castigos, encontraremos las mismas fluctuaciones, nos veremos sumidos en dudas idénticas. Por una parte, los conspiradores y los innovadores políticos son declarados infames y se les persigue hasta en sus bienes y en sus hijos; por otra, se esparcen flores sobre sus tumbas y se perpetúa su memoria, como si fueran mártires, en biografías y en cánticos populares; y mientras unos reproducen su efigie para entregarla al verdugo, otros la colocan en el muro doméstico como un recuerdo digno de veneración y de llanto. De un lado el estercolero, del otro el altar.

Francisco Carrara

Jesús María Valle Jaramillo fue un humanista nacido en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Se formó como abogado en la Universidad de Antioquia y se destacó como penalista en el ejercicio de su profesión, como defensor de derechos humanos y como hombre público volcado a la protección de la población vulnerable. Fue un profesional que se hizo para ofrecer su corazón y que encontró el éxito en la humildad.

Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado en su oficina de abogado el 27 de febrero de 1998. Su muerte permanece en la impunidad a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación por esclarecer el crimen. Razón por la cual su caso fue de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya falló señalando la responsabilidad del Estado colombiano en este crimen.

La Corte Interamericana se pronunciará en segunda instancia a finales de este año, evaluando la lista de “eliminables” que confeccionó el general Alfonso Manosalva Flórez y en la cual estaba Jesús María Valle Jaramillo, evaluando la denuncia por injuria y calumnia presentada por oficiales de la IV Brigada y examinando la calificación pública de enemigo de la Fuerza Pública que realizó el entonces Gobernador de Antioquia Uribe Vélez.

Valle Jaramillo sobresalió como abogado en la defensa de campesinos y presos políticos en la década del 70, brilló como líder social en la década del 80 con la creación de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios —al lado del también inmolado Ramón Emilio Arcila—, descolló como líder cívico en la Junta de Profesionales por la Democracia y la Justicia Social y en el Colegio Antioqueño de Abogados (Colegas), como defensor de derechos humanos estuvo presidió el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia después del asesinato de sus tres anteriores presidentes.

Como concejal por el Partido Conservador, del municipio de Ituango estuvo preocupado por el bienestar de los corregimientos y la situación de los campesinos y desplazados. Como catedrático universitario en sus clases de Ética, Pruebas Penales, Derecho Procesal enseñó el valor de la libertad e inculcó la disciplina por el estudio y las bondades de la verdad.

Heredero de la escuela clásica italiana del derecho penal, seguidor apasionado del Programa de Derecho Penal de Francisco Carrara (Programa del Corso di Diritto Criminale, 1859: “La ciencia criminal debe tener la misión de moderar los abusos de la autoridad”), a quien admiraba como penalista, como político, como hombre de foro. Desde el punto de vista filosófico y político Valle Jaramillo era un hombre de fe en el derecho, un apasionado de las libertades individuales. Desde lo jurídico, el debido proceso y las garantías procesales eran el pilar de sus defensas. Se destacó en el ejercicio del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Como pensador clásico siempre estuvo preocupado por humanizar el sistema penal. Así como César Becaria luchó contra la pena de muerte y contra la tortura como forma de obtener la verdad, Jesús María Valle luchó en el pavoroso cuatrienio “turbayista” (1978-1982), enmarcado por el denominado Estatuto de Seguridad, contra las capturas y allanamientos ilegales, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.

Valle Jaramillo es un hijo de la Revolución Francesa (1789), de sus principios y valores (libertad, igualdad, fraternidad), pero es también un hijo de las revoluciones sociales. Un amigo de las libertades y un adversario del ejercicio absoluto del poder. Como penalista dejó ver su amor por la libertad y como político su aprecio por la igualdad.

Entendió el delito como una creación jurídica estatal no como un hecho o un acontecimiento. Todas las personas son libres e iguales en dignidad y todas están dotadas de libre albedrío, por eso no entendió al delincuente como un sujeto patológico o alguien extraño.

Jesús María Valle Jaramillo estuvo hecho de la expresión de un noble pensamiento liberal sostenido en el siglo XIX por los juristas italianos Carmignani y Francisco Carrara y continuado en el siglo XX por el también italiano Luigi Ferrajoli.

Fue un hombre de derechos, siempre mostró su respeto a la ley y a la Constitución, a la que consideraba un código moral. Su pasión por la libertad lo llevó a ser defensor de presos políticos en complejos consejos verbales de guerra. Siempre tuvo un riesgo alto en su ejercicio profesional, rechazó escoltas para no poner en riesgo sus vidas. Gozó del respeto de militares y policías que admiraban su valor.

El respeto fue su norma de conducta y la crítica su manera de pensar.

Valle Jaramillo fue un ser políticamente incorrecto, ajeno a los cálculos de conveniencia personal, por eso no puede convertirse en un ícono neutro de los derechos humanos. Jesús María tomó partido por los pobres, por los débiles y lo hizo con convicción, palabra y vehemencia. No fue ni un malabarista de los beneficios ni un aguas-tibias, su talante transparente le granjeo estigmas y dificultades.

¿Por qué lo mataron?

Jesús María Valle puso en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales y de Naciones Unidas las masacres que el paramilitarismo, con la connivencia del ejército colombiano, venía ejecutando en el municipio de Ituango. Las denuncias de acción conjunta de paramilitares y militares en las masacres del corregimiento La Granja (Junio de 1996) y El Aro (octubre-noviembre de 1997), ya falladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exacerbaron los ánimos del entonces gobernador Uribe V. y del comandante de la IV Brigada general Carlos Alberto Ospina Ovalle.

Ellos, los Generales, lo denunciaron penalmente por injuria y calumnia.

Valle Jaramillo fue calificado por el entonces Gobernador como un enemigo de la Fuerza Pública y así lo propaló por los medios de comunicación. Valle Jaramillo insistió en sus denuncias afirmando: “Se percibe esa connivencia entre comandantes de la Policía y el Ejército con aquellos agentes armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano de nuestros municipios”.

Ante la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, señora Almudena Mazarrasa, Jesús María Valle Jaramillo denunció, ocho días antes de su asesinato, la complicidad del Ejército con los grupos paramilitares del Norte de Antioquia.

Hoy las versiones de los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo (alias Don Berna) confirman las denuncias de Jesús María. Sí había acciones conjuntas en Ituango entre Ejército y paramilitares. Salvatore Mancuso afirma que el general Alfonso Manosalva Flórez fue quien les entregó las listas y los mapas de Ituango.

Además, Diego Fernando Murillo ha confesado su participación en la muerte del defensor de derechos humanos. ¿Cumpliendo órdenes de quién?

Lo cierto es que los autores de su muerte gozan de gloria y buena salud. Los victimarios son generales unos, llevan en su solapa la Cruz de Boyacá, o han sido ascendidos a los más altos cargos del Estado.

Este país cambiará el día que los honores los tengan quienes se los merecen, es decir, el día que el General Rito Alejo del Río sea investigado por un tribunal que no se deje intimidar, el día que el ex fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio pierda la Cruz de Boyacá que le impuso el presidente Uribe V., el día que el General Santoyo, el general de las 1449 “chuzadas”, sea procesado penalmente, de la misma manera que lo procesó y lo destituyó la Procuraduría General de la Nación; el día que los desmovilizados de las autodefensas, los que confiesan masacres y homicidios al menudeo y al por mayor, dejen de ser llamados héroes desmovilizados, el día que Colombia deje de considerar la violencia paramilitar y la que cometen algunos agentes del Estado como el mal menor, el día que el Batallón Alfonso Manosalva Florez, situado en el suroeste de Antioquia, pierda su nombre o el día que la IV Brigada lleve el nombre de Jesús María Valle Jaramillo como símbolo del compromiso con el respeto a los derechos humanos y como señal inequívoca de resarcimiento y no repetición.

Mientras tanto seguirá el coro: “aquí estamos y estaremos en el fragor de la lucha, o en la quietud de la muerte”.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 27 de febrero de 2008
Décimo aniversario de la muerte del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo

el yesQuero Nro. 183

2008-02-19T11:45:00.003-05:00

Real Cédula de los palmicultores

Por
Rafael Rincón Patiño*

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Derecho al desarrollo ONU

En la Constitución Política de Colombia de 1991 la organización territorial está integrada por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas y cada una de las unidades territoriales goza de autonomía, es decir se gobierna por autoridades propias de elección popular. Aunque el mandato constitucional es claro, el presidente Uribe V. yuxtapone una colonial organización administrativa y ha ungido a ministros como especies de virreyes para tutelar las regiones.

Donde no hay confianza y hay intereses del Estado Comunitario se instala un “neovirrey” a ejercer dominio inminente sobre la parroquia. Ese es el modelo de administración pública centralista de Uribe V. para aquellos lugares en donde mandan gobernadores no afectos a la causa de la seguridad democrática. Las regiones viven una descentralización tutelada por la seguridad democrática y no por la Constitución.

Es el retorno a la metrópoli, una forma disfrazada de centralismo. El neovirrey rinde informes a la Corona de la Casa de Nariño y allí se toman las decisiones relacionadas con las colonias en materia de infraestructura, salud, educación que afectarán o beneficiarán a la autoridad local adepta o insubordinada.

El ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, conocido por su abyecto servilismo, oficia como neovirrey para el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia. Fue el tutor de la Gobernación de Antioquia mientras estuvo regida por Aníbal Gaviria, y lo sigue siendo, con el gobernador Luis Alfredo Ramos y el alcalde Alonso Salazar.

La Corona de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Uribe V., ha beneficiado con esta comarca al economista Andrés Felipe Arias L., hijo de estas tierras y reconocido por el uso de la camiseta blanca con letras negras que niega el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el departamento del Valle.

El neovirrey Arias L., titular de este cargo por servil y no por alcurnia o letrado, es un enemigo absoluto del acuerdo humanitario y un hombre de la guerra. Compite con Germán Vargas Lleras por el perfil de “duro” para hacerse al poder o al mérito de ser la mano derecha del líder diestro y siniestro actual. Como servil se mueve más fácil el presidente Uribe V. que él, el regalado siempre es más papista que el papa, esa es la forma de acreditarse, su particular manera de presentarle finura al patrón. Vive de dar coba a los opositores y al mismo presidente Uribe V. Le encantan los reflectores y embriagado de poder es capaz de hacerse matar por su jefe o por las banderas de su jefe, al mejor estilo de la violencia de mediados del siglo XX.

Más que la agricultura al ministro Arias L. lo define la tenencia de la tierra. El “No al despeje” nace de sus entrañas, no es una pose, es una orden que cumple como propia. Él encarna el inamovible del “No al despeje”, ahí nunca habrá negociación, primero muerto.

El economista Arias L. entiende la riqueza como una condición de los ricos y la pobreza como una calidad de los pobres. Actuando como lugarteniente de la mafia de los palmicultores, caracterizados autores de desplazamiento forzado en la zona de Urabá, decidió entregar las 17000 hectáreas de la hacienda Carimagua en el departamento del Meta, a sus poderdantes los palmicultores, y no a los descamisados desplazados, con el desatinado argumento de que son tierras ácidas e improductivas.

El desarrollo humano, dice el economista hindú Amartya Sen, pasa por el desarrollo de las potencialidades humanas. Dice el premio Nobel que de lo que se trata es de aumentar las opciones vitales de las personas. Dice Sen que “el trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades, alcanzar un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima”. El neovirrey Arias L. debe, por lo tanto, alejarse de esa economía del bienestar que se mueve en el paradigma racional de mayores beneficios económicos y de nada para el desarrollo humano de la gente.

Además de ser un derecho colectivo el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Como derecho individual el derecho al desarrollo es el nombre del derecho fundamental al mínimo social, un derecho que pasa por el principio de la igualdad de oportunidades.

El neovirrey Arias L. atentó contra los derechos al desarrollo, a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de la población desplazada. El también lugarteniente Arias L. ignora el principio de solidaridad, se guía por la competitividad y el crecimiento, desconoce el desarrollo como derecho humano fundamental, se brinca la Constitución y la Sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional sobre protección a la población desplazada.

Así es, en el gobierno de la seguridad democrática las oportunidades son dulces para las mafias, para los ilegales y son agrias para las víctimas, para los legales, para los cumplidores de la ley. La población desplazada tiene derecho a trabajar para los amos, son libres, sin discriminación alguna, para ser esclavos. Tienen derecho a escoger el amo, a recibir o no jornal, a votar la reelección de Uribe V. ya o dentro de cuatro años.

Mientras tanto la Corona de la Casa de Nariño se complace con las cédulas reales del neovirrey, las licencias a los poderosos patrocinadores de la reelección. Así se financia la campaña.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 19 de febrero de 2008

el yesQuero Nro. 182

2008-02-11T20:41:00.000-05:00

El derecho a la tortura

Por
Rafael Rincón Patiño*

Taxi al lado oscuro (Taxi to the Dark Side, 2007) es un documental dirigido por Alex Gibney en donde denuncia las prácticas de tortura del ejército norteamericano en Afganistán, Iraq y Guantánamo; es un documental que critica la política de la democracia estadounidense relacionada con la tortura.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como el presidente de Colombia, Álvaro Uribe V., quiere cambiar un “articulito” del ordenamiento jurídico internacional.

Uribe Vélez lo hizo y lo quiere volver a hacer en la Constitución Política de Colombia para prolongar su mandato presidencial y salvar, según sus palabras, a Colombia de la hecatombe y George Bush quiere hacer el cambio pero en los Convenios de Ginebra, para rebajar el estándar internacional de tortura y legalizar las prácticas que desarrolla la Central de Inteligencia Americana, CIA.

Bush quiere modificar un inamovible moral de la democracia liberal, de la cual él se considera su gendarme: la prohibición de todas las formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bush quiere ganar la “guerra de civilizaciones” (llamada así por Samuel Hutington la cruzada por el petróleo), cambiando el estándar de tortura internacional. El gobierno Bush pretende garantizar la seguridad de sus conciudadanos torturando pasito (blandito y en voz baja).

Su forma preferida es la Tortura del agua, la que utilizaba la inquisición española y la misma que utilizó China en la Segunda Guerra Mundial, y que por cierto, recibió la sanción de Estados Unidos. Cuenta con el apoyo connivente del recién elegido procurador general Michael Mukasey quien ha omitido pronunciarse sobre la Tortura del agua o waterboarding.

Así como en Colombia el presidente Uribe V. juró defender la Constitución de 1991, dijo que la reelección era por una sola vez, y ahora, suspira con un tercer mandato, así el presidente Bush quiere modificar la Octava Enmienda de los derechos civiles—no se requerirá fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se inflingirá castigo cruel e inusitado.— y el Artículo 3º. común de los Convenios de Ginebra para suavizar la prohibición de la tortura.

Bush y Uribe V. son presidentes que se han hecho al monopolio de la moral, son representantes de una “civilización” que reclama el derecho a torturar. Ellos son los que certifican que es tortura, delito político, terrorismo, sedición. Así, mientras innumerables organizaciones de derechos humanos internacionales hablan de la crisis humanitaria en Colombia, el Departamento de Estado norteamericano certifica como ejemplar al Gobierno colombiano que tiene una clara alianza con sangrientas organizaciones paramilitares (DAS, Jorge Noguera).

Los inamovibles morales, jurídicos y políticos como la dignidad humana, la libertad, el debido proceso, el hábeas corpus dependen de los arbitrios del presidente Bush y del presidente Uribe V. Colombia y Estados Unidos tienen “gobiernos de hombres”, no tienen gobiernos de leyes. Fundan su legitimidad en los niveles de aceptación que les dan las encuestas de opinión y no en su respeto a la ley. Los órganos de control y los tribunales de justicia son para ellos parte de la coreografía institucional de sus decisiones.

Lo grave para Colombia es que el “gobierno de los hombres” es un gobierno de las no garantías, es una doctrina política autoritaria que enerva los principios constitucionales. El “gobierno de los hombres” en Estados Unidos ha tolerado que 450 personas afganas e iraquíes no tengan ni derecho de defensa, ni debido proceso y puedan ser asfixiadas en las cárceles clandestinas, en Guantánamo o en Abu Ghraib.

El Gobierno estadounidense quiere bajar el estándar internacional de tortura, situación que también afectará a los miles de marines que rondan el mundo y que sean capturados por sus enemigos.
El presidente Uribe V., líder del poder ejecutivo en Colombia, es quien de forma aberrante interpreta la ley como si fuera un alto tribunal; además, impone su hermenéutica con argucias semánticas y con magistrados de su redil (Su secretario jurídico es hoy magistrado de la Corte Constitucional, su viceministro de justicia es el Fiscal General de la Nación).

El presidente Uribe V. dicta “jurisprudencia”, interpreta con autoridad sus futuras decisiones; es un poder ejecutivo que proyecta los fallos de exequibilidad de sus decisiones realizando “consultas previas” para blindar sus excesos. Es un presidente que legisla y falla de manera exorbitante. Un Presidente que espía la justicia.

El presidente Uribe V., actúa como dueño único de la moral, es él quien califica a la guerrilla de terrorista o de buen guerrillero, a los paramilitares de delincuentes políticos (sediciosos), a la oposición de subversiva. Él califica a la guerrilla de mal mayor y al paramilitarismo mal menor. Es un gobierno que dice cuál marcha ciudadana es la de los buenos y cuál marcha ciudadana es la de los malos.

Es un presidente que llama telefónicamente a los magistrados de las Cortes para manifestar su extrañeza cuando sus amigos o familiares resultan implicados en investigaciones judiciales por parapolítica. Es un presidente que ha intimidado a los otros poderes. Un gobierno que obstruye la justicia con asfixia presupuestal.

Los “gobiernos de los hombres” son gobiernos que viven del miedo. Su éxito radica en la construcción del círculo vicioso miedo-seguridad. Ellos son la causa del miedo y ellos son la seguridad.

Bajo “la sombra de Bush y Uribe” la universalidad de los derechos quedará así: “todas las personas tienen derecho a la tortura excepto…”

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de febrero de 2008

el yesQuero Nro. 181

2008-02-05T14:48:00.000-05:00

“Todos a marchar”

Por
Rafael Rincón Patiño*

Todas las noches, cuando miro las cadenas que nos convierten en parte del árbol al que nos tienen asegurados, me recuerdan que son las Farc quienes nos secuestraron... Estas cadenas tienen dos llaves para abrirlas: una la tiene el Estado y otra las Farc.
Ex gobernador Alan Jara

En 1998, en un ejercicio de planeación realizado por diversas organizaciones empresariales y civiles, liderado por el experto canadiense Adam Kaen, del Centre for Generative Leadership, fueron previstos cuatro escenarios políticos posibles para Colombia (Destino Colombia, 1998).

Los escenarios previstos en ese entonces fueron: el del continuismo llamado “Amanecerá y veremos”; el segundo escenario era descrito como aquel en el que es mejor tener un mal arreglo que un buen pleito, y fue denominado “Más vale pájaro en mano que ciento volando”, el tercer escenario fue el de la guerra, llamado “Todos a marchar”, y el cuarto era el escenario del consenso y fue denominado “La unión hace la fuerza”.

Aunque el escenario soñado era el cuarto, el escenario democrático, Colombia optó, en el año 2002, de una manera viciada —por la incidencia del narcotráfico y los paramilitares— por el escenario de todos a marchar con la elección de Álvaro Uribe V. como presidente de Colombia.

El escenario de “Todos a marchar” fue descrito en el ejercicio de planeación como el necesario para “reconstruir una nación rota y zurcir las rasgaduras hechas al tejido social del país y ante la frustración de otros intentos para alcanzar la paz se instauró un mandato firme para poner orden al caos institucional”.

La gran marcha nacional del 4 de febrero, una iniciativa ciudadana usurpada de manera solapada por el Gobierno de Álvaro Uribe V. y los medios informativos empresariales, refrendó de manera informal el escenario de la guerra. La marcha nacional, desafortunadamente y de manera fácil, identificó un solo enemigo del presente y futuro del país y lo extendió a la oposición y a los países vecinos.

La marcha nacional no fue exclusivamente la marcha de solidaridad con las víctimas o la marcha por la libertad de los secuestrados o la marcha por el acuerdo humanitario o más aún la marcha de repudio a las Farc; fue también una marcha de solidaridad con el poder agraviado de Álvaro Uribe Vélez, una marcha contra Chávez, y una marcha contra la oposición democrática.

Fue una marcha nacional con acento en el repudio a un actor del conflicto, que bien merecido lo tiene, pero desvaneció el dolor de los desplazados, de los familiares de los masacrados, de los asesinados por el paramilitarismo y algunos agentes del Estado. Fue un velo a la violencia del paramilitarismo. Los organizadores dijeron que se trataba de no dispersar el mensaje, les dio miedo manifestar su simpatía con esa otra forma de violencia. Está por verse su repudio a la otra violencia.

Es como si la fuerza del paramilitarismo fuera la fuerza legítima del Estado. Fuerza digna de apoyo o en todo caso de prebendas judiciales y políticas.

¿Hasta cuándo el escenario de “Todos a marchar”? Hasta siempre parece ser la respuesta. El escenario de la guerra es un escenario de dolor, pero es un escenario de grandes resultados económicos, de inmejorables indicadores macroeconómicos, de inversiones extranjeras.

Colombia ya se acostumbró a los informes internacionales de derechos humanos, a las ejecuciones extrajudiciales, a los escándalos de la parapolítica, a la corrupción administrativa, a la pobreza. El Gobierno colombiano y a quienes éste representa saben que ese es el precio a pagar para tener un país competitivo, alineado al Gobierno republicano de Estados Unidos y globalizado.

Parece que Colombia viviera el escenario tres (de la guerra) inmerso en el escenario uno (del conformismo). Es decir, una conformidad con el estado de guerra. Un estado excepcional construido con fundamento en el Artículo 121 de la Constitución de 1886 y dentro del cual la excepción se convierte en la regla.

Las movilizaciones anteriores eran contra la guerra, hoy son contra uno de los actores de la guerra. Una parte importante de la sociedad civil ha tomado partido y ha dejado en la impunidad a otros actores del conflicto.

Aquellos que marcharon contra Piedad Córdoba, contra Chávez y contra las Farc creen que Colombia será mejor sin ellos. Viven de construir un enemigo para ocultar las causas de una Colombia empobrecida y dividida.

La marcha nacional del 4 de febrero pudo ser la oportunidad para cambiar de escenario y no para radicalizar el existente. La paz existente, o paz de la seguridad democrática, o seguridad de los sepulcros, es una paz que se come el 40% del presupuesto de inversión social, es una paz escoltada.

El desastre humanitario está ahí: el inmenso dolor de los secuestrados, de los torturados, de los familiares de los asesinados, de los desplazados, de los desaparecidos. La verdad también es tozuda, se demora, pero aparece. Las violaciones a los derechos humanos tendrán presencia permanente, la marcha nacional no fue una marcha del perdón. Fue una cuenta de cobro a un actor del conflicto. Faltan cuentas por cobrar. Colombia está en deuda.

Los románticos de la guerra consideran el escenario de la guerra como un escenario de tránsito, pero las causas del conflicto, y ahora de la división nacional, están ahí clamando soluciones.

Los románticos de la guerra quieren perpetuar el escenario de la guerra; a veces sienten que las Farc se les acaba y salen a satanizar a la oposición parlamentaria, se dedican a construir el enemigo. Para eso igualan a la oposición, a los sindicatos, a los defensores de derechos humanos con las Farc o con el terrorismo.

Así lo hizo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos con el parlamentario liberal Rafael Pardo cuando lo acusó de orquestar un golpe de Estado con las Farc, o el ministro de Gobierno con la parlamentaria Piedad Córdoba cuando reacciona a las amenazas diciendo que ella se las buscó, o el propio presidente Uribe V. con el parlamentario Gustavo Petro cuando lo califica de terrorista de civil.

Colombia tiene un líder que se ufana de ser un guerrero, un combatiente. El presidente Uribe V. le quiere ganar la guerra a las Farc, pero también se la quiere ganar a Chávez, y también se la quiere ganar a Daniel Ortega, y se la querrá ganar a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Argentina.

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 5 de febrero de 2008

el yesQuero Nro. 180

2008-01-29T22:39:00.000-05:00

La tortura como remedio del terror

Por
Rafael Rincón Patiño*

La inquisición española llamaba “tortura del agua” al método de obtener información por asfixia. El Gobierno norteamericano denomina “interrogatorio duro” a esta práctica violatoria de los derechos humanos.

La tortura del agua es una técnica medieval de interrogatorio, que consiste en atar la víctima a una tabla mientras se derraman galones de agua sobre el rostro cubierto con una toalla para crear la sensación de ahogamiento. Es una forma de tortura como el “submarino” o inmersión temporal en un estanque de agua.

El Gobierno de George W. Bush defiende la tortura del agua como un método válido para la lucha contra el terrorismo, considera que los “combatientes enemigos” pueden ser sometidos a este tipo de vejámenes sin que se viole la ley ni la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).

Este crimen de guerra, este acto de barbarie hace parte de la política oficial de Estados Unidos contra el terrorismo. Ahogar es lícito cuando se trata de combatientes enemigos. Es una forma legal autorizada a la CIA y prohibida al Ejército (Enmienda Graham sobre la tortura, 2005).

El recién elegido Procurador General de Estados Unidos, el juez Michael Mukasey, candidato del presidente Bush, se abstuvo, en audiencia pública ante el Senado, de calificar el ahogo simulado, waterboarding, como tortura, confirmando así la política oficial iniciada por su antecesor, el nefasto Alberto Gonzáles —el de los memorandos a favor de la práctica de la tortura, el que eliminó el hábeas corpus, el de las millones de llamadas grabadas y el que niega las convenciones de Ginebra—.

Por su parte, el senador demócrata Edward Kennedy declaró que “esta técnica bárbara pone a Estados Unidos junto a la Inquisición española, el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, los dueños de esclavos del siglo XIX y el Khmer Rouge de Camboya”.

De otro lado, el presidente Bush, que ha conquistado al electorado exhibiéndose como un duro contra el terrorismo y sacrificando las libertades civiles, defendió a su candidato Mukasey a la Procuraduría General diciendo: “No voy a hablar sobre técnicas. Hay un enemigo allá fuera. Mi perspectiva es esta: el pueblo estadounidense necesita entender que el programa es importante y que las técnicas empleadas están dentro de la ley, y los integrantes de la Cámara y el Senado saben de lo que hablo, han sido plenamente informados”.

Por otro lado, el candidato republicano a la presidencia, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, y quien posa de “duro” frente al terrorismo, defiende la tortura del agua para casos excepcionales, dice que sin ella la Gran Manzana estaría llena de criminales.

Por el contrario, los candidatos demócratas se oponen a la tortura en todas sus formas. Barak Obama la considera ineficaz porque los torturados mentirán con tal de parar el dolor; se opone, también, porque la tortura que practica Estados Unidos legitimará a sus adversarios para ejercerla contra sus soldados.

En Iraq, Afganistán, Guantánamo y las cárceles secretas norteamericanas en Europa se tortura por parte de contratistas de la guerra, es la tortura por outsourcing, que exime a los funcionarios de responsabilidad disciplinaria y penal.

El Gobierno de Bush expide una certificación anual en derechos humanos al Gobierno colombiano, cuestionado por su propia justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sus relaciones con las organizaciones paramilitares, que asesinan, descuartizan y masacran a sus adversarios políticos y militares.

Estados Unidos, que se precia de Estado de derecho liberal, tiene un Gobierno que acolita la tortura, por lo menos, en una de sus formas: la tortura del agua; es un Estado que carece de fibra moral para certificar en derechos humanos al Estado colombiano.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, viene a Medellín, Colombia, a mostrar a los congresistas demócratas los beneficios del Plan Colombia, los alcances de su tarea “civilizadora”, el producto de los acuerdos con el paramilitarismo de la seguridad democrática.

El Gobierno de Estados Unidos, con la tortura del agua y con las “capturas secretas” (especie de secuestros de Estado), invoca un remedio peor que la enfermedad. La tortura como remedio del terror no es otra cosa que más terror.

Referencia:
http://www.youtube.com/watch?v=-GcXl1y_mQw

* Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad

Medellín, 29 de enero de 2008

el yesQuero Nro. 179

2008-01-23T00:12:00.000-05:00

Hijos de la selva

Por
Rafael Rincón Patiño*

La muerte está viva en los secuestrados

Ricardo León Peña

Colombia está atrancada en un paradigma bipolar del conflicto armado. Vive en disyuntivas que atascan el desarrollo del conflicto y su resolución. Se cree, por ejemplo, que la justicia es un obstáculo para la paz, y que hay que optar por una de ellas.

Es un paradigma centenario planteado inicialmente por Rafael Nuñez (Regeneración o catástrofe) y recapitulado hoy por el presidente Uribe V.: reelección o hecatombe.

Como hijos de la selva, los poderes en Colombia niegan el conflicto armado interno y niegan sus normas reguladoras, el Derecho de Ginebra y el Derecho de La Haya. El presidente Uribe V., por su lado, prefiere hablar de agresión terrorista, para eludir las reglas de la guerra; y las Farc, por su lado, llaman retenciones a los secuestros y se llaman prisioneros de guerra a los rehenes y a las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Como hijos de la selva los extraditados desde Colombia a Estados Unidos y los secuestrados por la guerrilla no tienen derecho a la justicia, a un debido proceso, a un juicio justo, a defenderse. Son tratados como “combatientes enemigos”, como entes sin derecho y sin derechos, igual a como son tratados los presos en las cárceles de Abu Grahib, de Guantánamo y de Charleston (Carolina del Sur).

Reconocer el estado de beligerancia es una situación mediante la cual un Estado o la comunidad internacional formaliza una guerra justa, una guerra “civilizada”, pero el desmadre de la guerrilla de las Farc le quitó toda legitimidad y justicia a su original pretensión política.

El Estado colombiano es un caracterizado violador de los derechos humanos. Así lo han caracterizado centenares de informe de organizaciones de derechos humanos. La guerrilla colombiana es una guerrilla con objetivos políticos, pero con acciones perversas y medios detestables. Son delincuentes políticos, pero la justicia y la legitimidad de sus acciones se desvanecieron.

Fue la Constitución Política de 1991 la que le quitó vigencia a la lucha armada en Colombia. Ella es el “fin del fin” de la violencia. En los últimos quince años son mayores los logros conquistados por la izquierda democrática que por la izquierda ilegal.

La izquierda ilegal terminó siendo funcional a la derecha ilegal enquistada en el poder mediante métodos de corrupción y violencia. La oposición armada le sirve, muy a su pesar, al proyecto parapolítico para encubrir los problemas sociales. La oposición al presidente Uribe V. no legitima la ilegalidad, así sea la oposición a un proyecto violento y untado de narcotráfico por todos lados. Sin oposición armada el autoritarismo de Uribe V. sería más evidente.

El presidente Uribe V. califica el problema como una agresión terrorista: de manera coherente con su diagnóstico rechaza los delitos políticos para los grupos guerrilleros, pero de manera incoherente propugna por el delito de sedición (delito político) para sus copartidarios paramilitares.

Colombia tiene un conflicto armado interno globalizado. Un conflicto armado en donde una de las partes es un Estado fallido de derecho y la otra es una guerrilla sin derecho, ni siquiera el humanitario, y sin legitimidad.

Parodiando la verdad de a puño del boxeador Kid Pambelé, quién alguna vez dijo que era mejor ser rico que pobre, se podría decir que es mejor estar vivo que muerto, sin embargo, con el secuestro, se derrite esta apreciación, pues la inclemencia de este crimen conduce a afirmar que es mejor estar muerto que secuestrado.

“La política no puede estar por encima de la vida” afirma la ex congresista liberada Consuelo González, “las instituciones no pueden estar por encima de la vida” argumenta Fabiola Perdomo, viuda de uno de los diputados secuestrados en el Valle del Cauca. Pero, el presidente Uribe V. sentencia en Guatemala: "lo humanitario no puede excluir la seguridad".

Con los rehenes no se hacen favores, homenajes, desagravios o agravios. Realizar un acuerdo humanitario es una obligación constitucional con fundamento en la dignidad humana como principio de la Carta Política. Abstenerse de celebrarlo sólo conduce a la seguridad de los sepulcros, que fue la que vieron los diputados del Valle, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el ex ministro de defensa, Gilberto Echeverri.

Si “la muerte vive en los secuestrados” es hora de desahuciar la muerte, ella tiene su lugar y su tiempo y no tiene porque morar en los vivos.

La democracia colombiana tiene el recorrido de Emmanuel, el hijo de la selva. No es una democracia natural, es una democracia que nació forzada, nació con la izquierda quebrada, y está picada de “pito” en el lado derecho del rostro, tiene una herida de mosquito que se niega a sanar; es también una democracia desnutrida porque se alimenta de violencia, una democracia que no conoce al padre y permanece en manos de una madre sustituta.

Hoy está en juego la capacidad de revertir el destino de hijos de la selva, herederos de la anomia, seguidores de la ley del más fuerte, hacia un futuro compartido en igualdad de condiciones y de libertades.

* Director de la Oficina de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, enero 22 de 2008

Children of the Jungle

By
Rafael Rincón Patiño*

Death is alive in the kidnapped ones

Ricardo León Peña

Colombia is stuck in the bipolar paradigm of armed conflict. It undergoes a long-drawn dilemma hindering the conflict´s evolution and resolution. The common viewpoint is that justice is an obstacle to peace, and that the country must opt for one or the other.

This paradigm has been defended for over a hundred years, originally proposed by Conservative President Rafael Nuñez (1886), under his motto ´Regeneration or catastrophe´, and revamped today by President Uribe: reelection or hecatomb.

Like children of the jungle, the powers that be in Colombia deny even the presence of a domestic armed conflict, also refusing to comply with the international norms that should regulate conflict, like the Geneva and Hague Conventions, although it has ratified them. On the one hand, President Uribe prefers to speak of ´terrorist aggression´ in order to dodge the rules of war, and on the other hand, the FARC guerrilla labels their kidnappings ´retentions´, also labeling their hostages, and those whose rights fall under the protection of International Humanitarian Law, as ´prisoners of war´.

As children of the jungle, the prisoners extradited from Colombia to the United States, and the people kidnapped by the guerrilla, have no right to justice, due process of the law, a fair trial or the right to self-defense. All of them are treated as ¨enemy combatants¨, not as beings in their own right or who possess human rights. They are treated just like the prisoners held at the prisons in Abu Grahib, Guantanamo and Charleston (in Iraq, Cuba and South Carolina).

Acknowledging a state of belligerence is a situation through which a State, or the international community, formalizes a just or “civilized” war, but the chaos instigated by the FARC guerrilla has also robbed its original political claim of all legitimacy and sense of justice.

The Colombian State is a systematic violator of human rights. During the past decades, literally hundreds of reports drawn by various human rights organizations render the evidence to prove this. The Colombian guerrilla is a guerrilla with political aims, but it commits perverse deeds using despicable means. They are delinquents, the justice and political legitimacy of their actions having vanished.

It was the Political Constitution of 1991 that made the presence of an armed conflict in Colombia irrelevant. Our 1991 Constitution represents “the end of the end” of violence. During the last fifteen years, the achievements conquered by the democratic left are greater than those conquered by the illegal left.

The illegal left has ended up being very convenient for the illegal right, embedded into power through methods such as corruption and violence. Armed opposition fosters, albeit reluctantly, the para-political project, which uses the guerrilla´s behavior to distract attention from the country´s social problems. This form of opposition to President Uribe does not legitimate illegality, even if what it being opposed is a violent project, tainted by drug trafficking on all sides. If it weren’t for armed opposition, President Uribe´s authoritarianism would be all that more reproachable.

President Uribe identifies the issue as a terrorist aggression: in coherence with this diagnosis, he denies the status of political crimes to the guerrilla groups, while incoherently advocating that his paramilitary supporters are guilty of a crime of sedition (a political crime).

Colombia has globalised its internal armed conflict: an armed conflict in which one party is a State deficient as a rule-of-law State, and the other party is a guerrilla with no respect for human rights, not even humanitarian law, and devoid of legitimacy.

Following the somewhat corny truth of boxer Kid Pambelé, who once declared it was better to be rich than to be poor, we might also affirm that it is better to be alive than to be dead. However, when it comes to the crime of kidnapping, this statement is not defensible, since the hideousness of the crime leads one to believe that it is better to be dead than to be the hostage of a kidnapping.

“Politics cannot take priority over life”, says recently freed ex Congresswoman Consuelo González. “Institutions cannot take priority over life” argues Fabiola Perdomo, the widow of one of the councilmen kidnapped in Valle del Cauca. Yet President Uribe proclaims solemnly in Guatemala: "the humanitarian aspect cannot exclude security".

Hostages are not to be made favors to, or meant to receive tributes, compensations for offenses, or offenses, for that matter. To carry out a humanitarian agreement is a constitutional obligation, grounded on the human dignity that is the guiding principle of our Magna Charter. Refraining from reaching a humanitarian agreement can only lead to the safety of the graveyard, which is just where Governor of Antioquia, Guillermo Gaviria and ex Minister of Defense Gilberto Echeverri ended up when the State attempted their rescue.

If “death is alive in the kidnapped ones” it is time we declare death terminally ill: it should have its own pace and space, and not dwell among the living.

Colombian democracy stumbles over the same route as Emmanuel, child of the jungle. It is not a natural democracy, but a democracy born with forceps: born with a broken left side, and a victim of the plague of ¨pito¨ on the right side of its face. The wound refuses to heal. It is also an undernourished democracy because it feeds on violence; a democracy of father unknown and that remains under the care of a foster mother.

Today what is at stake is the capacity to revert the destiny of the children of the jungle, heirs to the breakdown of social structure, and followers of the law of the strongest, so that they may move on ahead to a shared future, under equal conditions and freedoms.

* Director de la Oficina de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, enero 22 de 2008

el yesQuero Nro. 178

2007-12-11T22:16:00.000-05:00

El privilegio de la corrupción

Por
Rafael Rincón Patiño*

Mientras la Procuraduría General de la Nación eleva cargos por interceptación ilegal de comunicaciones a un General, tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente del Ejército Nacional, el presidente de la República, por su lado, asciende a Brigadier General al oficial de la Policía Nacional Mauricio Santoyo Velasco, el mismo que ha sido investigado y sancionado disciplinariamente por la interceptación de 1.439 líneas telefónicas de las organizaciones de derechos humanos.

Pareciera que el brigadier general Santoyo Velasco fuese un concesionario del privilegio de la corrupción. Pero él no es el único.

El ex fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio recibió de manos del presidente Álvaro Uribe la Cruz de Boyacá, máxima distinción nacional, después de haber precluido las investigaciones por violaciones a los derechos humanos contra el general del ejército Rito Alejo del Río, calificado y señalado en las versiones libres de los jefes paramilitares como uno de los aliados del paramilitarismo en la zona de Urabá, departamento de Antioquia.

El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 18 años por la Procuraduría General de la Nación por su apoyo a grupos paramilitares, mientras que por su lado el presidente Álvaro Uribe lo defendía y lo nombraba cónsul de Colombia en Milán, Italia.

Un tribunal internacional de arbitramento con sede en Panamá, convocado en julio de 2000, ha condenado al Metro de Medellín a pagar la suma de USD 160 millones en un término de 90 días a favor del consorcio hispano-alemán Metromed. Este hecho alcanzó a ser notado pero no despeinó a nadie en el municipio de Medellín ni en el departamento de Antioquia. Parece que el dinero público sobra y lo mejor es no molestar a nadie para no acabar con la buena imagen y la competitividad de la ciudad y el departamento. Mutis por el foro en el Concejo de Medellín y en la Asamblea Departamental de Antioquia. El Metro de Medellín es otro concesionario del privilegio de la corrupción.

La Vía Distribuidora de la ciudad de Medellín se construye con la tala de un bosque y los dineros de la sobretasa ambiental ($36 000 millones) contratada, contradictoriamente, por la autoridad ambiental Área Metropolitana para privilegiar el plan parcial en donde el Grupo Bancolombia construye sus edificios sede. Este emporio económico no paga un denario de la plusvalía que le genera la obra que se realiza con dineros de los nueve municipios integrantes del Área Metropolitana. Sus mentores “cívicos” califican esta expoliación de los recursos ambientales a favor de la especulación financiera como una “obra visionaria”. Es una obra pública que goza del privilegio de la corrupción.

El parque lineal Las Pirámides, antes Avenida Oriental en la ciudad de Medellín, se contrató con el pretexto de construir espacio público, y la administración municipal lo defendió afirmando que eran montañas de flores. Una obra faraónica que divide la ciudad se vende como una obra de arte con la ayuda de la publicidad y de un acomodado de urbanismo “social”.

En Colombia la corrupción y la política anticorrupción dependen de la percepción que generen los medios de comunicación. El escándalo por corrupción puede ser sofocado cuando se trata de amigos o puede ser incrementado cuando se trata de adversarios.

El tratamiento blando de la información de los hechos de corrupción es una forma de complicidad con la corrupción; es una corrupción tolerada por los órganos de control, blanqueada por los medios de comunicación y desarrollada por los grupos económicos y el poder del Estado.

Quienes promueven la alta o baja percepción de la corrupción en el sector público, muchas veces son los mismos que tapan la corrupción del sector privado.

Los escándalos que han acompañado los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe superan con creces los del proceso 8000. Sin embargo, la parapolítica del uribismo ha sido almibarada y distraída con otros escándalos a fin de proteger los intereses torcidos de quienes financian el poder en Colombia.

Hay quienes creen que esta corrupción es benéfica, otros la consideran el mal menor y otros la aceptan como el precio que hay que pagar por el “buen gobierno”. Es la corrupción de los que ya tienen los bolsillos llenos, de los que “roban menos o de los que roban pero también hacen”.

Para enfrentar la corrupción se nombra al funcionario más ignoto con el pomposo nombre de zar anticorrupción. Zar que alcanza a diseñar una estrategia observable en los municipios pero inaplicable en el nivel nacional.

El último zar nombrado, Rodrigo Lara Restrepo, es una víctima de la corrupción del narcotráfico, que renunció por razones personales, muy seguramente al sospechar por la información publicada en un diario de Miami, que la muerte de su padre Rodrigo Lara Bonilla, fue urdida, por quienes lo postularon como zar anticorrupción.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de diciembre de 2007.

The Privilege of Corruption

By
Rafael Rincón Patiño*

While Colombia’s Attorney General files charges against a General, three Lieutenant Colonels, one female Mayor and a quartermaster, all on active duty in the National Army, The President of the Republic decides to promote police officer Mauricio Santoyo Velasco, the very same person who is under investigation and has merited a disciplinary sanction for intercepting 1,439 telephone lines belonging to human rights organizations.

It would seem that Brigadier General Santoyo Velasco is a Licensee of the privilege of corruption. But he is certainly not the only one.

Ex-Director General of Public Prosecution Luis Camilo Osorio receives the Cruz de Boyacá, the country´s highest distinction, from President Uribe, after being responsible for the preclusion of an investigation concerning human rights violations, against Army General Rito Alejo del Río, freely and openly described as one of the allies of the paramilitaries in Urabá, Province of Antioquia, by the paramilitary big shots themselves.

Ex-Director of Security Forces DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Jorge Noguera Cotes, is removed from his post and disqualified from public office for a period of 18 years by the Attorney General’s Office, for his support of paramilitary groups, while at his side President Álvaro Uribe defends him and appoints him Consul of Colombia in Milan, Italy.

An international arbitration tribunal headquartered in Panama, convoked in July 2000, condemns the Metro of Medellín to paying the sum of USD 160 million as a fine within a limit of 90 days, in favor of the Spanish German consortium Metromed. This fact is well-known publicly but no one in the City of Medellín or in the Province of Antioquia could care less. It seems there are plenty of public funds and better not to annoy anyone in order not to hurt the City and the Province’s good image or their competitiveness. And mum’s the word for the Forum in the Medellín Council and in Antioquia’s Departmental Assembly. Medellín’s Metro is another Licensee of the privilege of corruption.

The ¨Vía Distribuidora¨ of the City of Medellín is constructed by cutting down a forest and with funds collected via environmental taxes (USD $18 millions), contradictorily by Metropolitan Area authorities, in order to privilege the partial plan under which the Bancolombia Group raises a series of buildings as headquarters. This financial emporium does not pay back a cent of the profits earned through this urban scheme, though it is executed with funds from the nine municipalities making up Medellín’s Metropolitan Area. Its “cívic” mentors label this spoliation of environmental resources in favor of financial speculation as a “visionary work”. It is a public work favored by the privilege of corruption.

The lineal park The Pyramids, previously the East Avenue of the City of Medellín, was contracted under the pretext of constructing a public space, and the municipal administration defended it affirming that they would make mountains of flowers. A hideously monumental work cutting the city in half is sold as a work of art with the aid of publicity and an affluent “social” urban design.

In Colombia, corruption and anti-corruption policies depend on the perception generated by the mass media. The scandal of corruption can be stifled when friends are at stake, or kindled to blazing point where adversaries are involved.

The kid gloves used to handle information about corruption are a form of complicity with corruption. It is a corruption tolerated by the authorities meant to control it, whitewashed by the communication media and perfected by the economic groups and State power.

Those who promote the high or low perception of corruption in the private sector are many times the same people who cover up corruption in the private sector.

The scandals that have accompanied President Uribe’s two turns in government amply surpass those involving Process 8000, under President Pastrana’s administration. However, Uribism’s parapolitics is sweetened and diluted with other scandals, in order to protect the crooked interests of those behind the throne in Colombia.

Some people believe this corruption to be beneficial. Others consider it a minor evil, and still others accept it as a price that must be paid for “a good government”. This is the corruption of those who already have their pockets full, those who “steal less or those who steal but also get things done”.

To confront corruption the most obscure civil servant is appointed, with the pompous name of anti-corruption Tsar. A Tsar who manages to design a strategy that is to be observed in the municipalities, but is not applicable at a national level.

The last Tsar appointed, Rodrigo Lara Restrepo, is a victim of the drug-dealing corruption, who resigned, as he put it, for personal reasons, but more than likely when he suspected, after reading information published in a Miami newspaper, that the murder of his father, former Minister Rodrigo Lara Bonilla, had been plotted by the very same people who nominated him anti-corruption Tsar.

* Director of háBeas Corpus, Office of Rights and Government

Medellín, December 11 2007.

el yesQuero Nro. 177

2007-12-05T11:47:00.000-05:00

Selva adentro

Por

Rafael Rincón Patiño*

Aquí vivimos muertos

Íngrid Betancourt

La carta de Íngrid Betancourt antes que un testimonio es el testamento de una persona que vive muerta en medio de la selva. Una ex candidata presidencial que lleva casi seis años secuestrada y de la cual se ocupan las partes porque está en la agenda de Francia.

Íngrid, exhausta, le deja a su familia el amor, a Francia su gratitud, a Colombia sus deseos. La carta-testamento afirma que lo primero es la vida, ese es el real “inamovible”, ese debe ser el fundamento, esa es la clave de nuestro destino.

Pero, no es así, por eso “aquí vivimos muertos” y “la felicidad es triste”, sentencia Íngrid en su carta a sus seres queridos. Es muy difícil escribirlo, pero Colombia es un país en donde los muertos hablan. La carta de Ingrid es la encrucijada del presidente Uribe V. y de la guerrilla de las Farc. Ellos seguirán la suerte de Íngrid.

Medios y fines fundamentan la responsabilidad política. El camino legitima la paz y la democracia como los móviles altruistas o el bien común. Así menos homicidios es un fin laudable, pero deja de serlo cuando los medios son el paramilitarismo, la intimidación, la amenaza, la extorsión y el chantaje. Por el contrario son resultados dañados. La paz laboral no se consigue asesinando sindicalistas.

El acuerdo humanitario es el medio para lograr un fin preciso, concreto. El acuerdo humanitario es la hoja de ruta para que las personas secuestradas obtengan la libertad y para que cese el dolor de las víctimas. Es un fin inmediato, pero no por eso menos valioso.

Los titulares del acuerdo humanitario en Colombia son las partes combatientes, protagonistas del conflicto armado, son las partes enfrentadas. El acuerdo humanitario es un recurso suplementario, porque la obligación (ética, jurídica y política) principal dentro del Derecho Internacional Humanitario la tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc: dejar libre a los secuestrados.

Dice Íngrid Betancourt, en su carta personal, que los secuestrados son un tema políticamente incorrecto. Son políticamente incorrectos para los combatientes.

El acuerdo humanitario es un tema político y por eso no va, por eso tiene dificultades, porque Colombia vive una guerra fría, porque eso es la seguridad democrática, es la negación de la política, es la guerra por otros medios.

Los enfrentados se babean por resolver el problema en la guerra: rescate a sangre y fuego para unos, o ejecución en medio del rescate, para los otros. Se sueñan con ese video.

Políticamente las partes enfrentadas son responsables de la vida y la libertad de los secuestrados. La omisión de un acuerdo humanitario los hace responsables de sus efectos. Negar la existencia del conflicto armado interno es una coartada para negar la responsabilidad política.

Si el destino de Íngrid es el destino de Colombia, es decir, una Colombia agotada por la guerra, cansada de reclamar la dignidad de la vida, terminaremos “selva adentro” exigiendo la dignidad de la muerte.

Medellín, 4 de diciembre de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Deep inside the Jungle

Here all of us live dead

Ingrid Betancourt

By
Rafael Rincón Patiño*

Ingrid Betancur’s letter, more than a testimony, is the last will and testament of a person who lives dead in the middle of the jungle. An ex presidential candidate who has spent almost six years now kidnapped, and who the parties involved care about because her life is on the French agenda.

Ingrid, exhausted, leaves her family her love, France her gratitude, Colombia her desires. The letter-will declares that life is the first thing, the real ‘unmovable’, and that life should be the foundation. Life is the key to our destiny.

But it isn´t for Ingrid, or the rest of the kidnapped, and thus, in their case, ¨here we live dead” and “happiness is sad”, as Ingrid’s verdict in the letter to her loved ones claims. It is very difficult to write this, but Colombia itself is a country in which the dead speak. Ingrid´s letter is the turning point for President Uribe and the FARC guerrilla. Their lot will follow Ingrid´s lot.

The route to political responsibility lies in its ends and means. This route legitimates peace and democracy, or the common good, as altruistic goals. Thus, to have less homicides is in itself a desirable end, but it stops being so when the means used to reach this end are the paramilitary’s force, intimidation, threats, extortion and blackmail. On the contrary, these then become tainted results. Peace in the labor sphere can also not obtained by killing out trade union leaders.

The humanitarian agreement is a means through which to achieve a precise, specific end. The humanitarian agreement is a road map for the kidnapped to recover their freedom, and for the pain of the victims to cease. It is an immediate end, but this does not make it any less valuable.

The protagonists of the humanitarian agreement in Colombia are the combating parts. The actors of the armed conflict are the parties at war. The humanitarian agreement is a complementary resource, because it is a main obligation (ethical, juridical and political) in International Humanitarian Law, the obligation that the Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC have: to release their hostages.

In her personal letter, Ingrid Betancourt states that the issue of the people held kidnapped is a politically incorrect one. The hostages are politically incorrect for the combatants.

The humanitarian agreement is a political issue and this is why it is stagnated, and why it faces so many difficulties. Colombia is suffering the effects of its ‘cold war’. This is what democratic security is about: it is the negation of politics, it is war through other means.

The clashing parties are both panting to solve the problem through war: this implies storming in to rescue the hostages under fire, for one of the sides, or executing the hostages in the middle of such a rescue, for the other side. Both parties are dreaming, fantasizing over making this video.

Politically the clashing parties are responsible for the life and freedom of the hostages. The omission of a humanitarian agreement makes them also responsible for the effects that this not reaching an agreement has. Denying we have an ongoing internal armed conflict is an alibi to deny political responsibility.

If the destiny of Ingrid Betancourt is the destiny of Colombia, that is, a country ravaged and burnt out by war, exhausted of vindicating the dignity of life, we will all end up ¨in the middle of the jungle¨ demanding the dignity to die.

Medellín, December 4 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

el yesQuero Nro. 176

2007-11-26T21:33:00.000-05:00

Ética de inamovibles

Por
Rafael Rincón Patiño*

Cada uno ha de elegir cuál es su dios o cuál es su demonio

Max Weber

Ni el presidente Álvaro Uribe ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se mueven en el tema del acuerdo humanitario. El primero no despeja los municipios de Florida y Pradera en el departamento del Valle y las segundas no liberan uno sólo de los rehenes.

Ambas partes desestiman las consecuencias de sus decisiones y esgrimen una ética de inamovibles, una ética de principios. Ambas partes soslayan las consecuencias políticas de sus decisiones. En este enfrentamiento ciego no les importa el mundo ni el qué dirán, tienen una guerra casada y cada uno es el diablo para el otro.

Los colombianos, los países amigos, Estados Unidos, la Unión Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas del conflicto armado no importan para los negociadores. Las consecuencias humanitarias, sociales, económicas o culturales son despreciables frente a los posicionamientos geopolíticos conseguidos.

Las Farc tienen la obligación militar, moral y política de liberar a todos los rehenes y secuestrados a la luz del Derecho Internacional Humanitario. El acuerdo humanitario es la hoja de ruta para el trámite de esta obligación. El Estado colombiano y la comunidad internacional deben poner todos los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento de ella.

Pero, el “no al despeje” se convirtió en un principio del Gobierno colombiano y el “despeje territorial” en una convicción de la guerrilla de las Farc. Los potenciales protagonistas del acuerdo humanitario están dispuestos a pagar todas las consecuencias políticas con tal de no relativizar sus principios ni reconocer al otro. Lo triste es que asumen las consecuencias políticas a sabiendas que no se las cobran o que las pueden birlar.

Fue más fácil para el gobierno de Álvaro Uribe y para la guerrilla de las Farc poner en manos de un presidente amigo y de una senadora de la oposición la responsabilidad del acuerdo humanitario que asumirlo directamente en diálogo franco.

El acuerdo humanitario en el conflicto armado colombiano es la expresión fundamental de la consideración por el otro, es el fundamento de una ética fundada en la solidaridad.

Los procesos de paz se inician entre combatientes para que culminen en un acuerdo político. En Colombia se inician y terminan en una asamblea constituyente.

El acuerdo humanitario es un acuerdo político fundacional porque es un reconocimiento del otro encarnado en las víctimas y un reconocimiento de la otredad. Sin embargo, no hay diálogo entre las partes que permita construir un discurso. Quienes pagarán los platos rotos de la ruptura serán los mediadores. Ellos responderán políticamente porque los protagonistas se han blindado en una ética de principios, de inamovilidad.

Parados en una ética de convicciones (satanizar al otro como terrorista) han construido sus dioses y sus demonios. Expresiones como “Uribe, paraco el pueblo está verraco” o la descalificación del otro como terrorista genera inamovibles que eternizarán a las víctimas en las selvas colombianas.

¿Es posible una intervención humanitaria internacional aun en contra de la voluntad de las partes? ¿Por qué el pragmatismo que informa a los negocios no es el mismo que informa la situación de las víctimas?

¿Por qué es válido el negocio de la droga para financiar las acciones militares de la guerrilla (ética de responsabilidad o el fin justifica los medios) y no es válida para obtener la libertad de las víctimas?

En Colombia están enfrentados a muerte dos proyectos conservadores. La dignidad humana, máximo valor de la Constitución de 1991, es la gran sacrificada y los combatientes actúan seguros de que no tienen que responder por sus consecuencias.

Las convicciones y sentimientos personales tienen sometida la política.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 27 de noviembre de 2007

A motionless ethics

By
Rafael Rincón Patiño*

Each individual must choose his or her god or devil

Max Weber

President Uribe and Colombia´s Revolutionary Armed Forces FARC are both unmoved by the need to reach a humanitarian agreement. The first party refuses to clear the towns of Florida and Pradera in the Province of El Valle, and the second party refuses to free a single one of their hostages.

Both parties underestimate the consequences of their decisions, blandishing a motionless ethics, an ethics of principles. Both parties sidestep the political consequences of their decisions. In their blind confrontation, they could not care less about what the rest of the world thinks or says about them. They have sealed the pact of their war and each is the other party´s demon.

The so-called negotiators don´t give a hoot for Colombians in general, friendly nations, the United States, The European Union, the International Red Cross Committee or the victims of Colombia´s ongoing armed conflict. They find the humanitarian, social, economic and cultural consequences of their ethics despicable, in comparison to the geopolitical footing they believe they are gaining.

The FARC have compelling military, moral and political obligations to free every single one of their hostages, in the light of International Humanitarian Law. A humanitarian agreement is the road map to carry out the procedure. The Colombian State and the international community have the obligation to use all the resources at their disposal to facilitate freeing the hostages.

However, saying “no to a clearance area” has become the steadfast principle of the Colombian Government, and “territorial clearance” has become the steadfast conviction of the FARC guerrilla. The potential leading actors of the humanitarian agreement are willing to pay the political consequences to be derived, as long as they can continue not to accept that principles are relative and refusing to acknowledge the other party´s principles. The sad part is that they both assume these political consequences knowing full well beforehand that they are not the ones who will have pay for them. They believe they can just play deaf and ignore them.

For President Uribe’s government and the FARC guerrilla, it seemed easier to place the responsibility for carrying out a humanitarian agreement into the hands of a friendly President and a woman Senator from the opposition, than to handle the negotiation themselves directly, through an open and honest dialogue.

Reaching a humanitarian agreement in Colombia’s armed conflict would be the fundamental expression of having regard for the opposite side, which is the cornerstone of an ethics based on solidarity.

Peace processes begin, among warring parties, in order for them to reach a political agreement. In Colombia, they begin and end in a Constituent Assembly.

A humanitarian agreement is a core political agreement because it means acknowledging the existence of the other side, embodied in its victims, and it signifies recognizing otherness. No dialogue among the parties has allowed building up a dialogue, however. Those who will pay for the fracas of the process’ abrupt halt are the mediators. They will assume the political blame, since the two leading actors are safely locked away in the bunker of their motionless ethics of principles,

Static in the ethics of their convictions (satanizing the other side as terrorists) they have created their gods and their demons. Expressions such as “Uribe, paraco el pueblo está verraco” (Uribe, paramilitary, the people are contrary), or dismissing the other side as plain terrorists, generate a complete lack of motion which will leave the victims captive forever in the Colombian jungle.

¿Is an international humanitarian intervention possible against the will of both the two parties involved? Why isn´t the pragmatism informing business the same pragmatism informing the victims’ lot here?

Why is the drug trade considered valid, in order to finance the guerrilla’s military actions (ethics of responsibility…or the end justifies the means), and not valid in order to free the hostages?

In Colombia two conservative projects clash to the death. Human dignity, the maximum value, according to the 1991 Constitution, is the great victim, while the two combatants behave in the certainty that they will not have to pay for the consequences of their behavior.

Politics is being held hostage by personal convictions and feelings.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 27 de noviembre de 2007

el yesQuero Nro. 175

2007-11-20T20:07:00.000-05:00

Uribismo no gubernamental (UNG)

Por
Rafael Rincón Patiño*

Se dijo peyorativamente que la Constitución Política de 1991 era una colcha de retazos porque integraba la diversidad social colombiana. La sociedad civil se constituyó en 1991 y dejó de ser ese vago concepto unitario de nación que consagraron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro en 1886.

El uribismo es la reacción política y parapolítica a las reglas de juego de 1991. Estado social de derecho es una propuesta que neoliberales y neoconservadores no soportan, porque los primeros consideran una inmisión exagerada del Estado la regulación del mercado y un obstáculo a la globalización; y los segundos, lo consideran una amenaza a la propiedad.

El uribismo es una apuesta política dominante en un marco constitucional vigente e incómodo. El Estado comunitario del Plan de Desarrollo no calza en el Estado social de derecho de la Constitución de 1991. El uribismo quiso revocar la Carta de 1991 pero no lo logró. Sin embargo, se acomodó institucionalmente y a punta de reformas legislativas y paramilitarismo entronizó la reelección e hizo realidad el fallido referendo de 2003.

La sociedad política de Uribe Vélez gobierna con sus leyes y de espalda a la Constitución. El desplazamiento forzado ha sido calificado por la Corte Constitucional como un estado de cosas inconstitucional (T-025-2004), este hecho no desvela al Gobierno. De 1999 a 2003 se presentaron en Colombia 145.360 tutelas buscando amparo al derecho a la salud; esto tampoco le quita el sueño al Ministro de Protección Social, y la política pública se orienta no a cambiar el sistema de seguridad social sino a desmotivar el uso de la tutela.

El uribismo es una institucionalidad que se desarrolla anormalmente en el Estado social de derecho. Es una institucionalidad enquistada en la voluntad constituyente de 1991.

En este proceso anómalo el presidente Uribe V. ha cooptado sectores significativos de la sociedad civil para blanquear el autoritarismo “democrático”. El Presidente no solo es la cabeza del gobierno y el jefe de Estado, sino que también está impulsando y desarrollando fuerzas civiles, sociales y movimientos cívicos.

El movimiento cívico del “No al despeje” del ganadero Carlos Arturo Clavijo, para oponerse al acuerdo humanitario, es un movimiento oficial, vestido de ONG., apoyado por el gobierno.

Colombia tiene un Presidente que no se pierde cóctel o convención gremial para “vender humo”, tomarse la foto, dar la mano, cargar niños, entregar cheques y conquistar la adhesión civil el Estado comunitario. Un Presidente que ejerce la democracia agregacionista: sumar, sumar y sumar.

En este Gobierno, el nombrado por algunos “gerente” de la sociedad civil, Sabas Pretelt de la Vega, líder gremial de los comerciantes y de las iniciativas de paz, terminó gobernando como Ministro del Interior; y líderes de la sociedad civil de los movimientos de paz, integrantes del Consejo Nacional de Paz, aceptaron ser investidos de autoridad en la sociedad política de Uribe V., legitimando la forma non sancta de acceso al poder. En la democracia los Gobiernos no se legitiman sólo por los resultados sino también por la forma como alcanzan el poder y como lo ejercen.

Hoy es el Estado de la seguridad democrática el que dicta la política de paz, el que “legitima” a la sociedad civil, el que da carné a los voceros de la sociedad civil. El Gobierno, con funcionarios por contrato, es quien moldea a la sociedad civil.

Parece que con Uribe V. la sociedad civil ha sido estatalizada o mejor que existe la sociedad civil gracias a que el Estado comunitario quiere que exista.

El uribismo no gubernamental (UNG) está constituido por Organizaciones no gubernamentales oficiales (ONGs.), tan oficiales que algunas tienen competencias de orden público como las Convivir, otras tienen competencias de maquillaje institucional y otras son “tanques de pensamiento” gubernamental vestidas de paisano.

Son organizaciones que dicen representar los intereses de la sociedad civil como empresarios, víctimas, trabajadores, veedurías, pero realmente son apéndices de un Gobierno no democrático. Aparecen en la escena para falsificar la voz de las comunidades. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) por ejemplo, emerge como voz de la sociedad civil, para afirmar la legitimidad de una reforma laboral que no ha generado un solo empleo en catorce años o para oponerse al acuerdo humanitario.

Son organizaciones que le cuelgan el adjetivo “ciudadano” o “cívico” a organizaciones subvencionadas económica y políticamente por el Gobierno. Piensan lo que el Gobierno les dicta, siguen el guión de la Casa de Nariño.

El desarrollo del uribismo no gubernamental será la versión evolucionada del paramilitarismo, y una versión moderna de los Tonton Macoute de las dictaduras Duvalier en Haití; usará la calumnia como bastón para defender, proteger e imponer al “líder”.

El totaluribismo ya tiene guardia civil y la tiene envuelta en “ternura”.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 20 de noviembre de 2007

Non-Governmental Uribism (NGU)

By
Rafael Rincón Patiño*

It was said, to insult it, that Colombia’s Political Constitution, which was redrafted in 1991, was a patch quilt because it collected the country’s social diversity. Civil society acquired form in 1991 and stopped being the vague unitary concept of nation that Presidents Rafael Núñez and Miguel Antonio Caro had made of it back in 1886.

Uribism is a political and para-political reaction to the rules of the game we set down in 1991. Neo Liberals and Neo Conservatives alike cannot stand the idea of a social rule-of-law State, since the first consider it intolerable meddling for a State to try to regulate market forces, and an obstacle to globalization; and the latter believe that it is a threat to property.

Uribism is the dominant political bid, forced into the ongoing legal constitutional frame, and in which it feels uneasy. The Communitarian State contemplated in the Development Plan does not fit into the mould of the 1991 Constitution for a social rule-of-law State. Uribism tried to revoke the 1991 Charter but it did not succeed. It has managed, however, to make room for itself via the use of legislative reforms, just as para-militarism paved the royal way to President Uribe’s re-election in 2006, making the 2003 Referendum, which had failed back then, into a reality anyway.

President Uribe’s political society rules with its own laws and with its back turned on the Constitution. The Constitutional Court has ruled that forced displacement is an unconstitutional state of affairs (T-025-2004), but the Government doesn’t lose any sleep over its ruling. Between 1999 and 2003, 145.360 tutelas were filed in Colombia, seeking the protection of the right to health; the Ministry of Social Protection doesn’t lose any sleep over these either. And public policy is not geared to changing the social security system but to discouraging the use of tutelas.

Uribism with its institutional presence is an abnormal growth in a social rule-of-law State. It is an institutional presence that has grown like a tumour on the will of the constituency, which was set down in 1991.

In this anomalous process, President Uribe has co-opted significant sectors of civil society in order to whitewash his “democratic” authoritarianism. The President not only is the Head of Government and the Head of State, but he is also in charge of creating civil and social forces and civic movements.

The civil movement “No al despeje” (No to the Clearance Zone), belonging to cattle rancher Carlos Arturo Clavijo, created to oppose any humanitarian agreement with the guerrilla, is an official movement disguised as an NGO and supported by the Government itself.

Colombia has a President who doesn’t miss the chance to attend a cocktail or a trade convention to “sell smoke”, have his picture taken, shake hands, carry babies, hand out checks and conquer civilian’s adherence to his particular brand of a communitarian State. A President who carries out aggregate democracy: adding, adding and adding.

In this Government, Sabas Pretelt de la Vega, culled by some as the “manager” of civil society, and a trade union leader of merchants and peace initiatives alike, ended up forming part of Government as Minister of the Interior; and various leaders of civil society and pace movements, leaders formerly making part of the Consejo Nacional de Paz (National Peace Council), have agreed to being sworn in as authorities in President Uribe’s political society, thus legitimating the unholy way he gains access to more power. In democracy, governments are not legitimate only based on their results, but also on the way they gain access to power and how they exert this power.

It is the democratic security State that dictates the peace policy today, that “legitimates” Colombia’s civil society, that issues licences to civil society’s spokespeople. The Government, with civil servants hired by contract, is the one that shapes civil society.

It seems that, with President Uribe, civil society has become state-like or, better still, it seems civil society exists thanks to the fact that the Communitarian State wishes it to exist.

Non Governmental Uribism (NGU) is constituted by the various official Non Governmental Organizations (NGOs.), some being so official that they have public order functions, like the Convivir, some being dedicated to institutional make-up functions, and others being governmental “think tanks” dressed up as peasants.

These organizations say that they represent the interests of sectors of civil society, such as entrepreneurs, victims, workers, fiscal bodies etc., but they are really just appendices of a non democratic Government. They appear on stage in order to falsify the voice of the communities. The Asociación Nacional de Industriales (Andi, Nacional Association of Industrialists), for example, emerges as the voice of civil society, to ratify the legitimacy of a labour reform that has not generated one single job in the last fourteen years, or to oppose the humanitarian agreement.

These organisations hang the adjectives “citizen” or “civic” on their doors like stickers, even though they are supported by the State, both financially and politically. They think what the Government dictates and they follow the script written by the Presidential Casa de Nariño.

The development of Non Governmental Uribism will be the evolved version of paramilitarism, and a modern version of the Tonton Macoute who flourished under the Duvalier dictatorships in Haiti. Slander is the weapon they use and will continue using to defend, protect and impose their “leader”.

Totalitarian Uribism already has its civil guards and has it wrapped in “tenderness”.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

el yesQuero Nro. 174

2007-11-13T20:27:00.000-05:00

Si se calla el cantor

Por
Rafael Rincón Patiño*

Si se calla el cantor calla la vida
porque la vida, la vida misma es todo un canto
si se calla el cantor, muere de espanto
la esperanza, la luz y la alegría.

Horacio Guarany

La democracia es forma y es fondo. El respeto es la forma y los derechos son el fondo. Los procedimientos son tan importantes como los contenidos. Cuando en una cumbre de altos dignatarios habla un presidente la regla es escucharlo, y cuando un presidente es elegido por un pueblo la regla es respetarlo.

Pareciera que el silencio de las colonias y la voz de la metrópoli fuera la norma deseada por la corona española y el fascismo del ex presidente golpista español José María Aznar.

El pregonero español del capital y la desigualdad, el coautor de la guerra preventiva contra Irak, ex presidente José María Aznar, ha sido denunciado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Presidentes. La denuncia no se hizo en pergamino, pero la gravedad de los avales públicos de José María Aznar a los golpes no amerita diplomacia alguna. Y la defensa la hizo el jefe del gobierno español con una forma pausada y el Rey Juan Carlos I con un mandato de “¿Por qué no te callas?”

Es lo mismo que quieren los golpistas criollos en Colombia, como el líder gremial Luis Carlos Villegas (presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi), y el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos; ambos apoyaron a Pedro Carmona (“Pedro El Breve”) en su intentona golpista de abril de 2002 en la República de Venezuela.

Los líderes latinoamericanos no son ejemplo de guardar las formas o los buenos modales al momento de hacer sus reclamos. No lo es el colombiano Uribe V. ni lo es el venezolano Hugo Chávez: ambos son bastos cuando de defender sus principios o “inamovibles” se trata. Pero, los líderes de la Metrópoli tampoco son paradigma de respeto a las voluntades nacionales. Con ligereza imponen sus inclinaciones e intereses por encima de la soberanía de los pueblos.

Tampoco es ejemplo de fineza democrática el Rey Juan Carlos de España que espeta al interlocutor pasando por encima de la moderadora, la presidenta socialista Michelle Bachelet, o cuando se retira del recinto, en vez de salir a argumentar, porque un presidente denuncia la corrupción de la empresa española Unión Fenosa en la República de Nicaragua.

En la misma España acaban de acallar a un caricaturista con 3.000 euros por dibujar al príncipe y a la princesa Leticia haciendo el amor, y ser considerada esta conducta un acto de injuria. Los periodistas se quisieron gozar el programa presidencial que otorga 2.500 euros por cada hijo que nazca; un programa equivalente al de familias en acción en Colombia.

¿Y cuál era el fondo del debate? El fondo del “¿por qué no te callas?” lo señaló el presidente Rodriguez Zapatero: por un lado, el respeto a los gobiernos democráticamente elegidos, y por otro lado, el debate sobre la nacionalización de los servicios públicos.

Primero, Rodriguez Zapatero, en una actitud nacionalista, ajena a su talante, se puso a defender lo indefendible, a su antípoda ideológico —quién reconoció públicamente haber apoyado la intentona golpista de abril de 2002 en Venezuela— y cuestionó los epítetos de Chávez contra su compatriota. Chávez Frías, por su parte, denunció la actitud golpista de Aznar y la falta de respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

Los presidentes están obligados a cumplir las formas y las obligaciones que demanda la diplomacia internacional. Chávez F., tiene que respetar la dignidad española, y Aznar, aún como ex presidente, tiene que respetar la voluntad no sólo del pueblo español sino también la de los otros pueblos, no puede estar cacaraqueando en Washington que Venezuela tiene un “nuevo dictador”.

En cuanto a lo segundo, que es el fondo del fondo, Rodriguez Zapatero manifiesta que la nacionalización de los servicios públicos no es una garantía, llamando la atención sobre los procesos argentino, venezolano y boliviano, a lo cual respondió Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, afirmando que la multinacional española quebró a las nicaragüenses a punta de corrupción.

Salió mal librada España de la XVII Cumbre Iberoamericana: Rodriguez Zapatero quiso relativizar la libertad de mercados y las nacionalizaciones y se encontró con gobiernos ofendidos por las privatizaciones.

Hoy América Latina tiene sus cantores de muy diversos matices, y lo cierto es que no se quedaran callados.

Rodriguez Zapatero quiso darle gusto a la monarquía más que a la voluntad socialista del pueblo español y se rajó. Por más lecciones de inmoderación que le da su opositor Mariano Rajoy, el Presidente español armó la reyerta dialéctica con su “equilibrio” y vana sonrisa y volvió a quedar como un gafe. Chávez aprovechó la oportunidad y quedó más resaltado en la Cumbre la intervención fascista de José María Aznar que la intervención socialista de Rodriguez Zapatero.

Parece que la España del siglo XXI, con la mala sombra de José María Aznar y su abogado de oficio Rodriguez Zapatero, está más lejos de América Latina que de Dios.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 13 de noviembre de 2007

If the singer is silent

Por
Rafael Rincón Patiño*

If the singer is silent, life is silent
because life, life itself is all a song,
if the singer is silent,
hope light and joy die of horror.

Horacio Guarany

Democracy is form and content. Respect is the form and rights are its content. Procedures are as important as contents. When in a Summit of heads of States a President speaks, the norm is to listen to him, and when a President is elected by the people, the norm is to respect him.

It would seem that the silence of the colonies and the voice of the metropolis is the norm desired by the Spanish Crown and the fascism of ex Spanish President José María Aznar, coup supporter.

The Spanish herald of capital and inequality, coauthor of the preventive war against Iraq, ex President José María Aznar, has been denounced at the XVII Latin American Presidential Summit. The plaint was not filed on parchment paper, but the seriousness of Jose Maria Aznar´s support to military coups does not merit any diplomacy whatsoever. And Aznar´s defense was carried out by the Spanish head of state, in a calmed fashion, and by King Juan Carlos I with his mandate, “Why don´t you shut up?”

It´s the same thing our own coup supporters in Colombia, like trade leader Luis Carlos Villegas (President of the National Association of Industrialists Andi) and Minister of Defense Juan Manuel Santos, want; both supported the coup attempt of Pedro Carmona (“Pedro the Brief”) in April 2002, in Venezuela.

Latin American leaders are not an example in keeping up appearances or displaying good manners when they stake their claims. Colombian Uribe and Venezuelan Chávez certainly aren´t: they are both pretty rough when it comes to defending their principles or ¨fixed givens”. But the leaders of the metropolis are no paradigm of respect for the national will either. With superficial disregard, they impose their interests and inclinations on the peoples´ sovereignty.

King Juan Carlos of Spain is also no example of democratic finesse, when he shouts at the spokesperson going above the head of the moderator, socialist President Michelle Bachelet, or when he walks out of the room, instead of standing up and arguing, when a President denounces the corruption of Spanish Enterprise Unión Fenosa in the Republic of Nicaragua.

In Spain itself they have just shut a cartoonist up with a 3.000 euro fine for drawing the Prince and Princess Leticia making love, this handling being considered an insult. The reporters wanted to make fun of the presidential program granting 2.500 Euros to each child born; a program analogous to families in action in Colombia.

¿And what was the content of the debate? The content of “why don´t you shut up?” was spelled out by President Rodriguez Zapatero: on the one hand, respect for democratically elected governments, and on the other hand, debate about the nationalization of public services.

First, Rodriguez Zapatero, taking a nationalist stance, so unlike his usual demeanor, defended the indefensible, his ideological opposite —who publicly acknowledged he had supported the coup attempt in April 2002 in Venezuela— and questioned the terms Chávez was employing against his compatriot. Chávez, on his part, denounced Aznar´s coup-supporting stance and the lack of respect to the self-determination of the Venezuelan people.

Presidents are obliged to keep up the forms and obligations imposed by international diplomacy. Chávez has to respect Spanish dignity, and Aznar, even as an ex President, has to respect the will, not only of the Spanish people, but of the other world´s peoples; he cannot be cawing up and down Washington that Venezuela has a “new dictator”.

In the second place, which is the content in content, Rodriguez Zapatero manifests that the nationalisation of public services is no guarantee, calling attention to the ongoing processes in Argentina, Venezuela and Bolivia, to which Daniel Ortega, Nicaragua´s President, replies that the Spanish multinational forced bankruptcy on Nicaraguan firms via the repeated use of corruption.

Spain did not come out smelling of roses in the XVII Iberoamerican Summit: Rodríguez Zapatero tried to say that market freedom and nationalizations were relative, and came up against governments offended by privatizations.

Today Latin America has singers of many various tunes, and the truth is that they will not be silenced.

Rodriguez Zapatero tried to please the Monarchy more than the socialist will of the Spanish people and he has flunked out. No matter how many lessons in lack of moderation his opponent Mariano Rajoy dishes out, the Spanish President instigated a dialectical battle with his “balance” and bland smil,e and once more he looked like a fool. Chávez took advantage of the opportunity and Jose María Aznar´s fascist intervention received more attention than Rodríguez Zapatero´s socialist intervention.

It would seem that 21 Century Spain, with the rotten shadow of José María Aznar and his lawyer appointed by the State, Rodriguez Zapatero, is farther away from Latin America than from God.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 13 de noviembre de 2007

el yesQuero Nro. 173

2007-11-06T20:45:00.000-05:00

Ganó Bogotá en Medellín

Por
Rafael Rincón Patiño*

El moderado finge resolver los problemas
sin afrontarlos. El moderado hace la vista gorda ante
la especulación inmobiliaria.
El moderado echa a los inquilinos
de sus casas en el centro y después se las revende a
los magnates de la especulación.

Manifiesto de Darío Fo
en su campaña a la alcaldía de Milán

Luis Pérez es un liberal galanista que adhirió tardíamente a la campaña reeleccionista del presidente Uribe Vélez —sólo ocho días antes se apuntó a la reelección—. Estuvo apoyado, mas no avalado, en su empresa electoral por César Gaviria Trujillo presidente del Partido Liberal y por Germán Vargas Lleras presidente del Partido Cambio Radical.

La candidatura de Luis Pérez Gutiérrez no gozó del consenso de los partidos tradicionales, ni del partido presidencial de la U en pleno, lo que lo llevó a inscribirse como candidato mediante firmas a nombre de un “grupo significativo de ciudadanos”.

Si Luis Pérez hubiera salido electo a la alcaldía de Medellín el presidente Uribe V. no quedaba en la foto de la victoria. La imagen del triunfo reportaría a Germán Vargas Lleras a la diestra y a César Gaviria Trujillo a su lado izquierdo. Ambas colectividades reclamarían el triunfo y, así, perdería la U no sólo en Bogotá, Calí y Cartagena sino también en la “casa” del Presidente.

La adhesión de Cambio Radical a la campaña de Luis Pérez generó la reacción del presidente Uribe V., quien se vino, chequera en mano, y en un acto de proselitismo electoral sin antecedentes, a entregar los subsidios presidenciales del programa Familias en Acción, en compañía del también parcializado alcalde Fajardo V.

Por otro lado, el candidato Luis Pérez G. no dejo entrever en sus promesas un asomo de acuerdo de gobernabilidad con los dueños del poder económico y político y dejo traslucir que podía gobernar sólo para la clase política y para sus electores.

En Medellín ganaron las elecciones los estratos sociales 5 y 6; estos estratos desequilibraron con su copiosa votación el empate electoral. Estos estratos votaron por el candidato que se presentó como el continuador de la obra del alcalde, y en rechazo a las promesas que nada le decían a sus intereses. Un computador de USD 100 dólares para los estudiantes de Eafit es algo ridículo frente a la plusvalía que se han ganado con el desarrollo constructivo de esta administración.

Los estratos sociales 5 y 6 se dieron la pela electoral escogiendo un plebeyo de grandes calidades humanas, sobretodo un candidato distinto al que odian (basta con mirar las redes sociales en Facebook que promueven el odio y el voto en contra). El “golpe” del 5 y 6 fue un golpe de sentimientos y no de ideas que se reflejo en la propaganda negra.

Alonso Salazar J. no fue votado en los estratos 5 y 6 por ser Alonso Salazar J., ni fue elegido por sus ideas, sino por no ser Luis Pérez y por ser la continuidad de Sergio Fajardo. Así lo quiso, también, el presidente Uribe V., el partido de la U., el Grupo Empresarial Antioqueño y los noticieros nacionales.

Prefirieron el candidato incoloro, el oficial, el de los indígenas, al candidato “populista” y aborrecido. “Alonso Es”, fue una campaña asesorada por el nefasto propagandista J. J. Rendón que aprovecho el sentimiento de odio creado en campañas anteriores para poner a ganar al candidato de la U.

Alonso Salazar J. es un comunicador, con preocupación, trabajo y compromiso social, que constituyó con Sergio Fajardo V. un movimiento político llamado Compromiso Ciudadano, que tuvo el mérito de romper la hegemonía bipartidista en la ciudad integrando una gama amplia de organizaciones sociales, de iniciativas empresariales y el descontento con los partidos tradicionales.

Con el apoyo de Lina Moreno de Uribe y la prensa nacional el uribismo le dio la vuelta a Fajardo V. Medellín se ha comido un uribismo envuelto en huevo con Sergio Fajardo V.; es un uribismo encriptado, un uribismo a la broasted. Un uribismo que conquista el poder en la Universidad privada Eafit y lo celebra en el barrio popular de Santo Domingo Savio.

Las mismas Organizaciones No Gubernamentales (O.N.Gs.), otrora renuentes al presidente Uribe V., se transformaron en Uribismo No Gubernamental (U.N.Gs.) guiadas por la mano de seda de Lina Moreno y del “ideólogo” de la inteligencia superior llamado José Obdulio Gaviria.

Los estratos 5 y 6 optaron por el mal menor de Alonso Salazar J. al enemigo declarado de Luis Pérez G. Sin embargo, temen que Salazar J. se les convierta en un caballo de Troya, y por eso lo hicieron aceptar preliminarmente el acuerdo de gobernabilidad confeccionado por la administración Fajardo V. y Juan Felipe Gaviria G., gerente de epm.

A Luis Pérez G. le falto una dosis de conciliación con los empresarios antioqueños, que lo llevara a debatir y fundar un pacto de gobernabilidad sobre los principios de equidad y transparencia. La equidad como su carta de presentación y la transparencia como su falencia, su lado cuestionado.

En Medellín, como en Bogotá, también ganó Moreno, pero la Moreno de Uribe Vélez. Ganaron los paisas de Bogotá. Ganó la “gente bien”: Uribe V., José Obdulio Gaviria, Lina Moreno, los empresarios, Héctor Rincón, Fajardo V. y los estratos 4 y 5. Prometen que Medellín será una ciudad bien gobernada por los de arriba con la gerencia de un plebeyo.

Luis Perez G. perdió el mano a mano con el presidente Uribe V. y con el alcalde Sergio Fajardo. Pudo ganar, pero le faltó tomar partido, una dosis de templanza y una dosis de movilidad.

Alonso Salazar J. escogió el camino del centro y ganó. Con el discurso de la transparencia y de la antipolítica y el apoyo logístico de su predecesor, guiado por la mano derecha del presidente Uribe V., acompañado de la mano amable de la Primera Dama, Lina Moreno, y de la inteligencia media del asesor presidencial José Obdulio Gaviria consiguió la victoria.

Tiene Alonso Salazar J. la obligación y la convicción de hacer una ciudad para todos, ojalá sin odios y sin barras bravas contra los adversarios, como las aupadas desde la terraza de la alcaldía por Fajardo V.

Que sea una alcaldía sin corrupción en la contratación y sin corrupción en las decisiones, una alcaldía imparcial, sin privilegios con los poderosos: fuerte con los fuertes y noble con los débiles. Especialmente, una alcaldía democrática y de derechos como la hemos soñado desde hace muchos años.

Alonso Salazar J., de formación socialista, tiene el desafío de gobernar una ciudad neoconservadora. Su origen le reclama equidad y su respaldo le exige transparencia.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 6 de noviembre de 2007

el yesQuero Nro. 172

2007-10-29T20:06:00.000-05:00

Una lucha seria contra la pobreza

Por
Rafael Rincón Patiño*

Empieza una nueva esperanza en los municipios, departamentos y regiones con los gobiernos elegidos popularmente. Comienza un aire renovado para encarar el mayor desafío del siglo XXI: eliminar la pobreza y el hambre.

Colombia tiene 44 millones de habitantes, de los cuales 19 viven en la pobreza, y el 40.8% del total de la población no tiene asegurados los tres alimentos del día siguiente.

Se trata, ahora, de convertir las promesas y los programas de los candidatos en planes de desarrollo, en calidad de vida, en democracia y en derechos. El mínimo vital, el mínimo social, la ética de mínimos son principios, valores y derechos del Estado social de derecho, son las garantías del derecho fundamental a la dignidad de todas las personas.

Los alcaldes y los gobernadores tienen la obligación de convertir sus dependencias en las dinamizadoras del desarrollo humano integral. Es decir, son actores de primera línea del desarrollo.

Colombia ha constatado, en varios años de crecimiento económico, que la mayor rentabilidad empresarial no significa automáticamente mayor rentabilidad social; y en muchos casos, que el crecimiento económico no genera redistribución per se. La competitividad de muchas empresas radica en el empobrecimiento de sus trabajadores.

Mientras los grupos financieros se enriquecen las mayorías desaventajadas se empobrecen; mientras los pobres están lejos de las decisiones públicas los grupos económicos se apropian de ellas y de las políticas públicas.

En Colombia las mafias del narcotráfico tienen una alta incidencia en un alto porcentaje de los gobiernos locales y regionales y ello ha generado el escándalo conocido como la “parapolítica”. Por otro lado, los grupos económicos financieros se han apropiado de las decisiones públicas patrocinando gobernantes que pierden su independencia y terminan gobernando en beneficio de intereses particulares y en contra de los derechos; este fenómeno camina silencioso por los pasillos del Congreso y es condecorado en los salones del poder ejecutivo.

Cuando el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, sale en defensa de los derechos de los trabajadores y pide revocar la reforma laboral, los grupos económicos salen a apoyar el recorte de las garantías laborales y a defender las fallidas leyes que se impusieron en nombre de la generación de empleo.

Los gobiernos han sido capturados por centros de poder privado que extorsionan al poder público con inversiones a cambio de exenciones tributarias, lo que significa de inmediato para los municipios menores ingresos corrientes y, por lo tanto, menos inversión social. Es una modalidad de neocorporativismo que exacciona a las democracias locales.

Los alcaldes enfrentarán la nueva ley de transferencias que disminuye la participación en los ingresos corrientes de la nación, y enfrentan, también, el sofisma de los “empleadores”, que dicen crear nuevas fuentes de trabajo.

En nombre de la corresponsabilidad incumplen las obligaciones fiscales, deterioran el medio ambiente y se autocalifican de gente bien, transparente y honesta. Ellos son los perceptores de la corrupción administrativa, la miden, la califican y están más allá del bien y del mal.

No se consideran autores del desempleo sino sus salvadores sabiendo que el deterioro del salario lo debe asumir el Estado, es decir todos los contribuyentes.

Una familia que debe acudir a un comedor comunitario es porque existe un particular que no realiza una remuneración digna y que, por lo tanto, la tienen que asumir todos los ciudadanos.

Una lucha seria contra la pobreza empieza por ser una lucha planeada, en donde el debate por las prioridades significa ser consecuente con los recursos humanos, físicos y financieros.

Una lucha seria contra la pobreza implica desarrollar la solidaridad como derecho y como deber. Una lucha seria contra la pobreza no genera ventajas ni privilegios para los financiadores de las campañas electorales.

Es obvio, pero hay que escribirlo, los pobres no pueden seguir esperando que caigan las migajas de pan de la mesa del poderoso, tienen el derecho a alimentarse.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 29 de octubre de 2007

el yesQuero Nro. 171

2007-10-23T20:45:00.000-05:00

La democracia es un ratico

Por
Rafael Rincón Patiño*

Treinta candidatos a corporaciones públicas han sido asesinados en Colombia en vísperas de las elecciones locales y regionales a realizarse el próximo 28 de octubre. Candidatos de todos los partidos están en riesgo. La seguridad democrática es una seguridad aristocrática que sólo brinda tranquilidad a unos cuantos propietarios. Es la seguridad económica de un puñado de privilegiados.

La seguridad democrática del presidente Uribe V. es una seguridad sin derechos.

El derecho humano fundamental a elegir y ser elegido — el ratico de la democracia— está en riesgo por la violencia que ejercen las organizaciones armadas contra líderes políticos y por la negligencia de un “Estado Comunitario” que la única seguridad que les ofrece es desplazarlos a los cascos urbanos.

Mientras los candidatos son asesinados el comandante general de la policía, general Óscar Naranjo Trujillo, se dedica a quemarle incienso a su jefe, el presidente Uribe V., y a informarlo indebidamente de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Narcotráfico, guerrillas y paramilitares siguen empeñados en gobernar. A la fuerza expulsan de la justa electoral a sus contradictores. No hay elecciones libres en dónde una sola persona es asesinada o es amenazada. 328 municipios, de los 1098 que tiene el país, presentan algún grado de riesgo electoral según la Misión de Observación Electoral (MOE).

Colombia es una democracia muerta en vida. Los enormes esfuerzos de autoridades locales y regionales, de líderes políticos y sociales por revivir la democracia son enervados por las mil cabezas de la corrupción electoral y por la persistencia de las mafias que a la brava imponen sus distritos electorales y sus testaferros políticos.

La corrupción electoral va desde la burda compra del voto, pasando por la dudosa financiación de las campañas hasta la participación directa en política de los gobernantes para defender sus preferencias y conservar sus poderes.

Agravan la situación de la democracia quienes reniegan de la política y la envilecen en nombre de la transparencia. La propaganda negra, la calumnia, la tergiversación de la información son los métodos de los propagandistas y de persuasores profesionales que usando las técnicas comerciales venden los candidatos de la misma manera como se venden vehículos, jabones y perfumes.

La plaza pública era el termómetro de las campañas políticas. El acto de cierre era el acto de persuasión por excelencia. Llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá o el Parque de Berrío en Medellín era el desafío final de cada candidato.

Hoy quienes sondean en profundidad la opinión pública (firmas encuestadoras) conjugados con los medios de comunicación son los que “orientan” las votaciones hacia el candidato líder, y si bien ellas no son definitivas, sí generan proclividad en un país sin partidos sólidos y en donde la pobreza multiplica la vulnerabilidad electoral.

El abstencionismo es otro problema de la democracia electoral colombiana. En Bogotá vota solo el 42% del censo electoral, en Medellín el 45% y en Cali apenas el 39%. Si la cultura política se midiera por la participación en las elecciones, las capitales de departamento, las que tienen mayores recursos, las que privilegian la educación serían calificadas con insuficiente.

Las cartas de los candidatos políticos están sobre la mesa, llegó la hora del ciudadano, el ratico de la democracia. Durante seis intensos meses los candidatos a corporaciones locales y regionales, a alcaldías, gobernaciones han recorrido sus territorios, se han reunido con sus gentes, se han publicitado, han debatido para conseguir el favor electoral.

Llegó la hora de la quema y la hora del humo. La fiesta electoral, esencia de la democracia liberal, es solo un ratico. El ciudadano tiene su cuarto de hora en ese ratico, tiene la oportunidad de forjar su destino o dejar que el abstencionismo, el enemigo silencioso de la democracia, le imponga la voluntad ajena.

Medellín, 23 de octubre de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Democracy only lasts a little while

By
Rafael Rincón Patiño*

Thirty candidates to public office have been assassinated in Colombia prior to the local and regional elections that will be held next October 28. Candidates of all political parties are at risk. Democratic security is a privileged security that only grants comfort to a handful of its owners. It is the economic security of a handful of the elite.

President Uribe’s democratic security is a security without rights.

The fundamental human right to vote and be voted for — Colombia’s little moment of democracy— is under threat due to the violence perpetrated by various armed organisations against political leaders, and also due to the negligent attitude of a “Communitarian State”, whose sole security is that of bringing candidates into the urban centres.

While the candidates are being assassinated, the Commander in Chief of Police, General Óscar Naranjo Trujillo, occupies himself in burning incense to his boss, President Uribe, devoting himself to misinforming Uribe about the investigations currently underway at the Attorney General’s Office and the Supreme Court of Justice.

Drug dealers, guerrillas and paramilitaries continue determined to form part of the government. They eject by force from the electoral battle those who are not their followers. One cannot really speak of free elections where even one single person is assassinated or threatened for participating in an election. Of the 1,098 municipalities in Colombia, 328 reveal signs of electoral risk according to the Mission of Electoral Observers (Misión de Observación Electoral, MOE).

Colombia is a democracy of the living dead. The enormous efforts made by local and regional authorities and political and social leaders to revive democracy are exacerbated by the electoral corruption of a thousand heads and the persistence of the mafias, imposing their electoral quotas and political figureheads by force.

Electoral corruption goes from the vulgar purchase of votes, through the dubious financing of campaigns, up to the direct participation of those in office in defence of their preferences and to perpetuate their power.

Democracy’s fate is aggravated by those who condemn politics and revile it in the name of transparency. Black propaganda, defamation and the manipulation of information are the methods that professional propaganda-makers and persuaders use, taking advantage of commercial techniques which sell candidates as they would cars, soap and perfumes.

The public square used to be a thermometer of political campaigns. The closing act used to be an act of persuasion per excellence. To fill the Plaza de Bolívar in Bogotá or the Parque de Berrío in Medellín used to be the ultimate challenge for any candidate.

Today, those who explore public opinion at depth (canvassing firms), in alliance with the media of public communication, are the ones who “orient” the votes towards a leading candidate, and although they may not say the last word, they do generate tendencies in a country with no decent political parties and in which poverty multiplies itself into electoral vulnerability.

Abstention is another problem of Colombian electoral democracy: only 49% of registered voters vote in Bogotá, 45% in Medellín and barely 39% in Cali. If political culture were to be measured by participation in elections, even the capitals of the provinces, those having the greatest number of resources and privileging education, would not get a passing grade.

The cards of the political candidates are on the table, the time is here for citizens, their little moment of democracy. For six intense months the candidates to local and regional councils, town halls and governor’s offices have traveled across their territories, met with the people, campaigned and debated, in order to attract electoral favor.

The time has come for the bonfire and the smoke. The electoral feast, essence of a liberal democracy, lasts only a little while. Citizens have their fifteen minutes: the opportunity to forge their destiny or to allow abstention, democracy’s silent enemy, to impose the will of others.

Medellín, October 23, 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

el yesQuero Nro. 170

2007-10-16T19:48:00.000-05:00

La sentencia del New York Times

Por
Rafael Rincón Patiño*

El parrafito que derramó la copa, el del editorial del New York Times, afirmó que el Tratado de Libre Comercio, TLC, de Colombia debía ser demorado porque el gobierno no había hecho lo suficiente para juzgar a los criminales violadores de derechos humanos.

En momentos en que se rumoraba una conspiración de los poderes legislativo y ejecutivo contra el poder judicial en Colombia, para restarle legitimidad a las investigaciones de la “parapolítica”, apareció iracundo el presidente Uribe V., en entrevista radial provocada, afirmando airadamente que existe un complot contra él.

La Corte Suprema de Justicia adelanta actualmente una investigación por las alianzas de políticos con narcotraficantes y paramilitares. El último de los implicados fue el primo del presidente Uribe V., Mario Uribe Escobar.

“La mejor defensa es un buen ataque” ha sido la estrategia militar que ha utilizado el oscuro General Rito Alejo del Río en los estrados judiciales para defenderse, con éxito, de los cargos que se le atribuyen como violador de derechos humanos. Esa misma estrategia del intocable General Del Río, experto en usar testigos dudosos, de anticiparse a imputar acusaciones a sus potenciales denunciantes, es la que ahora emplea el presidente Uribe Vélez para blindarse de las investigaciones preliminares que adelanta la justicia.

Teme el presidente resultar implicado, como autor intelectual, en la muerte de un paramilitar del suroeste antioqueño. Parece que la Corte Suprema de Justicia no lo sabía, pero que el presidente lo temía. El presidente pareciera sentir pasos de animal grande.

Su estrategia de defensa consiste en poner al investigador o al juez a la defensiva, en lo que ellos, los potenciales investigados, denominan la “guerra jurídica”. El objetivo es obstruir la justicia, quitarle legitimidad a la Corte Suprema de Justicia y despojarla de su competencia. Se trata de hablar duro, gritar si es del caso, asustar, intimidar y finalmente recusar e inhabilitar a los investigadores y juzgadores.

“El que nada debe nada teme” era la consigna del presidente Uribe V. para justificar las capturas masivas de campesinos en municipios como Ituango (Antioquia), Cartagena del Chairá (Caquetá), Florencia (Caquetá), Viotá (Cundinamarca), etc.. Hoy el presidente teme ser investigado y quiere inhibir a sus investigadores con llamadas telefónicas, con acusaciones de complot. Si nada debe, ¿a qué le teme el Presidente?

Llamar telefónicamente a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que no tiene competencia para investigarlo es un acto descomedido e indebido cuando el camino es poner en conocimiento de sus superiores la presunta conducta irregular. ¿Por qué se apresuró el presidente Uribe V. a salirle al paso a las investigaciones? ¿Por qué una defensa antes de tiempo?

Días antes el ex presidente Belisario Betancur C., ante un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, ofreció todo su apoyo a la investigación que se adelanta para esclarecer los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en 1985. Con el presidente Uribe V. no ocurrió lo mismo, al contrario salió a calificar las acciones preliminares como un complot y pidió la investigación del investigador.

Que se aclare quien mató y quién mandó matar en el año 2003 a alias Rene, jefe paramilitar del suroeste antioqueño, es lo que el presidente debe respaldar. Sin embargo, lo primero que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue convalidar la dudosa prueba —una carta de alias Tasmania al presidente Uribe V. en donde se hablaba de una conspiración contra él, contra el cafetero del suroeste Ernesto Garcés y contra su primo Mario Uribe—. Según el DAS la carta es un 95% auténtica. ¿Quién le cree al DAS?

El “ataque” presidencial a la Corte Suprema de Justicia ha sido una defensa infructuosa, que ha dejado más dudas que certezas.

Mientras el Presidente se defiende, el parrafito que derramó la copa, el del editorial del New York Times, se erige como la punta del iceberg con el que choca el Presidente.

Uribe V. ya no convence en Estados Unidos como convencía cuando estaba Luis Alberto Moreno como embajador en Washington. Su tesis de ausencia de conflicto armado no cala y su guerra contra las drogas está tan desgastada como lo está el gobierno de George Bush.

Es posible que la Corte Suprema de Justicia esté pagando los platos rotos de la no aprobación del Tratado de Libre Comercio, y es posible porque ella está poniendo en evidencia la preeminencia ilegal del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia.

“Uribe V. y su gobierno no han hecho lo suficiente para llevar ante la justicia a los criminales” sentenció el influyente editorial.

Medellín, 16 de octubre de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad

THE NEW YORK TIMES SENTENCE

By
Rafael Rincón Patiño*

The drop of a paragraph making the cup runneth over, The editorial by the New York Times, recommended Colombia’s TLC should be delayed because the Colombian government has not done enough to submit the criminals guilty of violating human rights to due process of the law.

At a moment in time in which rumor was spreading about a conspiracy between the Legislative and Executive branches against the Judicial one, in Colombia, with the purpose of withdrawing legitimacy from the law’s ongoing investigations into ¨parapolitics¨ (political power yielded by the paramilitaries), President Álvaro Uribe appeared furious in public, in a radio interview that he instigated himself, huffingly declaring that a conspiracy against him exists.

The Supreme Court of Justice is now undertaking an investigation into the alliances of active politicians with active drug dealers and members of the paramilitary forces, the latest person to be implicated in them being President Álvaro Uribe’s first cousin, Mario Uribe Escobar.

“The best defense is a good attack” is the military strategy dark side General Rito Alejo del Río has used in court to defend himself, successfully by the way, from the charges filed against him as a violator of human rights. The strategy used by General Del Río, untouchable up to now, and an expert at using evidence supplied by witnesses of doubtful reputation, and which consists of accusing those who accuse him, is the same strategy that President Uribe begins to use to protect himself from the preliminary investigations undertaken by the law.

The President is afraid of being implicated, as intellectual author, in the death of a paramilitary leader in the South West of the Province of Antioquia. It appears the Supreme Court of Justice did not know about his involvement, but the President feared it would. It looks like the President begins to feel ¨they are out to get him¨.

President Uribe’s defense consists of putting the judge or prosecutor on the defensive, by making them into potential suspects, in what the legal representatives label a ¨juridical war¨. Its purpose is to obstruct justice and rob the legal system of its competence. The point is to speak loud, shouting if necessary, scare, intimidate and end up by accusing and inhabilitating the prosecutors who gather the evidence and the judges.

“He who owes nothing fears nothing” used to be President Uribe´s motto, when justifying the widespread capture of peasants in the municipalities of Ituango (Antioquia), Cartagena del Chairá (Caquetá), Florencia (Caquetá), Viotá (Cundinamarca), etc.. Today, the President fears being investigated himself, and intimidates those investigating him via phone calls and accusations of conspiracies. If you owe nothing, Mr. President, what are you so afraid of?

To telephone an Auxiliary Magistrate of the Supreme Court of Justice, who had no authority to investigate him to begin with, is an action that is both uncalled for and illegitimate, when the conduct to follow should simply be to let his superiors know about his alleged misconduct. Why did President Uribe rush to stave off the investigation? Why did he defend himself so prematurely?

Some days earlier, ex President Belisario Betancur, subpenaed by the Attorney General´s Office, offered all his support to the investigation underway to clarify what went on during the siege of the Palace of Justice in 1985. President Uribe behaved otherwise. On the contrary, he jumped to label the preliminary investigation a conspiracy against him, and asked for the investigators to be investigated themselves.

What President Uribe should support is finding out who killed alias Rene, paramilitary leader of the Southwest of Antioquia, and under whose orders the killing took place in 2003. However, the first thing the National Secret Service (Departamento Administrativo de Seguridad DAS) did was to ratify the not very credible proof —a letter by alias Tasmania to President Uribe referring to a conspiracy against him, against coffee magnate of the Southeast Ernesto Garcés, and against the President´s first cousin Mario Uribe—. According to the DAS, the letter is 95% authentic. But who believes the DAS anyhow?

The presidential “attack” on the Supreme Court of Justice has been a useless defense, only serving to raise more doubts than certainties.

While the President defends himself, the drop of a paragraph making the cup runneth over, the New York Times editorial, emerges as the tip of the iceberg on which President Uribe’s course seems set to crash.

President Uribe doesn´t seem to convince the United States anymore, like he used to convince them when Luis Alberto Moreno was Ambassador in Washington. His thesis regarding the absence of armed conflict in Colombia lacks credibility, and his war on drugs is as deteriorated as President George Bush´ government.

Possibly the Supreme Court of Justice is paying for the broken plates of not having the TLC approved, and this itself is only possible because the Court is putting into evidence the illegal prominence of drug dealing and paramilitarism in Colombia.

“Uribe V. and his government have not done enough to bring the criminals before justice”, has ruled the influential editorial.

Medellín, 16 de octubre de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad

el yesQuero Nro. 169

2007-10-08T23:36:00.000-05:00

Las aguas negras del poder privado

Por
Rafael Rincón Patiño*

La corrupción administrativa es una modalidad de corrupción política que se caracteriza por la apropiación de los bienes públicos. Es una práctica torcida que daña lo público, genera un detrimento patrimonial, le quita legitimidad al Estado y a los gobiernos y lesiona los mínimos sociales de la población más vulnerable.

Esta corrupción genera escándalos y repudio social. Es una corrupción identificada y tipificada en los códigos pénales y en los estatutos anticorrupción. Lleva los nombres de peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias. Es la corrupción que tiene principalmente por autores a funcionarios.

Es una corrupción medida internacionalmente con fundamento en variables de percepción, cuenta con indicadores que generan un ranquin mundial de Estados corruptos elaborado por una ONG, Transparencia Internacional (TI).

Pero, existe otra corrupción, más perversa que la administrativa y más letal para los derechos de las personas: es la corrupción que captura las decisiones públicas. Es la corrupción que se apropia de las decisiones estratégicas, de la información privilegiada y de las políticas públicas.

Una corrupción fundada en la capacidad de influir, que se hace por cabildeo en los centros de poder, con halagos en los medios de comunicación (premios, portadas), con reparto de privilegios y estatus sociales en los clubes (“venta de humo”) y con el ir y venir de los altos directivos, sin escrúpulo alguno, de lo público a lo privado y viceversa (puerta giratoria).

Es la corrupción silenciosa que no genera escándalos, que, aunque grave, tienen una cobertura blanda y blanca en los medios de comunicación.

Decidir el diseño de un sistema de transporte masivo (un Metro, un transmilenio), la compra de una empresa de larga distancia, la privatización o el cambio del régimen legal de una empresa pública de telecomunicaciones, la refinanciación de la deuda pública y el desistimiento de una demanda son decisiones que toma un grupo privilegiado de personas y que las “recomiendan” al gobernante de confianza. Esas decisiones no son deliberadas en los cuerpos colegiados de la democracia.

La autoría de estas decisiones estratégicas radica en una élite que apalanca sus negocios privados en el patrimonio público.

En Colombia el Grupo Santo Domingo y el Grupo Aval eran dueños del 50% de Orbitel no porque fueran empresas del sector de las telecomunicaciones sino porque el municipio de Medellín las favoreció con un 50% de inversión, y posteriormente, en el 2006, en la administración de Sergio Fajardo Valderrama, sin debate público alguno, el mismo Municipio de Medellín les compró el 50% del cual eran titulares en una suma tan desproporcionada que hoy es materia de investigación por la Contraloría General de la República.

La captura del Estado es una colusión entre particulares y “neopolíticos”, políticos vergonzantes, que, por un lado, abandera la lucha contra la corrupción administrativa, mientras que por el otro lado, controla e influye las decisiones estratégicas del Estado.

Es un modelo de gestión pública que genera infraestructura social como consecuencia del enriquecimiento de unos pocos, produce rentabilidad social asistencial pero no desarrolla equidad. Es el modelo de gestión que produce un desarrollo por contrato. Es el modelo de gestión municipal en donde el alcalde es gobernado por los contratistas.

La “captura del Estado” no sólo es la apropiación de las decisiones sino también de los procedimientos y de las formas de producción de las leyes. Así por ejemplo, las empresas captoras por medio de sus organizaciones cívicas generan un Pacto de Gobernabilidad, Códigos de Buen Gobierno, Libros Blancos para dejar programados los procedimientos de producción de las decisiones públicas.

Mientras en la corrupción administrativa los beneficiarios son los contratistas, en la captura del Estado los beneficiarios no son contratistas. El equipamiento urbano, por ejemplo, puede ser presentado como de beneficio social, pero, muchas veces, está generando una plusvalía a las “empresas captoras” que los contribuyentes no perciben. Así, un parque lineal al lado de un hotel puede ser vendido públicamente como un proyecto ambiental de recuperación de una quebrada, pero es también una obra al servicio de una empresa captora.

El modelo de gestión pública por “captura del Estado” termina siendo perjudicial para las empresas, pues ellas se dedican a incentivar sus contactos, conexiones y palancas y descuidan la competitividad y la innovación en la producción.

Los empresarios tan metidos en política, con tanto exceso de influencia son una forma de echarse a dormir, de conseguirse una ventajita para no tener que trabajar más. La “captura del Estado” es una forma de pereza empresarial, un síntoma del temor a competir.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 8 de octubre de 2007

el yesQuero Nro. 168

2007-10-01T19:21:00.000-05:00

El Llanero Solitario en Nueva York

Nos enfrentamos a problemas complejos que los Gobiernos no están resolviendo o que no pueden resolver solos.

Palabras de Bill Clinton en la apertura de la III Clinton Global Initiative.

Por
Rafael Rincón Patiño*

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton organiza un foro anual en Nueva York, paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los grandes desafíos mundiales. El fin del foro, según él, es convertir las buenas intenciones en resultados (Clinton Global Initiative).

Este año se realizó la III versión del Foro y en uno de los paneles, el de educación, participaron el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, la actriz Angelina Jolie, el ministro de educación de Afganistán Mohammed Haneef Atmar y Valentino Achak Deng, líder de una ONG que lleva su nombre.

Mientras la influyente actriz de la Fundación Jolie-Pitt mostró su preocupación por la población desplazada, por los refugiados que deja la guerra de Irak y por la falta de orden en las prioridades de los gobernantes, el presidente Uribe V., en su versión libre, confesó que la última película que había visto fue El Llanero Solitario hace como cuarenta años y, además, alertó sobre el impacto del consumo de droga en la educación.

El presidente Uribe V., creyendo que la actriz Jolie dice lo que dice por desconocimiento de Colombia, le extendió invitación para que, in situ, comprendiera el problema de desplazamiento forzado.

Lo que parece desconocer el presidente Uribe V. es que la comprometida actriz estadounidense estuvo en junio de 2002 en Ecuador visitando a un grupo de desplazados colombianos y, además, participó en la producción del video Desplazados, patrocinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Roma (Acnur). Luego asistió a Milán (Italia), con el diseñador de moda Giorgio Armani al lanzamiento de dicho documental para la consecución de ayuda humanitaria.

Ella, en diciembre de 2006, en compañía de su esposo Brad Pitt, decidió pasar la navidad en Costa Rica con un grupo de refugiados colombianos. Angelina Jolie es embajadora de buena voluntad de la Acnur y conoce el problema y la posición del presidente Uribe frente a la guerra de Irak y su doctrina de “no existencia del conflicto armado interno”.

Lo más relevante de la intervención de Angelina Jolie en el panel sobre Desafíos de la Educación esta relacionado con el debate político de las prioridades: afirmó que con el gasto de ocho horas de guerra en Irak —una guerra que apoya el presidente Uribe V.— se podría llevar a 150.000 niños a la escuela.

Sería bueno que la Acnur invitara al presidente Uribe V. a Irak para que presencie la guerra que apoya y que hoy la mayoría de los norteamericanos repudia, o que el presidente Uribe V. entrara a un adoquinado colegio de la comuna ocho de Medellín para que viera niños de cuarto grado de primaria que no saben leer.

¿La guerra o la educación? ¿Cuál es el desafío? La guerra no puede seguir siendo la propuesta. La guerra es el camino aparentemente corto. Una de sus secuelas, el desplazamiento forzado, es para los guerreros un efecto colateral necesario que la humanidad debe soportar.

Cuatro millones de desplazados en Irak y tres millones de desplazados en Colombia son un precio infame, una lesión enorme a la humanidad, una película repudiada por todo el mundo.

La cosa es al revés: los organizadores invitaron al Presidente de Colombia para notificarle que conocen el problema y que están preocupados por los desplazados del mundo, por el conflicto armado en Colombia y por el apoyo de este país a la guerra de Irak.

La Corte Constitucional ha calificado el desplazamiento forzado como un estado de cosas inconstitucional, porque el drama que vive cada una de las personas lesiona el derecho humano fundamental a un mínimo vital y social.

El fallo T-025-2004 de la Corte Constitucional ordena atender con prioridad a la población desplazada. Los derechos sociales de la población desplazada son fundamentales y el Estado no se puede excusar en la falta de capacidad presupuestal para socorrer a quienes sufren las consecuencias de una política de guerra.

No se trata de atraer visitantes para exhibir las bondades de la guerra, que no tiene ninguna bondad con la población desplazada. Se trata de mostrar las causas del conflicto armado y social que tiene Colombia, como la insultante concentración de la tierra o la eliminación sistemática del sindicalismo, la desvalorización del trabajo y las violaciones a los derechos humanos.

Acabar con el desplazamiento forzado en Colombia, que es mucho más que atender humanitariamente a sus víctimas, es un desafío mundial. Ahí está otra manifestación, adicional a la del Acuerdo Humanitario, de la globalización del conflicto armado interno en Colombia.

La invitación al presidente Uribe V. al III Clinton Global Initiative fue una invitación a que se quitara el antifaz ante el mundo y abandonara su posición de Llanero Solitario, de justiciero enmascarado y pusiera en orden las prioridades.

The Lone Ranger in New York

We are faced with complex problems that government either is not solving, or government alone cannot solve.

Bill Clinton, opening words 3th Clinton Global Initiative.

By
Rafael Rincón Patiño*

Former U.S. President Bill Clinton held his III Clinton Global Initiative about great global challenges in New York, coinciding with the United Nations General Assembly. The purpose of this particular Forum is to turn good intentions into results, according to Bill Clinton (Clinton Global Initiative).

This year, the III Clinton Global Initiative has already taken place; one of its panels, which focused on education, included in its participants Colombian President Álvaro Uribe Vélez, actress Angelina Jolie, good-will Ambassador for UN Agency ACNUR, Mohammed Haneef Atmar, Afghanistan’s Minister of Education, and Valentino Achak Deng, head of the NGO bearing his name.

While the influential actress from the Jolie-Pitt Foundation showed her concern for the world’s displaced population, for the refugees that the Iraq War strews along its path, and to the lack of attention in general that world leaders pay to what should be their priorities, President Uribe, in his own loose-wheel version, confessed that the last film he had watched was The Lone Ranger, some forty years back, further warning the public against the impact of drug use on education.

President Uribe, believing that Angelina Jolie speaks as she does because she doesn’t know enough about Colombia, invited her to come visit in situ, so that she might better understand the problem of forced displacement.

What President Uribe doesn’t seem to know is that this committed U.S. actress travelled to Ecuador as early as June 2002, where she met with a group of forcefully displaced Colombians; that she has also participated in the production of the video Displaced, sponsored by the Office of the U.N. High Commissioner for Refugees (ACNUR) stationed in Rome, and that she even attended the premiere of said documentary in Milano, along with fashion designer Giorgio Armani, during a fund-raising benefit aimed to collect humanitarian aid.

In December 2006, the actress spent Christmas in Costa Rica, accompanied by husband actor Brad Pitt, also with a group of Colombian refugees. As UN good-will Ambassador, Jolie is certainly familiar with the issue forced displacement, as well as with President Uribe’s stand on the War in Iraq. She also knows that he refuses to acknowledge “the existence of Colombia’s domestic armed conflict”.

Angelina Jolie’s most important contribution to the panel on Challenges of Education involved the political debate on world priorities: she pointed out that with the amount of money spent on just eight hours of war in Iraq—a war fully supported by President Uribe— 150.000 children might go to school.

It would be good if ACNUR invited President Uribe to Iraq, so that he might see for himself what takes place in the war of his heart’s desire, and which most Americans reject at today, or that he visit a public school in the City of Medellín’s Commune Number Eight, where he might personally meet children in the fourth grade who cannot read yet.
War or education: which one is the biggest challenge? War cannot continue to be the leading proposal. War just seems to be a shortcut. And those fighting it just view forced displacement, one of war’s sequels, as a necessary collateral effect that humanity must simply endure.

Four million internally displaced people in Iraq, and three million internally displaced people in Colombia, are an abominable price to pay, a mortal wound to humanity, a film that the entire world repudiates.

The point was not about getting lessons from President Uribe. It was about the opposite: the Forum’s organisers invited the President of Colombia to make it known to him that they know about the problem, and that they are concerned about all the internally displaced people in the world, and worried in particular about Colombia’s armed conflict and about its support to the Iraq War.

The Colombian Supreme Court has ruled that forced displacement is unconstitutional, because the drama all these people suffer goes against the fundamental human right to existence and forming part of society.

Supreme Court ruling T-025-2004 orders that priority be allocated to the country’s displaced population. The social rights of the internally displaced population are fundamental, and a State simply cannot allege a lack of budget to refrain from coming to the aid of those who suffer the consequences of its war policies.

The point should not be attracting visitors to show them the benefits and virtues of war, which does nothing to benefit the displaced population. The point is recognising the causes of the Colombia’s armed and social conflict, such as land concentration, or the systematic elimination of trade union members; the depreciation of labour or the violations of human rights.

Doing away with forced internal displacement in Colombia is much more than caring for its victims on a humanitarian scale, it is a global challenge. This is another manifestation of the globalization of Colombia’s internal conflict, that must be added to the Humanitarian Agreement.

President Uribe’s invitation to the III Clinton Global Initiative was in essence an invitation to take off his mask before the whole world and stop playing the Lone Ranger, a masked dealer of his own strain of justice, and instead put his priorities in order.

Medellín, October 1 2007

* Director háBeas Corpus, Rights and Governance

el yesQuero Nro. 167

2007-09-24T19:41:00.000-05:00

Huele a ajo y cebolla

Por
Rafael Rincón Patiño*

No comas ajos ni cebollas,
porque no saquen por el olor tu villanería.

Cervantes, Don Quijote de la Mancha.

Muy señora y muy oronda la primera dama de la nación, doña Lina Moreno de Uribe, estuvo haciendo proselitismo político electoral por un candidato a la alcaldía de Medellín que predica la transparencia y el carácter sagrado de los dineros públicos. Ella aterrizó en el aeropuerto en el ruidoso avión presidencial. Sin rubor alguno bajó del cielo y puso lo “sagrado”, es decir, los recursos públicos, al servicio de lo terrenal: la política.

El presidente Uribe Vélez no es ejemplo de imparcialidad en la contienda electoral, tampoco lo es el alcalde Sergio Fajardo V. en Medellín. El primero, el Presidente, hizo trizas el deber de neutralidad con su reelección y el uso de todas las formas de lucha para conseguir su objetivo; y el segundo, el Alcalde, ha puesto el poder local a favor de una de las partes, ha hecho una campaña electoral marrullera desde el piso doce del Centro Administrativo de La Alpujarra que opaca el discurso de la transparencia que predica.

La Contraloría General de Medellín perdió su competencia para la investigación que tenía en el caso de la dudosa compra de Orbitel (en donde hay un presunto daño patrimonial de USD. 52 millones) porque, al parecer del investigado y de la Contraloría General de la República, faltó imparcialidad en los pronunciamientos del ente fiscalizador.

Es más común de lo que se cree que los funcionarios quieran ser juez y parte. Unos abiertamente, y otros de manera disimulada hacen caso omiso del deber de imparcialidad a que los obliga la Constitución Política (Art. 209). El principio de imparcialidad obliga a no tomar partido, a ser neutrales, a garantizar la igualdad y el equilibrio.

La imparcialidad es la virtud suprema del juez y de todos los funcionarios, es un imperativo constitucional; quien no lo cumple incurre en falta disciplinaria por extralimitación de funciones o desviación de poder.

En las coyunturas electorales algunos omiten este deber de transparencia y de manera velada hacen guiños electorales para perpetuarse en el poder. Se han multiplicado y refinado las formas de brincarse la imparcialidad. El guiño oficial del presidente Uribe V. al ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, es una falta a la imparcialidad; el guiño del alcalde Fajardo en los actos públicos de inauguración de obras al candidato Alonso Salazar es una falta contra el deber de imparcialidad.

La frase del alcalde Fajardo V.: “el candidato del cual no puedo decir su nombre, pero que ustedes saben quién es, continuará mi obra” utilizada en conferencias y programas de televisión es una marrulla verbal que se ríe de la Ley, se mofa del deber de imparcialidad, denota falta de transparencia, es un abuso de poder. Es un acto opaco de quienes predican pero no practican la transparencia.

El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea por su sigla en inglés), con sede en Estocolmo, Suecia, elaboró el Código de Comportamiento Electoral y en él incluye el segundo principio ético que dice: “La administración electoral debe actuar con independencia y neutralidad”. Para que una elección sea exitosa, los participantes en el proceso tienen que poder confiar en que los administradores electorales cumplan sus funciones en forma políticamente neutral. Si se juzga que las personas que administran las elecciones muestran adhesión a uno u otro resultado electoral, la credibilidad pública del proceso electoral se verá afectada gravemente, a tal punto que luego será difícil restaurar la confianza en el proceso (Nohlen, Dieter y otros. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, FCE, México, 2007, 2ª. ed. 1364p.).

La administración pública, como la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo. ¿O será que no es honrada, aunque lo parezca? Hay tufo, huele a ajo y cebolla.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 24 de septiembre de 2007

el yesQuero Nro. 166

2007-09-17T20:08:00.000-05:00

Los románticos de la guerra

Por
Rafael Rincón Patiño*

“No hay que pedir permiso
ni para pensar ni para criticar”

Gustavo Petro

“Estamos ganando la guerra” repiten monótonamente los que creen en la idoneidad de la violencia para alcanzar la paz. Los verbos conjugados en gerundio son una estrategia gramatical para esconder los fracasos y dolores de las acciones bélicas, para encubrir la ausencia de resultados.

Colombia no tiene un milímetro de su territorio despejado para la paz: “de día o de noche, hoy no hay un lugar en donde las Fuerzas Armadas no podamos llegar con sorpresa y contundencia” (General Freddy Padilla León, El Espectador, 16-09-2007).

En el modelo del Conflicto de Baja Intensidad o en el de la “Guerra Preventiva” el ciudadano es ante todo un guerrero. Ciudadano es el que coopera con la guerra o el que vende su cooperación por recompensas. El ciudadano total de Rousseau, el volcado a la política, fue cambiado por el guerrero total, transformado en un guerrero a toda hora y en todo lugar.

La guerra fría no es de combates militares, es una guerra integral por controles territoriales y de espacios de poder. La de Colombia es una guerra fría que ya no es exclusivamente interna: Lo de Colombia es un conflicto armado interno globalizado. Sus componentes están globalizados: las armas, la droga, el petróleo, los mercenarios, las asesorías militares, los rehenes, los crímenes de guerra, sus combatientes, sus tribunales son de diversas y múltiples orígenes.

Colombia vive un conflicto armado interno globalizado: tiene combatientes en todo el mundo y no sólo en las selvas de Colombia. Una guerrillera holandesa en selvas colombianas, el presidente francés Nicolás Sarkozy intermediando para la libertad de secuestrados y de guerrilleros detenidos, el presidente venezolano Chavez buscando mediar, la presencia norteamericana tratando de reforzar la victoria militar, los pronunciamientos de la Unión Europea intentando una intervención amistosa o humanitaria, las visitas de senadores norteamericanos para conocer el conflicto, las intervenciones del Canciller Araújo y del Vicepresidente Santos en los foros internacionales pidiendo apoyo para Colombia.

El pragmatismo bélico considera a los pacifistas como románticos, soñadores, gente sin pies en la tierra que usa medios que no impactan la realidad; y ellos, los que proponen la guerra, los guerreros, se consideran los encarnados de la real politik, gente de resultados.

El pragmatismo bélico caricaturiza las iniciativas de paz como una claudicación ante los violentos, consideran que tienen cerebros de paloma. Las manifestaciones nacionales de repudio son sólo actos simbólicos, que para ellos son lo opuesto a los hechos. Una caminata de más de 600 kilómetros desde el municipio de Sandoná (Nariño) hasta el centro del país, Bogotá, por un padre de familia y profesor de escuela no deja de ser un acto folclórico que no inmutará a los guerreros.

“Estamos ganando la guerra” es una consigna para conservar el poder, o para subir la moral de los combatientes. Sin embargo, esa frase confiesa hoy, después de cinco años de seguridad democrática, que la paz está lejos, y que la guerra es el presente duradero. Los guerreros en Colombia están perdiendo la paz.

George Bush, presidente de Estados Unidos, dice también, que está ganando la guerra contra el terrorismo, pero está perdiendo el poder en su propio país. Los demócratas ya son mayoría en el Congreso y su nivel de aceptación está tan bajo como el de Nixón durante la guerra de Vietnam.

La guerra de Uribe Vélez no ha cambiado a las Farc, y la guerra de las Farc no ha cambiado a Uribe V.; esta constante está modificada por la globalización del conflicto armado interno. Son las “externalidades” del conflicto interno las que están cambiando a los combatientes.

Es la globalización del conflicto armado interno la que puede remover los llamados inamovibles del presidente Uribe Vélez. Bienvenida sea la política, con todos sus vicios, para la resolución del conflicto armado globalizado.

El acuerdo humanitario es la tarea primera, él no es la paz, pero es la oportunidad para que los románticos de la paz y los románticos de la guerra consigan resultados; es la oportunidad para reiniciar la solución política negociada al ya largo conflicto armado en Colombia sin claudicar ante condicionamientos autoritarios.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 17 de septiembre de 2007

el yesQuero Nro. 165

2007-09-10T20:02:00.000-05:00

La justicia de los halcones

Por
Rafael Rincón Patiño*

Alberto Gonzales, ex Procurador General de Estados Unidos —una especie de Ministro de Justicia—, promovió una doctrina “jurídica” mediante la cual corrompió políticamente la justicia lesionando su independencia y caros principios liberales.

El asesor presidencial Gonzales admitió y recomendó la tortura como método de investigación mediante un escrito dirigido al presidente George Bush. Escrito conocido como el “memorando a favor de la tortura”.

Los “combatientes enemigos” de la llamada guerra preventiva son doctrina de su autoría; Alberto Gonzales habló también de la obsolescencia de los Convenios de Ginebra; fue él quien fundamento la no existencia de los prisioneros de guerra, y la inexistencia de conflicto armado. Él es quien da pie para afirmar la existencia de una agresión terrorista. Según su doctrina no hay prisioneros de guerra, sino combatientes enemigos.

Fue Alberto Gonzales quien negó la existencia constitucional del derecho fundamental de hábeas corpus y su inaplicabilidad para los capturados bajo el cargo de “combatientes enemigos”. Situación reprobada en el Senado de Estados Unidos no sólo por ser un desconocimiento de la Constitución, sino por ser una violación del sentido común (Comité de Justicia del Senado, senador Arlen Specter).

El dúo Bush-Gonzales logró el tétrico record de mayor número de ejecuciones judiciales de la pena de muerte (152) en el Estado de Texas, siendo el primero Gobernador y el segundo su asesor. Los recursos de clemencia y piedad no gozaron de la atención de esta pareja que acompañada del psiquiatra James Grigson, conocido como el “Doctor muerte”, hicieron caso omiso de los recursos de los condenados.

La pareja Bush-Gonzales es la autora de la Ley Patriótica, expedida después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La llamada Ley Patriótica elimina las “libertades civiles” en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo. Bajo esta juridicidad política son legales las escuchas, los monitoreos de las comunicaciones, el escaneo de conversaciones, la obtención de información financiera y médica, la captura de personas por pertenencia étnica o religiosa y el procesamiento de las mismas sin asistencia de abogado.

Otra obra del dúo Bush-Gonzales es la Ley de Comisiones Militares según la cual “El presidente puede ahora, con la aprobación del Congreso, detener indefinidamente a personas sin acusaciones, quitarles el amparo de la ley contra abusos horrendos, enjuiciarlos basándose en pruebas de oídas, autorizar juicios en que los sentencian a morir basándose en testimonios literalmente arrancados a golpes a los testigos, y negarles la posibilidad de apelaciones de hábeas corpus” (Jonathan Turley, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union, ACLU).

Alberto Gonzales toleró los abusos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Las miles de quejas por tortura fueron justificadas como técnicas de interrogación para la lucha contra el terrorismo. La doctrina Gonzales no consideraba tortura aquella práctica que no causara un dolor “equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una herida física grave, como un fallo de órganos, la disminución de una función corporal o incluso la muerte”. Fue con estos argumentos políticos que se instituyó la tortura en la cárcel de Abu Ghraib.

Alberto Gonzales, además, perteneció a la empresa de abogados que asesora a la auto quebrada empresa distribuidora de energía Enron.

La gota que derramó la copa fue la destitución de ocho fiscales federales por motivos políticos para nombrar igual número de servidores republicanos y simpatizantes.

El asesor personal de Bush llegó a ser el hispano más influyente de norteamérica. Sus méritos fueron no tener criterio jurídico, sino tener el criterio político de su jefe y vestirlo de jurídico. Es decir, su tarea no era velar por la legalidad, sino legalizar lo ilegal.

Los seguidores de la Doctrina Gonzales en Colombia tienen nombre propio: el ex Fiscal Luis Camilo Osorio, que convirtió a los paramilitares y narcotraficantes en héroes y torció las investigaciones hacia el camino de la impunidad; el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos que no ha podido dejar claro las escuchas, el monitoreo y espionaje a los ciudadanos; el asesor presidencial José Obdulio Gaviria que afirmaba la obsolescencia de los Convenios de Ginebra, la inexistencia del delito político y del conflicto armado; el presidente Uribe que quiere calificar de sediciosos a sus copartidarios y de sesgada a la Corte Suprema de Justicia.

La diferencia doctrinal entre Colombia y Estados Unidos radica en que “el Gonzales” norteamericano no pudo llegar al Tribunal Supremo como lo quiso el presidente George Bush; pero, en Colombia, “el González” del presidente Uribe V., su Secretario Jurídico, sí pudo “coronar” como magistrado de la Corte Constitucional, después de un malabarismo corrupto de ternas acomodadas.

Lo que quiere decir que en Colombia la Doctrina Gonzales, la del hispano Alberto, tendrá rango constitucional, gracias a los votos agradecidos del Mauricio González colombiano.

Esa justicia corrompida por los favores políticos y por la guerra es la misma que cada año certifica a Colombia en derechos humanos, es la que recibe sin ninguna vergüenza a más de 500 colombianos que nunca debieron ser extraditados.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de septiembre de 2007

The Justice of the Hawks

By
Rafael Rincón Patiño*

Alberto Gonzales, ex attorney general of the United States —a Minister of Justice, so to speak—, promoted a “juridical” doctrine through which he politially corrupted the legal system in his own country, affecting its independence and its cherised liberal principles.

Presidencial advisor Gonzales admitted and acknoweledged torture as a method of investigation in a text sent to President George Bush. It is known as the “memorandum in favour of torture”.

The “enemy combatants” of the so-called preventive war are a doctrine that he authored: Alberto Gonzales also spoke of the obsolescence of the Geneva Treaties: it was he who argued the non-existence of war prisoners and the non-existence of an armed conflict. This is what gave him arms to argue the existence of a terrorist aggression. According to his doctrine, there are no war prisoners, only enemy combatants.

It was Alberto Gonzales who denied the constitutional existence of the fundamental right of Habeas Corpus and its non applicability for those captured under the charge of “enemy combatants”, a situation rejected by the U.S. Senate not only for ignoring the Constitution but because it is a violation of common sense (Senate Justice Committee, Senator Arlen Specter).

The Bush-Gonzales duet achieved the sinister record of carrying out the greatest number of executions using death sentences (152) in the State of Texas, when Bush was Governor and Gonzales his Advisor. The recourses of clemency and pity went unheard by this couple, accompanied by psyquiatrist James Grigson, known as “Doctor Death”, ignoring the appeals made by those in death row.

The Bush-Gonzales duet authored the Patriotic Act, issued after the terrorist attacks of September 11 2001. The so-called Patriotic Act eliminated “civil liberties” in the name of national security and the fight against terrorism. Under this political jurisdiction it is legal to tap and scan conversations, monitor communication, acquire financial and medical data and capture people due to their ethnic or religious background and have them processed without assistance from a lawyer.

Another work by the Bush-Gonzales combo is the Military Commissions Act, according to which “The President can now, with the approval of Congreso, detain people who are not formally accused indefinitely, and remove their right to be protected by law against horrendous abuses, to put people on trial based on hearsay evidence, to authorise trials in which people are sentenced to death based on testimonies literally obtained by beating witnesses, and deny them the right to Habeas Corpus appeals” (Jonathan Turley, Executive Director of the American Civil Liberties Union ACLU).

Alberto Gonzales tolerated the abuses committed by the Federal Bureau of Investigation (FBI). Thousands of complaints of torture were justified as interrogation techniques in the struggle against terrorism. The Gonzales doctrine did not consider torture any practice that did not cause pain “equivalent in intensity to the pain that accompanies a serious physical injury, such as that caused by organ failure, the slowing down of bodily functions or even death”. It was based on these political arguments that the Abu Ghraib prison instituted torture.

Alberto Gonzales also belonged to the law firm advising Enron, the energy distribution company that went bankrupt.

The drop that made this particular cup runneth over was the destitution of eight federal attorneys in order to appoint an equal number of Republicans and their sympathisers.

Bush’s personal advisor came to be the most influential Hispanic in North America. His merits were not having a juridical criteria, but plying to the political criteria of his boss and camouflaging that as law. In short, his task was not to protect legality but to legalise the illegal.

The followers of the Gonzales Doctrine in Gonzales have proper names: ex attorney general Luis Camilo Osorio, who transformed paramilitaries and drug dealers into heroes and derailed the investigations into the path of impunity; Minister of Defence Juan Manuel Santos, unable to explain why he has tapped, monitored and spied on ordinary citizens; Presidencial Advisor José Obdulio Gaviria, affirming the obsolescence of the Geneva Treaties, the inexistence of political crimes and the inexistence of an armed conflict; President Uribe who wants to have members of his own party classified as rebels and accuses the Supreme Court of Justice of being biased.

The difference in doctrines between Colombia and the United Status is that the North American “Gonzales” could not get into the Supreme Court like President George Bush wanted him to; but in Colombia, President Uribe did manage to get his own Legal Secretary “crowned” as a magistrate of the Constitutional Court after the corrupt juggling of the candidacies.

What this means is that, in Colombia, the Gonzales Doctrine, the one drafted by the Hispanic Albert, shall have a constitutional scope, thanks to the grateful votes of the Colombian Mauricio González.

This justice corrupted through political favours and through wars is the justice that certifies Colombia every year in the field of human rights and, unashamed, takes in 500 Colombians who never should have been extradited at all.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 11 de septiembre de 2007

el yesQuero Nro. 164

2007-09-03T22:22:00.000-05:00

El mérito de los corruptos

Por
Rafael Rincón Patiño*

Transformar un bosque nativo en un cultivo de papas para luego convertirlo en edificios de apartamentos parece un acto de magia, pero es realidad un delito de contaminación ambiental. La contaminación, como la corrupción, es una alteración nociva; la primera daña el medio ambiente y la segunda daña lo público.

Contaminación y corrupción son una pareja perversa que impacta negativamente a la administración pública y al medio ambiente.

Hace un año fue condenado Andrés Fajardo Valderrama por el delito de contaminación ambiental (Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, sentencia condenatoria de 25-09-2006, magistrado ponente Luis Fernando Delgado Llano). Andrés Fajardo V., actuando en representación de la compañía constructora Raúl Fajardo Moreno y Cía. Ltda., confesó el delito de contaminación ambiental alegando que no sabía que tenía que pedir permisos para realizar obras en sus predios.

El delito mencionado ocurrió cuando la firma Raúl Fajardo Moreno y Ca. Ltda. deforestó el bosque nativo y acabó con un humedal para desarrollar un proyecto constructivo (Talavera del Bosque) en la zona alta de Las Palmas, del municipio de Envigado, perjudicando a 220 viviendas en su acueducto veredal e incurriendo en el delito de contaminación ambiental. El Tribunal Superior de Medellín calificó la conducta como “destrucción sistemática de un hábitat, con pleno conocimiento del acusado, sin la debida autorización de las autoridades gubernativas y ambientales”.

Para llegar al resultado talaron los bosques primario y secundario, realizaron remociones inadecuadas de tierra, impostaron un sembrado de papas e infectaron los recursos acuíferos del lugar dañando el acueducto veredal y provocando la queja administrativa ante la autoridad ambiental (Corantioquia) y la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Hasta aquí todo ha sido un secreto a voces, conocido y farfullado en los pasillos del poder.

Pero lo que sigue a la violación de la ley penal es una falta contra la moralidad pública: el señor Ricardo Agustín Smith Quintero, hoy Director del Área Metropolitana, fue parte de un informe de la Universidad Nacional que pretendió enervar los estudios ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) en el proceso penal por contaminación ambiental. Actuó en defensa de la compañía de la familia Fajardo; y, también, en otro proceso de una acción popular, declaró a favor del informe de la Universidad Nacional del cual había sido parte interesada (folio 361 del expediente penal).

Sigue la inmoralidad: después de los escándalos silenciados en los procesos de contratación administrativa del año 2005 del Área Metropolitana de Medellín, en donde el alcalde Fajardo V. extrañamente retiró a los denunciantes y no a los denunciados, fue nombrado como director del Área Metropolitana el “declarante” Ricardo Agustín Smith Quintero, el que había atestiguado a favor de la empresa de la familia del Alcalde en el caso de contaminación ambiental.

Es decir, fue nombrado como autoridad ambiental del Área Metropolitana, por decreto municipal, quien rindió un experticio y una declaración en un proceso penal de contaminación ambiental a favor de la empresa de la familia Fajardo.

Esos fueron los méritos de quien hoy le da el aval a la tala de árboles en Medellín, de quien contrató con dineros de la sobretasa ambiental la mal llamada Vía Distribuidora —que genera enorme plusvalía para los grandes capitales—, una obra que crea tres nuevos carriles paralelos al Metro de Medellín y que destruye una zona verde de 75.000 metros cuadrados.

Gobernar con “los más capaces” es una promesa inmoral cuando no se determina el contenido de la capacidad requerida: ¿más capaces de qué? Gobernar con los amigos, con los más cercanos, con los asesores familiares o privados, con los testigos, encarna el riesgo de gobernar con los cómplices de las tropelías.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad

Medellín, 4 de septiembre de 2007

el yesQuero Nro. 163

2007-08-27T21:29:00.000-05:00

El desconectador anónimo

Por
Rafael Rincón Patiño*

1.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad y el 80% de éstas se encuentran en el sur de Asia y en el África sub-sahariana. La pobreza energética es una importante barrera para el crecimiento y el desarrollo en muchas partes del mundo, y sin embargo, las cuestiones referentes a temas energéticos aún son interpretadas como temas específicos de un sector dominado por grandes actores energéticos como las compañías petrolíferas y de gas o los grandes proveedores de electricidad.

Club de Madrid, agosto de 2007

El 74,18% de los suscriptores desconectados del servicio de energía en Medellín están en los estratos 1 y 2. La denominada ciudad “más educada” tiene 243.259 suscriptores desconectados de los servicios públicos domiciliarios; de ellos 60.043 están desconectados del servicio de energía, y de éstos 44.545 (74,18%) son los más pobres (Informe de Gestión Epm, junio de 2007).

El impacto vital negativo de la desconexión tiene un efecto multiplicador inmediato: un suscriptor de los estratos 1 ó 2 equivale a 5 ó 6 personas afectadas por la falta de energía.

La desconexión pone en la picota a los desconectados, ellos aparecen con nombres propios en la lista de morosos, son suscriptores visibles y estigmatizados. En cambio, no aparece el nombre del autor de la desconexión, el desconectador parece un anónimo. Una de las partes del problema de la desconexión es secreta y, a la vez, goza de gran reputación. Desconectar a miles de personas no despeina a su autor.

Vivir a oscuras tiene altos costos para los desconectados y un impacto muy negativo en su calidad de vida: al lado del agobio de la deuda, están la demora en la cocción de los alimentos, el aislamiento por falta de comunicación, el bajo rendimiento académico de los niños, el deterioro de la salud, la mayor accidentalidad, dificultades para trabajar, las comidas frías.

La acción del desconectador anónimo empobrece más a los estratos 1 y 2. El desconectado nada contra la corriente, trabaja más, se esfuerza más, pero su energía humana es ineficiente, no rinde, parece, y perece, pedaleando en una bicicleta estática. La vida se le vuelve más cara. De los 19.906 desconectados del servicio de energía del estrato 1, el 82,27% tiene la energía cortada —los otros la tienen suspendida—, lo que implica un costo adicional de reconexión y lo que señala el fracaso de la refinanciación de las cuentas. El “cortado” es un “ser sin servicios”, es el descastado de los desconectados.

Frente a los atribulados desconectados está el boyante “desconectador anónimo”, responsable político de la desconexión, el municipio de Medellín.

Un municipio que tiene la capacidad política para determinar la ejecución de una vía —llamada sarcásticamente “Distribuidora”— de $36.000 millones para la zona financiera y comercial de más altos ingresos per cápita; pero no se ingenia la forma de dignificar a los estratos 1 y 2 de la población con poco más de la mitad con lo que ha favorecido a los empresarios de la Milla de Oro ($19.104 millones).

El desconectador anónimo tiene corazón con los más ricos, pero acude a la razón práctica con los más pobres. Los deberes que tiene con la ciudad los llama regalos, los regalos que da a los poderosos los llama corresponsabilidad y los deberes con los más pobres los omite bajo la figura de no promover la cultura del no pago.

No es igual hablar de los desconectados que del desconectador. Son dos enfoques distintos del problema de los servicios públicos domiciliarios. Hablar de desconectados es hablar de un problema de los marginales que no tienen ingresos y la desconexión es, entonces, una disfunción del sistema que hay que mitigar, es un problema económico, de meras finanzas.

Hablar del desconectador, en cambio, sería coger el toro por los cuernos, situar la desconexión como problema político, llamar la atención sobre la responsabilidad política del Estado, sobre la prioridad del gasto público social, sobre la vigencia del Estado social de derecho, sobre la dignidad humana, el mínimo vital, el deber de solidaridad.

La desconexión es un problema de prestación de servicios públicos entre el Estado social de derecho y el ciudadano. Es un problema de prioridades sociales. La sostenibilidad empresarial no se puede quedar en la competitividad comercial, la sostenibilidad de la empresa también es política, las empresas de servicios públicos, públicas y privadas, requieren una legitimidad ciudadana.

Cuando el problema de la desconexión tiene su puerta de entrada por el lado del desconectador cambia el enfoque: el desconectado, un impotente económicamente, se transforma en un poder político; se descubre como titular del patrimonio de la empresa que presta los servicios públicos. Este enfoque ubica al sin servicios en el centro de las decisiones y de las políticas públicas. El “sin servicios” como consumidor está apocado, como ciudadano es el titular del patrimonio de la empresa de servicios públicos.

En un Estado social de derecho, como está definido el colombiano, el gobernante tiene la obligación constitucional de atender y dar prioridad a los más pobres. La pobreza no se atiende por deferencia, ¡ya no más “regalos” del desconectador anónimo!. La ciudadanía debe estar conectada para que la ciudad se pueda conectar con el mundo.

El Alcalde de la ciudad, que tiene como una de sus fortalezas los servicios públicos domiciliarios, no puede seguir orientado por un corporativismo empresarial disfrazado de cívico para apalancar sus inversiones comerciales.

El pacto de gobernabilidad en servicios públicos domiciliarios no es del poder económico con el poder político subyugado, es entre el poder político y la ciudadanía, se suscribe y se legitima prestando servicios públicos y no vendiéndolos.

Medellín, 27 de agosto de 2007

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

el yesQuero Nro. 162

2007-08-21T16:44:00.000-05:00

¿Gobernar o vender?

Por
Rafael Rincón Patiño*

Vender un apartamento con sala-comedor y ofrecer una ciudad con parques-biblioteca es una estrategia de venta: por un lado, el constructor empaqueta dos conceptos en un producto casi siempre deficiente para lograr la venta de bienes inmuebles, y, por el otro lado, el gobernante-vendedor, hace una amalgama de necesidades para matar dos pájaros con una sola piedra.

Gobernar es vender cuando el ciudadano es concebido como un consumidor y no como un sujeto de derechos. Se gobierna para que el consumidor acceda al mercado, a los bienes y servicios públicos.

El ciudadano consumidor alcanza la mayoría de edad en la ciudad comercial, la ciudad mall, que es la ciudad de los empresarios, la de la cultura “E”; no es la ciudad de los derechos, ni la ciudad de los trabajadores, ni la ciudad de los niños, ni la ciudad de la solidaridad. Es la ciudad sin ciudadanía, la ciudad sin cultura “C”.

El poder real o poder económico se inclina por el gobernante-vendedor. El poder económico ni siquiera busca un administrador, prefiere un vendedor con imagen, con manejo de medios, con buen castin, que exponga la ciudad como mercancía, un vendedor que reconozca sus atributos.

El poder económico elude al gobernante-político y patrocina y empodera al gobernante-vendedor en nombre de la eficiencia, la transparencia y la competitividad. Los gremios económicos presionan para que el Gobierno esté orientado a la comunidad empresarial más que a la comunidad política o a la ciudadanía.

La tarea de un buen Gobierno, en este modelo, no es la ley ni su cumplimiento, la tarea es “desregular”, generar “libertad” de consumo y capacidad de compra. Buen gobierno no es el que cumple la ley sino el que sigue las tendencias económicas, el que interpreta las encuestas, el que mantiene su imagen. Quien intente regular, poner límites a la especulación es un politiquero o un populista.

La ciudad “más educada” no es la que respeta la vida, es la más competitiva, la más visitada, la más atrayente. En una ciudad que quiere ser competitiva, como Medellín, pueden morir cuatro personas en un abaleo en una plaza de mercado (11-08-2007), o un niño de dos años perece por abuso sexual (13-08-2007) y seguirá siendo considerada la “más educada” porque esos hechos no afectan el consumo, no generan pánico en el comercio, son hechos aislados, sin nexo causal, es como si los hubiera matado un rayo.

Una ciudad en donde los servicios públicos domiciliarios han aumentado más para los estratos 1, 2 y 3 que para los estratos 4, 5 y 6, es una ciudad más competitiva, pero es una ciudad sin Gobierno. El objetivo del Gobierno municipal es el desarrollo con equidad. Crecer a costa de los más pobres es crecer de la mano de un vendedor y no de la mano de un gobernante.

La ciudad gobernada, al contrario de la ciudad vendida, tiene gobernantes repudiados por los gremios empresariales y sus comités cínicos, que son los ventrílocuos de los intereses económicos.

Una administración que tala un bosque urbano para ampliar una vía y mejorar el comercio de la comuna con más altos ingresos per cápita —con los recursos de la sobretasa ambiental, que legalmente son para mejorar la calidad ambiental— en detrimento de la mayoría de los contribuyentes, no está gobernando, está vendiendo.

El vendedor eterniza la pobreza. El vendedor le apuesta a los subsidios, a los restaurantes escolares y comunitarios, a la asistencia social. El vendedor genera dependencia, sus áulicos afirman que sin él la ciudad camina hacia el abismo.

El vendedor publicita el síndrome del diluvio. Antes de él era el caos, y después de él regresará el caos. El gobernante-vendedor desarrolla un proyecto neoconservador salvífico, de conocimiento apodíctico. El gobernante-vendedor birla las objeciones del ciudadano a sus mercancías afirmando que es un técnico.

El poder empresarial satisfecho con sus resultados le da el apellido del vendedor al modelo y lo promueve como práctica óptima, replicable.

En manos del gobernante-vendedor la ciudad se vuelve una marca, un distintivo comercial que está para la venta. La ciudad de marca es la de los plegables y desfiles, es la ciudad pasarela, la del jingle.

La otra ciudad, es la ciudad enrocada en la pobreza, la ciudad de los invisibles.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 21 de agosto de 2007

el yesQuero Nro. 161

2007-08-13T15:58:00.000-05:00

La vía de la inequidad

Por
Rafael Rincón Patiño*

Dar a cada quien lo suyo es la máxima por antonomasia de la justicia, pero identificar lo suyo de cada quien es el reto y lo que diferencia a políticos, economistas, filósofos y gobernantes.

La distribución pone de moda criterios y teorías de justicia. La meritocracia, por ejemplo, sonó mucho a comienzos del gobierno Uribe V.; pero luego, el reparto de embajadas y consulados por mérito electoral opacaron este principio.

Hoy el criterio de redistribución va de la mano de la competitividad, el mercado es el que hace el proceso discriminatorio de selección natural en donde el más fuerte, el de la posición dominante, termina gobernando y fungiendo de “mano invisible” y justiciera.

En este paradigma de competitividad, ajeno a la solidaridad, las plausibles alianzas para alcanzar la equidad (Ej.: Alianza de Antioquia por la Equidad) se vuelven invisibles y retóricas, porque cuando se presenta la oportunidad de conseguir ventajas, de hacer negocios o de lucrarse con la plusvalía que generan las obras públicas, el ánimo filantrópico y el sentimiento de culpa, que provocan buenas intenciones sociales, hace aguas ante la pugna por las utilidades económicas.

Las motivaciones altruistas de equidad, la cultura corporativa y los balances sociales se desvanecen cuando la riqueza llama a la puerta; las ligaduras por la equidad se ablandan y desaparecen cuando el beneficio es próximo y propio.

Así está ocurriendo en Medellín con los promotores de la llamada Vía Distribuidora: una obra pública de 36.000 millones de pesos, en la zona de mayor ingreso per cápita, en el lugar de más alto Índice de Desarrollo Humano (0,825) de Antioquia, en la llamada Milla de Oro de la ciudad de Medellín. Allí en donde están radicados los negocios de más altos ingresos —Banco de Colombia, Almacenes Éxito, Carrefour, Texas, Mobil, Esso, Homecenter, Universidad Eafit, El Colombiano— se está construyendo, con los impuestos de los que pagan, una obra para quienes menos pagan o no los pagan.

La llamada Vía Distribuidora se financia con la sobretasa ambiental al impuesto predial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El espíritu de la sobretasa ambiental es tener un ingreso para mejorar la calidad ambiental; ella debe ser aplicada con eficiencia, eficacia y equidad. Sin embargo, son 36 mil millones de pesos para destruir un bosque de 75.000 metros cuadrados y construir una vía que será ineficiente e ineficaz para mejorar la calidad ambiental y, peor aún, para mejorar la movilidad. Parece una obra de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín y no una obra de la autoridad ambiental metropolitana.

No es una obra que reduzca la contaminación ambiental: el material particulado y los niveles de ruido se incrementarán con el aumento del flujo vehicular, con la tala de árboles y con la construcción de los tres nuevos carriles vehiculares.

La Vía Distribuidora es una obra contraria a la Ley 99 de 1993 (Art. 44) y al espíritu de la sobretasa ambiental. Es una obra eficaz para el uso del carro, una obra que satisface la vanidad de muchos de los tenedores de vehículos, que regala una plusvalía urbana y mejora la circulación de los consumidores. Es una obra eficaz para concentrar el capital, ineficaz para mejorar la calidad ambiental, un nefasto aporte al calentamiento global y una violación del derecho al desarrollo de los municipios más empobrecidos.

La Vía Distribuidora se financia con los dineros de todos los propietarios de predios del Valle de Aburrá, pero beneficia económicamente solo un puñado de negociantes que tienen los más altos ingresos y, ambientalmente, no beneficia a nadie. No es cierto que mejore la movilidad porque la obra deja intactos los cuellos de botella, lo que hace es trasladarlos.

La relación de ingresos per cápita entre los ciudadanos de los corregimientos del municipio de Medellín respecto a los ingresos de los ciudadanos de la comuna de El Poblado tiene una brecha escandalosa de 1 a 37. El municipio de Envigado, otro gran beneficiario de la obra, nunca ha pagado la sobretasa al Área Metropolitana.

El molido principio ambiental que dice que “quien contamina paga” es letra muerta para el Área Metropolitana. Con la Vía Distribuidora los contaminadores no pagan; son los contaminados los que pagan: la contaminación del río Medellín la reciben los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, que son los que pagan la sobretasa ambiental, para que los contaminadores que tienen sus negocios en la Milla de Oro puedan darse el lujo de llegar en carro a sus empresas. Eso no es equidad, ese silencio socarrón es la alianza contra la equidad.

El contrato que desarrolla el Área Metropolitana para crear la llamada Vía Distribuidora es un contrato injusto, porque es una obra que privilegia el interés particular por encima del interés general, es contraria a los principios ambientales y contraría el principio constitucional de equidad.

Decía el pensador político estadounidense John Rawls (1921-2002) que “la justicia es la nota distintiva de las instituciones básicas de la sociedad: no sólo basta con que sean ordenadas y eficientes, si las instituciones básicas no son justas deben cambiarse”.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá pierde el año con la Vía Distribuidora. Una institución que capitaliza para los poderosos los ingresos de las mayorías y que actúa en contravía a su objeto legal no tiene futuro. No basta con ser una institución ordenada y eficiente, tiene que ser justa, coherente, transparente y equitativa.

Y, los particulares deberían tomar en serio la “Alianza de Antioquia por la equidad” y empezar adoptando una alianza moral mínima contra la inequidad, comprometerse a no empeorar la desigualdad y así crear confianza en torno a las posibilidades de crear mayor justicia social en el mundo. (Henry Shue, “Not contributing to terrorism. 2001).

Medellín, 14 de agosto de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

el yesQuero Nro. 160

2007-08-08T11:51:00.000-05:00

Voto deliberado

Por
Rafael Rincón Patiño*

Los candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales tienen la obligación y el derecho de poner en público sus programas, sus propuestas y sus promesas, para que los electores los escuchen y decidan deliberando. Representar es poner en público lo que es del público, ha dicho el pensador italiano Norberto Bobbio, para describir la democracia representativa.

“Voto deliberado” es poner en público las mejores razones para el desarrollo y vivencia de los derechos en el barrio, la comuna, la ciudad y la región. Deliberar implica ir un poco mas allá de pensar el voto, como lo propone el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus. “Voto deliberado” es un voto pensado con otro, es un voto con partido y compartido.

Colombia ha estado controlada por el voto pensado de una minoría, y necesita el voto deliberado de las mayorías. El paradigma racional, votar pensando, conduce a una democracia de sumas y restas; una democracia en donde los individuos que coinciden forman una mayoría y gobiernan. Pero, como la democracia pasa por los medios, los individuos terminan pensando lo que los medios dictaminan.

El voto pensado, sin deliberación, conduce a una democracia de mayorías sin minorías, una democracia de resultado. Solo democracia formal, de mostrar, para las visitas; democracia sin comedor. La democracia de los Estados ricos y de los pueblos pobres.

Es necesario un voto deliberado, un voto argumentado, un voto que supere el voto de adhesión. Un voto que construya consenso y supere la democracia de sumas y restas.

Es la forma de acercarse a una democracia hablada, escuchada, conversada y abdicar a la democracia fingida.

Una forma de poner en público las propuestas políticas son los debates electorales que los candidatos deben atender sin excusas; ellos son una forma deliberada de conseguir el favor de los electores. Los gremios económicos, las organizaciones sociales, deberían invitar sin discriminación a debatir libremente, sin interrogatorios de parte ni encerronas; y los candidatos están en el deber de participar sin discriminación en los diversos debates.

No hay excusa para no deliberar. Deliberar es cuestión de respeto, de derechos. Quien delibera comparte y está dispuesto al cambio o a cambiar, quien no delibera niega la dialéctica.

La deliberación tiene obstáculos: Las encuestas electorales de opinión, que difunden interesadamente los medios de comunicación son el principal obstáculo.

Las encuestas son el instrumento por excelencia de la democracia de opinión y del poder económico, es la democracia del voto orientado. Un instrumento que motiva al ciudadano a abordar el vagón ganador; es el recurso del poder económico para cazar el oportunismo electoral. Las encuestas son la palanca electoral del siempre ganador, del que nada en todas las aguas, de los que caen parados, de los malabaristas, de los “todo bien”, de los “buñuelos” (los que se voltean solos) y de los que se voltean tan rápido que parecen quietos.

Es la democracia hipócrita, la de los gráficos con líneas ascendentes y las realidades de miseria. Es la política de Power Point, la política procesadora de imágenes, la que crea al ciudadano flash.

Quienes lideran las encuestas se niegan a ir a los debates porque lo tienen todo por perder, según el pragmatismo económico de los asesores. Fue lo que ocurrió con la reelección del presidente Uribe V.; el candidato presidencial se negó a debatir para no mejorar la imagen de sus adversarios, para no evidenciar la propuesta del otro. El candidato líder de las encuestas se siente obligado a sumar y no a deliberar.

El voto deliberado exige ver todas las propuestas, no solo las de quien detenta una posición electoral dominante. El ciudadano tiene derecho a conocer, a pensar, a deliberar y a escoger. Sin debate no hay elecciones ni democracia real. La legitimidad radica en la calidad tanto como en la cantidad.

Bajo esta lógica participar es dar papaya. Esa fue la lección de la reelección. Los candidatos líderes de las encuestas no confrontan públicamente para no regalar puntos. Ir a debates es igualarse, cuando las encuestas dicen que hay desigualdades.

Es la democracia de opinión, que es una democracia por fe, sin convicciones, sin razones, sin argumentos. Es la democracia por vibraciones, de las pasiones, de la exposición en medios, de los gestos, de las imágenes. Es la democracia de un país con alto analfabetismo político.

Medellín, 8 de agosto de 2007

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

el yesQuero Nro. 159

2007-07-30T23:53:00.001-05:00

La Constitución oculta

Por
Rafael Rincón Patiño*

Si los paras son delincuentes políticos porque son iguales a la guerrilla entonces el presidente Uribe V. está: 1) afirmando que la guerrilla tiene un estatus político; 2) reconociendo que sí hay conflicto armado en Colombia; 3) dando a entender que el Estado colombiano está obligado a acatar el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y Art. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra); 4) está afirmando que la guerrilla no es un grupo terrorista y que por lo tanto no hay agresión terrorista y 5) dejando sin piso político la denominada guerra preventiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Si el presidente Uribe V. le está diciendo a la Corte Suprema de Justicia cómo debe tipificar o calificar los delitos para juzgar a sus barones electorales presos, entonces: 1) En Colombia no hay Estado de derecho; 2) no hay separación de poderes; 3) no hay independencia de la justicia; y 4) sobra la Fiscalía General de la Nación.

Si el Presidente propone una ley para que finalmente sus reelectores espurios salgan de la cárcel a hacer política, entonces: 1) La Constitución de Paramillo prima sobre la Constitución de 1991; 2) los poderes paramilitar y del narcotráfico se han institucionalizado; 3) el bloque de constitucionalidad está supeditado al bloque paramilitar; 4) los derechos de los victimarios son prevalentes sobre los derechos de las víctimas.

Si el Congreso aprueba la ley que exonere a los jefes paramilitares de responsabilidad penal por las masacres, entonces: 1) El Congreso apoya al Abogado Defensor del paramilitarismo, 2) el Abogado Defensor litiga con leyes, es decir aprovecha su calidad para ser juez y parte; 3) la Justicia ha sido derrotada por los hechos y no por el derecho; 4) el Congreso confirma su dependencia del poder paramilitar; 5) el pueblo de Colombia está en manos de las mayorías parlamentarias demócratas de los Estados Unidos.

La pirueta jurídica del presidente Uribe para favorecer al paramilitarismo y a los partidarios con impunidad o penas benévolas, que es lo que finalmente busca el abogado defensor para sus clientes es una voltereta política, o complicidad criminal que descubre sus compromisos preelectorales.

La Constitución de Paramillo o acuerdo narcoparamilitar para refundar a Colombia fue un golpe de Estado con participación del Jefe de Estado. El Presidente que juró defender la Constitución de 1991 le dio la espalda al Estado de derecho, por eso muchos de sus reelectores congresistas son criminales en un orden jurídico, pero son congresistas admirables en el otro orden jurídico; su ejército de desmovilizados son criminales de guerra en un orden institucional y son recibidos y tratados como héroes en el marco parainstitucional.

El presidente Uribe V. acusa a la Corte Suprema de Justicia de tener una visión sesgada del proceso de paz con los paramilitares, pero la visión oblicua, sin rectitud es aquella que pretende favorecer, por fuera de la ley, a quienes lo han apoyado militar y políticamente: los mismos que lo tienen chantajeado. El presidente Uribe V. hace lo que ellos digan so pena de que las versiones del ventilador apunten hacia la Casa de Nariño.

La norma fundamental, la cúspide jurídica y política, aquella que le da validez al régimen de la “seguridad democrática” es un acuerdo oculto producto del dañado y punible ayuntamiento de un candidato con los poderes salvajes para alcanzar la victoria sobre una fuerza ilegal del conflicto armado colombiano. De este acuerdo oscuro o Constitución oculta o Constitución de Paramillo se conoce el lugar, se conoce el número de constituyentes (6), se conocen los políticos que dieron su aval, se conoce su objetivo general (refundar la nación), se conocen las fuerzas que garantizan el nuevo orden.

Para este orden paramilitar la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, los órganos de control son palos en la rueda de la nación refundada.

Se acerca la hora de la versión del presidente Uribe V., la versión que pedirá comprensión y entendimiento, la versión de quien se considera la primera víctima de la nación. El presidente Uribe V. pedirá la libertad por pena cumplida y alegará haber pagado la pena máxima de ocho años que establece la Ley de Justicia y Paz.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 30 de julio de 2007

el yesQuero Nro. 158

2007-07-24T16:43:00.000-05:00

La ciudad por contrato

Por
Rafael Rincón Patiño*

La palabra árbol no está escrita ni una sola vez en el Plan de Desarrollo de Medellín —Medellín, compromiso de toda la ciudadanía, Acuerdo municipal 03 de 2004—, en cambio la palabra vía aparece 64 veces. Parece una curiosidad, pero esa frecuencia refleja patéticamente la desproporción que existe entre el verde y el gris en la administración de la ciudad; esa curiosidad descubre la ciudad proyectada.

El inquilino de la casa de Prado, alcalde Sergio Fajardo V., hace cuatro años recibió el aval electoral de la Alianza Social Indígena (ASI) para hacer campaña política, y fue ungido, por la líder indígena Eulalia Yagarí con el bastón jaibaná para que como mandatario de los espíritus protegiera la salud de la naturaleza; el entonces candidato Fajardo V., además, hizo su campaña entregando semillas de guayacán a sus potenciales electores. El verde ambiental ondeó en las banderas del candidato que enarboló el compromiso ciudadano con el medio ambiente y vistió de desarrollo humano integral su propuesta política. Medellín parecía oxigenarse.

Fue el merchandising electoral, la imagen para conquistar los votos de los estratos 4, 5 y 6 de una ciudad fragmentada. Pero hoy la realidad es otra: veintitrés mil árboles talados, según el Colectivo Ambiental de Medellín, es el balance depredador de la actual administración.

La prioridad del cemento sobre las zonas verdes se hizo evidente. El proyecto de ciudad como espacio para el encuentro ciudadano se fue al piso con los proyectos de movilidad de los consumidores y la especulación urbana de los constructores. El Alcalde terminó gobernado por los constructores y los almacenes de grandes superficies. La corresponsabilidad terminó siendo el subsidio municipal a las multinacionales (Carrefour, Éxito, Home Center, Bancolombia, etc.).

Hay publicidad política engañosa cuando los candidatos se visten de verde, y sin ningún reato de conciencia aprueban la tala de 23.000 árboles y el desplazamiento de miles de pájaros. Puede más el beneficio a los centros de poder que el interés general de un medio ambiente sano y calidad de vida.

El gobernante está obligado a cumplir lo prometido y debe dar ejemplo de cumplimiento de la ley. El resultado de no cumplir lo prometido, de no acatar las leyes (Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993, y Acuerdo 03 de 2004) es una ciudad enajenada: la ciudad contratada.

Medellín no es la ciudad del consenso, no es la ciudad de la ley, es la ciudad de los contratistas, es la ciudad bilateralmente gobernada. Una ciudad tejida por los negocios, es una ciudad privada, es la ciudad entregada a los caciques legales e ilegales.

Una ciudad lejos de ser una ciudad de todos porque es una ciudad por contrato, una urbe parcelada con alcalde gobernado, una ciudad desregulada, ciudad para los más fuertes, ciudad modelo para desarrollo del mercado. Una ciudad para visitar, pero no ciudad para vivir.

De hecho, quienes realmente la gobiernan no viven en ella, ni pagan impuestos en ella, ellos viven en las afueras de la ciudad, en sus casaquintas de Llanogrande, en el segundo piso, lejos del mundanal ruido que ellos generan y, el poder real, el capital, vive en los bancos suizos o en Miami.

La ciudad de los contratistas es la ciudad de ellos, es la ciudad de los otros, es la ciudad sin ciudadanía. Es una ciudad que justifica con publicidad un esperpento como las pirámides de la Avenida Oriental para dividir la urbe en Medellín oriental y Medellín Occidental, y un kilometro más arriba, donde la Avenida Oriental toma el nombre de Avenida El Poblado, allá sí se construye un paseo de jardines para los estratos 5 y 6, para el Medellín financiero, para la milla de oro.

En otro lado de la ciudad, otro contratista toma otra decisión: no recortar carriles sino agregar carriles. La Avenida 33 queda, como el texto del Plan de Desarrollo, sin un árbol, queda con amplias posibilidades de movilidad, y lista para que el próximo contratista de los parquímetros llegue a hacer su negocio, sin haber invertido un solo peso, a sacarle renta al suelo.

Un modelo neoconservador de desarrollo para apalancar los negocios de los poderosos y dar contentillo a los más pobres. Medellín es el modelo del desarrollo por contrato.

La llamada Vía Distribuidora, por ejemplo, una vía paralela al Metro, no se hace por el sistema de valorización, se hace con los impuestos de todos. Veinticuatro mil millones de pesos ($24.000.000.000) para los más ricos, para “desembotellarlos”, para que puedan llegar en carro a sus lugares de trabajo, a sus universidades, para que los negocios de la Milla de Oro tengan más ventas. La llamada Vía Distribuidora es la vía no distribuidora, es la Vía de la Injusticia.

El medio ambiente en el desarrollo por contrato es un segundón, es un palo en la rueda de los especuladores. El desarrollo por contrato de la administración Fajardo V. es una propuesta que emplea un lenguaje socialdemócrata para imponer un modelo neoconservador. Urbanismo social, corresponsabilidad, seguridad democrática, desarrollo humano integral, inclusión son categorías, formas vacías de justicia para mitigar las consecuencias depredadoras del modelo. Es la jerga de la Cumbre Social al servicio de la Agenda de Davos.

El desarrollo por contrato, sin políticas públicas, sin consenso, es un Caballo de Troya para una propuesta política que reclama ciudadanía.

* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Medellín, 24 de julio de 2007

el yesQuero Nro. 157

2007-07-17T22:40:00.000-05:00

Los guayacanes no votan

Por
Rafael Rincón Patiño*

El domingo 15 de julio de 2007 perdió la vida el guayacán amarillo de la Calle 33 con la Carrera 80A de la ciudad de Medellín; había sido amenazado de tala por la ampliación de la Avenida 33, su pena había sido conmutada por un transplante a otro lugar. Sin embargo, a la hora del transplante pudo más la motosierra depredadora de la administración municipal que la promesa de dejarlo vivo.

Sin misericordia en cien segundos fue cortado en cien pedazos y enterrado en el mismo lugar en donde vivió por 15 años. El guayacán amarillo murió arrancado y mutilado en su propia casa. Murió trozado porqué se negó a ser un árbol desplazado y prefirió la casa por tumba. Sus verdugos, depredadores asalariados estaban pasmados, no creían lo que habían hecho, pero los descansaba la satisfacción del deber cumplido y el consuelo de que es un acto que tiene garantizada la impunidad.

Este detrimento patrimonial de cortar un guayacán amarillo que debía ser transplantado es invisible, no genera responsabilidad fiscal, es como si al árbol se lo hubiera tragado la tierra; si fuera un poste de energía tendría valor, estaría en un inventario, pero por ser árbol estará censado pero no tiene valor.

El guayacán amarillo es un amenazado de vida por el desarrollo urbano salvaje, que el Alcalde Fajardo V. denomina “urbanismo social”, para esconder las barbaridades de su desarrollo implantado. El guayacán amarillo tenía la esperanza de salvarse, había sido escogido entre cientos, pero definitivamente lo tasajearon. La esquina que se pintaba de amarillo estuvo encharcada de hojas y de apartes de lo que era su tronco.

El guayacán amarillo no estaba enfermo ni merecía el destino que le dieron, pero triunfó finalmente la llamada razón práctica: beneficiar a los constructores; es otra batalla que gana el cemento y un granito de arena más al calentamiento global.

No queda más que llorarlo y esperar que llegue el progreso implantado, el mito de naturaleza, las baldositas de colores y las palabras ensalzadas que remplazan la realidad por la esperanza.

Seguramente en ocho días el guayacán amarillo será remplazado por una valla colorida que anun¬ciará mil guayacancitos y llegarán dos o tres payasos para que con un pasacalle municipal intente mitigar la mala imagen de la administración y compense la ausencia y el daño.

Quien creyera que en la “ciudad de la eterna primavera” no pasa nada si se corta un guayacán amarillo, un árbol de flores amarillas, un árbol que pinta amarillo lo que la violencia pinta rojo. Adiós guayacán, adiós flores amarillas, un “mi dios le pague” por las sombras, por enriquecer el paisaje, por infundir alegría y brillo en los espíritus decaídos y por mostrarnos la magia cromática de la naturaleza.

Da pena ajena ver como el “urbanismo social” arrasa con la Avenida 33 y la convierte en un santuario al cemento. Da pena con los otros árboles hacerse a su sombra o escamparse en ellos o tomarles una foto después de presenciar la indolencia de la motosierra oficial.

Cuándo cortar guayacanes amarillos no baja el rating a los gobernantes, no afecta la gobernabilidad, no disminuye la aceptabilidad, no genera detrimento patrimonial, la vida está en riesgo. Lo ambiental no es factor de poder y por eso debe ceder ante el interés particular del constructor. Esta cosmovisión entiende que el paisaje se puede pintar o se puede insertar con vallas y pasacalles, en cambio la rentabilidad económica del suelo no. Se gana más plusvalía con árboles pintados que sólo ocupan superficies verticales que con árboles reales que sí ocupan el suelo. En esta lógica mercantil los árboles no tienen asegurado un lugar sobre la tierra.

Los guayacanes amarillos no son factor de poder, no hacen parte de la democracia electoral y formal, no tienen representación, no tienen voz, no son parte de lo público; ellos no cuentan, no suman, no son parte de la democracia; en fin, los guayacanes amarillos no votan, por eso, los cortan y los botan.

Llegará el momento en que cortar un guayacán amarillo hará, no sólo titilar una estrella, como lo versa el poeta Juan Manuel Roca, sino que también hará palidecer un gobierno.

Medellín, 17 de julio de 2007 (Día de la Justicia Internacional, aniversario del Estatuto de Roma)

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

el yesQuero Nro. 156

2007-07-11T23:35:00.000-05:00

Ministro sin interiores

Por
Rafael Rincón Patiño*

En la madrugada del jueves 28 de junio se cono¬ció la infausta no¬ticia de la muerte de once dipu¬tados del Valle del Cauca en circunstancias de rescate, según la versión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), o de ejecu¬ción sumaria según el gobierno nacional del pre¬sidente Uribe Vélez. Pasó algo que se temía que ocurriera, que se esperaba que no iba a ocurrir, pero que ocurrió. Fue la imprevisión de lo previsible.

Ese mismo día una mujer emblema del dolor de la guerra, Doña Fabiola Perdomo Estrada, manifestó públicamente: “Las instituciones no pueden estar por encima de la vida”.

El jueves 5 de julio, de camiseta blanca y convocada por la ira y el repudio, Colombia se manifestó profusamente contra el secuestro, por la libertad sin condiciones, por un acuerdo humanitario YA, por la paz, contra la violencia, contra las Farc. Fue una manifestación nacional histórica que se expresó de mil maneras: las marchas fueron las más evidentes, pero no se quedaron atrás los significativos actos individuales de solidaridad como el del señor que se encadenó en una plaza pública para vivir lo que vive un secuestrado.

La frase sollozante de Doña Fabiola Perdomo trae a la memoria la locución clemente del Dr. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en 1985, durante la toma del Palacio de Justicia por la organización guerrillera M-19, imploraba al gobierno un “cese al fuego” para que se privilegiara la vida por encima de las instituciones. No hubo oídos, las dos tragedias se consumaron. No hubo lecciones.

Las respuestas del Estado han sido patéticas: El General Plazas Vega se ufanaba en medio de los muertos de “Defender la democracia maestro”, y así sacrificaba la prioridad del derecho a la vida; y el presidente Uribe V., por su parte, se camufló de blanco y abanderó la consigna de “No al despeje”, tan nefasta a los intereses de los familiares de las víctimas, y desconocedora de la prioridad del derecho a la vida.

Parece que la vida, la libertad y la dignidad no fueran instituciones de la llamada Seguridad Democrática, parece que las instituciones se siguen confundiendo con la bandera raída y ondeante y con los edificios que sirven de portada a los libros de educación cívica. ¿Cuál es la institucionalidad de este país? ¿La bandera, la propiedad o la dignidad humana?

La guerrilla de las Farc tiene cosificadas a todos las personas secuestradas y su deber en el derecho de la guerra, como combatiente que se predica, es dejarlos libres, sin condiciones de ninguna clase; pero, no ha sido posible, no ha existido razón humana que los conmueva; las Farc parecen comprometidas sólo con su supervivencia, son las Farc por las Farc.

La consigna “Vivos, libres y en paz” lleva dos décadas en boca de los familiares de los secuestrados y desaparecidos. Ante esa negativa de libertad ha cuajado entonces en las organizaciones de víctimas la propuesta del “Acuerdo Humanitario Ya”, para que las partes del conflicto armado desmilitaricen temporalmente una porción del territorio para que haya un intercambio humanitario.

Pero, el escollo ahora es político. El gobierno nacional prefiere gestos unilaterales de voluntad como la libertad de Rodrigo Granda y de 200 guerrilleros a hacer un acuerdo humanitario, a reconocer a temporalmente a las Farc como contraparte para lograr un alivio humanitario, para mitigar dolores que cumplen una década, para evitar muertes, para salvar vidas como lo prescribe el Derecho de Ginebra (Art. 3, común a los convenios).

El Gobierno Nacional considera que el Acuerdo Humanitario es una claudicación, lo caricaturiza diciendo que no creará otra zona de distensión.

La vida, la libertad y la dignidad son la institucionalidad de Colombia, no lo son las armas ni la venganza. El Acuerdo Humanitario alivia el dolor de las víctimas y de los familiares y evita la pérdida de vidas.

La solidaridad al derecho con las víctimas es ponerse la camiseta blanca y hacer un sólido con ellas; tal y como lo hizo el cantante Juanes en Medellín, el interprete de La camisa negra, se puso la camiseta blanca, y escribió me pongo la camiseta blanca y llamó las partes a conversar, eso es la solidaridad, ponerse la camisa blanca, ponerse el dolor ajeno encima.

La solidaridad al revés, la que llama a las víctimas a que se solidaricen con las consignas propias, como las de “No al despeje”, o como el gesto despiadado del Ministro del Interior Carlos Holguín Sardi con la joven Carolina Charria, no es solidaridad. Un Ministro que no soporta un reclamo de una víctima es un ministro sin nada por dentro, sin solidaridad, es un ministro sin interiores, es sólo un ministro por cuotas, un pedacito de ministro.

La solidaridad al derecho es la de todos con las víctimas que no significa que ellas sean dueñas de la verdad, son portadoras de un dolor inmenso que parece eterno. La solidaridad debe ser del Estado con las razones y el dolor de las víctimas, que equivale, por lo menos, a escuchar las acusaciones de quienes sufren un daño. Es el Estado acompañando las razones de las víctimas, no las víctimas adhiriendo a las razones de Estado.

Cuando la solidaridad, la vida, la dignidad no están por dentro no hay interior, no hay espíritu, no hay alma; el Ministro Holguín Sardi, cual caballero medieval espero el momento para clavar la misericordia en su frágil víctima, no tuvo respeto ni medida para injuriar a una víctima el día más grande de las víctimas en Colombia que fue el 5 de julio.

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, 11 de julio de 2007

el yesQuero Nro. 155

2007-07-04T15:28:00.000-05:00

Acuerdo humanitario YA

Por

Rafael Rincón*

El acuerdo humanitario es un derecho, no es una concesión del príncipe, y es, también, una obligación del Estado Social de Derecho, porque es una concreción del derecho a la paz de todos los ciudadanos (Art. 22 de la C. P. de 1991). El Acuerdo Humanitario no es tampoco una regalía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), es un imperativo ético y un mandato del Derecho Internacional Humanitario que han sido desconocidos por quienes fungen de fuerza revolucionaria.

Pero, algunas de las víctimas del conflicto armado le ruegan por años al presidente Uribe V. y a las Farc, de la misma manera como los súbditos le imploraban al príncipe medieval, que les con¬ceda una gracia y pacten el despeje de dos municipios en el departamento del Valle del Cauca.

El rogado príncipe de El Ubérrimo se exhibe condolido y quebrado ante las víctimas de los once diputados muertos en manos de las Farc, saluda de beso, cual Judas, sin reato de conciencia ni vergüenza alguna, a los familiares de las víctimas.

Además, está decidido a tomarse la manifestación, decidido a encabezar la “marcha” nacional de repudio, de protesta contra el secuestro, capitalizará para su guerra las lágrimas y los dolores que él pudo evitar colocando a un lado su arrogancia y su sed de venganza. El arcano presidencial esconde sus intenciones fallidas de rescate, que él denomina razones de Estado o altos intereses de la patria, disimula las repetidas peticiones de Doña Fabiola Perdomo Estrada para que deponga su rabia, despeje Pradera y Florida y logre un acuerdo humanitario.

La sociedad civil de otrora, la de Pacho Santos, Ana Teresa Bernal, Sabas Pretelt, Angelino Garzón y Luis Carlos Restrepo marchará esta vez como sociedad política, como la sociedad del príncipe que se cuela por la puerta de adelante en la manifestación nacional de repudio.

El presidente Uribe V. se excusa del deber de hacer un acuerdo humanitario diciendo que no está en sus manos, que sería desmoralizar a la Fuerza Pública, que él no hace acuerdo humanitario porque Colombia no tiene conflicto armado sino que es víctima de una agresión terrorista.

Con esta actitud de príncipe neofeudal confiesa que su gobernabilidad está fundada en la fuerza y no en el consenso, en la desconfianza, en el temor. La bandera de las víctimas no es la bandera del presidente Uribe V.

Sabe el príncipe que sus pactos son oscuros, frágiles y delezna¬bles, y que están amparados en los negocios, en las embajadas, en los cargos burocráticos, en la protección de los privilegios y no en la protección de la vida y la libertad de todos. Su sorpresa del siete de junio le salió por la culata, al menos a las familias de los once diputados.

Colombia quiere protestar, quiere repudiar la guerra y quiere la solidaridad con las víctimas de las muertes de los once diputados secuestrados por las Farc y de todos los secuestrados en Colombia, y de todas las víctimas del conflicto armado.

Colombia quiere manifestarse en solidaridad con las víctimas, en solidaridad con la vida, con la libertad. Colombia quiere el Acuerdo Humanitario, quiere que las partes depongan su arrogancia a favor de los derechos.

Pero, infortunadamente, la solidaridad va a ser torcida hacia un apoyo al presidente Uribe V. La Presidencia de Colombia busca convertir la solidaridad con las víctimas en un escenario oficial de adhesión a la posición de guerra, en un plebiscito a favor de uno de los coautores de la tragedia.

Llegó la hora del sueño autoritario, la hora de “Todos a marchar”; el jueves 5 de julio será la cresta del embrujo autoritario. Llegó lo esperado, el tsunami de sangre será blanqueado con una manifestación nacional. Gracias a las abominables Farc la mesa está servida para que el autoritarismo del caudillo quede blanqueado por esta generación.

Quiere la Presidencia que Colombia marche y marchará detrás del victimario camuflado de víctima, el presidente que ha ignorado la Constitución y los derechos a la dignidad, a la paz, a la familia, los derechos de los niños. El presidente que no ha prestado atención al acuerdo humanitario, el que ordena los rescates armados, el que odia la solución política negociada, el presidente de los pactos secretos, presidente que ahora se pega del dolor y del repudio para galvanizarse. El hombre cargado de tigre, como él se define, marchará cargado de cordero. Amen para las ánimas.

Unos harán la marcha por los cadáveres y no con énfasis en el Acuerdo Humanitario porque para el presidente Uribe V. la muerte es un triunfo, la muerte de los once diputados son su ganancia. Gracias a las Farc Uribe V. es el que es: El presidente de la guerra coronado por la guerrilla “revolucionaria” de las Farc. Uribe V. es un reaccionario del tamaño de las acciones degradadas de las Farc. Uribe V. le calza a las Farc y eso le gusta, infortunadamente, a muchos colombianos.

Uribe V. y las Farc (U&F) son un dúo sin partitura, tocan de oídas, se afinan con truenos. La guerra les suena y la cantan con las armas.

Un protagonista de la debacle va a marchar para ocultar su responsabilidad, habla pausado para no levantar malicia, pero se quiere escapar metido en la multitud; y la otra responsable, la que secuestra pueblo, dice que el fuego cruzado le mato la presa, que siga escondida en la selva, los animales le enseñaran la paz.

La justicia cojea pero llega, la historia vestida de toga alcanzará al príncipe camuflado y a su concertista guerrillero.

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, 24 de julio de 2007

Humanitarian Agreement NOW

Rafael Rincón*

Traducción de Anabel Torres

Closing a humanitarian agreement is a right that people have, not a princely concession. It is also the obligation of a Social rule-of-law State, given that it is a specific part of the right to peace that every citizen is entitled to (Art. 22, Colombian Constitution of 1991). A humanitarian agreement is also not a privilege to be bestowed by Colombia’s Revolutionary Armed Forces (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC); it is an ethical imperative and it is a mandate of Humanitarian International Law that has been fully ignored by those purporting to be a revolutionary force.

For years now, some of the victims of the armed conflict have been begging both President Uribe and FARC, just like their subjects used to implore a Prince in medieval times, to grant them a grace and clear the zone consisting of two towns in the province of Valle.

The courted Grand Prince shows off, looking broken and grieving, before the victims, the relatives of the 11 councilmen killed last June 7 while in the hands of FARC. He greets them with a kiss, like Judas, and without a trace of remorse or shame whatsoever.

Furthermore, he is all set to take this afternoon’s event by storm; all set to head the national “march” protesting against the kidnappings. For his war, he will capitalise on the tears and grief that he could have avoided himself, if only he had set aside his arrogance and his thirst for revenge. The Presidential arcane hides his thwartful intentions to rescue the kidnapped, calling them reasons of State or patriotic priorities. He conceals the fact that Ms. Fabiola Perdomo Estrada has been pleading with him continuously, to take his anger under control, clear the towns of Pradera and Florida and reach a humanitarian agreement.

This time what once used to be our civil society, people like Pacho Santos, Ana Teresa Bernal, Sabas Pretelt, Angelino Garzón and Luis Carlos Restrepo, this time they will fall in step as political society, forming part of the court of the Prince, who will sneak into the national protest march through the front door

President Uribe V. excuses himself from carrying out his duty to reach a humanitarian agreement, saying it is not in his hands, that such a measure would demoralise the Public Forces; he says that he cannot negotiate a humanitarian agreement because there is no armed conflict in Colombia, and the country is merely the victim of a terrorist attack.

With the attitude of a neofeudal prince, Uribe V. admits his reign is founded on force and not on consensus; founded on fear and lack of trust. The victims’ flag is not the same flag as the one Uribe V. flaunts.

The prince knows that the deals he does negotiate are dark, fragile and underhanded. He knows that they are based on business, Embassies, bureaucratic positions and protecting privileges, not on protecting life and liberty for all. The surprise planned for June 7 boomeranged on him, or at least, it boomeranged on the families of the 11 slaughtered councilmen.

Colombia wants to protest, wants to repudiate war and express its solidarity with the victims of the 11 councilmen killed, after being kidnapped by FARC, and not just with these victims, but with all the kidnapped of Colombia, and all the other victims of our armed conflict.

Colombia wants to show solidarity with life, freedom and the victims. It wants a humanitarian agreement; wants the parties involved to lay down their arrogance in favour of people’s rights.

Unfortunately, however, this solidarity is going to be waylaid into becoming support for President Uribe V. The President’s Office wants to turn solidarity with the victims into an official scenario of adherence to its war stand, into a referendum in favour of one of the co-authors of the tragedy.

Time is ripe for the authoritarian dream, time for “Everyone to march”; on Thursday July 5 Colombia will ride the high crest of the authoritarian spell. What we were waiting for has arrived: the blood tsunami will be whitewashed in this national march. Thanks to the abominable FARC, this generation will lay the table out with its finest finery for the caudillo’s authoritarianism to be served.

The President wants Colombia to march and to march behind the culprit camouflaged as the victim: the President who has ignored the Constitution and the rights to dignity, peace, family and children’s rights; the President who has paid no attention to reaching a humanitarian agreement; who gives the signal to commit armed rescues; who hates the idea of a negotiated political solution; the president of secret deals, the president who latches on to the pain and repulse felt today, in order to galvanise them for his benefit. The man who can carry tigers, as he defines himself, will march, carrying lambs. Amen for the souls.

Some people will march for the 11 dead, tiptoeing around the massive demand for a humanitarian agreement, because for President Uribe V, death is a triumph, and the death of the 11 councilmen is his gain. Uribe V. is what he is thanks to the FARC: he is the President of war, who has been crowned by the “revolutionary” FARC guerrilla. Uribe V. is a reactionary as appalling in size as FARC’s hideous actions. Uribe V. is just the match for the FARC and, unfortunately, many Colombians like it.

Uribe V. and the FARC (U&F) are a duet without a musical score; they just play it by ear, tuning their instruments with thunder. War is the melody they play and they play it with their guns. One of the leading actors of the ongoing terror will march today, in order to hide his own responsibility; he will speak gently, so as not to raise suspicion but he wants to escape in the middle of the crowd. The other leading actor, who kidnaps ‘the people’, says it was crossed fire that killed his prey; that if their other prey continues hiding in the jungle, the animals will teach them peace.

Justice is lame but it arrives eventually. History, dressed in its toga, will catch up with the camouflaged prince and its guerrilla musician. *

Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

1. Peace is a human right and a duty that must be fulfilled.

el yesQuero, Nro. 154

2007-06-27T08:09:00.000-05:00

Colombia, la res nostra

Por
Rafael Rincón*

Si el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. de C.) viviera hoy en Colombia, su célebre frase en donde define al hombre como un zoon politikon (animal político) hubiera terminado acuñada como zoon parapolitikon (animal parapolítico).

Según el estagirita el animal político se ocupaba de la polis, de la ciudad, del Estado, de su funcionamiento, de su organización y estructura. Lo propio de él era lo público que era también la vida social. Lo político era la ciudad, el Estado, lo social.

Colombia es un país sin política. Un país sin Congreso, sin lo público y con la ciudadanía amenazada. Un Estado inferior, algo menos que Estado.

En las democracias el lugar por excelencia de la política es el Congreso de la República; pero, el Congreso colombiano fue convertido en el hábitat, la madriguera, de los señores de la guerra. Primero, fue la visita al Congreso del comandante paramilitar Salvatore Mancuso y su séquito vociferante; ellos se sentaron, intimidaron y ordenaron. Fue la “palomita” parlamentaria, el país creyó que eran extraños, pero realmente estaban visitando a sus pares.

Luego, se cayó el tinglado cuando la Corte Suprema de Justicia sindicó una veintena de congresistas de secuestro y concierto para delinquir, quedaron al descubierto los congresistas prepago del paramilitarismo y del narcotráfico. Quedaron en evidencia las jurisdicciones electorales de la parapolítica. El partido presidencial de la U quedó al descubierto con sus tenebrosas alianzas

Si la política es debate y deliberación, en Colombia no hay política porque las leyes se hacen en desayunos presidenciales, se aprueban “micos” a pupitrazo limpio y se obedece cerrilmente las directivas del “líder” del ejecutivo.

La política desaparece cuando la deliberación es remplazada por la imposición. En el Congreso los derechos de las personas desaparecen en oscuras conciliaciones, pactos del más allá, mandatos de la obra de Dios, como ocurrió con los derechos de las parejas homosexuales.

No hay política en Colombia porque la cosa pública, la res pública, la República, no la asumen ni el Presidente ni el Congreso. Ellos son Presidente y Congreso de la cosa nostra, de la res de los hacendados, son los guardas de la res privada.

El cuestionado ganadero del Magdalena Medio Carlos Arturo Clavijo Vargas, líder del movimiento “No al despeje”, llegó al Congreso en el año 2002, con su fórmula a Cámara de Representantes Rocío Arias, para cuidar sus reses, su hato ganadero y el de sus compinches. Él no llegó a deliberar, llegó a imponer un proyecto político para refundar un nuevo país que había pactado con su candidato a la presidencia en el municipio de Puerto Berrío (Departamento de Antioquia), el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

El animal parapolítico es la negación de la política. Se ocupa, desde el mundo privado, de lo público, niega al Estado, pero lo convierte en un trampolín para los negocios privados.

La parapolítica es, parodiando al teórico político alemán Carl Schmitt, la guerra por otros medios. Los paramilitares cuando tomaron la decisión de institucionalizar su proyecto “político” triunfante, consagrado en la Constitución de Paramillo (2001), que consiste en refundar al país, lo que hicieron fue decidir continuar la guerra por otros medios.

Esa guerra que produce mejores resultados que la paz, que es más económica que la paz es el estado político deseado, es un estado parapolítico, llamado por ellos Estado comunitario, porque pone en común las instituciones del Estado democrático con los intereses de la sociedad autoritaria.

La parapolítica, esa que enarbola la seguridad democrática y muestra como botín la disminución de homicidios, es ni más ni menos, una propuesta de “guerra fría” a la colombiana.

Ese es el famoso post conflicto en donde nace la Comisión Nacional de Reconciliación y la Ley 975 de 2005, son las legislaciones para acomodar las secuelas del nuevo orden.

Lo más público para este zoon parapolitikon colombiano es el Tratado de Libre Comercio (TLC), porque es lo más común de los intereses particulares dominantes. Es un tratado que el parapolitikon define como la síntesis de todas las oportunidades de negocios.

El zoon parapolitikon no se interesa por los dracmas, ni por los dramas, su interés son los dólares y las comedias. El dolor de las víctimas del desplazamiento forzado se celebra con papayeras, confetis y algarabías en donde las bases sociales extorsionadas alaban y rinden culto a los crímenes de lesa humanidad de sus amos.

El animal parapolítico es un ciudadano sin Estado. Aprendió la autodefensa y convirtió la estrategia antisubversiva en proyecto de Estado. El animal parapolítico responsabiliza al Estado de la falta de seguridad, afirma que no hay Estado que lo defienda. Es un parapolitikon que no tiene obligaciones, no paga impuestos, pero quiere tener privilegios, quiere tener un Estado que le cuide las tierras, que proteja la res nostra.

El zoon parapolitikon tiene ejércitos particulares, tolerados muchas veces por los ejércitos oficiales, para garantizar su statu quo, que es un estatus social que denigra del estatus político.

La parapolítica es el dominio del miedo, el triunfo de un orden conservador, de una economía ilegal, la negación de las libertades. Es el autoritarismo sin Estado, es la arbitrariedad de civil, una dictadura sin charreteras.

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, 27 de junio de 2007

el yesQuero Nro. 153

2007-06-21T08:00:00.000-05:00

Democracia en el clóset

Por
Rafael Rincón*

La Ley 54 de 1990 definió en Colombia la unión marital de hecho y estableció el régimen patrimonial entre compañeros permanentes; la determinación legal redujo el concepto de pareja a la heterosexual (un hombre y una mujer) y dejo por fuera a las otras que hacen una comunidad de vida permanente. La ley descobijó a las parejas homosexuales creando un déficit de protección de sus derechos, en especial el derecho fundamental a la autonomía y los derechos patrimoniales y a la seguridad social de estas parejas atípicas.

La definición estrecha de pareja, sólo la heterosexual, produce impactos negativos —discriminaciones— en otras formas de pareja. Las discriminaciones se sienten de manera particular en materia penal cuando las parejas atípicas quedan desamparadas en los casos de violencia intrafamiliar o cuando en materia procesal quedan excluidas del fuero de declarar en contra de sus compañeros o compañeras. En el área civil la pareja homosexual queda desprotegida en relación con las obligaciones alimentarias. Y en el área laboral, la pareja homosexual no goza de los mismos derechos a la seguridad social que tiene la pareja heterosexual como los derechos a la pensión de sobrevivientes, la sustitución pensional o a ser beneficiarios en los sistemas de seguridad social.

Mediante sentencia C-075 de 2007 la Corte Constitucional extendió los efectos de la Ley 54 de 1990 a las parejas homosexuales compensando, por la vía jurisprudencial, la insuficiencia legislativa.

Diecisiete años después de la malograda ley se intentó llenar con otra norma el concepto de pareja a fin de eliminar los impactos negativos de la norma sobre los emparejamientos homosexuales. De esta manera Colombia se ponía a tono con las exigencias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y con las aspiraciones de las organizaciones LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans).

Después de haber sobrepasado cuatro debates legislativos y los anacronismos de algunos organizaciones religiosas el proyecto normativo no se coronó como ley por la ausencia de los votos mayoritarios, el proyecto no alcanzó la mayoría requerida, no llegó a ley porque los senadores del partido de la U, del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo no se tomaron en serio los derechos de las parejas homosexuales. Los partidos políticos, como organizaciones políticas, se quedaron en el clóset, no funcionaron las bancadas.

De 100 congresistas del Senado de la República, sólo 63 votaron nominalmente, es decir en público: 29 lo hicieron por el Sí y 34 votos fueron por el No. El resto de la votación (37) se quedó en el clóset.

El partido de la U que actúa como pelotón irregular y que ha puesto sus filas para aprobar la reelección presidencial en ocho debates se abstuvo de reconocer en cuatro debates los derechos fundamentales de un grupo diverso de colombianos; el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo (PDA) convencidos de las bondades del proyecto incurrieron en falta gravísima contra sus estatutos por negligencia al ausentarse de la sesión en donde se aprobaba el proyecto.

El proyecto de ley malogrado fue intranscendente para los partidos: Para la U, se trataba más de cumplir con una promesa de campaña del presidente Uribe al cual el Ministro del Interior Holguín Sardi no le hizo fuerza; por su lado, el Partido Liberal y el PDA, quedaron como adalides retóricos de los derechos porque a la hora de la votación no se vieron, a la hora del té no hubo nada, ganó la desidia legislativa. Faltó seriedad, compromiso, cumplimiento, respeto.

La justicia, la vilipendiada justicia sigue siendo la líder estatal en la protección de los derechos fundamentales, porque el Congreso y los partidos políticos sólo aspiran al poder del Estado y no a fortalecer la ciudadanía.

Los inicios del Congreso están vinculados con los derechos de las personas; el nacimiento de los derechos a un debido proceso, a la libertad, de igualdad están el poder legislativo; sin embargo en Colombia el Congreso de la República mostró su desinterés por los derechos al dejar hundir por falta de aplicación una ley que protegía derechos de una minoría.

El que no haya un proyecto de ley significa la negación del derecho fundamental a la autonomía de las personas, del derecho a tener aspiraciones legítimas de realización de un proyecto de vida en común que produzca efectos jurídico patrimoniales.

La aprobación de una ley para las parejas homosexuales significaba ir más allá de los compromisos, de las declaraciones, del saludo a la bandera y mostrarle al país que las leyes pueden igualar y dignificar a los excluidos. No fue así.

Se dice que la democracia es el régimen político en donde las mayorías mandan y las minorías son protegidas, en este caso las mayorías estuvieron ausentes y las minorías quedaron desprotegidas.

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, 20 de junio de 2007

el yesQuero Nro. 152

2007-06-12T20:59:00.000-05:00

Ciudad Argos

Por
Rafael Rincón*

Construir un puente en donde no hay río es la metáfora de una de las estrategias de la corrupción que consiste en adjudicar contratos de obra pública para hacer inversiones superfluas y despilfarrar el erario público. Los gobernantes, particularmente los de alta aceptación, en un ejercicio de soberbia, deciden, a veces, hacer este tipo de obras para mostrar su valimiento.

Esta actitud gubernamental arrogante desconoce el principio constitucional de la prioridad del gasto público social, viola los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, se brinca las prioridades del plan de desarrollo y son una muestra evidente de desviación de poder.

Mediante un contrato de $5.344 millones la administración municipal de Medellín está construyendo un separador faraónico en la Avenida Oriental entre las calles 44 (San Juan) y 57 (Argentina). Consiste en levantar más de un centenar de multicolores pirámides embaldosadas de 1,20 mts. a lo largo de 14 cuadras. Es una especie de “parque” lineal de pirámides.

Sobre lo que era antes un área de 18.000 metros cuadrados de andenes y 5.500 metros cuadrados de separador central se está levantando, en hierro y cemento, una barrera de medianas pirámides forradas en baldosín que endurecen la zona verde, generan pendientes, obstaculizan la visibilidad y aprisionan los árboles.

La obra que se levanta divide el espacio público en dos y elimina los andenes, aunque el contrato habla eufemísticamente de construcción de espacio público en el centro de la ciudad (Construcción del espacio público de la Avenida Oriental, primera parte, Contrato Nro. 5100005730 de 2006).

Son pirámides de colores que remplazarán el ambiente real por un ambiente virtual y falso, ya no se verán urapanes reales, serán árboles virtuales en baldositas cromadas como las de los baños de las cantinas.

Además de eliminar espacio público es una obra para expulsar a los venteros e indigentes del centro de la ciudad. Si no hay andenes no habrá pobres fastidiando a los visitantes invitados a presenciar las maravillas de la ciudad.

La “barrera de pirámides” de la Avenida Oriental es un ejemplo de como una obra pública se va contra lo público. En ella importan las utilidades del contratista, lo demás es problema de motivación, de presentación y de disfraz contractual. La modalidad corrupción de “contrato para una obra”, en donde no importa el fin (construir espacio público), sino el medio (el contrato) es una desviación de poder, la obra está lejos de los fines que persigue. Es un abuso de poder.

El “Parque lineal de las Pirámides”, antes Avenida Oriental, es un contrato para una obra, es una burla al Plan de Desarrollo que predica el desarrollo humano integral, es una obra excluyente, es una obra que se burla de los dineros de los contribuyentes. Esa “barrera de pirámides” no construye espacio público, es otro monumento al despilfarro, es un cambalache de lo real por lo virtual. ¡Que falta de respeto, que atropello a la razón!

El fin real del contrato es de orden público, o peor aún, es de intolerancia: se trata de hacer lo que algunos policías o las “convivir” no han podido conseguir: desplazar a los pobres del centro de la ciudad, mandarlos para las márgenes del río Medellín, en donde los visitantes no se topen con la pobreza, en las riberas no afearan la ciudad y así mejorará la percepción de seguridad y de bienestar de la metrópoli.

Es que la ciudad competitiva de los constructores, la que ellos ahora llaman Ciudad Argos, no rima con la ciudad solidaria. La “ciudad de los argoles” es una ciudad piramidal, de muchos estratos sociales. ¿Qué tan alto quieres llegar?

“El parque lineal las Pirámides” es un contrato para la expulsión de los no consumidores, los de bajos ingresos, aquellos que se inventan diariamente el sustento en los separadores y andenes de las grandes avenidas. Es una obra disfrazada de pública para expulsar, por un lado, a los rebuscadores, y por el otro, para disminuir los indicadores de pobreza del centro de la ciudad.

Los indigentes y los venteros ambulantes son medidores económicos vivos de la pobreza que la realidad delata las 24 horas del día. Ellos no hacen parte de la coreografía neoliberal del mercado, no son del baile del consumo.

El nuevo separador de la Avenida Oriental es un verdadero separador social. Quienes dicen tener un compromiso ciudadano parece que lo tuvieran con la varilla y el cemento, que es igual a tener un compromiso con una casta corrupta que vestida de bluyín levanta una barrera que envidiaría EE. UU. en México o Israel en Palestina.

Es un falso compromiso ciudadano el que desprecia los árboles en el desarrollo, cuando lo que interesa es la renta del suelo, lo demás va para el piso. La política pública ambiental de Medellín en la práctica clasifica los árboles en enfermos y aliviados, y decide que a los primeros hay que talarlos y a los segundos hay que enfermarlos.

La “barrera de pirámides” es una hilera de cenotafios, monumentos funerarios, que recordara por muchos años la ciudad dividida e intolerante. La Ciudad Argos es la ciudad de los cien ojos y de las cien pirámides que entierran vivos a los árboles.

Es la agresión ambiental, es una falta grave de civismo en el corazón de la ciudad. Sintetiza una propuesta conservadora de separar a los pobres del desarrollo. Las obras públicas no son una manifestación de justicia distributiva, son una expresión del Estado asistencial, y en este caso de una sociedad autoritaria.

Pasaron los tiempos en que se podía ser pobre durmiendo debajo de los puentes. La vida ha sido endurecida, cada día es más difícil encontrar un lugar debajo del sol para recostar la cabeza.

A la larga las pirámides son una alegoría precisa de Medellín, una ciudad de muchos pobres en la base, de pocos ricos en la cúspide y de muchos despilfarros. Una ciudad con muchas caras.

Las pirámides deberían llevar nombres de los prohombres del despilfarro: la primera podría llamarse Pirámide Pablo Escobar o Pirámide Don Berna porque despilfarraron 30.000 vidas para conseguir su paz; la segunda puede llamarse Pirámide Metromed, porque construyó un Metro de 350 millones con 3.000 millones de doláres; la tercera, Pirámide Aeropuerto Internacional José María Córdova, porque después de 25 años, sólo funciona con el 30% de su capacidad y así, hay pirámides para todos.

Triste saber que las barreras faraónicas son obra de la administración municipal que prometía abrir las anchas alamedas al hombre libre.

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Medellín, 12 de junio de 2007

el yesQuero Nro. 151

2007-06-06T10:25:00.000-05:00

La justicia, estúpido

Por
Rafael Rincón*

El ex presidente demócrata de Estados Unidos Bill Clinton ganó su campaña presidencial en el año 1992 con el eslogan “la economía, estúpido” (economy, stupid). Con esta consigna derrotó al presidente George H. W. Bush quien tenía en las encuestas un 80% de aceptación y una economía en receso. Esta frase se convirtió en una clave de la cultura política norteamericana por una década, hasta que regresó George W. Bush, el hijo, a la Casa Blanca.

El presidente Uribe V. ganó su primer periodo presidencial en el 2002 parado en el fracaso del proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana A., sosteniendo que no era la paz, y parodiando a Bill Clinton, de manera simple, le dijo al país no es la paz, “es la seguridad, estúpido”.

Con un nivel de aceptación del 72% en las encuestas el presidente Uribe V. puede ser derrotado electoralmente por quien convenza al país que el problema no es la economía, ni es la guerra, que el problema es la justicia en todas sus concepciones (distributiva y conmutativa).

Manuel Marulanda V., Tirofijo, no peleaba en 1964 por un gobierno; las Farc eran una autodefensa campesina que reclamaba justicia, reclamaba reparación, demandaba la devolución de sus marranos, sus gallinas y sus mulas, que había robado la policía conservadora, como hoy los cuatro millones de desplazados exigen la devolución de las cinco millones de hectáreas que están en manos de parapolíticos, narcotraficantes, empresarios y paramilitares.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron defendiéndose, remplazando al Estado, por la falta de justicia. Reclamaban la presencia del Estado, entiéndase de la justicia, para protegerse de las guerrillas y de la delincuencia común que las secuestraba y las extorsionaba en nombre de la justicia social.

El presidente Uribe V. se ha tomado el poder, no sólo con una reelección dudosa por los votos dañados que la produjeron, sino por la intromisión descarada en la justicia. Con orgullo afirma que ha extraditado a la “justicia norteamericana” a más 500 colombianos, es decir, ha negado más de 500 veces la justicia colombiana. Eso no es autoridad, eso no es seguridad, eso es debilidad.

El presidente Uribe V., líder del poder ejecutivo, se entromete en la justicia y desbarata el principio de proporcionalidad cuando, sin política criminal alguna, propone, por un lado, penalizar el consumo de la dosis personal de droga, penalizar la venta de “chance” manual, penalizar el “mototaxismo” y despenaliza a guerrilleros y paramilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Una justicia desquiciada en donde con una ley, la 975 de 2005, aprobada con votos de la parapolítica, un determinador, o autor intelectual, de una masacre purga máximo ocho años de cárcel y, con otra ley, quien se atrase en el pago de una obligación civil permanece cuatro años en la picota bancaria. En el primer caso el implicado rinde versión libre en medio de papayeras y confetis y, en el segundo caso, el implicado o moroso debe caminar indignado, como los ratones, durante cuatro años por los zócalos del tráfico comercial.

Hay una injerencia desmedida del ejecutivo en los asuntos de la justicia. El principio de independencia de la justicia está pisoteado con leyes y decretos desde el ejecutivo y el legislativo. El presidente se rodea, con nombramientos de fiscales, jueces y magistrados afines a su política; el Presidente invita a la Fiscalía y a la Procuraduría a reuniones de carácter administrativo y político para inhibirlos en sus tareas de control, para blindarse, para conseguir la impunidad; con sus “invitaciones” los hace partes, cómplices, de decisiones propias del ejecutivo. Una vez aceptan estar en las reuniones los pone en boca de la opinión pública y de esta manera los acalla. Hacerlos parte de las decisiones políticas es una forma de quebrar el principio de independencia.

Según la Ong Transparencia Internacional (TI, Informe anual, Berlín, 2007) el sistema judicial está expuesto a dos formas principales de corrupción: uno, la injerencia política (tanto del poder ejecutivo como del legislativo); y dos, los sobornos.

Para Susan Rose-Ackerman, profesora de derecho y ciencia política en la Escuela de Derecho de Yale, Connecticut, Estados Unidos, la independencia de la justicia no debe estar asociada con su libertad económica y política. No es la economía de la justicia la clave de su fortalecimiento, es el respeto de sus decisiones la que fortalece su independencia.

Por eso no está bien que el Fiscal General de la Nación salga a Estados Unidos de ponchera en mano, como si fuera el viceministro de justicia y como si no fuera parte del Estado colombiano, para conseguir fondos para practicar pruebas judiciales en Colombia, eso es salir a feriar la independencia, es salir a buscar condicionamientos externos para la administración de justicia. Es buscar sobornos estructurales para la administración de justicia.

Negar el intercambio humanitario por razones de seguridad, y excarcelar 300 guerrilleros desconociendo los procesos judiciales, para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio, es desquiciar la justicia por fines económicos para unos cuantos privilegiados.

Es más fuerte una justicia pobre que una justicia sin independencia. La verdadera justicia no tiene precio.

Medellín, 6 de junio de 2007

* Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.